Este documento discute diferentes perspectivas sobre el concepto de seguridad ciudadana. Aborda definiciones de seguridad ciudadana desde una perspectiva preventiva, como la protección de derechos y convivencia pacífica, y desde una perspectiva represiva basada en políticas de control. También analiza cómo la Constitución venezolana y planes de desarrollo económico y social abordan el tema de seguridad ciudadana.

1. Seguridad Ciudadana
El desarrollo cognitivo del concepto de la seguridad ciudadana en
Venezuela está asociado al debate dialéctico sobre la lucha contra la
violencia y la delincuencia en una estrecha relación con la criminalización de
aquellas conductas lesivas de bienes jurídicos.
Desde este punto de vista, en la presente investigación se asume la tesis
señalada por Juárez (2012), quien propugna que la seguridad ciudadana
debe propender a proteger los derechos y la convivencia pacífica en el
marco de políticas estatales específicas vinculadas a una visión preventiva y,
hasta cierto grado, liberal del conjunto de factores que se agrupan bajo los
términos violencia y delincuencia.
De esta manera, el constructo coloca su acento en la protección de los
ciudadanos y se distancia así, del concepto de seguridad nacional que
dominaba el discurso público venezolano en las décadas pasadas y que se
enfocaba más en la protección y la defensa del Estado, que en la de sus
habitantes.
Por otra parte, se expone como antítesis la concepción de seguridad
ciudadana desarrollada por Díaz (2012), quien la forja como la simbiosis
conceptual y operativa entre delincuencia y criminalidad en un conjunto de
ocurrencias delictivas que se manifiestan en registros oficiales, estadísticas
policiales, judiciales, penitenciarias, y se relacionan con un enfoque represivo
y contingente.
En consecuencia, el presente trabajo de investigación expone como
síntesis, la visión particular de su autor acerca de las incongruencias
temporales y espaciales entre el deber ser preventivo de la seguridad
ciudadana, y la inmediatez de la respuesta necesaria, pero coyuntural, donde
se privilegia lo importante a favor de lo urgente.

2. Cabe señalar, que la seguridad ciudadana es un concepto complejo en su
construcción y en su aprehensión. Efectivamente, desde la perspectiva
epistemológica, Guerra (2009), la define como “la condición personal,
objetiva y subjetiva, de encontrarse libre de violencia o amenaza de violencia
o despojo intencional por parte de otros” (p. 109).
Desde una perspectiva teleológica, Miranda (2009), sostiene que
seguridad ciudadana se refiere a “políticas públicas encaminadas a acercar
la situación real a la situación ideal; es decir, se refiere a acciones que
apuntan hacia la eliminación de las amenazas de seguridad o hacia la
protección de la población ante esas amenazas” (p. 47). Así, el término se
refiere a prácticas sociales que son el rédito de la intencionalidad del Estado
por promover la mayor cantidad de bienestar posible entre las personas que
habitan en su territorio.
En este orden de ideas, el artículo 55 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela (1999), define a la seguridad ciudadana como el
derecho que tienen los ciudadanos a ser protegidos por el Estado, a través
de los órganos regulados por ley, frente a situaciones que constituyan
amenazas, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas,
sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus
deberes.
Pero, luego esa responsabilidad asignada al Estado se diluye en el
artículo 326 de la Carta Magna en lo que se refiere al tema de la seguridad
de la Nación, considerándola compartida con la sociedad civil,
abstractamente representada por la participación del pueblo.
Por su parte, el artículo 332 del Texto Fundamental asocia la seguridad
ciudadana al tema del orden público, “proteger al ciudadano o ciudadana,
hogares y familias, apoyar las decisiones de las autoridades competentes y
asegurar el pacífico disfrute de las garantías y derechos constitucionales”.
En este contexto, se insertan las Líneas Generales del Plan de Desarrollo

3. Económico y Social de la Nación, 2001-2007 , diseñado por el Ministerio del
Poder Popular para la Planificación y Desarrollo, cuya dimensión filosófica de
la seguridad ciudadana se fundamenta en el derecho a nacer y vivir en una
sociedad en paz manifestada en la corresponsabilidad moral, donde todos
somos responsables de lo que ocurre en la sociedad porque la pobreza no
es sólo el problema del otro o del Estado, sino que es la cruz de cada
ciudadano. Efectivamente, “El niño que hoy no puede comer, el niño que no
puede ser niño, que no puede jugar, probablemente sea el criminal de
mañana que asesinará a nuestro hijo” (p. 5).
De este modo, se presenta como fundamento teórico de la investigación
considerar que la seguridad ciudadana tiene y debe tener, un carácter
eminentemente preventivo, porque está orientado a preparar o disponer de
manera anticipada, las condiciones que minimicen los riesgos o la
materialización de eventos futuros de carácter delictual.
Es oportuno mencionar, que en oposición a este enfoque preventivo,
surge la premisa según la cual las políticas estales de seguridad ciudadana
deben ser tangibles y no abstractas; por tanto, deberían orientarse a proteger
elementos materiales como la integridad física y el patrimonio, entre otros
derechos individuales de todos los ciudadanos.
Sin embargo, en el plano empírico, las políticas gubernamentales de
seguridad ciudadana basadas en esta premisa consisten en políticas
represivas y de control, que no toman en consideración las raíces del
problema, las obvian, y operan de manera contingente, coyuntural, en un
paradigma de causalidad donde sólo interesa el mantenimiento, a toda costa,
del orden, sin pretender de ninguna manera extinguir el delito, o sus causas,
sólo sojuzgarlo.
Al respecto, Aniyar de Castro (2009), señala que el control social es
...el conjunto de sistemas normativos cuyos portadores a través de

4. procesos selectivos, y mediante estrategias de socialización,
establecen una red de contenciones que garantizan la fidelidad de
las masas, a los valores de un sistema de dominación; lo que, por
razones inherentes a los potenciales tipos de conductas
discordantes, se hacen destinatarios sociales diferencialmente
controlados según su pertinencia de clase (p. 7).
Efectivamente, las políticas de seguridad ciudadana diseñadas desde el
enfoque del control tienden a establecer diferencias entre los ciudadanos;
entre los que merecen protección; que no casualmente pertenecen al sector
social y económicamente dominante, y grupos sociales de los cuales esos
ciudadanos tienen que ser protegidos. Por ello, se habla de ciudadanos
potencialmente peligrosos como los jóvenes de barrios populares,
drogadictos y hasta los motorizados.
En síntesis, la seguridad ciudadana se traduce en la protección de las
personas en las calles, seguridad de las viviendas y otros lugares tanto
públicos como privados, contra las amenazas, peligros o ataques que
constituyen una conculcación práctica de los derechos de los ciudadanos y
una negación al carácter guardador que le da origen al Estado.