Este documento trata sobre el patrimonio histórico español y su gestión. Explica que tras la Guerra Civil y la época del desarrollismo, el patrimonio sufrió un deterioro hasta la llegada de la democracia en los años 80. La Ley de Patrimonio Histórico de 1985 estableció los principios básicos de protección y gestión, aunque las comunidades autónomas también aprobaron sus propias leyes. El documento analiza las diferentes categorías de bienes protegidos y los organismos encargados de la gestión del

1. Patrimonio Histórico Artístico y Gestión de Bienes Culturales
CURSO 2011/2012 Grado Historia del Arte
Leticia
Tobalina
TEMA 10.- EL PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL: CRISIS TY
RENOVACIÓN
1.- Introducción : un legado en peligro, los años de la posguerra y el desarrollismo
Superada la etapa de expolio de los bienes del Patrimonio histórico-artístico español
y puesta al día su protección legal con la ley de 1933 parecía que muchos de los peligros
que les atenazaban estaban conjurados. La Guerra Civil y sus destrozos, seguida por la
etapa del desarrollismo que fomentó el turismo por encima de la conservación
patrimonial, postergaron hasta la llegada de la Democracia el establecimiento de una
visión actualizada y ordenada de nuestra herencia cultural. Esto fue concretado en la
Ley de Patrimonio Histórico de 1985 y en su posterior desarrollo por las autonomías.
1.1.- Una protección insuficiente: incapacidad administrativa y estancamiento legal
La Ley de 1933, pese a haber sido promulgada por la República, se mantuvo en
vigor durante la etapa franquista. Su misión se vio complementada con la aprobación de
una serie de normativas como la creación de museos y archivos.
En el periodo franquista también se reguló la expropiación forzosa por la Ley de
16 de diciembre de 1954.
- El proceso de expropiación se realizaría mediante tasación por parte
de una comisión formada por tres académicos (uno designado por la
Mesa del Instituto de España, otro por el Ministerio de Educación
Nacional, y otro por el propietario del bien). Además, el Estado podía
ejercer el derecho de tanteo1 y retracto (aprobado el 26 de abril de
1957).
A esta legislación se añaden:
• Ley del suelo de 12 de mayo de 1956.
• Contemplación por primera vez de la arqueología submarina (decreto
2055/1963 de 25 de septiembre)
• Contemplación patrimonio etnográfico (Decreto 449/1973 de 22 de
febrero).
Sin embargo, a pesar de estos intentos protectores que ampliaban el campo de
acción de la Ley de 1933. Los resultados fueron insuficientes por los obstáculos para su
aplicación. En la legislación española de la segunda mitad del siglo XX se advierte un
desfase en la reflexión teórica, que sigue los principios de la Carta de Atenas de 1931, y
una inexistente coordinación en las medidas preventivas y protectoras adoptadas en el
ámbito del marco europeo, provocando una destrucción de nuestro patrimonio.
A finales de los 80 se irá abriendo a las corrientes externas, suscribiendo
documentos más importantes como la Carta de Venecia de 1964 y la normativa de París
de 1972. Aunque para estas fechas el deterioro patrimonial había llegado ya a unos
límites inaceptables.
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Es la capacidad de una persona de exigir a otra, con relación a la compraventa de un bien concreto, que
se lo venda a él por el precio que ya tenía acordado con un tercero.
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1.2.- El turismo de masas
Tras la reconstrucción y con un patrimonio disgregado, se inicia el fenómeno del
turismo en España, una actividad que se irá extendiendo hasta configurar un
movimiento de masas.
La Dirección General de Turismo, en principio, dadas las necesidades
económicas, se ocupó de un trabajo de captación, la del mercado exterior, propuesta que
pudo llevarse a cabo tras el levantamiento en 1950 de las sanciones establecidas por la
ONU. Se inició entonces un marketing de propaganda turística con el fin de favorecer el
viaje a nuestro país, impulsando los viajes, abriéndose oficinas de turismo en el
extranjero, haciendo propaganda en el NODO, etc.
Con ello las visitas a España empiezan a aumentar. El resultado de este impulso
dado al turismo exterior fue el convencimiento de que la actividad era un motor
económico. Sin embargo, no se tuvo en cuenta el deterioro que sufría el Patrimonio,
pues sólo se pensó en el desarrollo económico. Así, este turismo de masas, fue nocivo
para ciudades, campo, naturaleza, etc., produciendo alteraciones irreversibles, pues esto
propició la construcción sin medida de edificaciones.
A ello se une el deterioro producido en arquitectura por la vigencia de los
postulados del Movimiento Moderno, no entendiendo así la arquitectura que se
desarrolló en estos años la riqueza patrimonial.
