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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
UNIDAD DE POSTGRADO
ANÁLISIS Y PROPUESTAS SOBRE LA ENTREGA DE LOS SUBSIDIOS
PARA LOS MÁS VULNERABLES FRENTE AL COVID-19 EN EL PERÚ
EN EL MARCO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL ESTADO
ELABORADO POR:
SOCRATES AGAPITO ESPINEL CENTENO
ANGHY MADELEYNE ESQUINARILA HUALLPA
LILIAN SOFÍA ESQUIVEL MESCCO
VANESSA FIORELLA FERNANDEZ RIOS
CARLOS FRANCISCO FLORES CONGONA
DOCENTE PRINCIPAL: MG. GLADYS VANESSA ZORRILLA GARAY
TUTORA DE AULA: MG. ERIKA MUÑOZ
AREQUIPA, 05 DE SETIEMBRE 2020
I. CONTEXTO
Luego de más de 150 días de cuarentena, el impacto del
COVID-19 en el Perú nos está dejando una aguda crisis
económica y segmentos sociales en situación de vulnerabilidad
profundamente afectados por las estrictas medidas de
distanciamiento social. Mitigar la inseguridad alimentaria para esta
población es un reto sin precedentes para el Estado, considerando
que más del 70% de peruanos trabaja en la informalidad
(Publicaciones Económica, 2019), aproximadamente 3 millones no
tienen agua potable (Gestión, 2019), 42% está sin trabajo o ya no
percibe ingresos (El Comercio, 2020) y más de 50% de familias no
cuentan con refrigeradora (Instituto Nacional de Estadística e
Informática - INEI, 2017).
En los últimos años, las expectativas de la sociedad con relación al
estado se han ampliado, el impacto de las decisiones que esta
última toma no se limita a la función económica (producción de
bienes y prestación de servicios), sino que se refiere además a una
función social como la satisfacción de necesidades generales de la
gente de forma responsable, equitativa y mancomunada.
Por otra parte, el debate sobre la Responsabilidad Social
Empresarial (RSE), se ha trasladado al ámbito de las políticas
públicas, especialmente a la función que han de desempeñar los
poderes públicos para la promoción de la misma.
Buena parte de los gobiernos de las economías avanzadas han
adoptado políticas formales de difusión de la cultura corporativa de
la RSE, entendiendo que puede favorecer las ventajas
competitivas de las empresas en determinados mercados y al
mismo tiempo favorecer socialmente a sus contextos mediatos e
inmediatos. En consecuencia cualquier política, legislación o
instrumento que estimule la responsabilidad social de las empresas
debe ser anunciada, publicitada e informada eficientemente.
Así pues, se hace evidente que cuando se habla de RSE la
intervención del Estado resulta decisiva, ya que debe aportar el
entorno adecuado y la base apropiada para el desarrollo de
empresas socialmente comprometidas. Asimismo, éste debe
incentivar deliberadamente la RSE en ciertos campos específicos.
Entonces, el Estado debe tomar en cuenta la responsabilidad
social empresarial en todos sus niveles al momento de establecer
una política que pretenda estimular la creación, aceptación y
aplicación de la RSE.
II. DESARROLLO
A la fecha, el Gobierno ha dispuesto cuatro subsidios:
1. El Bono “Yo me quedo en casa” de 760 soles, dirigido a
hogares en situación de pobreza y pobreza extrema
beneficiarios de programas sociales. Son entregados en dos
partes a través del Banco de la Nación.
2. El Bono Independiente de 760 soles, dirigido a hogares
de trabajadores independientes en situación de
vulnerabilidad económica, cuyos ingresos no superen los
1200 soles mensuales. El padrón de beneficiarios será
definido por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
(MTPE).
3. El Bono Rural de 760 soles, que busca atender a
pequeños agricultores del sector rural. El padrón de
beneficiarios será definido por el Ministerio de Agricultura y
Riego (MINAGRI).
4. El Bono Familiar Universal de 760 soles, dirigido a las
personas no consideradas en las medidas anteriores. El
padrón de beneficiarios será definido por el Registro
Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) sobre la
base de información proporcionada por el Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) el MTPE y el Instituto
Nacional de Estadística e Informática de Perú (INEI).
Estos bonos tienen tres problemas centrales para garantizar la
seguridad alimentaria de las familias más vulnerables: la cobertura,
el distanciamiento social y la suficiencia nutricional.
Respecto a la cobertura, los primeros bonos no han llegado a todos
los que lo necesitaban y se tiene poca certeza acerca del alcance
del Bono Universal debido a la dificultad en el cruce de información
para consolidar las bases de datos de los beneficiarios (Ayuda en
acción, 2020).
En relación al distanciamiento social, al no tener una cobertura
digital, y depender a la vez de agencias bancarias y del Banco de
la Nación, las entregas de los bonos generan aglomeraciones que
incrementan la posibilidad de contagio.
