Proyecto integrador v final.

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PROYECTO INTEGRADOR V
VULNERACIÓN DE LA SEGURIDAD JURIDICA FRENTE A LAS INDEBIDAS
NOTIFICACIONES DE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA
SANCIONATORIA
PRESENTADO POR: Sonia Helena Espinosa Rivera
Fredy Anderson Arteaga Tobar
Estefany Dahiana Correa Restrepo
PRESENTADO A: Javier Vega Meza
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA UNISABANETA
FACULTAD DE DERECHO
DERECHO ADMINISTRATIVO
QUINTO SEMESTRE
SABANETA
2016

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TEMA
VULNERACIÓN DE LA SEGURIDAD JURIDICA FRENTE A LAS INDEBIDAS
NOTIFICACIONES DE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA
SANCIONATORIA
PROBLEMA JURÍDICO DOMINANTE
Se ha evidenciado la existencia de algunas inconformidades respecto a las notificaciones de las
actuaciones administrativas en materia sancionatoria, toda vez que las administraciones están
sancionando pero no están notificando correctamente, descargando únicamente la responsabilidad
al ciudadano de actualizar y rectificar su información y de esta manera vulnerando el derecho al
debido proceso y lo establecido por el principio de seguridad jurídica afectando gravemente su
patrimonio.
Para esto, se pretende determinar que no solo es responsabilidad de los ciudadanos de actualizar
y rectificar la información, sino que también le corresponde a la administración velar por la
actualización de la información actualizada y aportada por los ciudadanos, para que les permita
establecer un mecanismo de notificación a la luz del principio de publicidad que guía la función
administrativa.
Adicionalmente, encontramos una violación al principio de la seguridad jurídica por parte de las
altas cortes como órganos de cierre, al no proteger o garantizar a los administrados una igualdad
frente a los fallos que se emiten por estas, pues si bien tienen autonomía para resolver un litigio
con base a su conocimiento de la ley no pueden desconocer los precedentes jurisprudenciales que
se tiene sobre el mismo tema, que para este caso inicia por una mala notificación de una acto
sancionatorio
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA
¿De qué forma el Consejo de Estado se ha pronunciado frente a las indebidas notificaciones que
implican una flagrante vulneración al debido proceso y al principio de seguridad jurídica en
materia sancionatoria?

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OBJETIVO GENERAL
Examinar cual ha sido la posición del Consejo de Estado frente a las indebidas notificaciones y de
qué forma se garantiza la efectividad del principio de seguridad jurídica y el derecho al debido
proceso de los ciudadanos.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Establecer los diferentes mecanismos principales y subsidiarios de notificación respecto de
las actuaciones administrativas en procesos sancionatorios.
2. Realizar a partir de la jurisprudencia del Consejo de Estado, una línea jurisprudencial en
el marco del debido proceso de las actuaciones administrativas en materia sancionatoria.
3. Determinar a partir de la jurisprudencia del Consejo de Estado si se ha dado aplicación de
manera efectiva al principio de seguridad jurídica en materia sancionatoria.
JUSTIFICACIÓN
El acto administrativo definido como la manifestación de la voluntad de la administración pública,
tendiente a producir efectos jurídicos ya sea creando, modificando o extinguiendo derechos para
los ciudadanos o para el mismo Estado o en contra de éstos, tiene como finalidad esencial la
sujeción al orden jurídico y el respeto por las garantías y derechos de los ciudadanos.
Por tanto uno de los elementos esenciales del debido proceso, es el principio de publicidad en el
que consiste dar a conocer a través de publicaciones, comunicaciones o notificaciones, las
actuaciones administrativas y judiciales a los ciudadanos como garantía de transparencia y
participación ciudadana. Con la notificación entonces, como un acto procesal que garantiza el
derecho a ser informado de las actuaciones administrativas se garantiza la aplicación del debido
proceso y la protección de los derechos ciudadanos y por consiguiente, estás contribuyen a mejorar
el ordenamiento funcional de la administración.
En ese orden de ideas, las notificaciones como procedimiento administrativo garantiza que los
particulares interpongan los recursos a que haya lugar y poder así de esta manera controvertir las
decisiones de la administración en cumplimiento al derecho del debido proceso consagrado en el
artículo 29 de la Constitución Política, el cual constituye un límite a la actuación administrativa
evitando arbitrariedades por parte de las autoridades.

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INTRODUCCIÓN
La relación entre las Administraciones Públicas y los ciudadanos están basadas en el principio de
supremacía de la Administración, es decir, no parten de la igualdad entre una persona física o
jurídica y la Administración, sino en la fuerza ejecutiva de los actos administrativos por encima
de cualquier otra circunstancia. Es por ello, que para garantizar que esa desigualdad no genere
actuaciones administrativas no ajustadas a Derecho, nuestro ordenamiento regula de forma extensa
y detallada los procedimientos que permiten a los ciudadanos y a las empresas ejercer su derecho
a la defensa frente a la Administración.
En este contexto de desigualdad, la notificación se erige como el instrumento por el que los
ciudadanos y las empresas tienen conocimiento de los actos de la Administración que les afectan.
De ahí la importancia que la jurisprudencia ha otorgado al sistema de notificación, otorgándole
entidad jurídica propia separada incluso del acto administrativo que se pretende notificar. El acto
de notificación, en resumen, tiene naturaleza autónoma e independiente del acto que se notifica o
publica e implica el inicio de la eficacia de este último.
Podríamos afirmar que la notificación pretende dos objetivos. Por un lado su fin es que el
administrado tenga conocimiento del acto administrativo y pueda, bien cumplirlo, bien defenderse
ante el mismo. Por otro lado, supone el momento a partir del cual la Administración puede exigir
al ciudadano el cumplimiento de lo ordenado, adoptando las medidas que estén a su alcance.
La importancia de la notificación del acto administrativo en el momento de ejercer las empresas y
los particulares su derecho de defensa ante los actos de la Administración. En primer lugar, porque
es a partir de la notificación correcta del acto administrativo cuando empieza el cómputo de los
plazos previstos en la normativa para que los ciudadanos y las empresas puedan ejercer su derecho
a la defensa frente al acto notificado.
En segundo lugar, porque la Administración debe ceñirse a las normas establecidas para realizar
las notificaciones, tal como lo ha establecido el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo y la jurisprudencia, toda vez para que los ciudadanos puedan alegar
en los procedimientos lo que consideren oportuno o, en su caso, presentar los recursos pertinentes
en defensa de sus intereses.
La Administración debe realizar las notificaciones en el domicilio correcto, ante la persona
adecuada, tantas veces como exige la norma y utilizando mecanismos fehacientes que garanticen
al ciudadano el conocimiento del acto administrativo.
En conclusión, es imprescindible analizar, en el momento de plantear la defensa ante una actuación
administrativa, que las notificaciones se han realizado de forma correcta, ya que la ausencia o el
incumplimiento de uno de los requisitos exigidos para ello puede permitir a los particulares y a las
empresas exigir la nulidad de un acto administrativo dictado en perjuicio de sus intereses.

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Los actos administrativos dependiendo de su carácter tienen su forma de ser notificados, luego
entonces durante el desarrollo de este proyecto investigativo se pretende analizar a la luz de la
jurisprudencia del Consejo de Estado sobre las indebidas notificaciones de las actuaciones
administrativas en materia sancionatoria, para esto durante la primera etapa se pretende determinar
los mecanismos principales y subsidiarios de notificación de los actos administrativos; durante la
segunda etapa analizaremos la diferentes pronunciamientos del honorable Consejo de Estado desde
la construcción de una línea Jurisprudencia en materia de procesos sancionatorios, y finalmente a
partir de esta jurisprudencia determinaremos entonces el principio de seguridad jurídica como
garantía al debido, la efectividad, la legalidad y la buena fe de los actos proferidos por la
administración.
1. NOTIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO
Dado que el acto administrativo es la manifestación de la voluntad de la administración tendiente
a producir efectos jurídicos ya sea creando, modificando o extinguiendo derecho u obligaciones
para los administrados, el acto administrativo no nace a la vida jurídica con solo su expedición,
por tanto su aplicación solo podrá efectuarse una vez se haya dado a conocer, solo así producirá
plenos efectos jurídicos; luego entonces los actos administrativos podrán ser de carácter general o
particular y los mecanismos para dar a conocer el contenido de los actos a los administrados se
denomina publicidad, cuya publicidad de los actos administrativos puede darse de dos formas
principales: la PUBLICACIÓN y NOTIFICACIÓN.
En principio la publicación es utilizada para dar a conocer sobre los actos administrativos de
carácter general y la notificación se utiliza para poner en conocimiento a los interesados de los
actos administrativos de carácter particular.
Así las cosas, la notificación, es el medio con el que se pretende poner en conocimiento del
administrado, bien sean llamados contribuyentes y/o responsables sobre las decisiones que toma
la Administración, permitiéndoles que estos interponga los recursos que contra ella proceden o
acate su cumplimiento; mediante el procedimiento de la notificación la administración aplicación

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al principio de publicidad1, el cual está consagrado en el artículo 2092 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y en relación a los actos administrativos de carácter individual o particular,
la notificación como garantía del derecho al debido proceso y concretamente el derecho de
contradicción, los administrados podrán conocer las decisiones de la autoridad pública.
La finalidad de las notificaciones es dar cumplimiento al principio de publicidad que debe preceder
todas las actuaciones judiciales o administrativas, a fin de que puedan ser controvertidas a través
de los recursos establecidos por la ley, por quienes resulten afectados con la decisión.
Con ello, se garantiza el debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política,
en virtud del cual “Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de
cada juicio” (CONST., 1991, art. 29)
El artículo 209 de la Constitución dispone que la función administrativa se encuentra al servicio
de los intereses generales y se desarrolla con fundamento “en los principios de igualdad,
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad”. (CONST., 1991, art. 209)
Frente al principio publicidad de los actos administrativos ha dicho la Corte Constitucional, que:
“El Estado de derecho se funda, entre otros principios, en el de la publicidad, el cual supone el
conocimiento de los actos de los órganos y autoridades estatales, en consecuencia, implica para
ellos desplegar una actividad efectiva para alcanzar dicho propósito; dado que, la certeza y
seguridad jurídicas exigen que las personas puedan conocer, no sólo de la existencia y vigencia
1 “El principio de publicidad plantea el conocimiento de las actuaciones judiciales y
administrativas, tanto por los directamente interesados en ellas como por la comunidad en
general. En el primer caso, el principio de publicidad se realiza a través de las notificaciones
como actos de comunicación procesal; es decir, del derecho a ser informado de las actuaciones
judiciales o administrativas que conduzcan la creación, modificación o extinción de una situación
jurídica o a la imposición de una sanción.(…) Y en el segundo caso, el principio de publicidad se
realiza mediante el reconocimiento del derecho que tiene la comunidad a conocer las actuaciones
de las autoridades públicas y, a través de ese conocimiento, a exigir que ellas se surtan con total
sometimiento a la ley. Es decir, aparte de las notificaciones como actos de comunicación procesal,
el principio de publicidad comporta tambiénel reconocimiento del derecho ciudadano a enterarse
de las decisiones tomadas por la administración y la jurisdicción, aunque, desde luego, con las
limitaciones impuestas por el ordenamiento jurídico. En este último evento, el principio de
publicidad constituye una garantía de transparencia en la actuación de los poderes públicos y un
recurso que permite las condiciones necesarias para el reconocimiento del derecho a controlar el
ejercicio del poder” Sent. C-1114 de 2003 M.P. Jaime Córdoba Triviño.(...)
2 ARTICULO 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía,
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la
desconcentración de funciones.

