El Estado colombiano es responsable por la falta de atención médica a los reclusos ya que tiene la obligación de garantizar los servicios de salud a las personas bajo su custodia. Si un recluso sufre daños a su salud debido a la falta de atención, el Estado incurre en responsabilidad patrimonial. Aunque no se pueda asegurar que la atención médica habría evitado un desenlace fatal, al no proveer el servicio se priva al recluso de una oportunidad. Por lo tanto, la omisión en la prestación de servicios