Finalmente, respecto de la suficiencia nutricional, no es seguro que
los bonos sean invertidos en una canasta alimentaria adecuada
para una población donde personas mayores de 15 años tiene una
prevalencia de sobrepeso de 33,8%. Dicha prevalencia es mayor
en Lima (35,7%) y en la costa (36,7%), que en la selva (33,4%) y
que en la región andina (29,8%) (Villena Chávez, J. E., 2017).
Una medida que fue implementada inicialmente para atender la
seguridad alimentaria de forma directa, fueron las entregas de
canastas básicas por parte de municipalidades, a partir de una
transferencia monetaria de 200 millones de soles del Ejecutivo (El
Peruano, 2020). Sin embargo, la distribución de estas canastas
generó aglomeraciones, mientras que la deficiente gestión de las
municipalidades llevó a hacer entrega de productos de mala
calidad o incompletos, presentándose incluso situaciones de
corrupción.
En dicho contexto, es fundamental plantear mecanismos
alternativos que contribuyan a fortalecer la seguridad
Pilares del enfoque de seguridad alimentaria
Rami Zurayk (2020) define cuatro pilares para desarrollar un
enfoque de seguridad alimentaria en las intervenciones públicas en
el contexto del COVID-19:
1. Disponibilidad. Las cadenas de alimentos están bajo
mucha presión y sufren de variaciones significativas y esto
se ve impactado por la logística paralizada. Se ha
comenzado a instalar restricciones en productos como el
trigo (en Kazajistan, Rusia y Rumanía), arroz (en Tailandia,
Cambodia e India) y la soja en Argentina. La exposición de
trabajadores agrícolas al COVID-19 está generando
perjuicios en esas dimensiones. La dinámica de dichas
cadenas es jugar con los excedentes almacenados debido
a los altos rendimientos en promedio de la temporada
pasada que aún excede a la demanda regular, pero esto no
es más que una medida de corto plazo.
2. Acceso. Los mercados domésticos están sujetos a presión
por el aumento de la demanda y el pánico psicológico.
Existen problemas de excedentes y mala aplicación de
prácticas de manejo de residuos dado que las cadenas tipo
restaurantes y catering están cerradas. El impacto se define
en los salarios y las familias de los niveles más bajos ya que
no cuentan con recursos que les permita adquirir más
alimentos.
3. Utilización. La estrategia que muchas familias están
aplicando es el de reducir la dieta y adquirir productos
duraderos, lo cual impacta en el mercado de productos
diarios. En consecuencia, las dietas son menos variables.
4. Estabilidad. En países como Yemen y Somalia se están
combinando escenarios de conflicto e invasión que
desestabiliza la política de seguridad.
Cabe resaltar que el COVID-19 está explotando las falencias de un
sistema agrícola que no ha tenido tiempo de adaptarse a shocks
externos. Esto no ha permitido desarrollar mecanismos de
acoplamiento adecuado en las familias a corto plazo.
III. PROPUESTA
Las propuestas para fortalecer la seguridad alimentaria deben ser
de corto, mediano y largo plazo.
Una medida de corto plazo que creemos que es esencial es la
entrega de cupones alimentarios. Esta medida sería
complementaria a los bonos ya entregados o anunciados, pues
mientras los bonos en la práctica buscan aliviar la situación de
incertidumbre económica de las familias, los cupones se dirigen a
proteger directamente su seguridad alimentaria.
La cobertura de los cupones alimentarios debería considerar el
mapa de pobreza distrital creado por el INEI, es decir, debe
enfocarse en los distritos más pobres del país y dentro de ellos
hacer una entrega total a cada familia. Para ello, las
municipalidades deberían hacer entregas de cupones mensuales
(mientras duren las fases de reactivación económica del gobierno)
con un contenido nutricional idóneo y preestablecido por el MIDIS.
Las propuestas internacionales
La iniciativa SNAP de West Virginia es un programa
complementario en EE.UU. que consiste en beneficios mensuales
para asistir a los hogares que califiquen en la compra de alimentos.
La elegibilidad para recibir los beneficios se basa en el tamaño del
hogar, ingresos, activos y algunos gastos domésticos. SNAP
pueden utilizarse únicamente para la compra de alimentos para
consumo humano y semillas/ plantas para cultivar alimento en el
hogar. SNAP no pueden ser utilizados para artículos del hogar,
productos de limpieza, tabaco, bebidas alcohólicas, alimentos para
mascotas, etc. (SNAP de West Virginia, 2020).
Guatemala implementa un Programa de Apoyo Alimentario y
Prevención del COVID-19, el cual tiene como objeto la entrega
alimentaria en especie de artículos/insumos o cupones canjeables
a familias en situación de vulnerabilidad. Para esto, los Ministerios
coordinan y definen los criterios de identificación de
establecimientos de canje como tiendas del barrio, supermercados,
depósitos de alimentos (Ministerio de Desarrollo Social de
Guatemala, 2020).
