El Tribunal Constitucional, mediante sentencia del Expediente Nº 2375-2014-AA-TC, declaró que los honorarios profesionales de los independiente son inembargables, sí: i) Son de una sola fuente. ii) Son de periodicidad mensional o quincenal similara a las remuneraciones laborales, y iii) Destinen sus ingresos a la satisfacción de las necesidades básicas y las de sus dependientes inmediatos. Criterio previamente establecido en la sentencia del Expediente Nº 645-2013-AA-TC.

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EXP N ° 02375 2014-PA/TC
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JUAN ERNESTO RAYMUNDO RIVERA
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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
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En Lima, a los 21 días del mes de setiembre de 2016, el Pleno del Tribunal
Constitucional, integrado por los señores magistrados Miranda Canales, Urviola Hani,
Blume Fortini, Ramos Núñez, Sardón de Taboada y Espinosa-Saldaña Barrera,
pronuncia la siguiente sentencia. Asimismo, se agrega el abocamiento de la magistrada
Ledesma Narváez, aprobado en la sesión de pleno de fecha 8 de setiembre de 2016, y el
fundamento de voto del magistrado Espinosa-Saldaña Barrera que se agrega.
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Ernesto Raymundo Rivera
Castañeda contra la sentencia de fojas 135, de fecha 12 de noviembre de 2013, expedida
por la Sala Civil Permanente de la Corte Superior de Justicia del Callao, que declaró
infundada la demanda de autos.
ANTECEDENTES
Con fecha 17 de enero de 2013, don Juan Ernesto Raymundo Rivera Castañeda
interpone demanda de amparo contra la Superintendencia Nacional de Administración
Tributaria (Sunat), solicitando que se levanten los embargos trabados sobre los
honorarios que recibe del Ministerio de Cultura como locador de servicios.
Manifiesta que, al inaplicarse el límite establecido en el artículo 648, inciso 6, del
Código Procesal Civil, se vulnera su derecho a la igualdad ante la ley. Además, alega
haber sido privado de su única fuente de ingresos, lo que pone en riesgo la continuidad
de sus estudios y la manutención de su familia.
Con fecha 26 de abril de 2013, la Sunat contesta la demanda señalando que los
embargos cuestionados fueron levantados el 20 de febrero de 2013. Asimismo, solicita
ée.
el-manda sea declarada improcedente porque el recurrente omitió interponer un
de queja ante el Tribunal Fiscal.
in perjuicio de ello, manifiesta no haber vulnerado derecho constitucional alguno
porque los ingresos del recurrente no tienen naturaleza de remuneración, por lo que no
correspondía aplicar el artículo 648, inciso 6, del Código Procesal Civil.
A través de sentencia de fecha 2 de julio de 2013, el Sexto Juzgado Civil de la Corte
Superior de Justicia del Callao declara infundada la demanda por considerar que las
rentas de cuarta categoría no constituyen una remuneración, por lo que pueden ser
embargadas de forma ilimitada por la Administración Tributaria.

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A su vez, a través de sentencia de fecha 12 de noviembre de 2013, la Sala Civil
Permanente de la Corte Superior de Justicia del Callao confirma la apelada por similar
fundamento.
FUNDAMENTOS
Procedencia de la demanda
En primer término, debe evaluarse si corresponde emitir un pronunciamiento de
fondo. Por tanto se analizará, respectivamente, lo siguiente: (i) si es necesario
agotar la vía administrativa; (ii) si existen vías procesales igualmente
satisfactorias para tutelar los derechos invocados; y (iii) si se ha producido la
sustracción de la materia.
Agotamiento de la vía administrativa
2. Las resoluciones coactivas 0230071509951 y 0230071514006, a través de las
cuáles se trabaron medidas de embargo sobre los honorarios del recurrente,
pudieron impugnarse ante el Tribunal Fiscal, mediante el recurso de queja
previsto en el artículo 155 del Código Tributario.
3. Así, está acreditado que se interpuso la demanda de autos sin haberse agotado la
vía administrativa.
4. El artículo 46, inciso 2, del Código Procesal Constitucional señala, sin embargo,
que no resulta exigible el agotamiento de la vía previa cuando este pudiera tener
como consecuencia la irreparabilidad de la agresión.
5. En esos términos, cabe recordar que el procedimiento coactivo se suspende
únicamente al concurrir una de las causales previstas en el artículo 119 del Código
Tributario, entre las que no figura la presentación del recurso de queja.
dir al Tribunal Fiscal, entonces, no habría detenido la tramitación del
ocedimiento coactivo ni interrumpido los efectos de los embargos cuestionados.
Así, de haberse producido una demora en la resolución del caso, el recurrente
podría haber sido privado sine die de los ingresos necesarios para asegurar su
sustento y el de su familia.
8. En consecuencia, en atención al carácter urgente de la controversia y al riesgo de
producción de un daño irreparable, se configura el supuesto previsto en el artículo

