Las empresas prestadoras de diferentes servicios de comunicaciones deben procesar las denuncias o quejas relacionadas con posibles fraudes que sean realizadas por los usuarios, según lo establecido en la Resolución 3066 del año 2011, donde se señala que los proveedores deben desarrollar las acciones necesarias para la identificación de las causas que producen la denuncia así como la notificación de la procedencia o no de dicha petición.