Medidas Preventivas, innominadas, nominadas y oposición a las mismas establecinas en la LOPNNA

1. ESCUELA DE DERECHOS HUMANOS
DIPLOMADO DE DERECHOS HUMANOS DE NIÑOS, NIÑA Y ADOLESCENTES
UNIDAD CURRICULAR: EL NUEVO PROCESO ORAL EN MATERIA DE
PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
PROF: Abogada NORELYS HERNÁNDEZ
TEMA Nº 7.
INTEGRANTES:
 ROSA E .HERNÁNDEZ R. C.I. V- 6.412.647
 CRISTIAN VIVAS C.I. V-11.025.419
 ROSANGELA RONDÓN C.I. V-17.537.273
Caracas, 14 de Mayo, 2014

2. INDICE
Págs.
Introducción………………………………………………………………..….……….…3 al 4
Las Medidas Preventivas en Materia de Niños, Niñas Adolescentes. ………..5, 6, 7, 8
Medidas Innominadas y Nominadas …….…………………… …………………….9 y 10
Medidas preventivas en caso de privación o extinción de Patria Potestad........10 al 11
Medidas preventivas en caso de Obligación de Manutención…………….…....11 al 13
Oposición a las Medidas Preventivas……………………………………...............13 y 14
No comparecencia a la Audiencia de Oposición a las Medidas Preventivas…14,15,16
y 17
Conclusiones……………………………………………………….…………………..……19
Bibliografía………………………………………………..………….……………….....…..20

3. INTRODUCCIÓN
Venezuela en fecha 29 de Agosto de 1990, ratifica la Convención Internacional
sobre los derechos del niño, en virtud, de ello, surge la imperiosa necesidad de
regular y honrar los compromisos internacionales sobre los Derechos del niño y a
la vez de ajustar la situación jurídica, que se presenta para el momento, es decir,
la vigencia de dos leyes simultáneamente; Ley Tutelar de Menores y la
Convención Internacional sobre los derechos del niño, totalmente antagónicas
entre si.
Es así, cuando se inicia la tarea para estructurar la nueva Ley Orgánica para la
Protección del Niño y del Adolescente (LOPNA), promulgada él 2 de octubre y
vigente a partir del 1° de abril del año 2000. En el año de 1999, y año 2000, la
nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, incorpora los
avances en materia de derechos humanos de los niños, niñas y adolecentes en el
país, agregando todo en cuanto a los tratados y la jurisdicción internacional, a su
estructura legal.
En fecha 10 de diciembre 2007, se realiza la reforma de la LOPNA, y así, nace la
Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, (LOPNNA). Es
pertinente señalar, que con la propuesta de reforma procesal presentada por el
Tribunal Supremo de Justicia ante la Asamblea Nacional, cuyo objeto es
garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso de los niños,
niñas y adolescentes, con fundamento en el nuevo ordenamiento jurídico
constitucional en materia procesal y sobre el Sistema de Justicia. En este sentido,
se desarrollan un conjunto de principios nuevos contemplados en la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela, especialmente los previstos en su
artículo 257, el cual establece:
“Artículo 257. El proceso constituye un instrumento fundamental para
la realización de la justicia. Las leyes procesales establecerán la
simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán un
procedimiento breve, oral y público. No se sacrificará la justicia por la
omisión de formalidades no esenciales.”

4. Estos principios contenidos en este artículo imponen cambios y transformaciones
radicales a las leyes que tradicionalmente han regulado el proceso en el país,
caracterizadas por el principio de la escritura, la multiplicidad de procedimientos
especiales, por la sobrevaloración de muchas formalidades innecesarias y, por
modelos procesales y de gestión que generan procedimientos lentos y decisiones
tardías. En base, a los prenombrados principios, existen instituciones establecidas
en algunas leyes que tutelan derechos constitucionales, tal es el caso de la acción
de protección contenida en la Ley Orgánica de Protección de niños, niñas y
adolescente. La acción de protección es un recurso judicial contra hechos, actos u
omisiones de particulares, órganos o instituciones públicas o privadas que
amenacen o violen derechos colectivos o difusos de niños, niñas y adolescentes,
igualmente sus derechos individuales.
Los derechos individuales, colectivos o difusos, garantizados por éste recurso, se
identifica por pertenecer a un sector particular o a un grupo indeterminado, de
niños, niñas y adolescentes y que de acuerdo al Nuevo Paradigma de la
Doctrina de Protección y al principio del interés superior de la infancia y
adolescencia, tales derechos son considerados fundamentales, por lo que deben
ser objeto de una protección inmediata, que se obtiene a través de medidas
anticipadas dictadas por el juez o jueza a quien le corresponde restablecer el
derecho violado o amenazado, resguardando de manera provisional y preventiva
los mismos.
Existen otras normativas que contemplan medidas preventivas, tales como en los
artículos 585 y 588, del Código Procedimiento Civil, entre otras. Ahora bien, el
siguiente análisis va orientado a las Medidas preventivas, bajo el esquema de
la Ley Orgánica para la protección de Niños, Niñas y Adolescentes; estas
Medidas preventivas, las establece los artículos 466 al 466-E; de la Ley especial.