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_46, inciso 2, del Código Procesal Constitucional, por lo que no es posible
desestimar la demanda por falta de agotamiento de la vía administrativa.
usencia de vías igualmente satisfactorias
Las resoluciones coactivas mencionadas, además, no pueden cuestionarse en sede
jurisdiccional distinta a la del amparo.
El artículo 122 del Texto Único Ordenado del Código Tributario, en efecto,
excluye la posibilidad de impugnar judicialmente las actuaciones de la
Administración Tributaria al interior de un procedimiento de cobranza coactiva.
Dicha norma dispone que sólo cabe la revisión judicial del procedimiento
coactivo a través del recurso de apelación (sic).
11. Tal proceso, sin embargo, no puede considerarse una vía igualmente satisfactoria
frente al recaído en autos por las siguientes razones: (i) no permite cuestionar
resoluciones coactivas específicas, sino, únicamente, la legalidad del
procedimiento desde el punto de vista global; y (ii) tiene por objeto revisar
cuestiones de procedimiento, mas no aspectos relativos al fondo del asunto o a la
procedencia de la cobranza.
12. Así, aún si se aceptara que las pretensiones del recurrente pueden plantearse en
dicho proceso, este habría tenido que esperar a que concluya el procedimiento de
ejecución coactiva para accionar en defensa de sus derechos, lo cual podría
producir un daño irreparable.
13. En consecuencia, no puede desestimarse la demanda en aplicación del artículo 5,
inciso 2, del Código Procesal Constitucional.
Sustracción de la materia
último, está acreditado a fojas 43 y 44 que los embargos cuestionados fueron
vantados por la Administración Tributaria con fecha 20 de febrero de 2013. Ese
hecho, empero, no supone la improcedencia per se de la demanda.
15. El artículo 1 del Código Procesal Constitucional faculta al juez para conocer el
fondo de la controversia incluso después de producirse la sustracción de la materia
y, de ser el caso, estimar la pretensión "precisando los alcances de su decisión, [y]
disponiendo que el emplazado no vuelva a incurrir en las acciones u omisiones
que motivaron la interposición de la demanda [...]".

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En consecuencia, se procederá a evaluar el fondo de la controversia para
determinar si la Sunat vulneró los derechos del recurrente al ordenar la retención,
, sin límite alguno, de los honorarios percibidos como locador de servicios del
Ministerio de Cultura.
solución del caso
El ordenamiento jurídico reconoce a la Administración Tributaria la posibilidad
de ejecutar sus propias resoluciones, bajo determinadas circunstancias, sin
requerir intervención de autoridad jurisdiccional alguna.
18. Dicho poder, sin embargo, debe ejercerse sin desconocer "[...] los derechos
fundamentales de los administrados que pueden verse amenazados o vulnerados
por la actividad de la Administración [...]' (sentencias recaídas en los expedientes
00015-2005-PFTC, 02044-2009-PA/TC, 00005-2010-PA/TC, entre otros).
19. Los procedimientos de ejecución coactiva, por tanto, no son espacios sustraídos
del control constitucional; deben desarrollarse respetando los límites que imponen
los derechos fundamentales y los principios reconocidos en la Constitución.
20. Este Tribunal Constitucional ha establecido lo siguiente:
N
[Un embargo en forma de retención no debe afectar] la subsistencia del
deudor tributario si es que éste recae sobre una cuenta bancaria donde se
abona su remuneración o pensión. Para ello, debe observarse lo dispuesto en
el artículo 648, inciso 6), del Código Procesal Civil, conforme al cual las
remuneraciones y pensiones sólo pueden ser embargadas si exceden de cinco
Unidades de Referencia Procesal y únicamente hasta una tercera parte de tal
exceso. Sentencias recaídas en los expedientes 000691-2004-PA/TC, 01780-
2009-PA/TC y 02044-2009-PA/TC, entre otras).
azada no cuestiona la validez de dicho límite, sino la pertinencia de su
ion al caso concreto. Señala que no vulneró derecho fundamental alguno
ue el artículo 648, inciso 6, del Código Procesal Civil se refiere, únicamente,
la remuneración del trabajador que participa de una relación laboral.
22. El recurrente manifiesta, en cambio, que el embargo de sus honorarios más allá de
dicho límite afecta la continuidad de sus estudios y el sustento de su familia, por
lo que debe considerarse inconstitucional.
23. Conforme al artículo 2, inciso 2, de la Constitución, todas las personas tienen
derecho a la igualdad ante la ley. Por tanto, cuando dos personas se encuentren
una situación sustancialmente igual, debe aplicarse la misma regla de derecho a

