Este documento es un decreto promulgado en 1836 por el ministro de Hacienda Juan Álvarez de Mendizábal durante la regencia de María Cristina de Borbón, en el que se declara la desamortización de los bienes pertenecientes a las comunidades y corporaciones religiosas. La desamortización tenía como objetivos recaudar fondos para pagar la deuda pública y financiar la guerra carlista, así como ampliar la base social del liberalismo vendiendo las tierras a nuevos propietarios burgueses. Sin embargo, en la práct

1. Historia de España (BCT2 – BCS2)
TRANSFORMACIONES AGRARIAS Y ECONOMICAS EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XIX.
Texto_7 (PAU)
La desamortización de Mendizábal
Atendiendo a la necesidad y conveniencia de disminuir la deuda pública consolidada, y de
entregar al interés individual la masa de bienes raíces que han venido a ser propiedad de la Nación, a fin
de que la agricultura y el comercio saquen de ellos las ventajas que no podrían conseguirse por entero en
su actual estado (...) conformándome con lo propuesto por el Consejo de Ministros, en nombre de mi
excelsa hija la reina Dª Isabel II, he venido en decretar lo siguiente:
Art. 1. Quedan declarados en venta desde ahora todos los bienes raíces de cualquier clase que
hubiesen pertenecido a las comunidades y corporaciones religiosas extinguidas, y los demás que hayan
sido adjudicados a la Nación por cualquier título o motivo, y también todos los que en adelante lo fuesen
desde el acto de su adjudicación.
Art. 2. Se exceptúan de esta medida general los edificios que el gobierno destine para el servicio
público o para conservar monumentos de las artes, o para honrar la memoria de hazañas nacionales. El
mismo gobierno publicará la lista de los edificios que con este objeto deben quedar excluidos de la venta
pública.
J. A. de Mendizábal “Exposición a S.M. la Reina Gobernadora”
Decreto de 19 de Febrero de 1836
Identificación del documento
Idea principal.
Se trata de un decreto, promulgado por Mendizábal (presidente del gobierno progresista)
durante la regencia de Mª Cristina (1833-1840), en el que se declaran en subasta y venta
pública todos los bienes raíces pertenecientes a comunidades y órdenes religiosas.
Fuente y destinatario.
Documento de carácter histórico, fechado (19/02/1836) y, escrito por el ministro de
Hacienda durante el primer gobierno liberal: J. A. de Mendizábal. El destinatario es público, a
la nación española en general, por orden de la regente en nombre de su hija (Isabel II).
Naturaleza.
Jurídica (RD) y económica (justifica la necesidad y conveniencia de someter a
desamortización los bienes pertenecientes a las órdenes religiosas).
Autor.
J. A. de Mendizábal. Político español (Cádiz, 1790 - Madrid, 1853). Junto con otros
conspiradores, preparó el pronunciamiento que, encabezado por el general Riego, obligó al
rey a aceptar la Constitución de 1812. Liberal destacado, tuvo que exiliarse cuando los «Cien
mil hijos de San Luís» restablecieron en España el absolutismo (1823). Sus actividades
comerciales en Inglaterra le proporcionaron una gran fortuna e importancia entre los
liberales ingleses y españoles. La corriente progresista del liberalismo español le propuso
como alternativa para sustituir en el gobierno al moderado Martínez de la Rosa en 1835. Un
movimiento revolucionario obligó a la regente María Cristina entregar el poder a Mendizábal,
que fue nombrado ministro de Hacienda y primer ministro (1835-36).
Análisis de ideas principales.
Atendiendo a la necesidad y conveniencia de disminuir la deuda pública consolidada, y de
entregar al interés individual la masa de bienes raíces (…), a fin de que la agricultura y el
comercio saquen de ellos las ventajas.
Juan Álvarez de Mendizábal, inició la desamortización de los bienes y tierras
eclesiásticas amortizadas en 1836, además de suprimir las órdenes religiosas (clero
regular). La desamortización consistió básicamente en la expropiación de los bienes
desamortizados y su nacionalización y posterior venta en pública subasta al mejor postor.
La desamortización tuvo tres objetivos: buscar ingresos para pagar la deuda pública del
Estado; conseguir fondos para la primera Guerra Carlista (1833-1840); y finalmente crear
una clase media agraria de campesinos propietarios.
En nombre de mi excelsa hija la reina Dª Isabel II.
Aunque el decreto de 19 de febrero de 1836 está firmado por J. A. Mendizábal, lo hace como
ministro de Hacienda y en nombre de la reina gobernadora María Cristina de Borbón (1833-
1840). Ésta ocupó el trono como regente durante la minoría de edad de su hija Isabel II.
IES Lacimurga C. I.
1 Javier Pérez (DTO. Geografía e Historia)

2. Historia de España (BCT2 – BCS2)
TRANSFORMACIONES AGRARIAS Y ECONOMICAS EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XIX.