5. LAS MEDIDAS PREVENTIVAS EN MATERIA
DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.
Las Medidas Preventivas en materia de Protección son dispositivos de precaución
adoptadas por el juez o jueza a instancia o a solicitud de parte, con el objeto de
asegurar los derechos y garantías de niños niñas y adolescentes, y obtener una
protección integral, para lo cuál se tomará en cuenta el interés superior de los
mismos. Estas medidas pueden ser innominadas y nominadas, las medidas
innominadas son aquellas que no están establecidas taxativamente en la ley, y
son consideradas por las y los jueves en aquellos momentos donde es necesario
resguardar los derechos y el Interés superior de niños, niñas y adolescentes, y las
nominadas son las que efectivamente establece la ley.
Las medidas preventivas, pueden ser acordadas por los órganos jurisdiccionales
y Administrativos competentes, como son los Tribunales de Protección de niños,
niñas y Adolescentes, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia
en materia de LOPNNA, con la finalidad de obtener el cese de la amenaza, o la
restitución de los derechos violados. Las mismas, encuentran establecidas en los
artículos: 466; Art. 466-A. “Medidas Preventivas en caso de privación o
extinción de patria potestad”; Art.466-B. “Medidas Preventivas en caso de
Obligación de Manutención”; Art.466-C.”Oposición a las Medidas
Preventivas”; Art. 466-D. “Audiencia de Oposición a las Medidas
Preventivas” y Art. 466-E.”No comparecencia a la audiencia de oposición a
las medidas preventivas” de la LOPNNA.
Ahora bien, el artículo 466, de la respectiva ley, tipifica lo siguiente:
“Medidas Preventivas. Las medidas preventivas pueden
decretarse a solicitud de parte o de oficio, en cualquier estado y
grado del proceso. En los procesos referidos a Instituciones
Familiares o a los asuntos contenidos en el Título III de esta Ley,
es suficiente para decretar la medida preventiva, conque la parte
que la solicite, señale el derecho reclamado y la legitimación que
tiene para solicitarla. En los demás casos, sólo procederán
cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la
ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de

6. prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y
del derecho que se reclama.
Parágrafo Primero. El juez o jueza puede ordenar, entre otras, las
siguientes medidas preventivas:
a) Medida de arraigo o prohibición de salida del país al niño,
niña, adolescente, su padre, madre, representantes o
responsables, o a terceras personas que ejerzan la
Responsabilidad de Crianza.
b) Restitución de la Custodia al padre, la madre o terceras
personas que ejerzan la Responsabilidad de Crianza en caso de
retención indebida del niño, niña o adolescente
c) Custodia provisional al padre, la madre o a un familiar del
niño, niña o adolescente.
d) Régimen de Convivencia Familiar provisional.
e) Colocación familiar o en entidad de atención provisional
durante el trámite del procedimiento de colocación familiar.
f) Separación de la persona que maltrate un niño, niña o
adolescente de su entorno.
g) Retención del pasaporte del niño, niña o adolescente.
h) Restitución de bienes o enseres del hogar propiedad del
niño, niña o adolescente, de su madre o padre, para garantizar el
derecho a un nivel de vida adecuado.
i) Autorización para viajar en caso de extrema necesidad
debidamente probada, para garantizar el derecho a la vida o
salud del niño, niña o adolescente.
Parágrafo Segundo. Las medidas preventivas también pueden
ser solicitadas en forma previa al proceso y, en este caso, es
obligación de la parte presentar la demanda respectiva dentro
del mes siguiente a la resolución que decretó la medida. Para
estos efectos no se exige garantía, pero si la demanda no se
presentare, o el juez o jueza determina infundada la solicitud, de
ser procedente condenará al pago de los daños y perjuicios
causados. Si no consta en autos la presentación de la demanda
en el plazo previsto, se revocará la medida preventiva al día
siguiente.
En virtud, del contenido del artículo 466, se tiene que; existen medidas
propiamente preventivas, dirigidas a la protección de los derechos y garantías de
niños, niñas y adolecentes, sin necesidad de un proceso judicial; estas se
encuentran señaladas en el encabezado del prenombrado artículo “…En los
procesos referidos a Instituciones Familiares o a los asuntos contenidos en
el Título III de esta Ley...”, es decir lo establecido en el artículo 117

