Aspectos jurídicos de la prevención de riesgos laborales en las entidades locales

1. Ponencia Juan Garcia Alloza
Inspector de Trabajo y Seguridad Social de Valencia
INTEGRACIÓN EFECTIVA DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LAS ENTIDADES
LOCALES (ASPECTOS JURÍDICOS)
1. INTRODUCCIÓN, LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.
2. RESPONSABILIDADES: ADMINISTRATIVAS, PENALES Y CIVILES.
3. EXPLICACIÓN DE LA CAMPAÑA EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL.
1.-INTRODUCCIÓN, LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.
El artículo 40.2 de la Constitución Española encomienda a los poderes públicos, como uno de los principios rectores de la
política social y económica, velar por la seguridad e higiene en el trabajo. Este mandato constitucional lleva a la necesidad
de desarrollar una política de protección de la salud de los trabajadores mediante la prevención de los riesgos derivados de
su trabajo y encuentra en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales su pilar fundamental.
Es la LPRL es la que determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades para establecer un adecuado nivel de
protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo, y ello en el marco de
una política coherente, coordinada y eficaz de prevención de los riesgos laborales.
DERECHOS Y OBLIGACIONES
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2. La protección del trabajador frente a los riesgos laborales exige un conjunto de actuaciones preventivas en la empresa que no
son el mero cumplimiento formal de este conjunto predeterminado, más o menos amplio, de deberes y obligaciones
empresariales sino que debe ser una actuación real, práctica y comprobable.
Artículo 14 Derecho a la protección frente a los riesgos laborales
Así pues se establece en el artículo 14 que…
1.-Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.
El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los trabajadores frente a los
riesgos laborales.
2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario debe garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su
servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos, el empresario realizará la prevención de los
riesgos laborales mediante la integración de la actividad preventiva en la empresa y la adopción de cuantas medidas sean
necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, elaborando y llevando a cabo un plan de
prevención de riesgos laborales, la evaluación de riesgos, la información, consulta y participación, formación de los
trabajadores, la actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, la vigilancia de la salud, y todo ello
mediante la constitución de una organización consistente que lo pueda llevar a cabo.
El empresario desarrollará una acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva con el fin de perfeccionar de
manera continua las actividades de identificación, evaluación y control de los riesgos que no se hayan podido evitar.
Entre las obligaciones cabe resaltar el deber de coordinación que se impone a los empresarios que desarrollen sus
actividades en un mismo centro de trabajo, así como el de aquéllos que contraten o subcontraten con otros la realización en
sus propios centros de trabajo de obras o servicios correspondientes a su actividad.
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3. Se regula los derechos de consulta y participación de los trabajadores a través de los Delegados de Prevención y los
Comités de Seguridad y Salud, continuando la experiencia de actuación de una figura arraigada y tradicional de nuestro
ordenamiento laboral.
Artículo 15 Principios de la acción preventiva
1. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención, con arreglo a los siguientes principios
generales:
a) Evitar los riesgos.
b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.
c) Combatir los riesgos en su origen.
d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo.
e) Tener en cuenta la evolución de la técnica.
f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.
g) Planificar la prevención.
h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.
i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.
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4. Este deber de protección constituye, igualmente, un deber de las Administraciones públicas respecto del personal a su
servicio, siendo así una de las importantes novedades de la ley.
2.-RESPONSABILIDADES
• ADMINISTRATIVAS
• PENALES
• CIVILES
Artículo 42 Responsabilidades y su compatibilidad (LPRL)
1. El incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales dará lugar a
responsabilidades administrativas.
1.-RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones
y Sanciones en el Orden Social
• Infracciones.
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5. 1. Art. 11, leves
2. Art. 12, graves
3. Art. 13, muy graves
• Sanciones
• Laborales
• Leves: de 30 a 300 euros
• Graves: de 300 a 3.005
• Muy graves: de 3.005 a 90.151
• Prevención de Riesgos laborales:
• Leves: de 40 a 2.045 euros
• Graves: de 2.046 a 40.985
• Muy graves: de 40.986 a 819.780
De modo general la actuación de la Inspección de Trabajo es el siguiente:
Artículo 43 Requerimientos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (LPRL).
1. Cuando el Inspector de Trabajo y Seguridad Social comprobase la existencia de una infracción a la normativa sobre
prevención de riesgos laborales, requerirá al empresario para la subsanación de las deficiencias observadas, salvo que por la
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6. gravedad e inminencia de los riesgos procediese acordar la paralización prevista en el artículo 44. Todo ello sin perjuicio de
la propuesta de sanción correspondiente, en su caso.
