Los gobiernos posteriores a la dictadura en Chile profundizaron el modelo económico neoliberal heredado, pero también aumentaron el gasto social e implementaron reformas para promover una mayor justicia social, como la expansión de la cobertura de salud y educación, y reformas a la constitución para fortalecer el poder legislativo. Aunque hubo desacuerdos sobre si se debía redefinir el modelo, la mayoría de los gobiernos continuaron integrando a Chile en la economía global a través de tratados de libre comercio.