Este documento presenta principios para la protección de pacientes con enfermedades mentales y la mejora de la atención de salud mental. Establece que el diagnóstico de una enfermedad mental debe basarse en estándares médicos internacionales y no en factores políticos, económicos o de otro tipo. También estipula que nadie puede ser forzado a someterse a un examen médico sin seguir un procedimiento legal y que la información sobre la salud mental de una persona debe mantenerse de forma confidencial.