3. Los requerimientos efectuados por la Inspección de Trabajo se reflejan en el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social, en la forma que se determine reglamentariamente.
Artículo 45 Infracciones administrativas (LPRL)
No obstante lo anterior, en el ámbito de las relaciones del personal civil al servicio de las Administraciones públicas, se
seguirá el procedimiento que se señala a continuación, procedimiento que se ajusta a los siguientes principios:
a) El procedimiento se iniciará por el órgano competente de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por
orden superior, bien por propia iniciativa.
b) Tras su actuación, la Inspección efectuará un requerimiento sobre las medidas a adoptar y plazo de ejecución
de las mismas, del que se dará traslado a la unidad administrativa inspeccionada a efectos de formular
alegaciones.
Real Decreto 707/2002, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre el procedimiento
administrativo especial de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y para la imposición de
medidas correctoras de incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito de la
Administración General del Estado.
Modificado por el:
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7. Real Decreto 464/2003, de 25 de abril (BOE 11 Junio 2003)
Artículo 2 Ámbito de aplicación
1. El presente Real Decreto será de aplicación a los órganos centrales y órganos territoriales de la Administración General
del Estado, así como a sus Organismos autónomos y otros entes dependientes de aquélla, y afectará a todo el personal
empleado en los distintos centros, dependencias o lugares de trabajo de los mismos, con independencia de que la relación
que se mantenga sea de naturaleza laboral, estatutaria o funcionarial.
Artículo 3 Iniciación del procedimiento
1. El procedimiento especial se iniciará siempre de oficio por el órgano competente de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social, bien por orden superior, bien por propia iniciativa.
Artículo 4 Desarrollo de la actuación inspectora
2. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social podrá recabar en su actuación la colaboración y asesoramiento técnico
necesario del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
4. Una vez concluidas las comprobaciones, si como resultado de éstas el Inspector de Trabajo y Seguridad Social actuante
considerara que existen incumplimientos o irregularidades en el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos
laborales, emitirá una propuesta de requerimiento sobre las cuestiones planteadas en dicha materia, en el que se recogerán
las irregularidades detectadas, las medidas que deben adoptarse para subsanarlas y el plazo que considera necesario para su
ejecución.»
Artículo 5 Comunicación de la propuesta de requerimiento, trámite de alegaciones y requerimiento definitivo
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8. 1. El inspector actuante dará traslado de la propuesta de requerimiento establecida en el artículo anterior a la unidad
administrativa inspeccionada,
2. Si la unidad administrativa sujeta a inspección o los representantes de los trabajadores no formulasen alegaciones en el
plazo señalado en el apartado anterior, por no mantener discrepancia sobre la existencia de las anomalías en materia de
prevención, ni sobre las medidas precisas para la subsanación de las mismas, la propuesta de requerimiento adquirirá
automáticamente carácter definitivo. En estos casos, la unidad administrativa procederá a efectuar los trámites necesarios
para que las medidas requeridas se lleven a cabo.
Realizada la subsanación, se dará cuenta a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social actuante.
3. En caso de discrepancias con la propuesta de requerimiento, si la jefatura de la unidad administrativa inspeccionada o los
representantes del personal formularan alegaciones en el referido plazo de quince días hábiles, el Inspector actuante, a la
vista de las alegaciones formuladas y de los informes técnicos que estime necesarios, podrá efectuar requerimiento definitivo
sobre las medidas a adoptar y el plazo de ejecución de las mismas.
2.-RESPONSABILIDAD PENAL
Así, ya en la Constitución Española, se recogen de modo muy preciso los siguientes derechos:
• Art. 10, la dignidad de la persona.
• Art. 14, derecho a la igualdad
• Art. 15, derecho a la vida y a la integridad física y moral
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9. • Art. 18, derecho al honor.
Artículo 42 Responsabilidades y su compatibilidad (LPRL)
Dice el artículo 42 que…
1. El incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales dará lugar a
responsabilidades administrativas, así como, en su caso, a responsabilidades penales y a las civiles por los daños y
perjuicios que puedan derivarse de dicho incumplimiento.
2. Las responsabilidades administrativas que se deriven del procedimiento sancionador serán compatibles con las
indemnizaciones por los daños y perjuicios causados y de recargo de prestaciones económicas del sistema de la
Seguridad Social que puedan ser fijadas por el órgano competente de conformidad con lo previsto en la normativa
reguladora de dicho sistema.
CÓDIGO PENAL
Título XV, De los delitos contra los derechos de los trabajadores
• Artículo 316 (es el artículo específico para la prevención de riesgos laborales).