7. correspondiente al Sistema Rector Nacional y siguientes, y el Título IV, referente a
las Instituciones Familiares, las cuales pueden ser dictadas sin un proceso judicial,
y a través de organismos administrativos, con algunas excepciones. También, hay
otras medidas, dentro de un proceso judicial, dirigidas a salvaguardar la ejecución
del fallo.
Asimismo, en dicho artículo establece que las medidas preventivas pueden ser
decretadas en uso de las facultades de dirección y tutela instrumental que posee
el Juez o la jueza, también, faculta al o la jueza a ordenar las medidas
provisionales que juzgue más conveniente al interés del niño, niña y adolescente,
además, establece como requisitos de procedencia para decretar medidas
provisionales, la apreciación previa de la gravedad y urgencia de la situación. En
el contenido del parágrafo primero, indica en sus nueve literales, las medidas que
el juez o jueza puede ordenar. Tomando en cuenta para ello, la obligación de
atender el principio fundamental de aplicación e interpretación del interés superior
de niños, niñas y adolescentes, consagrado en el articulo 8 de la LOPNNA, de la
misma manera, el Juez ha de considerar en la toma de decisiones aquellas
circunstancias que favorezcan las mejores condiciones para la niñez y
adolescencia, para su desarrollo y evolución y debe garantizar que éstos, disfruten
del más alto nivel de vida posible.
También, el prenombrado artículo, estable aquellas medidas preventivas en los
procesos referidos a las Instituciones Familiares y los asuntos sobre el Sistema
Rector Nacional contemplados en el Título III, de esta ley. Estas medidas se
encuentran establecidas en los artículos siguientes de la ley especial: 199,
“inspección y medidas”, son aquellas que puede imponer la Defensoría del
Pueblo a las entidades de atención, programas y proyectos de protección de
niños, niñas y adolescentes, cuando incurran en irregularidades en cuanto a la
prestación del servicio; 296, “medidas provisionales de carácter inmediato”,
estas son aplicadas por el Consejo de Protección de niños, niñas y adolescentes a
fin de garantizar los derechos de los mismos.

8. En el Capitulo XII, Disposiciones procesales preferentes en materia Contencioso
Administrativo y de Protección, en su artículo 322, se encuentran tipificadas las
medidas preventivas, en cuanto a los procedimientos en asuntos previstos en los
Parágrafos Tercero y Quinto del artículo 177 de esta ley, en los cuales tenemos lo
siguiente: “…Parágrafo Tercero: Asuntos provenientes de los Consejos
Municipales de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes o de los Consejos
de Protección de Niños, Niñas y Adolescente”: “…Parágrafo Quinto: Acción
judicial de protección de niños, niñas y adolescentes contra hechos, actos u
omisiones de particulares, órganos e instituciones públicas o privadas que
amenacen o violen derechos colectivos o difusos, de niños, niñas y
adolescentes”; Artículo 351, “Medidas en caso de divorcio, separación de
cuerpos y nulidad del matrimonio”; Art. 360, “Medidas sobre responsabilidad
de crianza en caso de divorcio, separación de cuerpos, nulidad de
matrimonio o residencias separadas”; Art.381,“Medidas Preventivas
destinadas a asegurar el cumplimiento de la Obligación de Manutención”.
Además, en el Título V, sobre el Sistema Penal de Responsabilidad de
adolescentes, en los artículos 581 y 582, de la misma ley, se señalan las medidas
pertinentes a este tema. También, existen medidas preventivas en otras normas
vigentes, tales como: las señaladas en el Código Orgánico Procesal Penal, Código
de Procedimiento Civil, entre otras; pero, en el presente análisis, no se
profundizará, sobre las mismas, puesto que, el análisis en cuestión va orientado
hacia las medidas de protección sobre materia de la niñez y la adolescencia que
pauta la LOPNNA.
En tal sentido, es pertinente, significar que el espíritu del legislador en relación a
las Medidas Preventivas en materia de Niños, Niñas y Adolescentes, no fue otro
que simplificación de los trámites de manera breve y sencilla y de manera
Uniforme, es decir, que también los asuntos surgidos entre las partes, se tramiten
por los procedimientos contenidos en esta Ley.

