La legislación española regula las técnicas de reproducción asistida desde 1989, estableciendo su finalidad de procreación y prevención de enfermedades genéticas. Posteriormente, las leyes de 2003 y 2006 han modificado algunos aspectos como el límite de producción de ovocitos, la prohibición de la clonación con fines reproductivos y el destino de los preembriones crioconservados.