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ambas, en la medida en que pueden "expedirse leyes especiales porque así lo
exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de las diferencias de las
personas” (artículo 103 de la Constitución).
Así, sin perjuicio de las diferencias legítimas que puedan establecerse en otros
casos entre trabajadores y locadores de servicios frente a la aplicación del artículo
648, inciso 6, del Código Procesal Civil, el recurrente ocupa una posición análoga
a la de un trabajador, porque (i) recibe pagos periódicos del Ministerio de Cultura
como contraprestación por servicios de promoción cultural, como consta a fojas 5,
7,8, 55 y 56; y (ii) destina el mismo, que constituye su única fuente de ingresos, a
la satisfacción de sus necesidades básicas y las de su familia.
25. Ciertamente, para efectos del impuesto a la renta, resulta razonable diferenciar los
ingresos provenientes de relaciones laborales (quinta categoría) de las que tienen
origen en actividades independientes (cuarta categoría), por ejemplo, en lo referi-
do a la determinación de la base imponible o a la liquidación o pago del impuesto.
26. Sin embargo, no existe justificación constitucional válida para desproteger a quie-
nes, sin contar con un contrato de trabajo, perciban honorarios por trabajo inde-
pendiente: (i) de una sola fuente; (ii) con periodicidad mensual o quinquenal simi-
lar a la que aplica a las remuneraciones de origen laboral; y, (iii) además, destinen
sus ingresos a la satisfacción de sus necesidades básicas y las de sus dependientes
inmediatos. En esos casos, los honorarios serán inembargables en su fuente cuan-
do no excedan las 5 unidades de referencia procesal (URP) y, en caso excedan las
5 URP, solo hasta la tercera parte de dicho exceso.
27. Este Tribunal Constitucional considera, en consecuencia, que debieron respetarse
dichas reglas en el presente caso; máxime cuando, en sentido amplio, el concepto
jurídico de remuneración también se encuentra referido a los honorarios, como
consta en los artículos 1759 y 2001 del Código Civil.
28. En el fundamento 8 de la sentencia recaída en el Expediente 00645-2013-PA/TC
se se lo siguiente:
eptar una interpretación contraria] [...] implicaría consentir un trato dis-
riminatorio respecto a quienes están en una situación más precaria en térmi-
nos de estabilidad de sus ingresos, afectando el derecho a la igualdad ante la
ley que garantiza la Constitución, en este caso, la igualdad que merecen todos
los trabajadores a no ser embargados más allá del límite legal.
29. Por tanto, habiéndose acreditado la vulneración del derecho a la igualdad ante la
ley del recurrente, corresponde estimar la demanda y ordenar a la Sunat no volver
a cometer actos similares a los que motivaron su interposición; caso contrario se

6. 30. Ordenar el pago de los costos del proceso.
Publíquese y notifíquese.
SS.
MIRANDA CANALES
LEDESMA NARVÁEZ
URVIOLA HANI
BLUME FORTINI
RAMOS NÚÑEZ
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ESPINOSA-SALDAÑA BARRE
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aplicarán las medidas coercitivas previstas en el artículo 22 del Código Procesal
Constitucional.
Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le con-
fiere la Constitución Política del Perú,
HA RESUELTO
1. Declarar FUNDADA la demanda en aplicación del artículo 1 del Código Proce-
sal Constitucional; y, en consecuencia, ordenar a la Sunat no volver a cometer
los actos que motivaron su interposición.
2. Disponer que todo embargo recaído en el Expediente Coactivo 0230060815096,
correspondiente al recurrente, se adecúe a los términos de la presente sentencia.

7. S.
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA
.......
TA .OLA SAN, ILLANA
:retara Relatora
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO ESPINOSA-SALDAÑA
BARRERA
Coincido con el sentido de lo resuelto por mis colegas, pero debo efectuar las siguientes
precisiones al respecto:
1. Conviene tener presente que el Tribunal Constitucional ha acogido en el caso
"Castañeda Arizaga" (00645-2013-PA/TC) una postura institucional sobre esta
materia. En tanto y en cuanto dicha postura se encuentra hoy vigente, me atengo
a la misma, independientemente de cualquier otra consideración.
2. Corresponde también tener presente que el Tribunal Constitucional cuenta con
un precedente donde se fijan la reglas para determinar cuándo estamos ante una
vía igualmente satisfactoria. En ese sentido, la aplicación lo establecido en "Elgo
Ríos" (023283-2013-PA-TC) lleva al mismo sentido o resultado que el asumido
en la resolución a la cual nos adherimos.