Los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no
faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e
higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física, serán castigados con
las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses.
• Artículos 317 y 318, modulan el artículo 316
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10. OTROS DELITOS (de carácter físico, psíquico, moral, psicológico, social sexual)
• TÍTULO III. DE LAS LESIONES
• Artículo 147: quien por cualquier medio o procedimiento causare a otro una LESIÓN que
menoscabe no sólo su integridad corporal o su salud física sino también la mental
• TÍTULO VI. DE LOS DELITOS CONTRA LA LIBERTAD
• Artículo 169. AMENAZAS:
• Artículo 172, COACCIONES
• TÍTULO VII. DE LAS TORTURAS Y OTROS DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD MORAL
• Artículo 173
1. El que infligiera a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad
moral, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años.
Con la misma pena serán castigados los que, en el ámbito de cualquier relación laboral o
funcionarial y prevaliéndose de su relación de superioridad, realicen contra otro de forma reiterada
actos hostiles o humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, supongan grave acoso contra
la víctima.
• Artículo 177
Si en los delitos descritos en los artículos precedentes, además del atentado a la integridad moral,
se produjere lesión o daño a la vida, integridad física, salud, libertad sexual o bienes de la víctima o de
un tercero, se castigarán los hechos separadamente con la pena que les corresponda por los delitos o
faltas cometidos, excepto cuando aquél ya se halle especialmente castigado por la Ley.
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11. • TÍTULO VIII. DELITOS CONTRA LA LIBERTAD E INDEMNIDAD SEXUALES
CAPÍTULO I. DE LAS AGRESIONES SEXUALES
• Artículo 178
CAPÍTULO II. DE LOS ABUSOS SEXUALES
• Artículo 181
1. El que, sin violencia o intimidación y sin que medie consentimiento, realizare actos que
atenten contra la libertad o indemnidad sexual de otra persona, será castigado, como responsable de
abuso sexual, con la pena de prisión de uno a tres años o multa de dieciocho a veinticuatro meses.
3. La misma pena se impondrá cuando el consentimiento se obtenga prevaliéndose el
responsable de una situación de superioridad manifiesta que coarte la libertad de la víctima.
• CAPÍTULO III. DEL ACOSO SEXUAL
• Artículo 184
1. El que solicitare favores de naturaleza sexual, para sí o para un tercero, en el ámbito de
una relación laboral, docente o de prestación de servicios, continuada o habitual, y con tal
comportamiento provocare a la víctima una situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o
humillante, será castigado, como autor de acoso sexual, con la pena de prisión de tres a cinco
meses o multa de seis a 10 meses.
2. Si el culpable de acoso sexual hubiera cometido el hecho prevaliéndose de una situación
de superioridad laboral, docente o jerárquica, o con el anuncio expreso o tácito de causar a la
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12. víctima un mal relacionado con las legítimas expectativas que aquélla pueda tener en el ámbito de
la indicada relación, la pena será de prisión de cinco a siete meses o multa de 10 a 14 meses.
• TÍTULO XI. DELITOS CONTRA EL HONOR
• Artículos 205 y ss. INJURIAS Y CALUMNIAS
Artículo 3 Concurrencia con el orden jurisdiccional penal (LISOS)
2. En los supuestos en que las infracciones pudieran ser constitutivas de ilícito penal, la Administración pasará el tanto
de culpa al órgano judicial competente o al Ministerio Fiscal y se abstendrá de seguir el procedimiento sancionador
mientras la autoridad judicial no dicte sentencia firme o resolución que ponga fin al procedimiento o mientras el
Ministerio Fiscal no comunique la improcedencia de iniciar o proseguir actuaciones.
3. De no haberse estimado la existencia de ilícito penal, o en el caso de haberse dictado resolución de otro tipo que
ponga fin al procedimiento penal, la Administración continuará el expediente sancionador en base a los hechos que los
Tribunales hayan considerado probados.
3.-RESPONSABILIDAD CIVIL
• Justificación legal: art. 4.2.d) y 19.1 del ET, y art. 14 LPRL, epicentro normativo sobre la responsabilidad civil del
empresario en materia preventiva.
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13. • Art. 4,2,d) ET (derechos y deberes laborales básicos): los trabajadores tienen derecho…a su integridad
física y a una adecuada política de seguridad e higiene.
• Art.19.1 ET (derechos y deberes derivados del contrato de trabajo): El trabajador, en la prestación de
sus servicios, tendrá derecho a una protección eficaz en materia de seguridad e higiene.