1.3. Incomprensión del Movimiento Moderno e indefinición arquitectónica.
El Movimiento Moderno fue fecundado en la Bauhaus. Entre el repertorio
tipológico que propone destacan: fábricas, viviendas, edificaciones para la
representación política. La arquitectura de este movimiento entra en la Península en los
años sesenta. Sus criterios a favor del racionalismo arquitectónico planteados sobre el
crecimiento urbano de muchas ciudades, favorecieron ignorar la carga histórica y
estética de numerosos monumentos histórico-artísticos.
1.4.- El desfase legislativo y el resurgir de una preocupación por el Patrimonio
1.4.1. La renovación del marco jurídico y desarrollo de las instituciones administrativas
Es la Constitución de 1978 el marco general para la renovación del
ordenamiento jurídico vigente, en ella se encuentran referencias expresas a la defensa
del Patrimonio (artículo 46). Asimismo, se incluye el reparto de competencias entre el
Estado y las Comunidades Autónomas, que provocó problemas competenciales entre
administraciones.
Esto va a originar que el Estado dicte una ley general por la que se fijan los
principios básicos del Patrimonio, la Ley del Patrimonio Histórico Español de 1985.
Esta ley sólo se ha aplicado en todo el territorio español durante 6 años, pues ya
e 1990 aparecen la Ley de Patrimonio Histórico de castilla La Mancha y la del País
Vasco, desplazando los servicios de las CCAA a la Administración del Estado.
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2.- La Ley del Patrimonio Histórico Español (LPHE/1985)
Su dictado obedece al deseo de conseguir tres objetivos:
1. Superar la dispersión normativa existente.
2. Introducir en la legislación interna los nuevos criterios de protección y
conservación de los Bienes históricos y culturales adoptados por Convenciones
internacionales suscritas por España.
3. Cumplir el mandato constitucional de distribución de competencias entre
administraciones.
La LPHE de 1985 no utiliza en su título el término de Cultura, pero sí evidencia
que su pensamiento responde a los principios establecidos por la Comisión Franchescini
(ver tema 7, punto 3.1.) sobre los Bienes culturales, pues ofrece una definición amplia y
genérica de lo que es el Patrimonio.
-
Debido a que la ley describe el conjunto de Bienes de manera abierta,
se puede pensar en diversos Bienes que aún quedan fuera pero que
pueden ser incluidos en un futuro (admite nuevos tipos de
Patrimonio Cultural).
-
Debido a la amplitud del concepto de Patrimonio Histórico, la LPHE
de 1985 establece categorías de Biens:
Monumento histórico
Jardín histórico
Conjunto histórico
Zona arqueológica…
La aplicación de las medidas de protección obliga a establecer regímenes
específicos de protección. Por ello, para recibir amparo legal es necesario concretar los
Bienes mediante un procedimiento de declaración en el que se justifica la protección.
Así, hay diferentes niveles de protección (véase Ballart, 2005: 98-99):
1. BIC (Bien de interés Cultural): máximo nivel de protección amparado por
el registro de Bienes de Interés Cultural (bienes muebles e inmuebles).
2. Bienes muebles inscritos en el Inventario General de Bienes Muebles.
3. Bienes muebles o inmuebles integrantes del Patrimonio Histórico
Español. Únicos sin declaración expresa.
DECLARACIÓN DE BIC: se realizan por medio de Real decreto y tienen
potestad completa las CCAA y exige en primer lugar el informe favorable de
alguna institución consultiva estatal o autonómica responsables del Patrimonio.
En el supuesto de los BIC inmuebles hay que delimitad el entorno afectado por
la declaración.
Competencias exclusivas del Estado:
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Defensa del Patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la
exportación y expoliación.
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Museos, archivos y bibliotecas de titularidad estatal.
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Declaración de los Bienes del Patrimonio Nacional.
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Difusión internacional del conocimiento de los bienes integrantes del
Patrimonio Histórico Español.
Para el cumplimiento de las competencias en la LPHE de 1985 se instituyen
unos Órganos colegiados:
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-
CONSEJO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO: coordinación entre Admin. Públicas
y aprobación de Pales Nacionales de Información.
REALES ACADEMIAS,
UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS
JUNTAS SUPERIORES DE MONUMENTOS Y CONJUNTOS HISTÓRICOS…
2.1. Patrimonio Nacional (PN)
PATRIMONIO HISTORICO ESPAÑOL ≠ PATRIMONIO NACIONAL
El patrimonio nacional se rige por un régimen jurídico especial, la ley 23/1982
y su Reglamento de 1987.
Los reyes de la Casa de Austria y los Borbones, gozaron de infinidad de Bienes.
Este rico patrimonio es el que, desde la instauración de la Monarquía Constitucional,
pasará a conformar el del estado, el Patrimonio Nacional, reduciéndose los Bienes de la
corona, a los necesarios para mantener el decoro de la Casa Real.
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