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de los mandatos dictados por dichos órganos y autoridades estatales, sino, en especial, del
contenido de las decisiones por ellos adoptadas, para lo cual, la publicación se instituye en
presupuesto básico de su vigencia y oponibilidad, mediante los instrumentos creados con tal fin.
(Resaltado fuera de texto). (Sent. C-1114 de 2003 M.P. Jaime)
En desarrollo del principio de publicidad las actuaciones administrativas deben ser dadas a conocer
por parte de las entidades que las expidan, a través de las comunicaciones, notificaciones o
publicaciones establecidas en la ley o en el acto administrativo de que se trate.
1.1. PUBLICACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DECARÁCTER GENERAL
Respecto a la publicación de los actos administrativos de carácter general, algunos autores como
Libardo Rodríguez R. en su obra “Derecho Administrativo General y Colombiano”3, expresaba
que en Colombia se presentaba un gran interrogante de saber si su publicación si era realmente
importa para que entrara en vigencia y obligara a los responsables, puesto que para las leyes con
ocasión al artículo 52 del Código de Régimen Político y Municipal, preceptuaba que “la ley no
obliga sino en virtud de su promulgación y observancia principia dos meses de después de
promulgada”.
Así mismo manifiesta que para las ordenanzas departamentales con ocasión al artículo 109 del
Código de Régimen Político y Municipal, el cual establecía que “rige en todo el territorio del
departamento, treinta días después de su publicación en el periódico oficial. Sin embargo, las
asambleas pueden reglamentar este punto como a bien lo tengan; pero en todo caso ninguna
ordenanza podrá ser obligatoria antes de su promulgación”
Así mismo, este autor en su obra decimonovena edición, ha determinado que esta situación de
ambigüedad la modifico inicialmente el Código Contencioso Administrativo de 1984 en su artículo
434 en la cual se estableció que la publicación de los actos administrativo de carácter general eran
3 Libardo Rodríguez R. Profesor de derecho administrativo. Exconsejero de Estado de Colombia.
Presidente de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo. Miembro de la Asociación
Iberoamericano de Derecho Administrativo, del Foro de Iberoamericano de Derecho
Administrativo y de la Academia Internacional de Derecho Comparado. DERECHO
ADMINISTRATIVO GENERAL Y COLOMBIANO, Decimonovena edición. Bogotá, Colombia,
2015
4 ARTÍCULO 43. Deber y forma de publicación. Los actos administrativos de carácter general
no serán obligatorios para los particulares mientras no hayan sido publicados en el Diario
Oficial, o en el diario, gaceta o boletín que las autoridades destinen a ese objeto,o en un periódico
de amplia circulación en el territorio donde sea competente quien expide el acto. Los municipios
en donde no haya órgano oficial de publicidad podrán divulgar estos actos mediante la fijación
de avisos, la distribución de volantes, la inserción en otros medios, o por bando. Las decisiones
que pongan término a una actuación administrativa iniciada con una petición de interés general
se comunicarán por cualquier medio hábil. Código Contencioso Administrativode 1948 derogado
por la ley 1437 de 2011.

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obligatorios y que su publicación podría efectuarse mediante el Diario Oficial, la gaceta o boletín
que la administración dispusiera para tal fin o en un periódico de amplia circulación en el territorio
donde fue expedido el acto administrativo, además la ley 57 de 19855 y el decreto - ley 2150 de
19956 modifico esta posición indicando que la publicación debe hacerse en el Diario Oficial, en
los boletines o gacetas departamentales o municipales y estableció que para las leyes y los actos
administrativos generales solo regirían después de la fecha de su publicación.
Después la ley 489 de 19987 determino que se deberá publicar en el Diario Oficial, entre otros
actos, los decretos dictados por el gobierno nacional y “los demás actos administrativos de
carácter general, expedidos por todos los órganos, dependencias, entidades, u organismos del
orden nacional de las distintas ramas del poder público y de los demás órganos carácter nacional
que integran la estructura del Estado”. Publicación que constituye elemento esencial para su
vigencia y oponibilidad.
Hoy en día en cumplimiento al artículo 78 de la ley 962 de 20059, la administración pone a
disposiciones del público mediante medios electrónicos las leyes, decretos y actos administrativos
de carácter general, como un mecanismo complementario de publicidad sin perjuicio de dar
cumplimiento a su obligación de publicación en el Diario Oficial.
5 Por la cual se ordena la publicidad de los actos y documentos oficiales. Notas Editoriales
6 Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios
existentes en la Administración Pública.
7 Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden
nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las
atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se
dictan otras disposiciones.
8 Artículo 7°. Publicidad electrónica de normas y actos generales emitidos por la administración
pública. La Administración Pública deberá poner a disposición del público, a través de medios
electrónicos, las leyes, decretos y actos administrativos de carácter general o documentos de
interés público relativos a cada uno de ellos, dentro de los cinco (5) días siguientes a su
publicación, sin perjuicio de la obligación legal de publicarlos en el Diario Oficial. Las
reproducciones efectuadas se reputarán auténticas para todos los efectos legales, siempre que no
se altere el contenido del acto o documento. A partir de la vigencia de la presente ley y para
efectos de adelantar cualquier trámite administrativo, no será obligatorio acreditar la existencia
de normas de carácter general de orden nacional, ante ningún organismo de la Administración
Pública.
9 por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos
administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen
funciones públicas o prestan servicios públicos. Reglamentada parcialmente por el Decreto
Nacional 4669 de 2005, Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1151 de 2008

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Para los actos municipales, se ha establecido que los actos deberán ser publicados en el respectivo
diario o gaceta o en una emisora local o regional y en relación a los actos del orden departamental
según el artículo 8210 del Código de Régimen Departamental11 se ha establecido que las
ordenanzas se publicaran en la gaceta o periódico oficial del respectivo departamento.
Y en virtud del principio constitucional de publicidad artículo 209 de la Constitución Política y de
manera general, la publicidad de los actos administrativos de carácter general se debe practicar a
través de la publicación mediante medios de comunicación de alta circulación y en los espacios
previstos en las diferentes entidades para promulgación de actos administrativos como lo son, la
página web y los tableros en instalaciones de las entidades que sirven como medio de difusión de
actividades internas.
Tal como lo tiene consagrado el artículo 65 del Código de Procedimiento de lo Contencioso
Administrativo el cual reza lo siguiente:
Los actos administrativos de carácter general no serán obligatorios mientras no hayan
sido publicados en el Diario Oficial o en las gacetas territoriales, según el caso.
Las entidades de la administración central y descentralizada de los entes territoriales que
no cuenten con un órgano oficial de publicidad podrán divulgar esos actos mediante la
fijación de avisos, la distribución de volantes, la inserción en otros medios, la publicación
en la página electrónica o por bando, en tantoestos medios garanticen amplia divulgación.
Las decisiones que pongan término a una actuación administrativa iniciada con una
petición de interés general, se comunicarán por cualquier medio eficaz.
En caso de fuerza mayor que impida la publicación en el Diario Oficial, el Gobierno
Nacional podrá disponer que la misma se haga a través de un medio masivo de
comunicación eficaz.
PARÁGRAFO. También deberán publicarse los actos de nombramiento y los actos de
elección distintos a los de voto popular. (C.P.A.C.A., art.,65)
10 ARTICULO 82.-Sancionada la ordenanza, se publicará en el periódico oficial del
departamento; uno de los ejemplares autógrafos se archivará en la gobernación y otro se
devolverá a la asamblea.
11 DECRETO 1222 DE1986 (Abril 18) Modificado por la Ley 617 de 2000 "Por el cual se expide
el Código de Régimen Departamental".

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1.2. NOTIFICACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CARÁCTER
PARTICULAR
Con la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011, contentiva del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el proceso de la notificación de los actos
administrativos tiene como propósito velar por el respeto y garantía de los derechos
constitucionales al debido proceso, defensa y contradicción, por cuanto da la oportunidad de
conocer de manera íntegra el contenido de las decisiones que pueda afectar a determinado
individuo y permitirle pronunciarse sobre ello en un tiempo determinado.
Este procedimiento inicia con la citación a notificación de un acto administrativo de carácter
particular que deba notificarse y finaliza con la notificación del acto administrativo la cual puede
ser personal cuando el interesado comparece a la entidad; por correo electrónico cuando el
interesado lo autoriza o por aviso cuando se desconoce el paradero de quien debe notificarse o
conociéndolo, se le ha citado y no ha comparecido a la entidad.
Este procedimiento busca brindar los lineamientos jurídicos para efectuar las Notificaciones de
actos administrativos de carácter particular que profiera la administración de conformidad con los
requisitos legales, con el fin de que una vez el acto sea debidamente notificado, produzca los
efectos jurídicos que en él se disponen.
A su vez le permite a la entidad administrativa tener la certeza de que sus decisiones fueron
conocidas por la persona o las personas para quienes se emitieron dichas decisiones, conocer la
etapa en la que se encuentra determinado trámite, controlar el tiempo en que puede ser recurrida
la decisión, tener conocimiento de la ejecutoria de sus actos, legitimidad en las actuaciones que
adelanta y seguridad jurídica en las etapas siguientes que sean promovidas en cada proceso.
Es importante tener en cuenta que se debe seguir de manera irrestricta los cumplimientos de los
términos, so pena de invalidar en sede judicial el acto de notificación y con ello, la no aplicación
de los efectos jurídicos del acto administrativo que se notificó.
1.2.1. FORMAS DE NOTIFICACIÓN
CITACIÓN
PARA
NOTIFICACIÓN
PERSONAL
ARTICULO
68
C.P.A.C.A
Se debe enviar una citación dentro de los cinco días
siguientes a la expedición del acto, a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figuren en el expediente o
puedan obtenerse del registro mercantil, para que
comparezca a la diligencia de notificación personal, por tanto
se deberá indicar claramente en qué dirección debe
presentarse para la diligencia de notificación. De dicha cita
se debe dejar prueba en el expediente respectivo.