9. Las medidas innominadas y nominas
Las medidas innominadas se caracterizan por ser decretadas sin oír previamente
a la parte contraria; el juez o la jueza fundamenta su decisión en los hechos que
alega y documenta el peticionario y, sus presupuestos procesales para su decreto
son la gravedad y urgencia. Por esta razón, es carga del solicitante probar la
gravedad y, evidencias a dichos presupuestos.
El juez o la jueza debe obrar con prudencia pero rápidamente y con sentido
realista, para lo cual no se requiere de una prueba terminante y plena del mismo,
sino la posibilidad razonable de que existe la gravedad y la urgencia de la
situación. Según el Dr. Rafael Ortiz Ortiz, señala que en materia de protección de
Niños, Niñas y Adolescentes, estas medidas no pueden catalogarse, como
cautelares en sentido procesal, ya que, las mismas, no están dirigidas al
cumplimiento de un fallo principal sino, que están dirigidas a un Interés Superior y
de orden Público, es decir, a garantizar un derecho. Dentro de otras
características de estas medias, es que no se encuentran establecidas
expresamente o taxativamente en el ordenamiento jurídico. Los principales
elementos o características de las medidas innominadas son:
 Generalidad del contenido. Es decir, las partes solicitan las medidas pero,
el juez la limita a lo que el cree conveniente.
 Generalidad del procedimiento, se aplican en todo los procedimientos.
Es pertinente, señalar el siguiente ejemplo, relacionado con las medidas
innominadas: 1) en el caso que una de las partes solicite una medida de custodia
provisional, debido que a los hijos e hijas, hayan sido traslado o traslada manera
ilícita a otra ciudad; la medida innominada sería: prohibición de retiro de
documentos necesarios para inscribir a los niños en una institución educativa
distinta a la Unidad Educativa a que pertenecen.
En cuanto a las medidas nominadas o típicas; tienen un poder cautelar
determinado o especifico, es decir, tipifican determinado procedimiento, cada

10. medida tipifica una providencia o decisión judicial. La norma es específica para
cada procedimiento, y se encuentra establecida por escrito en la normativa.
Medidas preventivas en caso de privación o extinción de Patria Potestad
Artículo 466-A “En juicio de privación o extinción de Patria
Potestad, si se presenta un medio de prueba que constituya
presunción grave de la causal invocada por la parte
demandante, el juez o jueza puede decretar las medidas
preventivas para garantizar la protección y seguridad del
niño, niña o del adolescente mientras dure el juicio. En todo
caso y siempre que se estime indispensable, el juez o jueza
puede ordenar, de manera previa, la prueba tendente a
acreditar los presupuestos indicados.
En referencia al artículo Up-supra se tiene que:
Art. 347 “la patria potestad es el conjunto de deberes y
derechos del padre y de la madre en relación con los hijos e
hijas que no hayan alcanzado la mayoría, que tiene por objeto
el cuidado, desarrollo y educación integral de los hijos e hijas,
tal como lo establece el”.
Asimismo, el Art. 348 de la citada ley orgánica, indica los
aspectos contenidos de la Patria Potestad en los siguientes
términos:
“Artículo 348: La Patria Potestad comprende la responsabilidad
de crianza, la representación y la administración de los bienes
de los hijos sometidos a ella.”
Ahora bien, en los artículos referidos arriba se puede apreciar que una de las
características de la patria potestad, es garantizar a plenitud los derechos de los
niños, niñas y adolescentes, teniendo como norte el interés superior de los mismos, el
cual no puede ser menoscabado. En este sentido, el Estado puede intervenir, a través
del órgano jurisdiccional, de manera de poder despojar al o a los progenitores de la
autoridad sobre sus hijos cuando no desempeñen cabalmente tal autoridad, y se
demuestre que el desempeño de la patria potestad es lesivo a los intereses de los
hijos e hijas, aplicando las medidas preventivas correspondientes. Se observa pues,
que la normativa procedimental prevista en la Ley Orgánica para la Protección del
Niño y del Adolescente, establece de forma concurrente como requisitos de

