La Ley Lerdo de 1856 tuvo como objetivo reactivar la economía y sanear las finanzas públicas del país al suprimir las comunidades indígenas y los bienes eclesiásticos. Esto ocasionó problemas posteriores como la creación de latifundios y ninguna corporación civil o eclesiástica podía poseer bienes raíces a excepción de los usados para sus propias operaciones. La ley marcó el primer paso de la secularización mexicana y la desamortización de fincas urbanas y rústicas de