El documento discute la importancia de la participación ciudadana y la voluntad política para lograr una efectiva política y gestión ambiental sostenible. Señala que la democracia participativa es fundamental para transformar al estado en un redistribuidor de riqueza que garantice derechos e integre la justicia social. También destaca que la Constitución venezolana establece el derecho a un ambiente sano y la participación ciudadana en la concientización ambiental.

1. *
Universidad Fermín Toro
Vicerrectorado Académico
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas
Escuela de Derecho
Integrante:
Yenny Duque C.I: 12.727.286
Prof.: Keydis Pérez
Sección: SAIA-A
San Felipe, Estado Yaracuy

2. *
Al cumplir y hacer cumplir las leyes, se
requiere primeramente de voluntad
política, fortalecer la conciencia y
educación ambiental en todos los ámbitos
de acción para así poder obtener
resultados sostenibles en el tiempo en
función de una política y gestión
ambiental participativa efectiva.
La democracia participativa, es la
condición sine qua non para transformar al
Estado, como redistribuidor de riqueza,
como garantes de derechos integradores
de ciudadanía social, como lugar publico
para construir justicia social, desde una
ética publica que comparte un proyecto
ambiental, intercultural sustentable.

3. Crear y mantener
condiciones
medioambientales
adecuadas para el libre
desarrollo de la
personalidad de los seres
humanos, es una de las
premisas que fundamentan
el sostenimiento del planeta
y de condiciones sociales
como pobreza, desempleo,
injusticia, corrupción, entre
otras; el goce y ejercicio de
los derechos humanos,
incluidos entre ellos el
derecho de medio ambiente
sano.

4. En Venezuela la Carta Magna
establece las normas para el
resguardo y conservación del
ambiente, la participación
ciudadana como parte del proceso
de concientización en materia
Ambiental. Además, la Constitución
de la Republica Bolivariana de
Venezuela establece la participación
ciudadana como un Derecho
Humano.
No basta que el país cuente con un
marco jurídico ambiental y de
participación ciudadana, avanzado y
actualizado en los paradigmas de
sustentabilidad de los recursos
naturales y de corresponsabilidad en
la gestión ambiental entre Estado y
Ciudadanos.

5. Por medio de la
Participación Ciudadana, las
comunidades pueden
ejercer acciones de control,
vigilancia y evaluación para
lograr el cumplimiento de
los objetivos de los
programas sociales, siendo
además un mecanismo que
permite a los ciudadanos y
comunidades organizadas
intervenir en las decisiones
publicas para la defensa y
promoción de sus intereses.