11. procedencia para decretar medidas provisionales, apreciación previa de la gravedad y
urgencia de la situación,
Medidas preventivas en caso de Obligación de Manutención
Artículo 466-B Medidas preventivas en caso de Obligación de
Manutención. “El juez o jueza al admitir la demanda de Obligación de
Manutención, puede ordenar las medidas provisionales que juzgue
más convenientes al interés del niño, niña o adolescente, previa
apreciación de la gravedad y urgencia de la situación. El juez o jueza
puede decretar, entre otras, las medidas preventivas siguientes:
a) Ordenar al deudor o deudora de sueldos, salarios, pensiones,
remuneraciones, rentas, intereses o dividendos de la parte
demandada, que retenga la cantidad fijada y la entregue a la persona
que se indique.
b) Dictar las medidas preventivas que considere convenientes, sobre el
patrimonio del obligado u obligada, someterlo a administración
especial y fiscalizar el cumplimiento de tales medidas.
c) Adoptar las medidas que juzgue convenientes, a su prudente
arbitrio, sobre el patrimonio del obligado u obligada, por una suma
equivalente a seis cuotas de manutención fijadas adelantadas o más, a
criterio del juez o jueza.
d) Decretar medida de prohibición de salida del país, siempre que no
exista otro medio de asegurar el cumplimiento de la obligación de
manutención; en todo caso, esta medida se suspenderá, cuando el
afectado o afectada presente caución o fianza que, a criterio del juez o
jueza, sea suficiente para garantizar el cumplimiento de la respectiva
obligación.
En atención a este artículo se debe tomar en cuenta el contenido del artículo 381 de
la misma Ley, que establece claramente que el primer supuesto es el hecho de que
haya sido impuesto judicialmente el cumplimiento de la obligación de manutención, es
decir, debe haber existido un pronunciamiento judicial previo, en el cual se haya
establecido el monto correspondiente por concepto de manutención y aunado a ello
que el obligado haya dejado de cumplir injustificadamente y de forma consecutiva con
el pago de dos cuotas.
En relación a las medidas preventivas específicamente en las relativas a los
procedimientos de revisión de obligación de manutención, es oportuno citar unas
de las sentencias relacionada con esta materia:

12. PRIMERA SENTENCIA.
“En sentencia de fecha 16/01/2008, con ponencia de la Doctora Leticia Morillo
Moros, se estableció el siguiente criterio, el cual se cita brevemente a
continuación: “…La ley establecerá las medidas necesarias y adecuadas para
garantizar la efectividad de la obligación de manutención. Que asimismo, disponen
los artículos 8, 30, 366 y 377 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del
Adolescente, que los niños y adolescentes tienen el derecho irrenunciable a recibir
manutención por parte de sus padres que les permita un nivel de vida adecuado en
atención a su desarrollo integra. (…) Con respecto al punto que se refiere a la
medida cautelar, cabe destacar que tal como lo señala la Ley Orgánica para la
Protección del Niño y del Adolescente, en su artículo 381 que establece que se
considera probado el riesgo cuando, habiéndose impuesto judicialmente el
cumplimiento de la obligación de manutención, exista atraso injustificado en el pago
correspondiente a dos cuotas consecutivas. En el presente caso, es importante
destacar que el legislador señala un conjunto de medidas preventivas de naturaleza
cautelar no determinadas expresamente en cuanto a su contenido en la ley, sin
embargo, pueden ser decretadas en razón del poder cautelar que le ha sido
atribuido al Juez cuando cualquiera de las partes lo peticione, observando para ello
su prudente arbitrio y analizando lo necesario y pertinente de los mismos para
salvaguardar el interés superior de los niños y adolescentes evitando con ello, no
solo la inejecución del fallo sino para prevenir el daño o lesión que pueda
causarse. En este sentido, refiere la Doctrina en materia de niños y adolescentes
que la LOPNA viene a ampliar la aplicabilidad de las providencias cautelares por
cuanto el legislador al referirse a ellas no lo hace de forma limitativa sino que con la
expresión “cualquier medida cautelar” abre un abanico de posibilidades cuando
están dados los supuestos para ello, basado fundamentalmente en el interés de los
niños y adolescentes. …”
SEGUNDA SENTENCIA.
“Sentencia de fecha 31/01/2008, con ponencia de la Dra. ZELIDETH SEDEK de
BENSHIMOL, se estableció el criterio siguiente: “… lo que en criterio de la Alzada
no se ajusta a derecho, ya que el artículo 521 de la Ley Orgánica para la Protección
del Niño y del Adolescente establece, que el juez podrá tomar entre otras las
medidas que aparecen en los literales a) b) y c) “para asegurar el cumplimiento de