Argentina implementa la Tarjeta Alimentar del Plan “Argentina
contra el Hambre”, la cual ha sido reforzada ante la irrupción del
COVID-19 para asegurar la alimentación de los beneficiarios (niños
menores de 6 años, embarazadas y personas con discapacidad).
Este programa no excluye otros como el de Asignación Universal
por Hijo (AUH), que es el más importante en Argentina
(Argentina.gob, 2020) 1.
____________________________________________________
1 El plan se propuso entregar más de 1,500,000 tarjetas, que alcanzarán a más de 2,800,000
destinatarios, con ARS $4,000 para las familias con un/a hijo/hija de hasta seis años de edad. Seis
mil pesos ARS $6,000 en el caso de familias que tienen más de un hijo o hija en la misma franja
etaria. Las tarjetas se entregan de manera directa por el Banco Nación o banco público que cada
provincia determine. No se permiten intermediarios ni gestores, tampoco extraer dinero en efectivo.)
IV. RECOMENDACIONES
Recomendaciones de corto plazo
1. Impulsar una mayor cantidad de mercados itinerantes en
distritos populosos y con altos índices de contagios.
2. Facilitar los canales de las comunidades campesinas y
agricultores: simplificar los canales por los cuáles sus
productos llegan a los mercados. Apoyarlos en la
producción (el Gobierno ya anunció créditos, pero el apoyo
debe ser también tecnológico y de facilitación legal para
reforzar cooperativas y la seguridad legal de sus tierras).
3. Apoyar a comunidades nativas: entrega directa de víveres
con estrictos protocolos de seguridad. No se les puede
entregar cupones porque están muy alejados y el riesgo de
contagio es letal. El Estado debe acercarse a ellos y evitar
que salgan de sus comunidades por alimentos.
4. Transmitir vía radio, televisión, etc. “franjas de salud” (similar
a las franjas electorales obligatorias en el contexto del
COVID-19): informar a la ciudadanía de las medidas diarias
que deben adoptar en el ámbito sanitario, de
distanciamiento social y de alimentación saludable.
5. Aprovechar la capacidad instalada/activos de empresas que
no se están utilizando o no emplean en su capacidad total:
podrían prestar distintos tipos de servicios para llevar a
cabo las propuestas mencionadas y realizarlo como pago de
sus impuestos (obras por impuestos). Por ejemplo: unidades
de transportes que apoyen con la logística de la entrega de
productos, equipos de desinfección de campos que realicen
labores de desinfección en los mercados itinerantes,
empresas textiles que produzcan equipos de protección
personal (EPPS) para los trabajadores de las cadenas
productivas, entre otros.
Recomendaciones de mediano plazo (entre 1 a 3 años)
1. Implementar un plan de reordenamiento territorial de los
mercados para que se ubiquen en áreas estratégicas. Estos
deben considerar el nivel de capacidad de absorción y
radio (distancia de intervención).
2. Realizar estudios de impacto analizando los criterios de
priorización de las familias peruanas beneficiarias de los
bonos y subsidios otorgados.
3. Celebrar convenios de colaboración con universidades para
reforzar la base científica de las medidas a implementarse.
Por ejemplo, promover el desarrollo de estudios sobre
niveles nutricionales de la población.
4. Evaluación y mejora de la normativa sobre el mercado
mayorista para formación de precios de alimentos a nivel
nacional. En muchos países, la formación de precios surge
a través de subastas donde la producción nacional de
verduras y frutas se envían a través de cooperativas cuando
se trata de comercialización a larga distancia (a los
mercados en las principales zonas urbanas) y por
agricultores individuales con producciones pequeñas a
mercados cercanos.
Recomendaciones de largo plazo (4 a 6 años)
1. Las nuevas bases de datos creadas deben dar lugar a
procesos de inclusión financiera para las personas más
vulnerables, abriéndoles a todos una cuenta de ahorros en
el Banco de la Nación.
2. Crear una plataforma tecnológica para entrega de cupones
alimentarios electrónicos a los beneficiarios de programas
sociales.
3. Promover la agroforestería y la producción sostenible que
llegue a los mercados sin muchos intermediarios. Esto
requiere tecnología para las comunidades, apoyo legal
(reforzar cooperativas, seguridad de la tierra) y mejora de
infraestructura sostenible para la conectividad.
4. Establecer indicadores y metas de reducción de emisiones
de carbono vía las cadenas alimentarias y recojo de
desechos.
5. El actual contexto nos obliga a pensar en soluciones
innovadoras, pero también eficaces y humanas, que
consideren no solo la reactivación económica y la salud
inmediata de las personas, sino también su bienestar futuro.
