CURSO DERECHO INFORMATICO

2. El ejercicio de derechos humanos ha encontrado nuevas
manifestaciones a través de las tecnologías de información y
comunicación, lo que implica que también la limitación a ese ejercicio
requerirá de una tutela nacional y, eventualmente, internacional,
como la facilitada por el Sistema Interamericano de Derechos
Humanos. Este último ha sido un importante apoyo en la defensa de
derechos fundamentales, tales como la libertad de expresión, la
protección contra la discriminación o la conservación de un medio
ambiente libre de contaminación, entre muchos otros. Por esta razón
se hace necesario determinar y conocer las posibles rutas para
acceder a la tutela efectiva de estos derechos también en el sistema
internacional.

3. Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones
legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el
derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios,
profesionales y creadores de internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto,
y declaramos que:

4. Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos,
como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la
libertad de expresión.
La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder
judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20 de la
Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-,
la potestad de impedir a los ciudadanos el acceso a cualquier página web.
La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de
los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas,
introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet
y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de
contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino
de multitud de fuentes diferentes.
Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas,
modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una
industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista.

5. Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles
y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas
como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden
perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red, en España ante cualquier presión que
pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la
sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo
consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos
que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.

6. Según dan cuenta los expertos, la semana
pasada se produjeron restricciones en los
servicios de Internet en Venezuela, Corea del
Norte y el Líbano . Mientras los gobiernos se
defienden señalando que son acciones
necesarias para protegerse de ataques externos;
la sociedad civil las rechaza señalando que se
trata de actos de censura y propone que el
acceso a Internet sea regulado como un derecho
humano.
Estos recientes pronunciamientos resaltan el
papel de Internet en la reducción de brechas
sociales y en el desarrollo humano en general
por lo que concluyen que debería promoverse el
acceso universal para otorgar mejores
oportunidades de vida a todos los seres
humanos.
Al respecto, el año pasado la Organización de las
Naciones Unidas emitió un pronunciamiento en
donde básicamente señala que los mismos derechos
humanos de que gozamos en el mundo offline
deberían ser aplicables en el mundo online. En ese
sentido, propone que los estados garanticen dentro
de Internet el disfrute efectivo del derecho a la
libertad de expresión así como el respeto de otros
derechos como el derecho a la educación, la
atención de la salud y el trabajo, el derecho de
reunión y asociación y el derecho a elecciones libres.
Estamos de acuerdo en la importancia de Internet
como herramienta para reducir las brechas entre
seres humanos, como herramienta para la
multiplicación de oportunidades para aquellos que
hoy no las tienen o como herramienta para acercar
el conocimiento o la información a aquellos sectores
que hoy no lo tienen cerca.

7. Siguiendo con la tendencia internacional, el Congreso de Perú aprobó un proyecto de ley para que el
acceso a Internet sea un derecho fundamental. La propuesta pretende que las zonas rurales no queden
excluidas y que exista el acceso en zonas estratégicas para el interés social del país. Además, se quiere
fomentar que el acceso esté garantizado. La medida persigue promover la inversión en las redes troncales
y de fibra, y de esta forma, aumentar la capacidad para poder brindar el acceso a todo el país. Perú
cuenta con una penetración del tres por ciento en servicios de banda ancha, una cifra que el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (MTC) considera baja en relación a otros países de la región.
La propuesta establece, además, de necesidad pública y de preferente interés nacional la masificación de
los servicios de telecomunicaciones de banda ancha.
El proyecto permitirá incrementar la cobertura de redes dorsales de telecomunicaciones de alta
capacidad, así lo manifiesta el dictamen de la Comisión de Transportes y Comunicaciones que fue
sustentado por su presidenta, Yaneth Cajahuanca.

9. El Dr. Alfredo Bullard hace una interesante
exposición referente al análisis económico del
derecho, asumiendo la innegable relación de la
economía con el derecho propiamente dicho. Esta
postura asumida por el Dr. Alfredo Bullard, es muy
interesante y sugestiva, de la que se pueden
rescatar muchas cosas, pero del mismo modo se
pueden criticar otras tantas. Respecto a lo dicho
por el autor podemos caer en la cuenta que no se
puede concebir la idea de que la economía se
desarrolle de forma ajena al derecho toda vez que si
tomamos en consideración que en toda sociedad
existe economía, y que en toda sociedad el estado
juega un rol importante, este último tiene que
desempeñar un papel preponderante en las
relaciones económicas que pueden existir;
poniendo reglas, normas, velando por las
instituciones para de esta manera funcionen
adecuadamente
(cuando un bien no es susceptible de
dos consumos simultáneos), y cuando hay costos de
exclusión (generar mecanismos registros públicos,
policía, es decir mecanismos que permitan generar
propiedad); estos conceptos explican el caso de
propiedad.

10. Si utilizamos un sistema que ayuda comprender la conducta humana y lo aplicamos a un
sistema que pretende regular la conducta humana tenemos en nuestras manos un gran
potencial de desarrollo. Porque nos ayuda a entender como las normas, contratos y todo el
material típico del Derecho, afecta la forma de como los individuos se comportan.

11. Además no comparto la idea del autor cuando menciona que debería de haber más libertad
un "dejar hacer" puesto que se ha demostrado que ese tipo de políticas lo único que hace es
que se cometan ciertos abusos en las clases sociales más débiles y en términos económicos
ello aumentaría los costos y cargas que tendría el Estado a su cargo. A mi parecer se debería
dejar en claro bajo que supuestos puede crearse una relación entre economía y derecho. Pues
de lo contrario estaríamos haciendo que deje su esencia y pase a ser una rama de la
economía.

12. Sin embargo habría que rescatar en un primer momento una perspectiva de
interdisciplinariedad, en la que el derecho, así como todas las ciencias, aporten cada cual con
lo suyo a un mejor entendimiento de la realidad, que es una sola, y por tanto ser estudiada de
una manera integral En el caso particular del análisis económico del derecho, un análisis costo
beneficio de las regulaciones legales puede ser importante para efectivizar determinadas
instituciones jurídicas, por sobre todo aquellas que tienen implicadas un contenido
mayoritariamente patrimonial, perfectamente ejemplificadas en el video.