13. la obligación” vale decir, para el aseguramiento de una obligación previamente
fijada, debiendo interpretarse esta norma en concordancia con el artículo 381
ejusdem que establece que la cautelar destinada al cumplimiento de la obligación
alimentaria sólo debe proceder cuando exista riesgo manifiesto de que el obligado
alimentario deje de pagar las cantidades que por tal concepto correspondan a un
niño o a un adolescente y este extremo se considera probado, cuando habiéndose
impuesto judicialmente el cumplimiento de la obligación alimentaria, exista atraso
injustificado en el pago correspondiente a dos cuotas consecutivas.
Es pertinente resaltar que de acuerdo a las sentencias arriba señaladas, para que
el juez o jueza decrete la medida preventiva sobre Obligación de Manutención,
debe haber previamente un procedimiento judicial ya iniciado.
Oposición a las medidas preventivas
Artículo 466-C: LOPNNA: Oposición a las medidas preventivas
“ Dentro de los cinco días siguientes a que conste en autos la
ejecución de la medida preventiva, si la parte contra quien obre
estuviere ya notificada, o dentro de los cinco días siguientes a que el
secretario o secretaria deje constancia en autos de su notificación, la
parte contra quien obre puede oponerse a la medida preventiva,
presentando escrito de oposición en el cual consten las razones o
fundamentos a que hubiere lugar, indicando todos los medios de
prueba con los que cuente y aquellos que requiera materializar para
demostrar la procedencia de sus alegatos. Los primeros pueden ser
consignados con el escrito de oposición en la audiencia de oposición.
Los segundos serán preparados antes y durante la audiencia de
oposición.”
Ahora bien, del anterior artículo, se pude deducir que su contenido señala
claramente el procedimiento a seguir en cuanto a la oposición de las medidas
preventivas; 1) indica el lapso para solicitar la oposición a las mismas; es decir, 5
días siguientes que conste en auto la ejecución de la medida preventiva; 2)
estable la forma de presentación, la cual es a través de escrito sustentado con las
razones y fundamentos por los cuales se hace tal oposición. En cuanto a las
pruebas para demostrar tal oposición, pueden ser consignadas con el escrito en
audiencia de la oposición y antes y durante la audiencia de oposición.

14. Con este recurso, se le asegura el derecho a la defensa de la parte contra la cual
obra la medida, toda vez, que tiene asegurado el ejercicio de este derecho, con la
oposición a la medida. Además, del proceso judicial que ha de iniciarse dentro del
mes siguiente a la fecha en que fue dictada la medida preventiva, so pena del
decaimiento de la medida preventiva por transcurso del tiempo. Es pertinente
señalar que ley orgánica para la protección de niños, niñas y adolescentes
prevé en este artículo el procedimiento de oposición aplicable a todas las
Medidas Cautelares expresamente
Audiencia de Oposición a las medidas preventivas.
Artículo 466- D- LOPNNA: Audiencia de Oposición a las medidas
preventivas. “El tribunal de protección de Niños, Niñas y adolescentes
debe fijar por auto expreso, día y hora para que tenga lugar la
audiencia de oposición a las medidas preventivas, dentro de un plazo
no menor de dos días ni mayor de cinco días siguientes a aquel que
conste en autos la oposición. La audiencia de oposición a las medidas
preventivas es pública, salvo las excepciones previstas en la Ley, y la
preside y dirige el juez o jueza de mediación y sustanciación, quien
debe explicar a las partes la finalidad de las mismas. El juez o jueza
debe oír las intervenciones de las partes, primero de la parte contra
quien obre la medida preventiva, permitiéndose el debate entre ellos
bajo su dirección. El juez o jueza debe revisar con las partes los
medios de prueba indicados en la oposición, así como los indicados
por la parte demandante, revisando los que hubieren sido
consignados, así como aquellos con los que se cuente para ese
momento. El juez o jueza debe decidir cuales medios de prueba
requieren ser materializados para demostrar sus respectivos alegatos,
pudiendo verificar la idoneidad cualitativa o cuantitativa de los
mismos, a fin de evitar su sobreabundancia y asegurar la eficacia
respecto del objeto de la medida o la necesidad de que sean
promovidos otros. El juez o jueza debe evacuar las pruebas y pueden
ordenar la preparación de los medios de prueba que requieren
materialización. Todas las observaciones y cuestionamiento de las
partes sobre la admisión de las pruebas, serán resueltas en la misma
audiencia. La audiencia de oposición a la medida preventiva, puede
prolongarse cuantas veces sea necesario, hasta que el juez o jueza
tenga elementos de convicción suficiente para decidir todo lo
conducente. Contra la decisión, procede apelación a un solo efecto,
conforme a lo establecido en el procedimiento ordinario previsto en el
capitulo IV de esta Ley.
La oposición a la medida preventiva no suspende el proceso y debe
tramitarse por cuaderno separado.

