La aplicación del ajuste por inflación no está ni suspendida ni
derogada
Escribe: Eduardo S. Wilson (*)
Un reciente fallo ...
Esta norma luego se complementó con lo dispuesto en el art. 39 de la Ley 24.073/92,
que dispuso que: "A los fines de las a...
La Corte, como tribunal de última instancia, a partir del fallo "Candy" citado, se hizo
eco de este planteo y luego recurr...
las potestades de verificación y fiscalización que le confiere la mencionada Ley
11.683..." (Fallo Banco Bradesco citado.)...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

La aplicación del ajuste por inflación no está ni suspendida ni derogada

351 visualizaciones

Publicado el

Escribe: Eduardo S. Wilson (*)



Un reciente fallo del 22 de mayo de 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en autos Banco Bradesco Argentina S.A. c/ EN AFIP DGI resol. 48/07 s/ Dirección General Impositiva (RO B. 392 XLVII), en forma coincidente con una serie de sentencias anteriores de este mismo tribunal superior (Candy S.A.- C.866.XLII 03/07/09; Fluodinámica S.A. F.307.XLIV 04/05/10; Swaco S.591.XLV ROR; Razzini R.186.XLVIII 23/10/12) confirma el fallo de la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal en el sentido de que "las normas que prohíben la utilización del mecanismo del ajuste por inflación previsto en el título VI de la Ley 20.628 resultaban inaplicables respecto de la liquidación del Impuesto a las Ganancias de la actora..."

Publicado en: Empresariales
0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
351
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
2
Acciones
Compartido
0
Descargas
2
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

