El documento discute los beneficios del uso de software libre por parte del Estado venezolano. Estos incluyen reducir la dependencia tecnológica, garantizar la seguridad de la información, fomentar el trabajo cooperativo y la interoperabilidad de sistemas, y adoptar estándares no dependientes. El decreto 3.390 establece políticas para promover el uso de software libre en la administración pública y la sociedad en general con el fin de ahorrar costos y reforzar la soberanía tecnológica del país.