• 14.1 (LPRL): derecho del trabajador a la “protección eficaz”, “en todos los aspectos relacionados con
el trabajo”, es decir no sólo los puramente físicos.
• 14.2 (LPRL): a adoptar “cuantas otras medidas sean necesarias para la protección de los
trabajadores”.
• Naturaleza contractual, -arts. (1101y ss del CCivil) o extracontractual (aquiliana) -arts (1901 y ss del CC)- de la
responsabilidad civil y correlativamente sobre el orden jurisdiccional correspondiente, civil o social.
– En la práctica ambos órdenes se han declarado competentes.
– Este acalorado debate obtuvo respuesta de la Sala de Conflictos de Competencia del Tribunal Supremo: “no
obstante la vis atractiva que caracteriza al orden jurisdiccional civil y las concomitancias que ofrece con los
supuestos de culpa extracontractual prevenidos en los art. 1902 y ss. CC., el órgano jurisdiccional competente
es el correspondiente al orden social”.
• Requisitos de la responsabilidad civil del empresario: daño, culpa, nexo causal
– A. Daño efectivo del trabajador. Daños resarcibles tanto los patrimoniales –daño emergente y lucro cesante-
como los morales.
– B. Conducta culposa. El comportamiento empresarial culpable.
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14. • Dolo, negligencia o morosidad, para la responsabilidad contractual del art. 1101 CC.
• Culpa o negligencia, para la responsabilidad aquiliana del art. 1902 CC.
• La tendencia más moderna alude a la “teoría del riesgo”, objetivando cada vez más la responsabilidad,
pero sin excluir el elemento culpabilístico que se ha instrumentado a través de una inversión de la carga
de la prueba, presumiendo “iuris tantum” la culpa del sujeto agente en la producción del daño, pero
admitiendo su destrucción mediante la acreditación de: un obrar diligente, la concurrencia de una
exclusiva culpa de la víctima o una fuerza mayor.
– C. Relación de causalidad entre el daño y el comportamiento empresarial. La innegable complejidad de los
procesos productivos en las economías modernas, hace difícil determinar con precisión si concurre o no el
requisito de la causalidad entre el daño y el comportamiento empresarial.
• LA INDEMNIZACIÓN de daños y perjuicios
– A. La extensión de la reparación.
• La reparación íntegra del daño sufrido por el perjudicado: daño emergente, lucro cesante, daños
materiales y morales. Es criterio del juez.
– B. Compatibilidad entre responsabilidades.
• El art. 42.1 LPRL habla de las administrativas, civiles y penales. Cada una responde a un fin distinto,
pero la adva se suspende en relación con la penal mientras no haya un pronunciamiento.
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15. • Cuando se aprecia la penal el perjudicado tiene la facultad de pedir la reparación civil aparejada a todo
delito o falta (art. 116 CP)
• Compatibilidad entre recargo de prestaciones e indemnización de daños y perjuicios, así declarado en el
art. 42.3 LPRL y 123.2 LGSS. Pero también hay ss que tratan de equilibra y compensar lo percibido en
otros órdenes (STS 02.02.1998 (RJ 3250)
3.-EXPLICACIÓN DE LA CAMPAÑA
1. Sentido de lo que es una campaña.
2. Actividades múltiples de los Ayuntamientos.
3. Dispersión de los centros de trabajo.
4. Escasa actividad preventiva.
1.-Sentido de la campaña. Tratamiento sistemático de un problema que afecta a un colectivo concreto. Se elaboran
criterios de actuación con el fin de ser uniformes. Predomina el carácter de advertencia. Por qué una campaña en los
Ayuntamientos (puntos 2, 3 y 4)
2.-Actividades múltiples de los Ayuntamientos
Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local
Competencias
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16. Artículo 25.
2. El Municipio ejercerá en todo caso, competencias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades
Autónomas, en las siguientes materias:
Artículo 26.
1. Los Municipios por sí o asociados deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes:
Ley de Régimen Local de Valencia
Ley 8/2010, de 23 junio Cortes Valencianas Diari Oficial de la Comunitat Valenciana 24 junio 2010, núm. 6296,
(Modificada por la Ley 9/2011, de 26 de diciembre, (DOCV nº 6680, de 28/12/2011)
CAPÍTULO V.
Competencias
Artículo 33. Competencias de los municipios
1. Los municipios, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, pueden promover toda clase de
actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de los vecinos.