La aplicación del ajuste por inflación no está ni suspendida ni derogada

  1. 1. La aplicación del ajuste por inflación no está ni suspendida ni derogada Escribe: Eduardo S. Wilson (*) Un reciente fallo del 22 de mayo de 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en autos Banco Bradesco Argentina S.A. c/ EN AFIP DGI resol. 48/07 s/ Dirección General Impositiva (RO B. 392 XLVII), en forma coincidente con una serie de sentencias anteriores de este mismo tribunal superior (Candy S.A.- C.866.XLII 03/07/09; Fluodinámica S.A. F.307.XLIV 04/05/10; Swaco S.591.XLV ROR; Razzini R.186.XLVIII 23/10/12) confirma el fallo de la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal en el sentido de que "las normas que prohíben la utilización del mecanismo del ajuste por inflación previsto en el título VI de la Ley 20.628 resultaban inaplicables respecto de la liquidación del Impuesto a las Ganancias de la actora..." Al respecto, puntualizó que la AFIP "fundó el rechazo del reclamo administrativo efectuado exclusivamente sobre la base de señalar que la responsable no se encontraba legalmente autorizada a ajustar por inflación sus resultados impositivos, estando plenamente vigente la normativa que mantiene la no aplicabilidad del procedimiento de ajuste por inflación a partir del 1 de abril de 1992". Reafirma así la inaplicabilidad de los artículos 39 de la Ley 24.073, 4° de la Ley 25.561, 5° del Decreto 214/02 (ver fallo Swaco citado), normas que se sostiene suspenden / prohíben el ajuste por inflación. Origen Vale recordar que el ajuste por inflación fue introducido en la normativa impositiva argentina como Título VI: "Ajuste por Inflación" en los artículos 94 a 98 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, Ley 20.628, en 1978, como un método de ajuste de activos y pasivos e instrumento apropiado para paliar el efecto que el proceso inflacionario de aquel entonces producía en relación con la determinación de la ganancia gravada de los sujetos a que se refieren los incisos a), b) y c) del artículo 49 de la misma ley, y como modo de evitar la imposición sobre ganancias ficticias, sólo resultantes del impacto de la inflación. Este ajuste contable, denominado Ajuste por Inflación, resultó pacíficamente aplicado hasta el advenimiento de la convertibilidad, instrumentada por Ley 23.928/91, sistema con el cual se pretendió desterrar para siempre el flagelo que para la sociedad constituye la inflación. Así esta ley 23.928/91, en su art. 10, preveía: "Deróganse, con efecto a partir del 1° del mes de abril de 1991, todas las normas legales o reglamentarias que establecen o autorizan la indexación por precios, actualización monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de las deudas, impuestos, precios o tarifas de los bienes, obras o servicios. Esta derogación se aplicará aun a los efectos de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, no pudiendo aplicarse o esgrimirse ninguna cláusula legal, reglamentaria, contractual o convencional inclusive convenios colectivos de trabajo de fecha anterior, como causa de ajuste en las sumas de australes que corresponda pagar, sino hasta el día 1° de abril de 1991, en que entra en vigencia la convertibilidad del austral".
  2. 2. Esta norma luego se complementó con lo dispuesto en el art. 39 de la Ley 24.073/92, que dispuso que: "A los fines de las actualizaciones de valores previstos en la Ley 11.683, t.o. en 1997 y sus modificaciones, y en las normas de los tributos regidos por la misma, no alcanzados por las disposiciones de la Ley 23.928, las tablas o índices que a esos fines elabora la Dirección General Impositiva para ser aplicadas a partir del 1 de abril de 1992 deberán, en todos los casos, tomar como límite máximo las variaciones operadas hasta el mes de marzo de 1992, inclusive...". A partir de esta normativa se infirió la suspensión (prohibición) de la utilización del ajuste por inflación del Título VI de la Ley 20.628 de Impuesto a las Ganancias y aun cuando mediante Decreto 1.269/2002, de julio de 2002, se dispuso agregar al texto del referido artículo 10 de la Ley 23.928 el siguiente párrafo: "La indicada derogación no comprende a los estados contables, respecto de los cuales continuará siendo de aplicación lo preceptuado en el artículo 62 in fine de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales (t.o. 1984) y sus modificatorias" (la norma establece que los estados contables deben expresarse en moneda constante); volviendo sobre sus pasos, el PE se ocupó rápidamente de aclarar en contrario, mediante Decreto 664/03, derogando esta modificación del art. 10 de la Ley 23.928 realizada por Decreto 1.269/02, instruyendo consiguientemente en tal sentido a los organismos de control. Estado del ajuste Dentro de un compás de estabilidad monetaria, este criterio de que el ajuste contable por inflación se encontraba suspendido fue pacíficamente aceptado, aun cuando esta normativa no fue en realidad derogada en ningún momento y que ella refiere a una valoración contable al solo efecto del cálculo de ganancia imponible y no importa una indexación de precios, actualización de deudas o variación de estructura de costos como se prevé en la Ley 23.928. También cabe acotar que las tablas e índices elaborados por la DGI para las actualizaciones, que fueron suspendidas a partir de 1992 (modificación al art. 89 Ley 11.683), no tienen relevancia sobre el ajuste por inflación que por disposición de la ley se efectúa utilizando el índice de precios mayoristas nivel general cuya elaboración es resorte del INDEC, siendo su publicación o no por la DGI irrelevante. Los desafortunados hechos posteriores, de público conocimiento, que resultaron en la penosa y abrupta salida del régimen de convertibilidad en los años 2001 y 2002, trajeron la derogación del régimen de convertibilidad por Ley 25.561/02, de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario, que en su art. 4° modifica el art. 10° de la Ley 23.928, que así entonces dispone: "Mantiénense derogadas, con efecto a partir del 1° de abril de 1991 todas las normas legales o reglamentarias que establecen o autorizan la indexación por precios, actualización monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de las deudas, impuestos, precios o tarifas de los bienes, obras o servicios. Esta derogación se aplicará aun a los efectos de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, no pudiendo aplicarse ni esgrimirse ninguna cláusula legal, reglamentaria, contractual o convencional ni inclusive convenios colectivos de trabajo de fecha anterior, como causa de ajuste en las sumas de pesos que corresponda pagar". La inflación desencadenada actualizó el debate de la procedencia del ajuste contable por exposición a la inflación para la confección del balance impositivo y cálculo de la ganancia gravada, y esta normativa en la cual se sostenía la "suspensión" del sistema fue entonces seriamente cuestionada mediante sendos planteos de inconstitucionalidad básicamente con fundamento en la existencia de confiscatoriedad, efectuados ya sea por vía de repetición de lo pagado en exceso, recursos de amparo o acción declarativa de certeza.