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De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 1437 de
2011, la cita por correo electrónico procede siempre y cuando el
interesado haya registrado dicho correo en la Entidad.
En caso de que se desconozca la dirección o el número de
fax de quien se notificará, la citación se publicará en la
página electrónica o en un lugar de acceso al público de la
respectiva entidad por el término de cinco días.
NOTIFICACIÓN
PERSONAL
ARTICULO
68
C.P.A.C.A
Están facultados para notificarse personalmente el
interesado, representante legal, apoderado o autorizado.
Se debe entregar una copia íntegra, auténtica y gratuita del
acto administrativo (art. 67 de la Ley 1437 de 2011)
En el formato de notificación debe anotarse la fecha, la
hora, los recursos que proceden, las autoridades ante
quienes deben interponerse y los plazos para hacerlo (art.
67 de la Ley 1437 de 2011).
En el formato deberán indicarse los recursos que proceden
y ante qué dependencia se deben interponer.
La omisión de cualquiera de los anteriores requisitos
invalidará la notificación.
Término para comparecer: 5 días posteriores a la fecha de
recibo o de publicación de la citación para notificación
personal.
NOTIFICACIÓN
POR MEDIO
ELECTRÓNICO
ARTICULO
56
C.P.A.C.A.
La Administración podrá notificar sus actos a través de
medios electrónicos, siempre que el administrado haya
aceptado este medio de notificación. Cuando se efectúan
notificaciones por medio electrónico, debe hacerse
anotación de los recursos que proceden, las autoridades ante
quienes deben interponerse y los plazos para hacerlo (art.
67 de la Ley 1437 de 2011). De lo contrario la notificación
será inválida.
La notificación quedará surtida a partir de la fecha y hora
en que el interesado acceda al acto administrativo, fecha y
hora que deberá certificar la Entidad. Teniendo en cuenta
esta disposición, se deberá pegar el acto administrativo en
el mismo mensaje electrónico. (Art. 56 de la Ley 1437 de
2011).
Si no se pudiere hacer la notificación personal al cabo de
los cinco (5) días del envío de la citación, esta se hará por
medio de aviso, el cual deberá ser remitido a la dirección o
correo electrónico que figuren en el expediente.

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NOTIFICACIÓN
POR AVISO
ARTICULO
69
C.P.A.C.A
En caso de desconocer la información sobre el destinatario,
incluye el evento en el que no se tiene certeza respecto de
la dirección y datos de contacto, Se deberá publicar el aviso,
con copia íntegra del acto administrativo, en la página
electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público
de la respectiva entidad (cartelera), por el término de cinco
días, con la advertencia de que la notificación se considerará
surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso.
En el expediente se dejará constancia de la remisión o
publicación del aviso y de la fecha en que por este medio
quedará surtida la notificación personal.
2. LÍNEA JURISPRUDENCIAL SENTENCIAS DEL CONSEJO DE ESTADO
2.1.SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION PRIMERA
Consejero ponente: JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA
Santa Fe de Bogotá D.C., primero de junio de dos mil
Radicación número: 6106
Actora: INVERSIONES CALYPSO S.A.
Mediante auto núm. 518 de 23 de octubre de 1996, la DIAN formuló cargos a la demandante por
haber presentado extemporáneamente los informes de los movimientos correspondientes a los
meses de septiembre, octubre y noviembre de 1994, efectuados a través de la cuenta corriente de
compensación núm. 92184 en el Banco Colpatria de Miami y propuso la sanción que fue
finalmente impuesta.
El pliego de cargos fue enviado mediante correo certificado a la sociedad demandante el 24 de
octubre de 1996 y fue publicado el 2 de diciembre del mismo año en el diario La República, sin
que el contribuyente tuviera conocimiento de dicho pliego de cargos.
El 3 de febrero de 1997 el Jefe de Grupo Secretaría de la División de Cambios, Subdirección de
Fiscalización de la DIAN determinó que había vencido el término para dar respuesta al pliego de
cargos.

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Mediante la resolución acusada se impuso a la sociedad actora una multa, por supuesta violación
del artículo 65 de la resolución externa núm. 21 de 1993, de la Junta Directiva del Banco de la
República.
Con el fin de notificar el contenido de la anterior resolución, el Jefe de Grupo de Notificaciones
de la DIAN envió un aviso mediante correo certificado a la antigua dirección de la sociedad
demandante y no a la actual, la cual le fue informada a la entidad demandada mediante el formato
de actualización del RUT, radicado el 26 de septiembre de 1995, bajo el núm. 016507.
El 17 de octubre de 1997 Adpostal devolvió el correo certificado, informando que el contribuyente
no residía en esa dirección, hecho respecto del cual tuvo conocimiento la DIAN el 23 de octubre
del mismo año.
Aduce la parte actora que al no haberle sido notificada la resolución demandada en la forma como
lo establecen los artículos transcritos, el acto acusado se encuentra viciado de nulidad, por
violación no solamente de las normas transcritas, sino del artículo 29 de la Carta Política.
FALLO APELADO.
En sentencia del 28 de octubre de 1999, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca denegó las
pretensiones de la demanda
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Pues bien, no obstante que esta Corporación acepta que, en efecto, la resolución acusada no le fue
notificada a la sociedad actora a la dirección que la misma consignó en el Registro Único Tributario
(RUT) que obra a folio 31 del cuaderno principal y el cual fue recibido en la DIAN el 26 de
septiembre de 1995, según consta en el sello en el mismo impuesto, como también que al no haber
podido notificar la entidad demandada la decisión controvertida personalmente, ni por correo,
debió notificarla mediante su publicación en un diario de amplia circulación nacional, tal y como
lo prevé el artículo 12 del decreto 1092 de 1996, y no por edicto, reitera su jurisprudencia en el
sentido de que la falta de notificación o la notificación irregular de la decisión adoptada por la
Administración no trae como consecuencia su nulidad, sino simplemente su ineficacia frente a
terceros.
Adicionalmente, la Sala advierte que la notificación irregular también trae como consecuencia que
sólo a partir de la fecha en que la parte interesada se dé por notificada de la decisión comienza a
correr el término de caducidad de la acción, fecha que para el caso lo fue el 12 de junio de 1996,
según lo afirma la sociedad actora en los hechos de la demanda, afirmación que no fue
controvertida por la entidad demandada.

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Así las cosas, no puede hablarse de violación del debido proceso por no haber podido la
demandante interponer los recursos procedentes contra la resolución núm. 1538 de 10 de octubre
de 1997, pues la notificación irregular precisamente la habilitó para acudir directamente en procura
de su nulidad ante esta jurisdicción, sin que haya siquiera intentado desvirtuar el fundamento legal
de la decisión controvertida, cual fue el haber violado el artículo 65 de la resolución externa núm.
21 de la Junta Directiva del Banco de la República, por haber presentado extemporáneamente los
informes de que trata la norma en cuestión.
F A L L A :
CONFIRMASE la sentencia apelada de fecha 28 de octubre de 1999, proferida por la Sección
Primera, Subsección B, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
2.2. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION CUARTA
Consejera ponente: MARIA INES ORTIZ BARBOSA
Bogotá, D. C. Julio diez (10) de dos mil dos (2002)
Radicación número: 76001-23-25-000-1997-5114-01(12546)
Actor: ACCIONES BURSÁTILES DELTA Y CÍA. S. C. “EN LIQUIDACIÓN”
Demandado: LA NACIÓN – SUPERINTENDENCIA DE VALORES
Referencia: Apelación sentencia de 15 de marzo de 2001 del Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, Sala de Descongestión en el contencioso de nulidad y restablecimiento contra los actos
que impusieron sanción por no enviar información. Año gravable 1994.
De otra parte, señaló que la Administración incurrió en error al efectuar la notificación del pliego
de cargos, ya que éste fue enviado a dirección que no corresponde a la de la sociedad (Calle 10
No. 4-40 oficina 511), pues la informada en las declaraciones de renta de los años gravables 1994
y 1995 es “Avenida Circunvalación N°5-167 Los Cristales”. Por lo anterior concluyó que debe
darse aplicación a lo dispuesto en el artículo 567 del E.T. y en consecuencia la resolución
sancionatoria enviada a la dirección correcta no tendría efecto alguno, puesto que la actuación
anterior no fue notificada en debida forma, circunstancia que impidió el conocimiento de la misma
por parte de la sociedad.
Explicó que de conformidad con lo establecido en el artículo 563 del E.T. los actos administrativos
deben ser notificados a la dirección informada y que en el caso con la presentación de las dos
últimas declaraciones de renta (1994 y 1995) se informó que la dirección de la sociedad era la
Avenida Circunvalación N° 5 – 167 Los Cristales, (Cali – Valle), es decir, con una antelación de
1 año, 1 mes y 12 días a la fecha en que se profirió el pliego de cargos el cual fue remitido a la
“Calle 10 N°4-40, Of. 511”. Destacó que el error en la notificación impidió a la actora conocer
los cargos formulados y por ende presentar los descargos pertinentes. Resaltó que a la dirección
informada en las citadas declaraciones la demandada envió las comunicaciones al Agente Especial

15
de la Superintendencia de Valores a fin de efectuar la notificación personal de la resolución
sancionatoria y de la que resolvió el recurso gubernativo.
La Oposición
La apoderada de la demandada al contestar la demanda transcribió la parte motiva de la Resolución
N°000115 de 28 de mayo de 1997 mediante la cual se decidió el recurso de reconsideración
interpuesto por la sociedad actora.
En esa oportunidad en la parte considerativa del acto se hizo un recuento de la actuación surtida y
luego se explicó que dio cumplimiento a lo previsto en el artículo 563 del Estatuto Tributario toda
vez que al haber sido devuelto por el correo el pliego de cargos se procedió a publicarlo en el
Diario Occidente el 18 de agosto de 1998, por tanto no se configuró la nulidad alegada. Igualmente
indicó que la sanción impuesta es procedente por cuanto el contribuyente no desvirtuó ninguno de
los argumentos consignados en la resolución sanción y además porque la información fue
subsanada fuera del término establecido por la norma.
La Sentencia Apelada
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala de Descongestión mediante la sentencia
apelada accedió a las súplicas de la demanda.
Estimó el a quo que asiste razón a la parte demandante cuando afirma que en el caso existió una
indebida notificación del pliego de cargos lo que conduce a que la actuación posterior esté viciada
de nulidad. Indicó que la actora informó a la demandada en las dos últimas declaraciones de renta
(1994 y 1995) la nueva dirección (Avenida Circunvalación N°5-167 Los Cristales) como se
corrobora con las copias aportadas al expediente.
Precisó que si bien la sociedad manifestó que la comunicación fue enviada a la dirección anterior
Calle 10 N°4-40 oficina 511, tal afirmación no es cierta, pues a folio 42 vuelto del ‘cuaderno de
pruebas’ se observa “el sobre y matasellos del correo por medio del cual se hizo llegar la
comunicación”, enviado el 25 de julio de 1996 a la ‘Avda. Circunvalación N° 5-67’; de lo cual
dedujo que la Administración procuró notificar a la dirección correcta (la última suministrada por
el contribuyente) pero que “quien elaboró el sobre” cometió el error de colocar el número 5-67
y no 5-167, lo que produjo que el mismo fuera enviado a una dirección que ‘no existe’ como se
dejó constancia en el sello de devolución del correo.
Señaló que la demandada incurrió en error de interpretación del artículo 568 del E.T. en el que se
prevé que cuando las actuaciones de la Administración notificadas por correo hayan sido devueltas
‘por cualquier razón’ serán notificadas mediante aviso en un periódico de amplia circulación.

