Un adolescente no puede efectuar una venta de un bien inmueble por sí mismo debido a su incapacidad legal según la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Los padres que ejerzan la patria potestad sobre un adolescente pueden solicitar la autorización de un tribunal de menores para vender un bien inmueble en nombre del adolescente, siempre que el tribunal determine que la venta garantice los derechos del adolescente o convenga a sus intereses.

1. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD YACAMBÚ
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS
DERECHO
CONTRATOS Y GARANTÍAS
Barquisimeto, 02/2012
Prof.:
Abg. Pablo Leal
Participante:
María Elena Díaz Varela.
CI.-473731
Exp: CJP-091-00296V

2. Exprese su opinión ¿Si un adolescente, personalmente, es decir por sí
mismo, puede efectuar una venta de un bien inmueble? Razone con
fundamento legal.
El concepto de venta se encuentra establecido en el artículo 1.474 del
Código Civil Venezolano; el cual establece que la misma, es un contrato por
el cual una persona, llamada vendedor, se obliga a transferir y garantizar la
propiedad u otro derecho a una persona, llamada comprador, la cual se obliga
a pagar el precio en dinero; o una parte en dinero y otra en especie.
En tal sentido, la venta como todo contrato, posee unos elementos
esenciales para su existencia o validez, los cuales son: el consentimiento, la
capacidad o poder según el caso, el objeto y la causa.
Al observar lo planteado, un adolescente, para poder realizar un negocio
jurídico como es la venta de un bien inmueble; la Ley Orgánica para la
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes LOPNA, determina una serie de
importantes incapacidades negociales, cuya extensión y grado varían; de
acuerdo a si la persona está emancipada o no. Los adolescentes no
emancipados, se encuentran sometidos, en principio, a una incapacidad
general, plena y uniforme; general porque se extiende a todos los negocios
jurídicos; plena porque sólo puede se subsanada mediante representación, y
uniforme, porque afecta a todos los no emancipados por igual,
independientemente de su sexo, edad o condición; y en los casos de los
menores emancipados, la ley establece ciertas excepciones a ésta incapacidad
general, plena y uniforme; otorgando a todas ellas o algunas de ellos
capacidad plena o con el concurso de otros (capacidad limitada) para realizar
ciertos negocios jurídicos; y los cuales se encuentran establecidos en los
artículos 222, 277, 46, 59, entre otros de la LOPNA.
En este orden de ideas, el artículo 1.142 del Código Civil establece:
"El contrato puede ser anulado:
1) Por incapacidad legal de las partes o de una de ellas; y
2) Por vicios del consentimiento".
Asimismo, el artículo 1.143 del C.C. establece lo siguiente:
"Pueden contratar todas las personas que no estuvieren declaradas
incapaces por la ley";
Y el artículo 1.144, referido a la incapacidad para contratar expresa:
"Son incapaces para declarar en todos los casos expresados por esta
ley, los menores, los entredichos, los inhabilitados y cualquiera otra persona
a quien la Ley le niega la facultad de celebrar determinados contratos…".

3. Asimismo, el artículo 1.148 del mismo Código, sobre la anulabilidad por
error de hecho, establece lo siguiente:
"El error de hecho produce la anulabilidad del contrato cuando
recae sobre una cualidad de la cosa y sobre una circunstancia que las partes
han considerado como esenciales, o que deben ser consideradas como tales
en atención a la buena fe y a las condiciones bajo las cuales ha sido concluido
el contrato.
Es también causa de anulabilidad el error sobre la identidad o de las
cualidades de la persona con quien se ha contratado, cuando esa identidad o
esas cualidades han sido la causa única o principal del contrato".
Ahora bien, ya determinado con fundamentación legal, que un adolescente
no puede por sí mismo realizar un negocio jurídico como es la venta de un
inmueble; encontramos que el artículo 364 de la Ley Orgánica para la
Protección de niños, niñas y Adolescentes, referido a los casos de
Representación y Administración de los Bienes del hijo o hija, establece lo
siguiente:
"La representación y la administración de los bienes del hijo o hija se
regirán en lo sustantivo por lo previsto en esta Ley y subsidiariamente por lo
contemplado en el Código Civil, tramitándose los procedimientos
correspondientes de conformidad con lo dispuesto en esta Ley".
En consecuencia, el artículo 267 del Código Civil sobre la Representación y
Administración de los Hijos Menores de Edad, establece:
"El padre y la madre que ejerzan la patria potestad representan en los
actos civiles a sus hijos menores y aun simplemente concebidos, y
administran sus bienes.
Para realizar actos que exceden de la simple administración, tales como
hipotecar, gravar, enajenar muebles o inmuebles, renunciar a herencias,
aceptar donaciones o legados sujetos a cargas o condiciones, concertar
divisiones, particiones, contratar préstamos, celebrar arrendamientos o
contratos de anticresis por más de tres (3) años, recibir la renta anticipada
por más de un (1) año, deberán obtener la autorización judicial del Juez de
Menores.
Igualmente se requerirá tal autorización para transigir, someter los
asuntos en que tengan interés los menores a compromisos arbitrales, desistir
del procedimiento, de la acción o de los recursos en la representación
judicial de los menores.
Tampoco podrán reconocer obligaciones ni celebrar transacciones,
convenimientos o desistimientos en juicio en que aquellas se cobren, cuando
resulten afectados intereses de menores, sin la autorización judicial.

4. La autorización judicial sólo será concedida en caso de evidente necesidad
o utilidad para el menor, oída la opinión del Ministerio Público, y será
especial para cada caso.
El Juez podrá asimismo, acordar la administración de todos o parte de los
bienes y la representación de todos o parte de los intereses de los hijos a uno
solo de los padres, a solicitud de éste, oída la opinión del otro progenitor y
siempre que así convenga a los intereses del menor".
De situación antes planteada se desprende entonces, que el padre y la
madre del menor adolescente que ejerza la patria potestad, podrán solicitar
ante el tribunal de menores, la autorización judicial, para en nombre del
adolescente vender un bien inmueble, siempre y cuando el tribunal determine
que con la misma se le garantizan los derechos del mismo o convenga a los
intereses del menor.