3. Los municipios valencianos tienen competencias propias en las siguientes materias:
Artículo 34. Servicios mínimos obligatorios
Los municipios, por sí mismos o asociados, deberán prestar, como mínimo, los servicios siguientes:
a) En todos los municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento
domiciliario de agua de consumo humano, alcantarillado, acceso a los núcleos de población, pavimentación de las vías
públicas y control de alimentos y bebidas y agencia de lectura.
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17. b) En los municipios con población superior a 5.000 habitantes, además: parques públicos, biblioteca pública, mercado,
tratamiento de residuos y seguridad pública.
c) En los municipios con población superior a 20.000 habitantes, además: protección civil, prestación de servicios sociales,
prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas
de uso público y defensa de usuarios y consumidores, en particular, el asesoramiento e información en materia de consumo.
d) En los municipios con población superior a 50.000 habitantes, además: transporte colectivo urbano de viajeros y
protección del medio ambiente.
(En el ejercicio de estos servicios se hacen trabajos y tareas como en cualquier empresa, con los mismos riesgos, sólo que en
el caso de los Ayuntamientos se juntan todos).
Artículo 57. Competencias propias de la entidad local menor
Sin perjuicio del supuesto específico previsto en el artículo 47.2, serán competencias propias de las entidades locales
menores:
3.-Dispersión de los centros de trabajo.
4.-Escasa actividad preventiva
LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Artículo 9 Inspección de Trabajo y Seguridad Social CONSULTAR OTRAS REDACCIONES
1. Corresponde a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social la función de la vigilancia y control de la normativa sobre
prevención de riesgos laborales.
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18. Véanse:- Ley 42/1997 de 21 de julio, sobre Ordenación de la Inspección de Trabajo («B.O.E.» 15 noviembre). - Real
Decreto 138/2000 de 4 de febrero por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento de la Inspección
de Trabajo («B.O.E.» de 16 de febrero ).
L 42/1997 de 14 Nov. (ordenación de la Inspección de Trabajo y S.S.)
RD 138/2000 de 4 Feb. (Regl. de organización y funcionamiento de la Inspección de Trabajo y S.S.)
En cumplimiento de esta misión, tendrá las siguientes funciones:
• a) Vigilar el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales.
• b) Asesorar e informar a las empresas y a los trabajadores sobre la manera más efectiva de cumplir las
disposiciones cuya vigilancia tiene encomendada.
LA ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
• Qué es la Estrategia
La Estrategia constituye el instrumento para establecer el marco general de las políticas de prevención de riesgos
laborales a corto y, sobre todo, medio y largo plazo, pues abarca el periodo 2007-2012.
La Estrategia aspira, a transformar los valores, las actitudes y los comportamientos de todos los sujetos implicados en
la prevención de riesgos laborales (el Gobierno, las Comunidades Autónomas, las organizaciones empresariales, los
sindicatos, las empresas, los trabajadores, las entidades dedicadas a la prevención), en suma, de toda la sociedad,
La Estrategia quiere inaugurar una nueva forma de actuar.
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19. A) La primera parte recoge los objetivos marcados para la mejora de los sistemas de prevención en las EMPRESAS.
Esta parte tiene como destinatarios fundamentales a empresarios y trabajadores y a sus organizaciones representativas, pero
también al sector de la prevención en general (servicios de prevención, entidades auditoras, entidades formativas).
B) La segunda parte recoge las áreas de actuación desarrolladas por los poderes públicos: se trata, pues, de establecer
objetivos para las POLÍTICAS PÚBLICAS que inciden en la prevención de riesgos laborales, de coordinar esas
políticas y de reforzar las instituciones públicas dedicadas a la prevención de riesgos laborales.
El desarrollo de una cultura preventiva en la sociedad y en las empresas requiere una acción constante de su
promoción en el marco de las políticas públicas. Por ello, la Administración General del Estado y la de las Comunidades
Autónomas deben contemplar de manera permanente en sus planes anuales de actuación, el desarrollo de campañas de
concienciación y sensibilización para la reducción de la siniestralidad laboral y la mejora de las condiciones de
seguridad y salud en el trabajo.
Los mensajes a transmitir en estas campañas deberán buscar un fuerte impacto social, con la finalidad de promover
una mayor sensibilidad social hacia el problema de la siniestralidad.
Se promoverá la implicación de los medios de información y comunicación audiovisuales en la consolidación y
desarrollo de la cultura de la prevención.
La actividad de la Inspección de Trabajo se desarrollará prioritariamente mediante actuaciones y campañas planificadas y
programadas, en cuya preparación se tendrán en cuenta las características y situación preventiva de las empresas, a fin de
permitir el desarrollo de programas específicos y acordes con las distintas realidades empresariales y productivas.
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