16
Explicó que dicha norma debe entenderse en el sentido de que la comunicación haya sido devuelta
‘por cualquier razón’ pero cuando fue enviada a la dirección correcta registrada para notificaciones
por el contribuyente y no a una diferente, como sucedió en el caso.
Destacó que la dirección a la que fue enviado el pliego de cargos corresponde a la registrada en la
Cámara de Comercio, razón por la cual concluyó que en el caso, no hubo indebida o errada
notificación del mismo, pues a cualquiera de las dos direcciones podía enviarse válidamente.
Consideraciones De La Sala
En el caso se controvierte la legalidad de los actos administrativos a través de los cuales se impuso
a la sociedad actora, sanción por no suministrar información en medios magnéticos, prevista en el
artículo 651 del Estatuto Tributario.
El Tribunal anuló los actos administrativos demandados por indebida notificación del pliego de
cargos.
La Administración sostiene en el recurso de apelación que no se configuró la nulidad planteada,
pues actuó de conformidad con lo previsto en el artículo 563 del Estatuto Tributario, ya que una
vez fue devuelto por el correo el pliego de cargos procedió a notificarlo mediante publicación en
el Diario Occidente el 18 de agosto de 1996; además argumentó que la dirección a la que fue
enviado es la registrada en la Cámara de Comercio de Cali, por lo tanto podía válidamente enviarlo
a esta dirección.
F A L L A :
Confirmase la sentencia de 15 de marzo de 2001, objeto de apelación.
Consejera ponente: LIGIA LOPEZ DIAZ
Bogotá, D.C., doce (12) de septiembre de dos mil dos (2002)
Actor: DIANA MILENA SERRANO MARIACA
Demandado: POLICIA NACIONAL
Decide la Sala la impugnación interpuesta por la parte demandada contra la sentencia del 23 de
julio de 2002 mediante la cual la Subsección “A” de la Sección Primera del Tribunal

17
Administrativo de Cundinamarca CONCEDIÓ la tutela del derecho fundamental al debido proceso
del señor OSCAR ALBEY GOMEZ VANEGAS, en contra de LA POLICIA NACIONAL
La señora Diana Milena Serrano Mariaca, actuando en nombre de su esposo, instauró acción de
tutela para que por los trámites del Decreto 2591 de 1991, se disponga el amparo de su derecho
fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la Policía Nacional, al retirarlo de su
cargo sin cumplir con los requisitos de la notificación.
La Providencia Impugnada
La Subsección “A”de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante
Sentencia del veintitrés (23) de Julio de dos mil dos (2002), CONCEDIÓ el amparo solicitado.
Señaló el a quo que se configuró una violación al Debido proceso y a la Dignidad humana, por
cuanto se pretendió notificar al afectado a sabiendas de la enfermedad mental que padecía y sin
que se hubiere acreditado un curador.
Indicó que no correspondía a esta clase de funcionarios decidir quien es el representante legal de
una persona y menos cuando esta padece de una enfermedad mental, toda vez que ésta es una
función que le corresponde únicamente al juez.
Por último manifestó que debía iniciarse el trámite para constituir un curador al agente afectado.
Consideraciones de la Sala
Se trata de determinar si la Resolución 04044 del 13 de noviembre de 2001, que retiró del servicio
activo de la Policía Nacional al agente Oscar Albey Gómez Vanegas, fue notificada de
conformidad con el debido proceso.
Es claro como lo afirma el a quo, que están legitimados para notificarse de los actos del Estado las
personas plenamente capaces de entender el significado de la decisión administrativa, así las
personas naturales lo harán por si mismas o por medio de su representante legal.
Sin embargo, la Sala observa que la accionada notificó al afectado por medio de su madre, la cual
no estaba facultada para ostentar la calidad de representante legal, dejando de lado la posibilidad
de que el interesado pudiera entender en toda su extensión el contenido de la notificación.
Considera la Sala que efectivamente al accionante se le está vulnerando el derecho fundamental
del debido proceso, al notificarlo por medio de una representante legal impuesta de forma
unilateral y arbitraria por parte de la accionada.
F A L L A
1. CONFÍRMASE la providencia impugnada, por las razones expuestas en la parte
considerativa.

18
2.4. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN QUINTA
Consejero ponente: FILEMÓN JIMÉNEZ OCHOA
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de junio de dos mil cuatro (2004)
Radicación número: 11001-03-15-000-2004-0462-01(AC)
Actor: EUGENIA AGUILAR RUEDA
Demandado: PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Mediante auto del 22 de febrero de 1999, el Procurador General de la Nación creó una Comisión
Especial, con la finalidad de instruir y fallar en primera instancia una investigación por presuntas
irregularidades, contra varios funcionarios del INPEC, entre ellos la actora.
Mediante auto de 26 de febrero de 1999, la mencionada Comisión, ordenó abrir investigación
preliminar, sin resolver sobre la práctica de pruebas solicitada por la actora al rendir versión libre
dentro de la investigación, radicada bajo el número 009-2865/99.
El 8 de julio de 1999, la Comisión Especial, abrió investigación disciplinaria formal contra la
accionante, por presunta conducta irregular en la suscripción de algunos contratos de prestación
de servicios y, que no se resolvió sobre la solicitud de nulidad (invocada por la disciplinada) del
auto de cargos.
Que le otorgó poder a la doctora Blanca María García Ramírez para que la representara dentro de
la investigación disciplinaria aludida, apoderamiento que en sentir de la actora, se desestimó sin
razón legal aparente, por cuanto a la doctora García Ramírez no se le notificó ninguna actuación
dentro del proceso, ni le fue notificado en debida forma el fallo de 2 de febrero de 2004, por parte
de la Sustanciadora del Despacho del señor Procurador General, de la Oficina de Asesores en
Contratación Estatal, bajo el argumento de que no tenía poder para actuar y no había sido
reconocida su personería, lo que le impidió ejercer el derecho de contradicción e interponer los
recursos de ley; no obstante existir a folio 154 la diligencia de presentación personal del poder al
igual que el auto 00995 del 31 de mayo de 2000 proferido por el Presidente de la Comisión Especial
Disciplinaria, en el que se le reconoce personería jurídica a la doctora Blanca María García
Ramírez.
Al desconocerse el ejercicio profesional de la apoderada se presentó una flagrante violación al
Derecho de Defensa y el Debido Proceso, ya que tampoco pudo ejercer el derecho de
Contradicción al no haberse notificado sobre las diligencias procesales realizadas, ni de las
decisiones adoptadas por el despacho del señor Procurador General de la Nación, como tampoco
de los traslados de la investigación: primero a la delegada de la Moralidad Pública, después a la
Unidad Coordinadora y de allí a la Dirección General de Investigaciones Especiales, más adelante
a la Comisión Especial que se creó en el año de 1999 y para finalmente asumir éste proceso el
Procurador General de la Nación en única instancia.

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Contestación de la Demanda
Que respecto a las actuaciones de la Procuraduría General de la Nación, el hecho de que esos
procesos tengan solamente una instancia no lesiona los artículos 29 y 31 de la C.P., pues el
Procurador General de la Nación es el máximo y supremo director del ministerio público, la
accionante no cuenta con otra instancia superior para recurrir y contra éstos fallos, proceden las
acciones contenciosas administrativas pertinentes. “la finalidad de la acción de tutela no es atacar
providencias judiciales o emitidas por las entidades de control del Estado, sino proteger derechos
fundamentales de las personas, siempre y cuando se presenten vías de hecho, las que en este evento
no afloran…” (fl. 28) considera la accionada que en el caso sub judice se configura una causal de
improcedencia, por cuanto la actora contaba con otros medios para ejercer sus derechos y no los
ha utilizado o lo ha hecho en forma indebida.
El Fallo De Primera Instancia
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, no advierte causales
configurantes de Vía de hecho dentro del proceso disciplinario adelantado por la Procuraduría
General de la Nación en contra de la actora, por lo que negó la solicitud de tutela presentada.
Encontrándose reconocida la doctora García Ramírez como apoderada de la actora, no solamente
debía habérsele notificado en la forma establecida en la norma aplicable las decisiones notificables,
sino de manera especial, siguiendo el estatuto disciplinario vigente el fallo de 2 de febrero de 2004.
Para la Sala aparece evidente la necesidad de garantizar a la disciplinada, señora Rueda Aguilar su
derecho de defensa y con el, su derecho al debido proceso, para lo cual se dispondrá que por la
Procuraduría General de la Nación, a través del funcionario encargado de efectuar las
notificaciones de los fallos disciplinarios se proceda a notificar a la apoderada de la actora el fallo
de 2 de febrero de 2004, observando para todo el procedimiento establecido en los artículos 85 y
88 de la Ley 200 de 1995.
En el presente caso, el fallo proferido dentro de la investigación disciplinaria en contra de la
accionante, de fecha 2 de febrero/2004, se notificó por Edicto, según constancia secretarial de 18
de febrero de 2004, cuando debía haberse notificado personalmente (Notificación principal) a la
apoderada de la accionante, según lo referido en líneas anteriores, toda vez que con esta finalidad
procesal fue que la actora otorgó el citado poder, por lo cual es clara la configuración de una
violación a los derechos ya mencionados.

20
Al respecto la Corte Constitucional Estimó:
"Además, si del principio de igualdad se trata, la exigencia de esta clase de notificaciones para
ciertas personas, en lugar de quebrantarlo, lo realiza y afianza. En efecto, desde ese punto de vista,
la notificación se concibe como forma de protección a favor de quienes, siendo partes o interesados
en el proceso, se encuentran en una situación de desventaja, por su imposibilidad o dificultad de
acceso al conocimiento de decisiones judiciales que los puedan afectar, pudiendo en consecuencia,
ver desconocido su derecho de defensa. Tal es el caso del demandado en cuanto al auto que
confiere traslado de la demanda, pues de no mediar la necesaria notificación personal del mismo,
muy seguramente se iniciaría el proceso a sus espaldas ante la ausencia de medios con mayor
aptitud para garantizar que conoce de su existencia..." (Sentencia C-472/92, M.P. José Gregorio
Hernández Galindo). (Subrayas y negrillas fuera de texto).
Acorde con los anteriores criterios, la norma que ocupa la atención de la Corte, como se dijo, en
su primer inciso (no acusado) reconoce el derecho de contradicción y controversia que le asiste
al funcionario investigado desde la etapa de la indagación preliminar, cuando dispone: El
investigado tendrá derecho a conocer las diligencias tanto en la indagación preliminar como en
la investigación disciplinaria para controvertir las pruebas que se alleguen en su contra y solicitar
la práctica de pruebas. Para dar a conocer las referidas diligencias, se dispone en seguida su
"comunicación" al interesado.”. - Sentencia C-555/01
Por lo anteriormente expuesto, observando esta Sala indebida notificación a la parte accionante,
del fallo del 2 de febrero de 2004 proferido por la Procuraduría General de la Nación y en razón
del respeto que le asiste al Derecho Constitucional Fundamental del Debido Proceso, el cual ya ha
sido reconocido por la comunidad internacional, contemplado en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, en el Pacto Internacional sobre derechos sociales y políticos, y en la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, Convenios multilaterales que rigen en
Colombia por disposición del artículo 93 de la Carta Política; no se puede permitir como en el caso
sub judice, que exista alguna duda sobre la diligencia de la notificación, en contravía del mandato
constitucional prescrito por el artículo 29 de la C.P.
Asimismo, la Ley 200 de 1995 en su artículo 5º, señaló: “ART. 5. Debido proceso. Todo servidor
público o particular que ejerza transitoriamente funciones públicas deberá ser procesado conforme
a leyes sustantivas y procesales preexistentes a la falta disciplinaria que se le atribuya, ante
funcionario competente previamente establecido y observando la plenitud de las formas del
procedimiento regulado en la Constitución y en éste código, salvo que se trate de faltas
disciplinarias cometidas por miembros de la fuerza pública en razón de sus funciones, caso en el
cual se aplicará el procedimiento prescrito para ellos.”
En este caso, en que se impugna la sentencia de fecha 18 de marzo de 2004, proferida por la
Sección Cuarta, Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al advertirse la

