3. Entrada en vigor
3
Zacatecas
AGS.
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Coahuila
Colima
Chiapas
Chihuahua
DF
Durango
Guerrero
GTO.
Hidalgo
Jalisco
México
Michoacán
Nayarit
Nuevo
León
Oaxaca
Puebla
QRO.
Quintana Roo
San Luis
Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlax.
Yucatán
Zacatecas
AGS.
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Coahuila
Colima
Chiapas
Chihuahua
DF
Durango
Guerrero
GTO.
Hidalgo
Jalisco
México
Michoacán
Nayarit
Nuevo
León
Oaxaca
Puebla
QRO.
Quintana Roo
San Luis
Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlax.
Yucatán
Zacatecas
AGS.
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Coahuila
Colima
Chiapas
Chihuahua
DF
Durango
Guerrero
GTO.
Hidalgo
Jalisco
México
Michoacán
Nayarit
Nuevo
León
Oaxaca
Puebla
QRO.
Quintana Roo
San Luis
Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlax.
Yucatán
2008 2013 2016
Acelerar la
implementación
El 18 de junio de 2016, entró en vigor a nivel nacional
tanto en el fuero federal como a nivel local
4. 4
• Ámbitos Federal y
Estatal
• Al menos 6
instituciones
• Cientos de miles de
operadores.
• Abogados litigantes
• Policía de proximidad
• Policía Procesal
• Medidas Cautelares
• Ministerio Público / fiscal
• Policía Ministerial
• Peritos
• Mediadores / Conciliadores
• Ministerio Público de Atención
Inmediata
• Jueces (control, juicio oral y
ejecución)
• Magistrados
• Administradores de sala
• Defensores Públicos
• Abogados litigantes
• Custodios
• Personal Penitenciario
• Asesores Jurídicos
de Víctimas
Magnitud del Cambio
6. 6
Principales críticas al SJPA
El nuevo sistema de justicia penal es una “puerta giratoria” que absuelve y
libera a delincuentes.
Es hipergarantista y con resquicios legales que favorecen la impunidad.
Se le atribuye el reciente incremento de la incidencia delictiva e
inseguridad.
La posibilidad de que miles de reos salgan de la cárcel si solicitan la revisión
de su caso para continuar su proceso en libertad.
Reclasificar el delito de portación de armas de fuego y robo a casa
habitación, ya que es calificado como no grave, y permite que los
indiciados no queden en prisión.
Es necesario equilibrar el nuevo sistema de justicia a fin de que los
derechos de los imputados no estén por encima del derecho de las
víctimas. Al mismo tiempo, garantizar la reparación del daño y el combate a
la impunidad.
Errores en la función de los operadores por falta de capacitación.
8. Seguridad Pública
Adopción de Protocolos Nacionales y Actualización del Informe
Policial Homologado.
Capacitación permanente en funciones de primer respondiente,
cadena de custodia, llenado del Informe Policial Homologado y
coordinación con Ministerio Público y Perito para la investigación del
delito, así como declaración oral durante el juicio oral.
Equipamiento para funciones ordinarias (Kit, patrullas, etc), y uso de
tecnologías de la comunicación e información.
Fortalecer las Unidades de Medidas Cautelares.
Modelo de operación, personal, espacios físicos, equipamiento
y gastos de operación suficientes.
Fortalecer la Unidad de Policía Procesal.
Modelo de operación, personal, espacios físicos, equipamiento
y gastos de operación suficientes.
Adopción y capacitación en los Protocolos Nacionales de
Traslados y de Seguridad en Salas.
Algunas acciones a realizar:
8
9. Capacitación permanente a Ministerios Públicos sobre coordinación
con Policías y Perito para la investigación del delito.
Capacitación a Policía de Investigación y Peritos.
Incrementar el equipamiento de servicios periciales en las distintas
especialidades forenses y capacitar al personal en su uso.
Contar con Bodegas de Evidencia debidamente equipadas de acuerdo
a la región del país.
Fortalecer las Unidades de Atención Temprana.
Modelo de operación, personal, espacios físicos, equipamiento y
gastos de operación suficientes.
Capacitación a Ministerio Público Orientador.
Fortalecer los Centros de Justicia Alternativa.
Modelo de operación, personal, espacios físicos, equipamiento y
gastos de operación suficientes.
Capacitación permanente a Mediadores y Facilitadores para la
resolución de conflictos por Mecanismos Alternativos.
Cierre del Sistema Tradicional.
Conclusión de averiguaciones previas.
Migración de personal.
Procuración de Justicia
9
Algunas acciones a realizar:
10. Defensoría Pública
La Defensoría Pública es el área del Sistema Penal Acusatorio que
requiere más apoyo.
Recomendable dotar de autonomía a la Defensoría Pública.
Capacitación permanente a Defensores Públicos.
Incorporar defensores con conocimientos en usos y costumbres de
pueblos y comunidades indígenas.
Contar con servicios periciales e incorporar peritos especializados.
Instaurar el Servicio Profesional de Carrera.
Homologar sueldo con los del Ministerio Público.
Es indispensable dotar a las Defensorías Públicas de:
Infraestructura adecuada.
Equipamiento mobiliario y tecnológico.
Personal suficiente y capacitado.
Recursos para gastos de operación ordinaria.
10
Algunas acciones a realizar:
11. Atención a Víctimas
Establecer en todas las entidades las Comisiones Estatales de
Atención a Víctimas.
Instrumentar un Modelo Homologado de Operación a nivel nacional.
Incorporar suficientes Asesores Jurídicos de la Víctima y capacitarlos
de manera permanente.
Contar con intérpretes o traductores.