Esto último solo se logrará si aseguramos la seguridad
alimentaria de los más vulnerables. Según Scott, Rozelle y
Jikun Huang (2014) la mal nutrición produce un impacto
negativo en el desarrollo del mercado laboral, lo que al final
produce marginación de ingresos de las familias, generando
focos de informalidad laboral y subempleo. Necesitamos
definir prioridades nacionales con intervenciones públicas
transparentes, reforzar la articulación interinstitucional y
buscar un bien común sostenible.
Si bien se podría crear un mercado negro de cupones con esta
medida, la forma de mitigar este riesgo es que las municipalidades
se aseguren de que cada cupón otorgado incluya nombres
completos y DNI del representante de la familia. Los cupones solo
podrán canjearse con DNI y no deben contener enmendaduras o
tachones.
Para reforzar la gobernanza de esta intervención pública el
Ejecutivo debería hacer un monitoreo constante a estos procesos.
Oficinas y entidades públicas como el Centro Nacional de
Planeamiento Estratégico, el Viceministerio de Gobernanza
Territorial, la Secretaría de Gestión Pública y la Secretaría de
Coordinación de la Presidencia del Consejo de Ministros deberían
crear equipos que realicen monitoreo para la adecuada ejecución
de estas entregas.
Además, cada vez que un municipio haga entrega de los cupones
a las familias deberá recoger información económica y social
esencial para crear un padrón sobre el nivel de vulnerabilidad de
las familias que residen en su territorio. Esta información sería muy
útil para complementar los padrones que se están creando.
V. REFERENCIAS
▪ Argentina.gob (2020). Tarjeta Alimentar. Recuperado de
https://www.argentina.gob.ar/argentinacontraelhambre
▪ Argentina.gob (2020). Tarjeta Alimentar. Amplían la política alimentaria ante
la cuarentena por coronavirus. Publicado el 20 de marzo de 2020.
Recuperado de https://www.argentina.gob.ar/noticias/amplian-la-politica-
alimentaria-ante-la-cuarentena-por-el-coronavirus
▪ Ayuda en acción (2020). “Frente a la covid 19 sepa cómo acceder a los
bonos del Estado”. Disponible en:
https://ayudaenaccion.org.pe/actualidad/frente-la-covid-19-sepa-acceder-
los-bonos-del-estado/
▪ El Peruano (2020). “Bono de 380 soles: Gobierno oficializa Segundo pago
para familias vulnerables”. 11-04-2020. Disponible en:
https://www.elperuano.pe/noticia-bono-380-soles-gobierno-oficializa-
segundo-pago-para-familias-vulnerables-94757.aspx
▪ El Peruano (2020). “Municipios recibirán S/. 200 mllns.”. 27-03-2020.
Disponible en: https://elperuano.pe/noticia-municipios-re- cibiran-s-200-
mllns-93537.aspx
▪ El Comercio (2020). “El 42% de peruanos están sin trabajo o ya no perciben
ingresos a causa de la cuarentena por el coronavirus”. Disponible en:
https://elcomercio.pe/economia/peru/covid-19-el-42-de-peruanos- estan-sin-
trabajo-o-ya-no-perciben-ingresos-a-causa-de-la-cuarentena- por-el-
coronavirus-desempleo-informales-trabajo-noticia/
▪ Gestión (2019). “Ministro de vivienda revela cuántos peruanos acceden al
consumo de “agua de calidad””. Escrito por Whitney Miñán. Diario Gestión.
Disponible en: https://gestion.pe/economia/ministro-de-vivienda-reve- la-
cuantos-peruanos-acceden-al-consumo-de-agua-de-calidad-noticia/
▪ INEI (2017). “Perú: Perfil Sociodemográfico, 2017”. Capítulo 6:
Características de los Hogares. Disponible en:
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Li
b1539/cap06.pdf
▪ Ministerio de Desarrollo Social de Guatemala (17 de abril de 2020). Acuerdo
gubernativo 60-2020. Recuperado de https://sgp.gob.gt/wp-
content/uploads/2020/04/AG-060-2020.pdf
▪ Publicaciones Económica (2019). “Informalidad laboral en el Perú: la gran
problemática y sus posibles soluciones”. Escrito por Nicole Linares.
Publicaciones Económica. Disponible en: http://economica.pe/articulos/1366-
informalidad-laboral-peru
▪ Responsabilidad social empresarial y políticas públicas. Escrito por
Chumaceiro H., Ana; Hernández de Velazco, Judith; Yori C., Ligia y Ziritt,
Gertrudis. Página. 310. Disponible en:
https://www.researchgate.net/publication/312979070_Responsabilidad_soci
al_y_politicas_publicas
▪ SNAP de West Virginia (2020). “Programa suplementario de asistencia
nutricional (SNAP) de West Virginia”. Disponible en:
https://www.benefits.gov/es/benefit/1591
▪ Villena Chávez, J. E. (2017). “Prevalencia de sobrepeso y obesidad en el
Perú”. Simposio: Obesidad en la mujer. Revista Peruana de Ginecología y
Obstetricia. Disponible en: http://www.scielo.org.pe/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S2304-51322017000400012
▪ Zurayk, R. (2020). Pandemic and Food Security: A View from the Global
South. Journal of Agriculture, Food Systems, and Community Development.
