El educador solicita que se declare impedido al rector para realizar su evaluación de desempeño debido a circunstancias personales y laborales que han generado enemistad entre ellos. Alega que las actuaciones del rector no han sido objetivas ni colaborativas, y que sus opiniones no se han dado en un ambiente de cordialidad, en contra de los principios de objetividad, confiabilidad, universalidad, pertinencia, transparencia y participación establecidos para la evaluación en el decreto 1278 de 2002. Solicita que se designe otro evaluador