21
vulneración de los derechos invocados por parte de la accionada, resulta clara la procedencia de la
presente acción de tutela.
F A L L A :
Se REVOCA el fallo del 18 de marzo de 2004 proferido por la Sección Cuarta, Subsección B del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por la cual se negó la acción de tutela ejercitada por
EUGENIA AGUILAR RUEDA, contra la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y en
su lugar se dispone:
Primero. AMPARAR el derecho constitucional fundamental del debido proceso y el derecho de
defensa, de la doctora Eugenia Aguilar Rueda.
Segundo. ORDENAR a la Procuraduría General de la Nación, que por intermedio del funcionario
encargado de efectuar las notificaciones de los fallos disciplinarios dictados por el señor
Procurador General, proceda, en el término de cuarenta y ocho (48) horas contado a partir de la
notificación del presente fallo, a notificar a la apoderada de la accionante, doctora Blanca María
García Ramírez el fallo de 2 de febrero de 2004 que se dictó dentro del proceso disciplinario No.
009-28065 de 1999 y en el cual se le declaró disciplinariamente responsable.
Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia remítase el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.
2.5. CORTE CONSTITUCIONAL
Referencia: expediente T-1165329
Acción de tutela instaurada por Fabio Sánchez Castro contra la Sala de Descongestión de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Magistrada ponente:
Dra. CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil cinco (2005).
El ciudadano Fabio Sánchez Castro interpuso acción de tutela contra la Sala de Descongestión de
la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por considerar vulnerados los
derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa.
Indica que la autoridad judicial demandada profirió sentencia el 29 de abril de 2004 en el proceso
de Reparación Directa número 1999-0056 del cual era parte demandante.
Señala que la notificación de tal decisión no se efectuó ya que existe un error que no permite
establecer cuáles son las fechas de fijación y desfijación del edicto. Para este efecto advierte que

22
como fecha de fijación se consignó “veintiocho 5 DE MAYO DE 2004” mientras que la desfijación
se definió como “treinta 7 DE MAYO DE 2004”.
Considera inexplicable que la Secretaría del Tribunal demandado haya intentado “subsanar el
error” dejando una “constancia aclaratoria” incluida posteriormente, el doce de mayo de 2004.
Por su parte, Patricia del Pilar Romero Angulo concluye que no hay vía de hecho pues, tal y como
se consignó en las decisiones del Tribunal, a pesar del error en el edicto, el instrumento se fijó en
lugar público durante tres días hábiles y además, dentro del término de ejecutoria, se hizo la
aclaración respectiva. Por tanto deduce, la “equivocación” no invalida la notificación ya que ella
fue “subsanada dentro del término de ejecutoria de la sentencia” cumpliendo con todos los
requisitos de forma y sustanciales. Ultima que no se configura alguno de los elementos de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, por lo que la solicitud
presentada por el señor Sánchez Castro es improcedente.
Las sentencias que se notifican mediante edicto salvo que dentro de los tres días siguientes a su
aprobación se notifiquen personalmente a cada uno de los interesados. De acuerdo a lo anterior,
como el edicto constituye el instrumento que, por excelencia, sirve para la comunicación de las
providencias, éste debe reunir, con rigurosidad y claridad, los requisitos mínimos establecidos en
la Ley en orden a aceptar que cumple con su objetivo, es decir, forjarse como verdadero
instrumento de publicidad del acto jurisdiccional.
El ciudadano Fabio Sánchez Castro advierte que la notificación correspondiente a la sentencia
proferida dentro del proceso de reparación directa 1999-0056 no se surtió debido a que en el edicto
correspondiente no se consignaron de manera clara las fechas de fijación y desfijación. Por su
parte, la autoridad demandada aceptó que existe un error mecanográfico o de digitación en el
edicto pero negó que el mismo tenga la categoría para afectar los derechos fundamentales o para
impedir que dicho instrumento cumpla con su objetivo. Para este efecto indica que las
providencias que denegaron la solicitud de reemplazar la notificación constituyen la interpretación
legítima de los presupuestos legales que rigen el edicto y que, en todo caso, el error fue subsanado
con la nota o constancia aclaratoria que añadió la secretaría dentro del término de ejecutoria de la
sentencia
Tal error de procedimiento, sin duda, tiene repercusiones sustanciales (artículo 228 superior) en la
medida en que la anormalidad no permitió el ejercicio efectivo y oportuno del derecho de defensa.
Como consecuencia de lo anterior, respecto del auto interlocutorio del 02 de septiembre de 2004,
emitido por el Magistrado Ponente de la sentencia correspondiente al proceso 1999-0056, y del
recurso de súplica decidido mediante providencia del 09 de diciembre de 2004, proferido por la
Sala de Descongestión de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, hay
que concluir que adolecen de defecto sustantivo por desconocer los requisitos legales previstos
para la notificación de las sentencias y vulnerar de manera directa de la Constitución al impedir

23
por dicha vía, la correcta notificación y la eventual apelación de la sentencia (artículo 31 de la
Constitución.
Así las cosas, esta Sala revocará las decisiones adoptadas por las Secciones Segunda y Cuarta de
la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, los días 07 de abril de 2005 y 23
de junio del mismo año respectivamente, mediante las cuales se negó la presente tutela, e
igualmente, ordenará que en el término de cuarenta y ocho ( 48 ) horas contadas a partir de la
notificación del presente fallo, la presidencia de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca disponga la notificación en debida forma (conforme a los requisitos de los
artículos 173 del Código Contencioso Administrativo y 323 del Código de Procedimiento Civil, y
los lineamientos de esta providencia) de la sentencia proferida por la Sala de Descongestión el 29
de abril de 2004 dentro del proceso de reparación directa 1999-0056 adelantado por Jorge
Humberto Morales León y Fabio Sánchez Castro (en su propio nombre y como apoderado judicial
del anterior) contra La Nación – Rama Judicial.
RESUELVE:
PRIMERO: REVOCAR las decisiones adoptadas por las Secciones Segunda y Cuarta de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, los días 07 de abril de 2005 y 23 de
junio del mismo año respectivamente, mediante las cuales se negó la presente tutela.
SEGUNDO: CONCEDER la tutela del derecho al debido proceso del señor Fabio Sánchez
Castro.
TERCERO. DEJAR SIN EFECTOS la notificación que mediante edicto se efectuó respecto de
la sentencia del 29 de abril de 2004 proferida en el proceso de reparación directa 1999-0056 por
la Sala de Descongestión, Sección Tercera, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, así
como el Auto interlocutorio del 02 de septiembre de 2004 y la providencia del 09 de diciembre de
2004 que resolvió el recurso de súplica interpuesto por el señor Fabio Sánchez Castro dentro del
proceso mencionado.
CUARTO. ORDENAR a la presidencia de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca que en el término de cuarenta y ocho ( 48 ) horas contadas a partir de la notificación
del presente fallo disponga la notificación en debida forma (conforme a los requisitos de los
artículos 173 del Código Contencioso Administrativo y 323 del Código de Procedimiento Civil, y
los lineamientos de esta providencia) de la sentencia proferida por la Sala de Descongestión, el 29
de abril de 2004 (Magistrado Ponente: Jaime Rafael de los Reyes Castro), dentro del proceso de
reparación directa 1999-0056 adelantado por Jorge Humberto Morales León y Fabio Sánchez
Castro contra La Nación – Rama Judicial.

24
QUINTO. Por Secretaría General de la Corte, COMUNÍQUESE esta decisión al Director
Nacional de Administración Judicial.
SEXTO. Por Secretaría General de la Corte, LÍBRESE la comunicación de que trata el artículo
36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Consejero ponente: JUAN ANGEL PALACIO HINCAPIE
Bogotá D. C., seis (6) de diciembre de dos mil seis (2006)
Actor: JESUS ALIRIO ALVAREZ CLARO
Demandado: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de
27 de agosto de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que desestimó
las súplicas de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho incoada contra los siguientes
actos: (i) Requerimiento especial No. 097-48 de 6 de octubre de 1998, proferido por la División
para el Control y Penalización Tributaria; (ii) Liquidación de Revisión No. 900080 de 14 de mayo
de 1999 y (iii) Auto inadmisorio del recurso de reconsideración No. 050662041000025 de 25 de
septiembre de 2001, proferidos por la División de Liquidación de la Administración de Impuestos
Nacionales de Cali, actos administrativos que determinaron el impuesto de renta y
complementarios por el año gravable de 1995.
En el caso de autos, se observa que la DIAN envió por correo los actos acusados al actor a la
dirección que se tenía en los archivos como último lugar de notificaciones, pero éstas siempre
fueron devueltas con la anotación de “destinatario desconocido”, lo cual condujo a la DIAN a
realizar por aviso tales notificaciones en periódico de circulación nacional, sin entrar a realizar
otras diligencias tendientes a lograr la notificación personal de tales actos administrativos, asunto
que como se anotó, es necesario para pasar a la excepcional notificación por aviso.
En este orden de ideas, para la Sala es claro que la Administración vulneró el derecho de defensa
del contribuyente, quien por no conocer el acto de liquidación contra su declaración privada del
impuesto de renta, año gravable de 1995, no pudo ejercer su derecho de defensa mediante la
interposición del recurso consagrado en el Estatuto Tributario.
F A L L A :
1. REVÓCASE la sentencia de 27 de agosto de 2004, proferida por el Tribunal del Valle del Cauca.
En su lugar:

25
2. DECLÁRASE IHHIBIDA para pronunciarse de fondo respecto del Requerimiento especial No.
097-48de 6 de octubre de 1998, proferido por la División para el Control y Penalización Tributaria,
por tratarse de un acto de trámite.
3. DECLÁRASE la Nulidad de la actuación administrativa contenida en los siguientes actos
administrativos: Liquidación de Revisión No. 900080 de 14 de mayo de 1999 y Auto inadmisorio
del recurso de reconsideración No. 050662041000025 de 25 de septiembre de 2001, proferidos
por la División de Liquidación de la Administración de Impuestos Nacionales de Cali, actos
administrativos que determinaron el impuesto de renta y complementarios por el año gravable de
1995.
4. A título de restablecimiento del derecho. DECLÁRASE EN FIRME la liquidación privada
presentada por el actor el 3 de julio de 1996.
2.7.SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION CUARTA
Consejero ponente: HUGO FERNANDO BASTIDAS BARCENAS
Bogotá D.C. tres (3) de diciembre de dos mil nueve (2009)
Radicación número: 66001-23-31-000-2006-00629(16763)
Actor: BURGOS INGENIERIA EMPRESA UNIPERSONAL
Demandado: U.A.E. DIAN
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del
Tribunal Administrativo de Risaralda del 29 de junio de 2007, que resolvió:
La Empresa Unipersonal Burgos Ingeniería, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento
del derecho, demandó la liquidación oficial de revisión número 160642005000019 del 30 de marzo
de 2005 y la Resolución 160772006000004 del 1 de marzo de 2006, que confirmó la anterior.
A título de restablecimiento del derecho, la demandante pidió que se declarara en firme la
declaración de renta identificada con el N°711525004136-7 del 2 de abril de 2002.
Aseguró que no es cierto que en la segunda petición la empresa demandante no hubiere
suministrado dirección para notificar la respuesta del derecho de petición, pues lo ciertos es que
las direcciones de notificación fueron “actualizadas con la presentación anual de las
declaraciones de renta y complementarios de cada año gravable
La actora también alegó que el requerimiento especial fue indebidamente notificado, pues éste fue
enviado a la carrera 8ª N° 45-51 de Pereira, cuando en la última declaración presentada el 24 de
junio de 2004 se informó que la dirección vigente era la casa 15 del Parque Industrial S.E. de la
misma ciudad.