https://doi.org/10.5304/jafscd.2020.093.014

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Propuesta de cupones alimentarios para fortalecer la seguridad alimentaria en el Perú durante la pandemia

  • 1. UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS UNIDAD DE POSTGRADO ANÁLISIS Y PROPUESTAS SOBRE LA ENTREGA DE LOS SUBSIDIOS PARA LOS MÁS VULNERABLES FRENTE AL COVID-19 EN EL PERÚ EN EL MARCO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL ESTADO ELABORADO POR: SOCRATES AGAPITO ESPINEL CENTENO ANGHY MADELEYNE ESQUINARILA HUALLPA LILIAN SOFÍA ESQUIVEL MESCCO VANESSA FIORELLA FERNANDEZ RIOS CARLOS FRANCISCO FLORES CONGONA DOCENTE PRINCIPAL: MG. GLADYS VANESSA ZORRILLA GARAY TUTORA DE AULA: MG. ERIKA MUÑOZ AREQUIPA, 05 DE SETIEMBRE 2020
  • 2. I. CONTEXTO Luego de más de 150 días de cuarentena, el impacto del COVID-19 en el Perú nos está dejando una aguda crisis económica y segmentos sociales en situación de vulnerabilidad profundamente afectados por las estrictas medidas de distanciamiento social. Mitigar la inseguridad alimentaria para esta población es un reto sin precedentes para el Estado, considerando que más del 70% de peruanos trabaja en la informalidad (Publicaciones Económica, 2019), aproximadamente 3 millones no tienen agua potable (Gestión, 2019), 42% está sin trabajo o ya no percibe ingresos (El Comercio, 2020) y más de 50% de familias no cuentan con refrigeradora (Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, 2017). En los últimos años, las expectativas de la sociedad con relación al estado se han ampliado, el impacto de las decisiones que esta última toma no se limita a la función económica (producción de bienes y prestación de servicios), sino que se refiere además a una función social como la satisfacción de necesidades generales de la gente de forma responsable, equitativa y mancomunada. Por otra parte, el debate sobre la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), se ha trasladado al ámbito de las políticas públicas, especialmente a la función que han de desempeñar los poderes públicos para la promoción de la misma. Buena parte de los gobiernos de las economías avanzadas han adoptado políticas formales de difusión de la cultura corporativa de la RSE, entendiendo que puede favorecer las ventajas competitivas de las empresas en determinados mercados y al mismo tiempo favorecer socialmente a sus contextos mediatos e inmediatos. En consecuencia cualquier política, legislación o instrumento que estimule la responsabilidad social de las empresas debe ser anunciada, publicitada e informada eficientemente.
  • 3. Así pues, se hace evidente que cuando se habla de RSE la intervención del Estado resulta decisiva, ya que debe aportar el entorno adecuado y la base apropiada para el desarrollo de empresas socialmente comprometidas. Asimismo, éste debe incentivar deliberadamente la RSE en ciertos campos específicos. Entonces, el Estado debe tomar en cuenta la responsabilidad social empresarial en todos sus niveles al momento de establecer una política que pretenda estimular la creación, aceptación y aplicación de la RSE. II. DESARROLLO A la fecha, el Gobierno ha dispuesto cuatro subsidios: 1. El Bono “Yo me quedo en casa” de 760 soles, dirigido a hogares en situación de pobreza y pobreza extrema beneficiarios de programas sociales. Son entregados en dos partes a través del Banco de la Nación. 2. El Bono Independiente de 760 soles, dirigido a hogares de trabajadores independientes en situación de vulnerabilidad económica, cuyos ingresos no superen los 1200 soles mensuales. El padrón de beneficiarios será definido por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). 3. El Bono Rural de 760 soles, que busca atender a pequeños agricultores del sector rural. El padrón de beneficiarios será definido por el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI). 4. El Bono Familiar Universal de 760 soles, dirigido a las personas no consideradas en las medidas anteriores. El padrón de beneficiarios será definido por el Registro
  • 4. Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) sobre la base de información proporcionada por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) el MTPE y el Instituto Nacional de Estadística e Informática de Perú (INEI). Estos bonos tienen tres problemas centrales para garantizar la seguridad alimentaria de las familias más vulnerables: la cobertura, el distanciamiento social y la suficiencia nutricional. Respecto a la cobertura, los primeros bonos no han llegado a todos los que lo necesitaban y se tiene poca certeza acerca del alcance del Bono Universal debido a la dificultad en el cruce de información para consolidar las bases de datos de los beneficiarios (Ayuda en acción, 2020). En relación al distanciamiento social, al no tener una cobertura digital, y depender a la vez de agencias bancarias y del Banco de la Nación, las entregas de los bonos generan aglomeraciones que incrementan la posibilidad de contagio. Finalmente, respecto de la suficiencia nutricional, no es seguro que los bonos sean invertidos en una canasta alimentaria adecuada para una población donde personas mayores de 15 años tiene una prevalencia de sobrepeso de 33,8%. Dicha prevalencia es mayor en Lima (35,7%) y en la costa (36,7%), que en la selva (33,4%) y que en la región andina (29,8%) (Villena Chávez, J. E., 2017). Una medida que fue implementada inicialmente para atender la seguridad alimentaria de forma directa, fueron las entregas de canastas básicas por parte de municipalidades, a partir de una transferencia monetaria de 200 millones de soles del Ejecutivo (El Peruano, 2020). Sin embargo, la distribución de estas canastas generó aglomeraciones, mientras que la deficiente gestión de las municipalidades llevó a hacer entrega de productos de mala