Art. 1. Quedan declarados en venta desde ahora todos los bienes raíces de cualquier clase que
hubiesen pertenecido a las comunidades y corporaciones religiosas extinguidas (…)
Como hemos señalado anteriormente, la desamortización consistió básicamente en la
expropiación de los bienes desamortizados al clero regular, su nacionalización y posterior
venta en pública subasta. Con el dinero obtenido, que pasaría directamente al Estado, se
emplearía en paliar parte de la deuda pública y en hacer frente a la Guerra Carlista.
Art. 2. Se exceptúan de esta medida general los edificios que el gobierno destine para el servicio
público (…)
Estaban exentos de desamortización todos aquellos edificios que el Estado consideraba de
utilidad pública para usos administrativo, cultural o de cualquier otra índole.
Contexto histórico: la desamortización de Mendizábal
Juan Álvarez de Mendizábal, inició la desamortización de los bienes y tierras eclesiásticas
amortizadas en 1836, además de suprimir las órdenes religiosas (clero regular). La desamortización
consistió básicamente en la expropiación de los bienes desamortizados y su nacionalización y
posterior venta en pública subasta al mejor postor. La desamortización tuvo tres objetivos:
El objetivo principal fue financiero. Buscar ingresos para pagar la deuda pública del Estado,
además se conseguirían fondos para la guerra carlista (1833-1840).
Había también un objetivo político: ampliar la base social del liberalismo con los compradores
de bienes desamortizados. Además, buena parte del clero regular apoyaba a los carlistas, por lo que
esta medida se consideraba una acción anticlerical del gobierno progresista.
Finalmente, se planteó de forma muy tímida un objetivo social: crear una clase media agraria de
campesinos propietarios.
Las fincas fueron tasadas y subastadas después, alcanzando una puja media del 220% sobre el
precio de salida. Dado el distinto tamaño de los lotes, eran en teoría asequibles para grupos sociales de
bajos ingresos, pero en la práctica los propietarios y los inversores burgueses acapararon las compras,
puesto que eran los únicos que tenían liquidez, sabían pujar y podían controlar fácilmente las subastas.
Los resultados no fueron todo lo positivos que se podría haber esperado:
No solucionó el grave problema de la deuda pública.
En el terreno social, la mayor parte de los bienes desamortizados fueron comprados por nobles y
burgueses urbanos adinerados. Los campesinos pobres no pudieron pujar en las subastas.
La desamortización no sirvió para mitigar la desigualdad social, de hecho, muchos campesinos
pobres vieron como los nuevos propietarios burgueses subieron los alquileres.
La Iglesia vio desmanteladas las bases económicas de su poder. A cambio de la expropiación
el Estado se comprometió a subvencionar económicamente al clero. El primer ejemplo
presupuestario fue la dotación de Culto y Clero de 1841.
La desamortización no produjo un aumento de la producción agraria, contra lo que pretendían sus
promotores. Los nuevos propietarios, en general, no emprendieron mejoras, sino que se limitaron a
seguir cobrando las rentas y las incrementaron, al sustituir el pago de los derechos señoriales y diezmos
por nuevos contratos de arrendamiento. La desamortización provocó un reforzamiento de la estructura
de la propiedad de la tierra: acentuó el latifundismo en Andalucía y Extremadura y el minifundismo en el
Norte. Los que desde luego no compraron fueron los campesinos, ni sabían pujar, ni tenían dinero para
hacerlo.
Otras desamortizaciones en el siglo XIX.
La desamortización pretendió la formación de una propiedad coherente con el sistema liberal.
Diferenciamos varias etapas a lo largo del siglo XIX:
Una primera fase (1766-1798) comprende la venta de bienes de los jesuitas y la denominada
desamortización de Manuel Godoy (bienes raíces pertenecientes a hospitales, hospicios, casas de
misericordia, cofradías).
La segunda fase (1808-1823) corresponde a la desamortización impulsada durante la guerra de la
Independencia por la administración bonapartista y por los legisladores reunidos en Cádiz (bienes de
la Inquisición y reducción a un tercio del número de monasterios y conventos).
En la tercera etapa (1834-1854), conocida como desamortización de Mendizábal y Espartero,
se procede al sistemático despojo patrimonial de la Iglesia, y a la desaparición de monasterios y
conventos.
La cuarta fase (1855-1924) se inaugura con la Ley General de 1 de mayo de 1855 o Ley Pascual
Madoz y es por duración y volumen de ventas la más importante. Se completa la enajenación de
los bienes de regulares y seculares.
En conjunto, no obstante, fueron los miembros de la burguesía (comerciantes, hombres de negocios,
profesiones liberales y campesinos acomodados) quienes capitalizaron las fincas más preciadas y de
mayor extensión. Por el contrario, tanto el campesino pobre como el colono dispusieron de menores
posibilidades de acceso a la propiedad.
IES Lacimurga C. I.
2 Javier Pérez (DTO. Geografía e Historia)