26
Sobre la falta de notificación del requerimiento especial la DIAN expresó que dicha notificación
se efectuó por correo a la dirección informada por el contribuyente y que aparecía en el Registro
Único Tributario (carrera 8 N°. 45-51de Pereira). Que, por lo tanto, no podía alegarse una indebida
notificación por el hecho de que el demandante hubiese modificado la dirección en la corrección
a la declaración del 24 de junio de 2004, toda vez que para la época en que practicó la notificación
no se había surtido la modificación en el RUT en los medios informáticos de la DIAN.
Informó que, sin embargo, el correo fue devuelto y en cumplimiento del artículo 568 del E.T., la
notificación se surtió con publicación en el periódico Portafolio el 12 de abril de 5005 y que, por
tanto, los dos meses con los que contaba la actora para presentar el recurso de reconsideración se
contaban a partir del 13 de los mismos mes y año.
El Tribunal accedió a las súplicas de la demanda y, en consecuencia, declaró la nulidad de los actos
acusados y en firme la declaración de renta y complementarios N°711525004136-7 del 2 de abril
de 2002 presentada por la demandante, para el año gravable 2001
Con respecto a la notificación, lo primero que conviene precisar es que, de conformidad con el
artículo 563 del E.T., los actos que profiere la Administración tributaria deben notificarse a la
última dirección informada por el contribuyente, esto es, a la indicada en la última declaración o
en el formato oficial de cambio de dirección. Dicho artículo debe armonizarse con el inciso 2º del
artículo 612 ibídem, que prevé, como obligación formal, la de informar cualquier cambio de
dirección en el término de tres meses, contados a partir de que ello ocurra.
Como la notificación con la publicación en un periódico de amplia circulación nacional es
excepcional, conforme con el artículo 563 del E.T., es evidente que la Administración está en la
obligación de establecer por todos los medios necesarios, la dirección en la que puede ser ubicado
el contribuyente. Para el efecto, puede acudir a la verificación directa o utilizar guías telefónicas
y, en general, acudir a la información comercial o bancaria, que le permitan identificar la dirección
del contribuyente.
Ahora bien, las normas sobre notificación de las actuaciones de la Administración, deben
armonizarse con las normas relativas al Registro Único Tributario-RUT, pues dicho registro fue
creado como un mecanismo para identificar, ubicar y clasificar a los obligados y responsables
tributarios. Es decir, la información sobre los obligados y responsables tributarios y, en general,
toda aquella información que sobre ellos requiera la Administración, es agrupada en el sistema

27
único de información (dirección de notificación, información sobre la actividad económica,
etcétera), para facilitar no sólo la gestión de la DIAN, sino de las demás entidades del Estado que
la requieran
Cabe aclarar que en el momento en que se surtió la notificación por correo la persona que la recibió
no manifestó que no era la dirección de la Empresa Unipersonal Burgos Ingeniería y, por ende, se
entiende surtida en legal forma, no obstante que posteriormente la correspondencia haya sido
devuelta con oficio del 4 de julio de 2004 por el señor Helí Fernando Padilla, con el argumento de
que “no corresponde a la dirección de la empresa” Burgos Ingeniería E.U.
Para la Sala es evidente que la notificación se practicó en legal forma y, contrario a lo dicho por la
demandante, la devolución que hizo una persona distinta al empleado del correo no tiene la
virtualidad de anular la notificación ya practicada con la señora María Castaño y menos obligaba
a que se surtiera la notificación por aviso de que trata el artículo 568 del E.T.
F A L L A :
REVÓCASE la sentencia del 29 de junio de 2007, proferida por el Tribunal Administrativo de
Risaralda y, en su lugar, NIÉGANSE las pretensiones de la demanda.
Consejera ponente: CARMEN TERESA ORTIZ DE RODRIGUEZ
Bogotá D. C, dieciséis (16) de septiembre de dos mil diez (2010)
Actor: HERMANN TALERO CONTRERAS
Demandado: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
Argumenta el actor que la Administración Tributaria, mediante el auto de apertura del proceso de
determinación, limitó la investigación a la procedencia del descuento tributario por “generación
de empleo”, lo cual no fue atendido por la DIAN, teniendo en cuenta que cuando se resolvió que
el actor tenía derecho al descuento referido, el proceso no se terminó con auto de archivo, sino
que se profirió una liquidación oficial en la que se determinó el impuesto sobre la renta y
complementarios por el sistema de comparación patrimonial, lo cual constituye un claro abuso y
se vulnera el derecho de defensa. Afirma que la Administración aplicó indebidamente las
facultades otorgadas por el artículo 684 del Estatuto Tributario.

28
Transcribe el artículo 563 del Estatuto Tributario, del cual infiere que éste procura que ninguna
persona ignore el contenido de los actos administrativos a su cargo y que por lo tanto la forma de
notificación por publicación en un diario de amplia circulación sea excepcional.
Indica que la notificación de la Liquidación Oficial de Revisión mediante la publicación del aviso
en un diario de amplia circulación se hizo sin aplicar el referido artículo, el cual obliga a la
Administración a utilizar todos los medios y las oportunidades necesarias para que la notificación
se hiciera en debida forma
Desarrolla, el progreso que ha sufrido la notificación por correo; de lo que se concluye que dicha
notificación se entiende practicada cuando la Administración entrega al contribuyente copia del
acto administrativo en la dirección informada, trámite que no adelantó la DIAN, para notificar la
liquidación de revisión.
Reproduce los artículos 567 y 568 del mismo estatuto, manifestando que estos constituyen un
complemento de la notificación por correo y consagra el procedimiento a seguir por parte de la
Administración cuando un acto que pretende notificar se envió a una dirección errada o cuando el
acto se remitió a la dirección correcta pero no logró surtirse la notificación porque el correo
devolvió la correspondencia, caso en el cual la notificación debe surtirse por aviso.
Precisa que entendidas conjuntamente las normas expuestas, se debe concluir en cuanto al artículo
568 del Estatuto Tributario que previo a la notificación por aviso en un diario de amplia
circulación, la Administración de manera obligatoria debe agotar los medios para que el acto
administrativo sea entregado al contribuyente, responsable, agente retenedor, conforme con el
artículo 566 ibídem; por ser la forma principal de notificación.
Asevera que ninguna de las normas estudiadas se aplicó correctamente para notificar la liquidación
oficial por las siguientes razones:
 El señor Hermann Talero Contreras no recibió copia de la Liquidación Oficial de Revisión
en la dirección correspondiente.
 No se recibió ningún tipo de correspondencia proveniente de la DIAN.
 La introducción al correo de la Liquidación se hizo el 26 de mayo de 2003, es decir,
extemporáneamente.
 La publicación por aviso se hizo extemporáneamente el 13 de junio de 2003, es decir,
después de los tres (3) años consagrados por la norma como plazo máximo para el efecto,
teniendo en cuenta que la declaración privada fue presentada el 25 de mayo de 2000 y se
notificó a la apoderada del contribuyente y no a éste.

29
La Administración Tributaria en la resolución que decidió el recurso de reconsideración defiende
la legalidad de la notificación de la liquidación oficial con base en las consideraciones de la
Sentencia C-096de 2001 expedida por la Corte Constitucional a través de la cual se hizo un análisis
de constitucionalidad del artículo 566 del Estatuto Tributario proveniente del artículo 77 del
Decreto 2503 de 1987 no aplicable al caso, ya que para éste aplica lo consagrado en el artículo 5
de la Ley 788 de 2002. Manifiesta que hay también deslealtad procesal porque se interpretó la
sentencia para aplicarla no en lo decidido en su parte resolutiva sino utilizando indebidamente la
tesis de algunos apartes para hacer prevalecer la actuación.
Señala que la Administración acepta, que la notificación por correo no fue posible practicarla el
último día que quedaba para hacerlo conforme con el articulo 710 del Estatuto Tributario, por lo
que tuvo que notificarla por publicación en un diario oficial.
Sostiene que para la Dirección de Impuestos primó el hecho de haber introducido al correo la
liquidación el día 26 de mayo de 2003, aplicando una figura jurídica inexequible.
Complementa, con el contenido del contrato inter administrativo celebrado entre la DIAN y la
Administración Postal Nacional, y resalta diciendo:
“ …con relación al servicio de correo certificado con acuse de recibo y servicios complementarios
exclusivo para tramite de la notificación de la DIAN, se obliga: a entregar a los destinatarios las
notificaciones, en la dirección del domicilio señalado en el envío, en unos plazos máximos de
tiempo que deben entenderse como días hábiles y que se contarán desde el día siguiente a aquel
en que se ha recibido el envío por parte del contratista. También está obligada ADPOSTAL a
devolver a cada una de las Administraciones de origen los acuses de recibo y/o envíos en
devolución a primera hora del último día, así como una relación de los mismos, dentro de los
plazos establecidos en el Decreto 1350 de 2002. Expresamente dice el contrato que en caso del
correo que no se pueda entregar por encontrarse cerrado el domicilio se intentará una segunda
entrega al día siguiente…”.
Manifiesta que el artículo 568 se refiere a las notificaciones devueltas por correo, contando el
término para impugnar, a partir de la publicación del aviso en un diario de amplia circulación y no
a partir de la primera notificación devuelta por el correo.
Describe, las actuaciones surtidas en sede gubernativa, y concluye que los trs (3) años que tenía la
Administración para notificar la Liquidación vencían el 26 de mayo de 2003 y en esa fecha se
introdujo al correo, es decir que se notificó dentro del término legal. Afirma que al contribuyente
se le respeto el debido proceso y se le garantizó el derecho de defensa.