  • 5. calidad o incompletos, presentándose incluso situaciones de corrupción. En dicho contexto, es fundamental plantear mecanismos alternativos que contribuyan a fortalecer la seguridad Pilares del enfoque de seguridad alimentaria Rami Zurayk (2020) define cuatro pilares para desarrollar un enfoque de seguridad alimentaria en las intervenciones públicas en el contexto del COVID-19: 1. Disponibilidad. Las cadenas de alimentos están bajo mucha presión y sufren de variaciones significativas y esto se ve impactado por la logística paralizada. Se ha comenzado a instalar restricciones en productos como el trigo (en Kazajistan, Rusia y Rumanía), arroz (en Tailandia, Cambodia e India) y la soja en Argentina. La exposición de trabajadores agrícolas al COVID-19 está generando perjuicios en esas dimensiones. La dinámica de dichas cadenas es jugar con los excedentes almacenados debido a los altos rendimientos en promedio de la temporada pasada que aún excede a la demanda regular, pero esto no es más que una medida de corto plazo. 2. Acceso. Los mercados domésticos están sujetos a presión por el aumento de la demanda y el pánico psicológico. Existen problemas de excedentes y mala aplicación de prácticas de manejo de residuos dado que las cadenas tipo restaurantes y catering están cerradas. El impacto se define en los salarios y las familias de los niveles más bajos ya que no cuentan con recursos que les permita adquirir más alimentos.
  • 6. 3. Utilización. La estrategia que muchas familias están aplicando es el de reducir la dieta y adquirir productos duraderos, lo cual impacta en el mercado de productos diarios. En consecuencia, las dietas son menos variables. 4. Estabilidad. En países como Yemen y Somalia se están combinando escenarios de conflicto e invasión que desestabiliza la política de seguridad. Cabe resaltar que el COVID-19 está explotando las falencias de un sistema agrícola que no ha tenido tiempo de adaptarse a shocks externos. Esto no ha permitido desarrollar mecanismos de acoplamiento adecuado en las familias a corto plazo. III. PROPUESTA Las propuestas para fortalecer la seguridad alimentaria deben ser de corto, mediano y largo plazo. Una medida de corto plazo que creemos que es esencial es la entrega de cupones alimentarios. Esta medida sería complementaria a los bonos ya entregados o anunciados, pues mientras los bonos en la práctica buscan aliviar la situación de incertidumbre económica de las familias, los cupones se dirigen a proteger directamente su seguridad alimentaria. La cobertura de los cupones alimentarios debería considerar el mapa de pobreza distrital creado por el INEI, es decir, debe enfocarse en los distritos más pobres del país y dentro de ellos hacer una entrega total a cada familia. Para ello, las municipalidades deberían hacer entregas de cupones mensuales (mientras duren las fases de reactivación económica del gobierno) con un contenido nutricional idóneo y preestablecido por el MIDIS.
  • 7. Las propuestas internacionales La iniciativa SNAP de West Virginia es un programa complementario en EE.UU. que consiste en beneficios mensuales para asistir a los hogares que califiquen en la compra de alimentos. La elegibilidad para recibir los beneficios se basa en el tamaño del hogar, ingresos, activos y algunos gastos domésticos. SNAP pueden utilizarse únicamente para la compra de alimentos para consumo humano y semillas/ plantas para cultivar alimento en el hogar. SNAP no pueden ser utilizados para artículos del hogar, productos de limpieza, tabaco, bebidas alcohólicas, alimentos para mascotas, etc. (SNAP de West Virginia, 2020). Guatemala implementa un Programa de Apoyo Alimentario y Prevención del COVID-19, el cual tiene como objeto la entrega alimentaria en especie de artículos/insumos o cupones canjeables a familias en situación de vulnerabilidad. Para esto, los Ministerios coordinan y definen los criterios de identificación de establecimientos de canje como tiendas del barrio, supermercados, depósitos de alimentos (Ministerio de Desarrollo Social de Guatemala, 2020). Argentina implementa la Tarjeta Alimentar del Plan “Argentina contra el Hambre”, la cual ha sido reforzada ante la irrupción del COVID-19 para asegurar la alimentación de los beneficiarios (niños menores de 6 años, embarazadas y personas con discapacidad). Este programa no excluye otros como el de Asignación Universal por Hijo (AUH), que es el más importante en Argentina (Argentina.gob, 2020) 1. ____________________________________________________ 1 El plan se propuso entregar más de 1,500,000 tarjetas, que alcanzarán a más de 2,800,000 destinatarios, con ARS $4,000 para las familias con un/a hijo/hija de hasta seis años de edad. Seis mil pesos ARS $6,000 en el caso de familias que tienen más de un hijo o hija en la misma franja etaria. Las tarjetas se entregan de manera directa por el Banco Nación o banco público que cada provincia determine. No se permiten intermediarios ni gestores, tampoco extraer dinero en efectivo.)