Dotar a las Comisiones de Atención a Víctimas de:
Infraestructura adecuada.
Equipamiento mobiliario y tecnológico.
Personal suficiente y capacitado para atención médica,
psicológica, etc.
Recursos para gastos de operación ordinaria.
Observar los principios que rigen la atención y apoyo a las víctimas,
establecidos en el CNPP y en la Ley General de Víctimas.
Establecer el Fondo para reparación del daño y hacerlo efectivo a las
víctimas, previendo recursos para ello.
11
Algunas acciones a realizar:
12. Impartición de Justicia
Capacitación especializada a Jueces de Control y Juicio Oral.
Fortalecer el área de administración judicial para la óptima
programación de audiencias.
Reducir la duración de audiencias, principalmente de la inicial y
sujetarse a los procedimientos establecidos en la Ley.
Fortalecer las áreas de Justicia Alternativa en sede judicial.
Establecer la cantidad suficiente de salas de audiencia en todo el
territorio de las entidades, considerando la demanda de servicio.
Instrumentar el equipamiento tecnológico adecuada en las salas de
audiencia. (Audio y video)
Aplicación de Protocolos Nacionales de Seguridad en Salas y
Traslados.
Cierre del Sistema Tradicional.
Conclusión de expedientes que se encuentren en trámite.
Migración de personal.
12
Algunas acciones a realizar:
13. Ejecución de sanciones
Implementar la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP).
Reestructurar el Sistema Penitenciario Nacional, atendiendo los
plazos establecido en la LNEP.
Aplicar Protocolos Nacionales de Seguridad en Salas y Traslados.
Elaborar los Protocolos de Actuación necesarios.
Capacitación especializada e integral, por perfil de operador.
Capacitar al personal penitenciario y custodios como primer
respondiente.
Capacitación especializada a jueces de ejecución.
Adoptar las medidas relativas al trabajo en favor de la comunidad;
Justicia Terapéutica; medidas de seguridad para inimputables;
Justicia Restaurativa y servicios post penales.
Sistematizar la información del Sistema Penitenciario y mantener
una base de datos de personas privadas de la libertad.
Establecer mecanismos de colaboración con dependencias para
atender los ejes de la reinserción social.
13
Algunas acciones a realizar:
14. Ejes transversales
Armonizar el marco jurídico. Actualización de Leyes Orgánicas,
Reglamentos, y demás instrumentos jurídicos conforme a reformas de
segunda generación.
Actualizar Modelos de Gestión, Protocolos de Actuación, Manuales de
Operación y Procedimientos. En su caso, instrumentar Modelos
Homologados de Operación para áreas específicas.
Generar la infraestructura adecuada para la óptima operación de todas
las instituciones.
Instrumentar Sistemas Informáticos, así como infraestructura en
telecomunicaciones para la interoperabilidad entre las instituciones.
Seguimiento y evaluación en las instituciones operadoras:
Capacidad de instituciones para generar datos estadísticos.
Diseñar y establecer indicadores de gestión e impacto.
Replicar mejores prácticas nacionales e internacionales.
Llevar a cabo conversatorios interinstitucionales.
Impulsar el cambio cultural en operadores y la sociedad.
Implementar el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.
14
Algunas acciones a realizar:
16. Algunas reformas a considerar
1. Prisión preventiva oficiosa en delitos de alto impacto como la portación de
armas de fuego exclusivas de las fuerzas armadas, feminicidio, extorsión, robo
de vehículos o partes de éste, robo de transporte de carga y robo a casa
habitación con o sin violencia.
2. Eliminación de la audiencia de control de la detención, solo que sea a
petición del imputado o su defensor, estrictamente cuando se considere que
haya sido ilegal la detención.
3. Libertad durante la investigación. Facultar al Ministerio Público para que
pueda fijar una garantía al imputado, cuando éste haya sido detenido en
flagrancia y no vaya a solicitarse la medida cautelar de prisión preventiva.
4. Admitir la prueba de referencia (testimonio de oídas), para que sea el juez
quien valore su pertinencia.
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17. Algunas reformas a considerar
5. Incorporación en juicio de las declaraciones del imputado, rendidas en
presencia de su defensor ante el Ministerio Público, ya que actualmente el
artículo 378 prohíbe su incorporación.
6. Ordenar la lealtad procesal de las partes, para evitar que mientan o utilicen
a sabiendas pruebas falsas en el procedimiento y en el proceso penal.
7. Permitir al juez de control la revisión de la carpeta de investigación, en la
audiencia de vinculación.
8. Que en el recurso de apelación se estudie el fondo del asunto, ello en
razón de que actualmente solo se permite la apelación por violaciones al
procedimiento (forma).
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19. Consideraciones finales
A un año de la vigencia del SJPA en todo el país, se han evidenciado diversos
problemas de operación, lo que tiene un impacto negativo tanto en el desarrollo
proceso penal, como en la percepción social de impunidad.
El SJPA requiere madurar. Si bien es necesario ajustarlo, es indispensable realizarlo
con base en resultados de una evaluación permanente, ya que con ello se
identificarán de manera específica los problemas de operación.
Sólo de esta manera se definirán acciones correctivas precisas que fortalezcan las
capacidades institucionales, lo que contribuirá a consolidar el funcionamiento del
Sistema de Justicia Penal en su conjunto.
Se requiere de una diagnóstico serio y empírico, sustentado en una metodología
sólida para que sus resultados sean válidos y confiables.
Reformar la ley no solucionará por sí sola los problemas de operación. El éxito del
Sistema de Justicia Penal Acusatorio pasa concretar en la práctica lo que está
escrito en las leyes.
19