El documento describe el sistema judicial francés, que se basa en la Constitución, tratados internacionales y el derecho comunitario europeo. Se compone de actores como jueces y fiscales, que cumplen funciones como garantizar la independencia judicial. El Consejo Superior de la Magistratura supervisa a los magistrados y asegura su independencia, mientras que los jueces son funcionarios públicos vitalicios que solo pueden ser removidos a través de un proceso disciplinario.