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Sentencia Apelada
Mediante sentencia del catorce (14) de junio de dos mil siete (2007), el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca – Sección Cuarta – Subsección “B”, declaró la nulidad de la Liquidación Oficial
No. 320642003000068 del 26 de mayo de 2003 y de la Resolución No. 624-900002 del 12 de julio
de 2004, expedidas por la Administración Local de Impuestos Nacionales Personas Naturales de
Bogota, y como restablecimiento del derecho declaró en firme la declaración de corrección
presentada el 24 de enero de 2003, por concepto del impuesto sobre la renta y complementarios
del año gravable 1999.
Advierte que con la introducción al correo de la copia de la liquidación oficial con la anotación
“CERRADO” el día 26 de mayo de 2003 y la publicación de ésta en el periódico Portafolio el 13
de junio de 2003, es conducente concluir que no se dio cumplimiento a los artículos 566 y 567 del
Estatuto Tributario, entendiendo que no se le dio publicidad al acto administrativo, al no haberlo
recibido efectivamente el actor.
Advierte que bajo esas precisiones queda desvirtuada la legalidad de la notificación de la
liquidación oficial, dándole prosperidad al cargo y en consecuencia a las pretensiones de la
demanda, por lo tanto no se estudian los demás cargos planteados.
Recurso De Apelación
La parte demandada interpone recurso de Apelación contra la providencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Cuarta – Subsección “B”, manifestando que los
argumentos utilizados por el Tribunal para desvirtuar el tema del No Agotamiento de la Vía
Gubernativa son escasos, como quiera que el único sustento radica en que debe existir identidad
en las pretensiones sometidas a consideración en la vía gubernativa y las que se someten a
consideración del juez administrativo, sin perjuicio que el actor pueda invocar nuevos o mejores
argumentos de derecho.
No fue posible efectuar la notificación dado que en ese momento la oficina del contribuyente se
encontraba cerrada y fue devuelta por la causal “cerrado” .
El artículo 568 del Estatuto Tributario señala que en el evento en que sean devueltas las
notificaciones por correo, por cualquier causa, serán notificadas por aviso en un periódico de
amplia circulación nacional y que: “la notificación se entenderá surtida para efectos de los
términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo, pero para el
contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde la publicación del aviso”.

31
En cuanto a esta notificación, se parte del supuesto de que el acto fue notificado a la dirección
correcta, pero devuelto por el correo, puesto que se distingue la razón de la devolución “cerrado”.
En este evento la notificación se entiende surtida en la fecha de publicación del acto, pero para
efectos de los términos con que cuenta la administración para proferirlo, se tiene como válida la
notificación inicialmente realizada por correo, y para el contribuyente la que corresponde a la
publicación del acto en un periódico de amplia circulación nacional.
En relación con esta última disposición, antes de su inexequibilidad parcial y de su modificación
por el artículo 5 de la Ley 788 de 2002, ha dicho la Sala que consagraba una presunción legal,
consistente en que la notificación del acto se entendía surtida en la fecha de introducción al correo,
presunción que por su naturaleza "juris tantum" podía ser desvirtuada, “si se demostraba que la
notificación realmente se produjo en una fecha diferente.” Sentencia de 13 de marzo de 2003,
expediente 13020, C.P doctora María Inés Ortiz Barbosa.
Por lo tanto, se colige que en el asunto en estudio la Administración Local de Impuestos Nacionales
Personas Naturales de Bogota notificó el acto administrativo de liquidación dentro del término que
le señalaba el artículo 710 del Estatuto Tributario y en consecuencia la notificación fue eficaz por
haberse practicado en debida forma.
F A L L A
CONFIRMÁSE la Sentencia del catorce (14) de junio de dos mil siete (2007) proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Cuarta – Subsección “B”, dentro de la acción
de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por el señor HERMANN TALERO
CONTRERAS contra la U.A.E DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
DIAN.
2.9. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION SEGUNDA
SUBSECCION A
Consejero ponente: ALFONSO VARGAS RINCON
Bogotá, D.C., veintidós (22) de noviembre de dos mil doce (2012)
Actor: SANDRA YOLIMA PORRAS DUEÑAS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE
La División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas
Nacionales de Yopal fue la entidad estatal que le adelantó el proceso sancionatorio, pese a que la

32
actora no estaba obligada a declarar renta puesto que sus ingresos no eran superiores a
$89.183.000. No obstante la DIAN dio inicio al proceso sancionatorio por haber establecido que
sus ingresos para el año 2006 fueron superiores a $222.315.223, y en consecuencia estaba obligado
a presentar declaración de renta.
Las empresas que reportaron ingresos fueron la Unión Temporal Regalías del Casanare, Unión
Temporal Interventorias 2005, Unión Temporal Medida del Valle del Cauca y Estación Acuícola
del Casanare.
La demandante no tuvo ningún tipo de vínculo con la Empresa Médica Valle del Cauca y con la
Empresa Estación Acuícola del Casanare, continuó la labor que estaba a cargo de su esposo, quien
falleció el 18 de marzo de 2006.
La Providencia Impugnada
El Tribunal Administrativo del Casanare rechazó por improcedente las pretensiones de la tutela
promovida por la señora Sandra Yolima Porras Dueñas en contra de la DIAN.
Lo anterior en consideración a esta demostrado que a la demandante le fue notificado mediante
emplazamiento de la obligación de declarar mediante remisión de correo a la dirección vigente y
reportada en RUTT, ante la respuesta de la empresa de correos donde indica que la dirección es
incorrecta, se surtió la respectiva publicación en un diario de circulación nacional.
Se concluye que cuando las actuaciones de la administración tributaria que deban ser notificadas
al contribuyente, sean devueltas por el servicio de correo, sin importar la razón debe notificarse
mediante aviso en un periódico nacional o regional del lugar correspondiente a la última dirección
informada en el RUT.
Se concluye que cuando las actuaciones de la administración tributaria que deban ser notificadas
al contribuyente, sean devueltas por el servicio de correo, sin importar la razón debe notificarse
mediante aviso en un periódico nacional o regional del lugar correspondiente a la última dirección
informada en el RUT.
En el asunto bajo estudio pese a que la Administración tenía conocimiento de que la dirección
registrada en el RUT (Calle 17ª No. 35-43 en Yopal) estaba errada desde el auto de apertura de
investigación de fecha 17 de julio de 2009, insistió en el envió de las comunicaciones al mismo
lugar, sin dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 568 del Estatuto Tributario que ordena

33
en caso de devolución de las actuaciones enviadas por correo, la notificación mediante aviso en un
periódico de circulación nacional.
F A L L A:
REVÓCASE el fallo de 18 de octubre de 2012, proferido por el Tribunal Administrativo del
Casanare, mediante el cual se rechazó por improcedente la acción de tutela. En su lugar se dispone:
DECRÉTASE el amparo del derecho fundamental al debido proceso. Para el efecto, se dispone:
DEJAR SIN EFECTO las actuaciones administrativas surtidas dentro de la investigación
adelantada por la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Yopal (Casanare), contra la
señora Sandra Yolima Porras Dueñas, No. De expediente IO 2006 2009 000465, a partir de la
notificación de la Resolución No. 442412010000126 de 13 de octubre de 2010 inclusive.
ORDÉNASE a la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Yopal que en el término de las
48 horas siguientes a la notificación de esta providencia, proceda a enviar comunicación
correspondiente para efectos de notificar el contenido de la Resolución No. 442412010000126 de
13 de octubre de 2010 en los términos del artículo 515 del Estatuto Tributario, a la señora Yolima
Porras Dueñas a la última dirección que ella haya suministrado a la Entidad, concediéndole el
término para interponer el recurso de reconsideración de conformidad con el artículo 720 del
Estatuto Tributario.
Consejero ponente: CARMEN TERESA ORTIZ DE RODRIGUEZ (E)
Bogotá D. C., treinta (30) de mayo de dos mil trece (2013)
Actor: CONSTRUCTORA KARTIER 82 LIMITADA
Demandado: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN
Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 19 de
agosto de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que declaró la nulidad de
los actos demandados. La sentencia dispuso:
“1. Declárase la nulidad de la Resolución Liquidación Oficial de Revisión No. 020642001000020
del 1º de marzo de 2001, expedida por el Jefe de la División de Liquidación de la U.A.E. DIAN y
Resolución Recurso de Reconsideración No.020662001000005 del 23 de agostode 2001, expedida
por el Jefe de la División Jurídica Tributaria de la U.A.E. DIAN confirmatoria de la anterior. En

34
consecuencia, se declara en firme la declaración privada de renta y complementarios, por el año
gravable de 1997, presentada el 8 de mayo de 1998 por la sociedad demandante Constructora
Kartier 82 Limitada, sin que esté obligada a pagar la sanción que le fue impuesta en los citados
actos acusados.
2. Niéganse las demás súplicas de la demanda.
3. Abstiénese de condenar en costas a la entidad demandada.
4. Comuníquese esta decisión a la entidad demandada para los fines indicados en el artículo 176
del Código Contencioso Administrativo.
Contestación De La Demanda
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 563 del Estatuto Tributario, la dirección donde
deben notificarse los actos administrativos y la forma oficial como el contribuyente debe informar
a la Administración esa dirección, es en la última declaración de renta y en el formato oficial de
cambio de dirección.
El artículo 565 del Estatuto Tributario establece que los requerimientos y los autos que ordenen
inspecciones tributarias y demás actuaciones administrativas, deben notificarse por correo o
personalmente.
De conformidad con el artículo 566 ibídem, la notificación por correo se practicará mediante el
envío de una copia del acto correspondiente a la dirección informada por el contribuyente, y se
entenderá surtida en la fecha de introducción al correo –
En el año 1998 se inició el trámite de liquidación de la sociedad y, por tal motivo, el contribuyente
solicitó un paz y salvo a la División de Cobranzas de la DIAN. En esa comunicación, indicó que
la respuesta debía ser remitida a la Carrera 53 No. 75 – 138 Local 201, pero dicha dirección fue
comunicada para efectos de dar respuesta a la referida solicitud y no dentro del proceso de
determinación y discusión del impuesto de renta del año de 1997.
Dicho oficio no puede ser tomado como un cambio oficial de dirección, toda vez que en las
declaraciones de renta se registró nuevamente la Carrera 43 B No. 85 – 90, como la dirección del
contribuyente. Además, la sociedad no cumplió lo previsto en el artículo 612 del Estatuto
Tributario, en tanto no utilizó los formatos especiales diseñados por la DIAN para cambio de
dirección.
El Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante providencia del 19 de agosto de 2010, declaró
la nulidad de los actos demandados, con fundamento en las siguientes consideraciones:

35
Está demostrado en el expediente que la sociedad cambió su dirección comercial, mediante el
escrito presentado ante la DIAN el 17 de noviembre de 1998.
También está probado que la demandada le envió el Oficio No. 1354 del 7 de diciembre de 1998
a la última dirección suministrada por la sociedad. Por consiguiente, la Administración tenía
conocimiento de la nueva sede del contribuyente para recibir notificaciones.
Sin embargo, la Administración notificó los actos administrativos anteriores a la liquidación oficial
de revisión, y practicó las inspecciones contable y tributaria, en una dirección en la que ya no se
hallaba ubicada la constructora.
Al respecto, es importante precisar que la notificación de los actos administrativos, como medio a
través del cual el administrado conoce las decisiones que lo afectan y puede oponerse a las mismas,
es un elemento esencial del derecho fundamental al debido proceso. Así, mientras los actos no se
notifiquen, no producen efecto ni son oponibles a los destinatarios12.
Para efectos de determinar la legalidad de las mencionadas notificaciones, se analizarán las normas
que se encontraban vigentes en la época de los hechos:
El artículo 565 del Estatuto Tributario establece que los requerimientos y los autos que ordenen
inspecciones tributarias y demás actuaciones administrativas, deben notificarse por correo o
personalmente.
De conformidad con el artículo 566 ibídem, la notificación por correo se practicará mediante el
envío de una copia del acto correspondiente a la dirección informada por el contribuyente, y se
entenderá surtida en la fecha de introducción al correo13.
En relación con esta disposición, antes de su inexequibilidad parcial y de su modificación por el
artículo 5º de la Ley 788 de 2002, ha dicho la Sala que consagraba una presunción legal, consistente
en que la notificación del acto se entendía surtida en la fecha de introducción al correo, presunción
que por su naturaleza “juris tantum” podía ser desvirtuada, si se demostraba que la notificación
realmente se produjo en una fecha diferente14.
12 Artículo 48 del Código Contencioso Administrativo
13 La parte en cursiva fuedeclarada inexequiblepor la Corte Constitucional mediantesentencia C-096 del 31 de
febrero de 2001, M.P. Dr. Álvaro Tafur Galvis.
14 Sentencia del 13 de marzo de 2003,C.P. Dra. María Inés OrtizBarbosa,expediente No. 13020.