15. De lo anterior se aprecia que la audiencia de oposición a las medidas es la
oportunidad para objetar las pruebas, bien sea, para solicitar su inadmisión, su
improcedencia o impertinencia; sin embargo, la ley no establece expresamente
cuál es la oportunidad para recurrir de las decisiones que se tomen con respecto
a esas objeciones; es por ello que, en consonancia con el artículo 488 de la Ley
Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Cuanto al recurso
de apelación, en la ley in comento, fue reformado, ya que en primer lugar se prevé
como regla general que se admite apelación en ambos efectos, sólo contra la
decisión definitiva o interlocutoria que ponga fin al proceso, por lo tanto, el resto
de las interlocutorias no tienen apelación autónoma e inmediata sino diferida o
reservada y como consecuencia quedan comprendidas en la apelación que pone
fin al juicio. Y en estricto apego a los principios que informan el proceso, tales
como el de celeridad y concentración, el legislador previó un especial tratamiento
al procedimiento del recurso ordinario de apelación, en el cual se eliminó la
apelación inmediata de las interlocutorias, a objeto de evitar dilaciones
innecesarias, que se prestaban a ciertas inconsistencias y desorden procesal,
adoptando en cambio, un sistema idéntico a la casación reservada o diferida que
va a permitir que al proponer la apelación contra la sentencia que puso fin al
juicio, queden comprendidas en ella las interlocutorias que hubieren producido un
gravamen no reparado en la definitiva, sin necesidad de que el recurrente tenga
que indicarlo al interponer su apelación, pues se presume que el recurso las
comprende a todas, teniendo sólo que indicar en su formalización los motivos que
tiene para cuestionar cada decisión y dejando a salvo, claro está la apelación
contra las interlocutorias con fuerza de definitiva, las cuales conservan su
apelación inmediata.
Asi, también se tiene, que la oportunidad para recurrir de las decisiones dictadas
en la audiencia de oposición a las medidas, distintas a la que propiamente
resuelven el fondo de la oposición a las medidas, vale decir, la que declare con o
sin lugar la oposición a las medidas, conforme lo establece el artículo 466-C de la
Ley Especial que rige la materia, en concordancia con el artículo 488 euisdem,
debe ser dentro de los cinco días siguientes al dictamen de la sentencia definitiva,

16. debiéndose entender que la sentencia definitiva en el proceso de oposición a las
medidas,
No comparecencia a la audiencia de oposición a las medidas preventivas
Consecutivamente, se evidencia del contenido de la norma del artículo 466-D, que
el juez fijará por auto expreso, la oportunidad para la celebración de la audiencia
de oposición a las medidas preventivas, dándose nuevamente cumplimiento al
principio rector de oralidad, Inmediación, Publicidad, libertad probatoria, entre
otros, principios que sólo pertenecen a los procedimientos por audiencia , como
en nuestra especial materia, el cual es no sólo el indicado por el legislador de
manera expresa, sino además el mas garante de acuerdo al procedimiento
ordinario de audiencia establecido en la especial ley.
El juez en dicha audiencia, oye y ve a las partes, dirige el debate entre las partes,
revisa las pruebas con éstas y hasta resuelve en la misma audiencia cualquier
incidencia sobre la admisibilidad o no de las pruebas, lo cual resulta lógico, toda
vez que el juez de mediación y sustanciación que realiza la audiencia de
oposición, será el que sentencie la misma y no el juez de juicio, por tratarse de
una incidencia que le compete sentenciar, una vez terminada la audiencia de
oposición.
Finalmente, debemos señalar, que la norma en cuestión, establece de manera
expresa y precisa, lo relativo al recurso de apelación, cuando dispone que:
“Contra la decisión, procede apelación a un solo efecto, conforme a lo
establecido en el procedimiento ordinario previsto en el capitulo IV de esta Ley.
La oposición a la medida preventiva no suspende el proceso y debe tramitarse por
cuaderno separado.”
Del contenido de la norma se evidencia una vez mas, que las medidas cautelares
se tramitan por este procedimiento especial y no por ningún otro, como lo dispone
el principio de uniformidad antes enunciado, por las siguientes razones:

17. Si el legislador estableció expresamente que la decisión del juez de mediación y
sustanciación es recurrible a un solo efecto y remite al procedimiento para el
recurso de apelación establecido en el procedimiento ordinario previsto si
observamos la primera disposición, notamos que se refiere a las sentencias
definitivas, las cuales, salvo disposición en contrario, serán oídas en ambos
efectos, por lo que, la sentencia de medida cautelar, al no ser una sentencia
definitiva, no debe oírse en ambos efectos.
Si observamos la segunda disposición, sobre si la sentencia definitiva es sobre
acción de protección, colocación familiar y en entidades de atención, Régimen de
Convivencia Familiar, Obligación de Manutención y responsabilidad de Crianza,
se admitirá apelación únicamente en el efecto devolutivo, tampoco se encuentra
incursa la sentencia de medida cautelar dentro de esta disposición.
Si observamos la tercera disposición, sobre si la sentencia definitiva es sobre el
establecimiento de un nuevo acto del estado civil, no tendrá apelación, a menos
que haya habido oposición, caso en el cual la sentencia será apelable, tampoco
es subsumible la sentencia interlocutoria de medida preventiva dentro de esta
disposición.
La cuarta disposición del artículo señala: Al proponerse la apelación contra la
sentencia que puso fin al juicio, quedan comprendidas en ellas las interlocutorias
que hubieren producido un gravamen no reparado en las mismas. Interpreta esta
juzgadora del sentido que aparece evidente del significado propio de las palabras
dispuestas por el legislador en esta cuarta disposición, que su intención fue
considerar que las sentencias interlocutorias que han producido un gravamen no
reparado en la sentencia definitiva, quedan comprendidas en la apelación contra
la sentencia que puso fin al juicio.
Finalmente, la última disposición del artículo se refiere a que: “…De la sentencia
interlocutoria que ponga fin a la controversia, se oirá apelación en ambos
efectos…”

18. No comparecencia a la audiencia de oposición a las medidas preventivas
Artículo 466-E- Si la parte contra quien obra la medida preventiva no
comparece sin causa justificada a la audiencia de oposición a las
medidas preventivas se considera desistida la oposición presentada.
Si la parte que solicitó la medida no comparece sin causa justificada a
la audiencia de oposición se debe continuar con ésta hasta cumplir
con su finalidad.”

19. Conclusión
Para finalizar este análisis, es pertinente observar que, la Ley Orgánica para la
Protección de niños, niñas y adolescentes indica el procedimiento en toda sus
partes, y en caso de aplicar la supletoriedad, se considerará lo establecido en el
artículo 452, de dicha ley. En tal sentido, primero la interpretación de la LOPNNA y
finalmente, la supletoriedad ordenada por el legislador en el artículo 452. No
obstante, habrá casos en que se deba apelar inclusive, a los principios generales
del derecho, para superar los vacíos legales que se encuentren dentro de la
estructura de la ley in comento, con el de no detener el camino de la
administración de justicia.
En consideración a lo expuesto anteriormente, resulta necesario dejar claro, que si
bien, es cierto que la ley especial faculta al juez o jueza de protección de niños,
niña y adolescente, para dictar las medidas previas al proceso, también, faculta a
estos, para dictar todas las medidas contempladas en el artículo 466 y siguientes
de la LOPNNA. Asi, mismo, dicha ley establece los principios generales
contemplados en el artículo 450 ejusdem, los que no deben ser olvidados, ni
evadidos por la o el juez, así, como el cumplimiento de las garantías
constitucionales referidos a la tutela judicial efectiva, derecho a la defensa y
debido proceso.
BIBLIOGRAFÍA
 Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela (año1999 -2002)

20.  Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (LOPNNA)
(año 2007)
 Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente (LOPNA)
(año 1998-2000)
 Ley sobre Procedimientos Especiales en Materia de Protección Familiar de
Niños, Niñas Y Adolescentes.
 Código de Procedimiento Civil
 Código Orgánico Procesal Penal
 Sentencia del Tribunal supremo de Justicia