  • 8. IV. RECOMENDACIONES Recomendaciones de corto plazo 1. Impulsar una mayor cantidad de mercados itinerantes en distritos populosos y con altos índices de contagios. 2. Facilitar los canales de las comunidades campesinas y agricultores: simplificar los canales por los cuáles sus productos llegan a los mercados. Apoyarlos en la producción (el Gobierno ya anunció créditos, pero el apoyo debe ser también tecnológico y de facilitación legal para reforzar cooperativas y la seguridad legal de sus tierras). 3. Apoyar a comunidades nativas: entrega directa de víveres con estrictos protocolos de seguridad. No se les puede entregar cupones porque están muy alejados y el riesgo de contagio es letal. El Estado debe acercarse a ellos y evitar que salgan de sus comunidades por alimentos. 4. Transmitir vía radio, televisión, etc. “franjas de salud” (similar a las franjas electorales obligatorias en el contexto del COVID-19): informar a la ciudadanía de las medidas diarias que deben adoptar en el ámbito sanitario, de distanciamiento social y de alimentación saludable. 5. Aprovechar la capacidad instalada/activos de empresas que no se están utilizando o no emplean en su capacidad total: podrían prestar distintos tipos de servicios para llevar a cabo las propuestas mencionadas y realizarlo como pago de sus impuestos (obras por impuestos). Por ejemplo: unidades de transportes que apoyen con la logística de la entrega de productos, equipos de desinfección de campos que realicen labores de desinfección en los mercados itinerantes, empresas textiles que produzcan equipos de protección personal (EPPS) para los trabajadores de las cadenas productivas, entre otros.
  • 9. Recomendaciones de mediano plazo (entre 1 a 3 años) 1. Implementar un plan de reordenamiento territorial de los mercados para que se ubiquen en áreas estratégicas. Estos deben considerar el nivel de capacidad de absorción y radio (distancia de intervención). 2. Realizar estudios de impacto analizando los criterios de priorización de las familias peruanas beneficiarias de los bonos y subsidios otorgados. 3. Celebrar convenios de colaboración con universidades para reforzar la base científica de las medidas a implementarse. Por ejemplo, promover el desarrollo de estudios sobre niveles nutricionales de la población. 4. Evaluación y mejora de la normativa sobre el mercado mayorista para formación de precios de alimentos a nivel nacional. En muchos países, la formación de precios surge a través de subastas donde la producción nacional de verduras y frutas se envían a través de cooperativas cuando se trata de comercialización a larga distancia (a los mercados en las principales zonas urbanas) y por agricultores individuales con producciones pequeñas a mercados cercanos. Recomendaciones de largo plazo (4 a 6 años) 1. Las nuevas bases de datos creadas deben dar lugar a procesos de inclusión financiera para las personas más vulnerables, abriéndoles a todos una cuenta de ahorros en el Banco de la Nación. 2. Crear una plataforma tecnológica para entrega de cupones alimentarios electrónicos a los beneficiarios de programas sociales.