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Así mismo, la Sala ha señalado que la referida presunción es desvirtuable por el hecho de enviarse
el correo a una dirección no informada por el contribuyente, no obstante que el correo no haya sido
devuelto15.
Respecto a la dirección en donde deben realizarse las notificaciones, el artículo 563 del Estatuto
Tributario, dispone que la Administración la debe realizar en la informada por el contribuyente,
(i) en su última declaración de renta, o (ii) mediante formato oficial de cambio de dirección.
En todo caso la antigua dirección continuará siendo válida durante los tres meses siguientes al
cambio, sin perjuicio de la validez de la nueva dirección informada.
La anterior disposición se debe interpretar en concordancia con lo dispuesto en el artículo 564
ibídem, en el sentido de que si durante el proceso de determinación y discusión del tributo, el
contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, señala expresamente una dirección
para que se le notifiquen los actos correspondientes, la Administración deberá hacerlo a dicha
dirección.
Así las cosas, la regla general es que los actos de la Administración se notifiquen a la última
dirección informada por el contribuyente en la última declaración de renta, o en el formato oficial
de cambio de dirección, excepto cuando dentro del proceso de determinación y discusión del
impuesto, señale expresamente una dirección para que se le notifiquen los actos
correspondientes16.
No es procedente que el contribuyente pretenda beneficiarse de su propia culpa bajo el argumento
de una notificación irregular, cuando está probado que incumplió su obligación de informar y
mantener actualizada la dirección para notificaciones, a través del procedimiento señalado en las
normas tributarias.
Si bien la notificación del requerimiento especial, que fue remitida a la dirección informada por el
actor fue devuelta por el correo, esto no conlleva que la Administración deba establecer una nueva
dirección para hacerlo, mediante la constatación directa, guías telefónicas, directorios, o la
información bancaria o comercial, puesto que este procedimiento solo está previsto en aquellos
casos en que el contribuyente no informa la dirección en que debe ser ubicado, y no en casos como
15 Sentencias del 26 de enero de 2006,C.P. Dr. Juan Ángel Palacio Hincapié,expediente No. 14391, y del 10 de
septiembre de 1999,C.P. Dr. Daniel ManriqueGuzmán, expediente No. 9504.
16 Es importante precisar que para la época de los hechos no se encontraba vigente la Ley 863 de 2003
(publicada en el Diario Oficial No.45.415 de 29 de diciembre de 2003), que mediante el artículo 19, adicionó
el 555-2 en el Estatuto Tributario, que establece que el RUT constituye el mecanismo único para identificar,
ubicar y clasificar las personas y entidades que tengan la calidad de contribuyentes declarantes del
impuesto de renta y no contribuyentes declarantes de ingresos y patrimonio.

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el que nos ocupa, en que la notificación fue enviada a la dirección reportada por el mismo
demandante en la última declaración tributaria.
Así las cosas, que el contribuyente no hubiere asistido a las diligencias y, por ende, no hubiere
exhibido los libros de contabilidad, no es responsabilidad de la Administración; por el contrario,
está demostrado que esta última adelantó los procedimientos dispuestos en la ley para notificar al
contribuyente de la práctica de las inspecciones.
Para la Sala no es procedente el argumento expuesto por el demandante según el cual la inspección
tributaria no cumple con las formalidades señaladas en el artículo 779 del Estatuto Tributario, toda
vez que el auto que la ordenó fue notificado por correo a la dirección informada por el
contribuyente. En ese auto se indicó que los hechos materia de la prueba consistían en verificar la
exactitud de la declaración de renta del año gravable 1997, y se mencionaron los nombres de los
funcionarios comisionados para practicarla. Así mismo, el acta de la diligencia contiene los
hechos, pruebas, y fundamentos en que se sustenta, y la fecha de cierre de la investigación y fue
suscrita por los funcionarios que la adelantaron. En ese sentido, es claro que tanto el auto como el
acta de la inspección tributaria observaron lo dispuesto en el artículo 779 ibídem.
No resulta aceptable la afirmación de que la DIAN debió decretar nuevamente, de oficio, la
práctica de la inspección contable, toda vez que al hacerlo se cumplieron las formalidades
dispuestas en la ley, y el hecho de que el contribuyente no haya asistido, ni presentado los libros
de contabilidad, cuando la Administración lo exigió, originó la imposición de la sanción prevista
en los artículos 654 y 781 del Estatuto Tributario.
En el presente caso, la División de Fiscalización Tributaria profirió el 6 de abril de 2000 los Autos
de Inspección Tributaria No. 020632000000092 y de Inspección Contable No. 020632000000050,
que fueron notificados por correo a la dirección Carrera 43 B No. 85 – 90 de la ciudad de
Barranquilla, según planilla No. 389 del 12 de abril del 2000. En desarrollo de estas inspecciones,
los funcionarios comisionados levantaron las respectivas actas en las que constan que en repetidas
ocasiones se tocó la reja del inmueble ubicado en la dirección Carrera 43 B No. 85 – 90 y no se
obtuvo respuesta. Que luego, con la colaboración de los agentes de la Policía “Tete y Machado”,
asignados al CAI de la jurisdicción, se insistió nuevamente, sin obtener respuesta.
Conforme con lo expuesto en el cargo anterior, se encuentra que el hecho de que los funcionarios
de la DIAN no hubieren localizado al contribuyente en la mencionada dirección, solo es imputable
a la sociedad, por cuanto no informó a la Administración el supuesto cambio de dirección
utilizando los medios dispuestos para el efecto en las normas tributarias.
Así las cosas, que el contribuyente no hubiere asistido a las diligencias y, por ende, no hubiere
exhibido los libros de contabilidad, no es responsabilidad de la Administración; por el contrario,
está demostrado que esta última adelantó los procedimientos dispuestos en la ley para notificar al
contribuyente de la práctica de las inspecciones.

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F A L L A :
1. REVÓCASE la sentencia del 19 de agosto de 2010 del Tribunal Administrativo del Atlántico.
En su lugar:
DENIÉGANSE las súplicas de la demanda.
2.11. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION SEGUNDA
SUBSECCION B
Consejero ponente: GERARDO ARENAS MONSALVE
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de noviembre de dos mil catorce (2014)
Del debido proceso, el derecho de defensa y, la notificación de actuaciones judiciales por vía
electrónica.
La notificación de los actos procesales es un elemento imprescindible del debido proceso,
solamente el conocimiento de las decisiones que afectan a una persona le permite actuar respecto
de ellas, esto es, defenderse. La notificación es una expresión del carácter público del proceso para
aquel, cuya situación se está definiendo dentro del mismo. Sobre la trascendencia del principio de
publicidad en el debido proceso la Corte Constitucional ha sostenido:
“(…) Uno de los contenidos del derecho fundamental al debido proceso es el principio de
publicidad. Éste, en el caso colombiano, ha sido expresamente consagrado por el constituyente al
indicar que todo el que sea sindicado tiene derecho “a un debido proceso público sin dilaciones
injustificadas”. Además, el principio de publicidad mereció tanta atención del constituyente, que
fue consagrado por él como uno de los presupuestos de la democracia participativa colombiana
(Artículo 2º) y como uno de los principios de la administración pública (Artículo 209.)”1.
Ha explicado la Corte que este principio comporta el conocimiento de las actuaciones estatales
para el directamente interesado. Un supuesto imprescindible para el logro de lo dicho es la
notificación. Ha expuesto la Corporación en el fallo inmediatamente citado:
“(…) el principio de publicidad se realiza a través de las notificaciones como actos de
comunicación procesal; es decir, del derecho a ser informado de las actuaciones judiciales o
administrativas que conduzcan a la creación, modificación o extinción de una situación jurídica
o a la imposición de una sanción”

39
Ha precisado la Corte que en el propósito de asegurar la defensa de los administrados juegan un
papel preponderante varias garantías, tales son:
“(…)a: (i)ser oído durante toda la actuación, (ii) a la notificación oportuna y de conformidad con
la ley, (iii) a que la actuación se surta sin dilaciones injustificadas, (iv) a que se permita la
participación en la actuación desde su inicio hasta su culminación, (v) a que la actuación se
adelante por autoridad competente y con el pleno respeto de las formas propias previstas en el
ordenamiento jurídico, (vi) a gozar de la presunción de inocencia, (vii) al ejercicio del derecho
de defensa y contradicción, (viii) a solicitar, aportar y controvertir pruebas, y (ix) a impugnar las
decisiones y a promover la nulidad de aquellas obtenidas con violación del debido proceso”2.
(Subrayado fuera de texto)
Se constata pues, el carácter inescindible de la notificación como acto que brinda al afectado el
conocimiento de las actuaciones que cursan en su contra y, consecuentemente le permiten
considerar las formas de defenderse.
Establecido lo anterior, es oportuno estudiar la notificación por vía electrónica. Al respecto el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011)
con relación a la comunicación de actuaciones administrativas en su artículo 56 establece que “Las
autoridades podrán notificar sus actos a través de medios electrónicos, siempre que el administrado
haya aceptado este medio de notificación. Sin embargo, durante el desarrollo de la actuación el
interesado podrá solicitar a la autoridad que las notificaciones sucesivas no se realicen por medios
electrónicos, sino de conformidad con los otros medios previstos en el Capítulo Quinto del presente
Título. La notificación quedará surtida a partir de la fecha y hora en que el administrado acceda al
acto administrativo, fecha y hora que deberá certificar la administración”.
Problema jurídico: Corresponde a la Sala establecer si el Juzgado Once Administrativo de
Bucaramanga al notificar la sentencia de 21 de mayo de 2014 proferida dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por la señora Dory Mayorga Rodríguez contra
el Municipio de Bucaramanga, incurrió en un defecto procedimental que haga procedente el
amparo de tutela.
Análisis del caso en concreto: Al analizar el escrito de tutela se advierte que las razones que
invoca la apoderada de la señora Carmen Cecilia Simijaca Agudelo, para lograr la protección de
los derechos al debido proceso, defensa, contradicción y acceso a la administración de justicia,
giran en torno a la notificación que se realizó de la sentencia de 21 de mayo de 2014 por parte del
Juzgado Once Administrativo de Bucaramanga, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho Nº 2013-00188 que promovió la señora Dory Mayorga Rodríguez contra el Municipio
de Bucaramanga. Lo anterior, por cuanto considera que el juzgado accionado no le notificó en
debida forma la referida providencia, al enviar la comunicación que le notificaba la decisión
adoptada por el despacho judicial, al correo alcaldíabasteros@gmail.com, siendo que en la
contestación de la demanda solicitó que le notificaran todas las actuaciones judiciales al buzón

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