  3. 3. La Corte, como tribunal de última instancia, a partir del fallo "Candy" citado, se hizo eco de este planteo y luego recurrentemente dispuso la inaplicabilidad de los artículos 39 de la Ley 24.073, 4° de la Ley 25.561, 5° del Decreto 214/02, que el Fisco sostiene sustentan la suspensión del ajuste por inflación, no así su inconstitucionalidad (ver fallo Swaco citado), toda vez que juzgó suficientemente acreditada la existencia de confiscatoriedad del tributo determinado sin aplicación del ajuste por exposición a la inflación previsto en el Título VI de la Ley de Impuesto a las Ganancias, por existir una absorción de una porción sustancial de la renta o el capital. Acreditación Pero a partir de esta exigencia del superior tribunal, en el sentido de que se encuentre suficientemente acreditada la confiscatoriedad del impuesto para declarar la inaplicabilidad de las normas involucradas, no puede deducirse que el ajuste por inflación continúe suspendido salvo confiscatoriedad. Es decir que su utilización sea materia de hecho y de prueba. A partir de estos fallos ya no puede sostenerse que el ajuste por inflación se encuentra "suspendido", salvo que se acredite judicialmente que no utilizarlo produce una apropiación de una parte sustancial de la renta o patrimonio del demandante, pues entender lo contrario afecta principios básicos consagrados en la Constitución nacional, toda vez que un contribuyente que no realice el planteo judicial de su derecho, contrariamente a quien sí lo ha realizado y obtiene así la protección jurisdiccional, quedará expuesto al despojo inflacionario que le significará no poder computar el impacto de la depreciación de la moneda en su DDJJ para el cálculo de su ganancia gravada. Y ello a pesar de encontrarse en iguales categoría y circunstancias que las del litigante beneficiado, es decir condiciones económicas de inflación. Vale recordar que si bien en principio la confiscatoriedad de un tributo constituye una cuestión de hecho que debe ser probada por quien la alega, y la jurisprudencia es conteste con ello, la norma tributaria también para no resultar confiscatoria debe participar de los principios y garantías consagrados constitucionalmente de igualdad en el tratamiento tributario a quienes se encuentran en situaciones iguales (art. 16 C.Nac.) y de reserva o legalidad de las contribuciones que deben ser impuestas a la población en forma equitativa y proporcional (art. 17 C.Nac.). Toda ley también debe cumplir con el principio de razonabilidad, y aquí cabe recordar jurisprudencia del alto tribunal citada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, que expresa que por dicha regla de razonabilidad "se exige que las normas legales mantengan coherencia con las reglas constitucionales durante el lapso que dure su vigencia en el tiempo, de suerte que su aplicación concreta no resulte contradictoria con lo establecido en la Ley Fundamental" (Deutz Argentina S.A.- T.F. 11.912-I c/ D.G.I. Causa: 43.951/95 20/05/96 CNCF, SALA V). Por este principio de razonabilidad de la ley, por el cual ésta debe mantener una equivalencia entre su hecho antecedente y consecuente; ser adecuada para el logro del fin que persigue e idónea en cuanto a la menor afectación de los derechos fundamentales afectados y finalmente así guardar una relación razonable con el fin perseguido, la interpretación en el sentido de que las normas analizadas suspenden la vigencia del ajuste por inflación constituye un exceso de interpretación de la ley que nos lleva a una conclusión que vulnera el principio de razonabilidad, y por tanto la convierte en arbitraria. No se trata de la equidad de la extensión de la imposición en una oportunidad y un tiempo determinados, cuya valoración es resorte exclusivo del Poder Legislativo, sino de la equidad en su aplicación general a quienes estén en igualdad frente a las circunstancias previstas en la ley. Lógicamente, "...sin que ello obste a la posibilidad de que la Administración Federal de Ingresos Públicos, de considerarlo necesario, ejerza
  4. 4. las potestades de verificación y fiscalización que le confiere la mencionada Ley 11.683..." (Fallo Banco Bradesco citado.) Los artículos 39 de la Ley 24.073 y 4° de la Ley 25.561 no han sido declarados inconstitucionales por la CSJN, y sí, en cambio, fueron recurrentemente considerados como inaplicables para el supuesto del ajuste por inflación previsto en el Título VI de la Ley 20.628 del Impuesto a las Ganancias. En tal sentido, la CSJN en el fallo Swaco citado "confirma la sentencia apelada, excepto en lo relativo a la inconstitucionalidad de las normas impugnadas que se declaran inaplicables al caso en los términos del considerando 15 del precedente 'Candy'". Es por todo ello que la vigencia del ajuste por inflación a partir de la derogación de la convertibilidad y la recurrencia del proceso inflacionario no resulta de la inconstitucionalidad del art. 10 de la Ley 23.398 y sus modificaciones, que refieren exclusivamente a la "... indexación por precios, actualización monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de las deudas, impuestos, precios o tarifas de los bienes, obras o servicios", pues sus previsiones son inaplicables al ajuste por inflación del Título VI de la Ley 20.628 de Impuesto a las Ganancias, para el correcto cálculo del hecho imponible de las empresas y ciertos auxiliares de comercio, y que apuntan a impedir la imposición sobre ganancia ficticia que resulte en la apropiación indebida de la renta y del patrimonio de los mismos. El criterio sentado por la Corte Suprema en este fallo "Banco Bradesco" es claro. Los artículos 39 de la Ley 24.073, 4° de la Ley 25.561 y 5° del Decreto 214/02 son inaplicables al cálculo previsto en el Título VI, Ajuste por Inflación, del Impuesto a las Ganancias, que no se encuentra suspendido ni derogado, y por tanto los contribuyentes podrán, conforme el sistema de determinación por el contribuyente adoptado por la Ley 11.683, Capítulo III, utilizar sus previsiones para la conformación de su balance impositivo y presentación de su DDJJ anual, pudiendo el Fisco, de considerarlo necesario, ejercer "... las potestades de verificación y fiscalización que le confiere la mencionada Ley 11.683..." (Fallo Banco Bradesco citado.) (*)Abogado tributarista.

×