  • 10. 3. Promover la agroforestería y la producción sostenible que llegue a los mercados sin muchos intermediarios. Esto requiere tecnología para las comunidades, apoyo legal (reforzar cooperativas, seguridad de la tierra) y mejora de infraestructura sostenible para la conectividad. 4. Establecer indicadores y metas de reducción de emisiones de carbono vía las cadenas alimentarias y recojo de desechos. 5. El actual contexto nos obliga a pensar en soluciones innovadoras, pero también eficaces y humanas, que consideren no solo la reactivación económica y la salud inmediata de las personas, sino también su bienestar futuro. Esto último solo se logrará si aseguramos la seguridad alimentaria de los más vulnerables. Según Scott, Rozelle y Jikun Huang (2014) la mal nutrición produce un impacto negativo en el desarrollo del mercado laboral, lo que al final produce marginación de ingresos de las familias, generando focos de informalidad laboral y subempleo. Necesitamos definir prioridades nacionales con intervenciones públicas transparentes, reforzar la articulación interinstitucional y buscar un bien común sostenible. Si bien se podría crear un mercado negro de cupones con esta medida, la forma de mitigar este riesgo es que las municipalidades se aseguren de que cada cupón otorgado incluya nombres completos y DNI del representante de la familia. Los cupones solo podrán canjearse con DNI y no deben contener enmendaduras o tachones. Para reforzar la gobernanza de esta intervención pública el Ejecutivo debería hacer un monitoreo constante a estos procesos. Oficinas y entidades públicas como el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, el Viceministerio de Gobernanza Territorial, la Secretaría de Gestión Pública y la Secretaría de
  • 11. Coordinación de la Presidencia del Consejo de Ministros deberían crear equipos que realicen monitoreo para la adecuada ejecución de estas entregas. Además, cada vez que un municipio haga entrega de los cupones a las familias deberá recoger información económica y social esencial para crear un padrón sobre el nivel de vulnerabilidad de las familias que residen en su territorio. Esta información sería muy útil para complementar los padrones que se están creando. V. REFERENCIAS ▪ Argentina.gob (2020). Tarjeta Alimentar. Recuperado de https://www.argentina.gob.ar/argentinacontraelhambre ▪ Argentina.gob (2020). Tarjeta Alimentar. Amplían la política alimentaria ante la cuarentena por coronavirus. Publicado el 20 de marzo de 2020. Recuperado de https://www.argentina.gob.ar/noticias/amplian-la-politica- alimentaria-ante-la-cuarentena-por-el-coronavirus ▪ Ayuda en acción (2020). “Frente a la covid 19 sepa cómo acceder a los bonos del Estado”. Disponible en: https://ayudaenaccion.org.pe/actualidad/frente-la-covid-19-sepa-acceder- los-bonos-del-estado/ ▪ El Peruano (2020). “Bono de 380 soles: Gobierno oficializa Segundo pago para familias vulnerables”. 11-04-2020. Disponible en: https://www.elperuano.pe/noticia-bono-380-soles-gobierno-oficializa- segundo-pago-para-familias-vulnerables-94757.aspx ▪ El Peruano (2020). “Municipios recibirán S/. 200 mllns.”. 27-03-2020. Disponible en: https://elperuano.pe/noticia-municipios-re- cibiran-s-200- mllns-93537.aspx ▪ El Comercio (2020). “El 42% de peruanos están sin trabajo o ya no perciben ingresos a causa de la cuarentena por el coronavirus”. Disponible en: https://elcomercio.pe/economia/peru/covid-19-el-42-de-peruanos- estan-sin- trabajo-o-ya-no-perciben-ingresos-a-causa-de-la-cuarentena- por-el- coronavirus-desempleo-informales-trabajo-noticia/ ▪ Gestión (2019). “Ministro de vivienda revela cuántos peruanos acceden al consumo de “agua de calidad””. Escrito por Whitney Miñán. Diario Gestión. Disponible en: https://gestion.pe/economia/ministro-de-vivienda-reve- la- cuantos-peruanos-acceden-al-consumo-de-agua-de-calidad-noticia/
  • 12. ▪ INEI (2017). “Perú: Perfil Sociodemográfico, 2017”. Capítulo 6: Características de los Hogares. Disponible en: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Li b1539/cap06.pdf ▪ Ministerio de Desarrollo Social de Guatemala (17 de abril de 2020). Acuerdo gubernativo 60-2020. Recuperado de https://sgp.gob.gt/wp- content/uploads/2020/04/AG-060-2020.pdf ▪ Publicaciones Económica (2019). “Informalidad laboral en el Perú: la gran problemática y sus posibles soluciones”. Escrito por Nicole Linares. Publicaciones Económica. Disponible en: http://economica.pe/articulos/1366- informalidad-laboral-peru ▪ Responsabilidad social empresarial y políticas públicas. Escrito por Chumaceiro H., Ana; Hernández de Velazco, Judith; Yori C., Ligia y Ziritt, Gertrudis. Página. 310. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/312979070_Responsabilidad_soci al_y_politicas_publicas ▪ SNAP de West Virginia (2020). “Programa suplementario de asistencia nutricional (SNAP) de West Virginia”. Disponible en: https://www.benefits.gov/es/benefit/1591 ▪ Villena Chávez, J. E. (2017). “Prevalencia de sobrepeso y obesidad en el Perú”. Simposio: Obesidad en la mujer. Revista Peruana de Ginecología y Obstetricia. Disponible en: http://www.scielo.org.pe/scielo. php?script=sci_arttext&pid=S2304-51322017000400012 ▪ Zurayk, R. (2020). Pandemic and Food Security: A View from the Global South. Journal of Agriculture, Food Systems, and Community Development. https://doi.org/10.5304/jafscd.2020.093.014