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1
El imperativo de una educacion de calidad como
política publica
Por Julio César Orozco Guzmán1
Magíster en Educación
Frente a los numerosos desafíos del porvenir, la educación constituye
un instrumento indispensable para que la humanidad pueda
progresar hacia los ideales de paz, libertad y justicia social. No como
un remedio milagroso -el “Ábrete Sésamo ”, de un mundo que ha
llegado a la realización de todos estos ideales- sino como una vía,
ciertamente entre otras pero más que otras, al servicio de un
desarrollo humano más armonioso, más genuino, para hacer
retroceder la pobreza, la exclusión, las incomprensiones, las
opresiones, las guerras, e t c.
Jacques Delors
RESUMEN
Uno de los propósitos más nobles y altruistas de una política educativa en cualquier
escenario de gobierno es el de asegurar que su sistema escolar garantice calidad y
eficiencia en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es decir, una política educativa de
calidad enfocada en el mejoramiento de las prácticas pedagógicas, la transformación de los
espacios escolares como verdaderos ambientes de aprendizaje, y el empoderamiento de
los sujetos escolares (maestros, estudiantes y padres de familia) como verdaderos
protagonistas de la política. Entendiéndose que el proceso de enseñanza y aprendizaje
tiene lugar en un contexto social y político determinado (UNESCO 2005, pág. 15), implica
para la política pública un enfoque en lo social relacional. Un acercamiento a la forma como
se produce la interacción entre estudiantes, padres de familia y maestros en los espacios
escolares, y la manera en que todos ellos se organizan y configuran para obtener los
mejores beneficios y resultados de los procesos e insumos educativos empleados.
ABSTRACT
One of the most noble and altruistic purposes of any educational policy at any state and
government is to ensure that it´s school system can guarantee quality and efficiency in the
processes of teaching and learning. In another words, an educational quality policy focuses
on improving teaching practices, transforming school spaces as true learning environments,
1
Licenciado en Enseñanza del Español, magíster en educación con énfasis en Currículo y Evaluación de la
Universidad Externado de Colombia. Estudiante de 4º semestre de doctorado en Educación y Sociedad en la
Universidad de La Salle de Bogotá. Par académico y evaluador internacional de las agencias de acreditación
escolar norteamericanas ICAA, NCPSA y AI. En la actualidad docente del sector oficial de SEDBOGOTA y
rector del Colegio Cristiano Semilla de Vida en Bogotá, D.C. Correo electrónico: julitorozco@yahoo.com.
2
and empowering the school persons (teachers, students and parents) as protagonists of the
policy. Understanding that the process of teaching and learning takes place in a particular
social and political context (UNESCO 2005, p. 15), it implies that public policy should focus
on social relational conditions. An approach to the way of the interaction between
students, parents and teachers into the school spaces, and how all of them are organized
and configured to get the best benefits and outcomes of educational processes and inputs
used.
Palabras clave: política pública, maestros, calidad de la educación, comunidades educativas.
Key words: public policy, teachers, quality of the education, educational communities.
LA POLÍTICA PÚBLICA
Es evidente que la importancia de la calidad de la educación genera consenso y
unanimidad en todos los estamentos y organizaciones sociales. Su preponderancia como
palanca determinante para el desarrollo y la movilidad social, y las posibilidades que genera
de producción de más y mejores ingresos, sumado al cambio y transformación social obliga
a pensar y reflexionar acerca de su pertinencia y valor actual. En este sentido, Se puede
considerar que una política pública educativa es eficaz cuando ésta se convierte en una
herramienta útil y efectiva para el mejoramiento social y la superación de las brechas de
pobreza y desigualdad.
Como punto de partida para la reflexión sobre la importancia y pertinencia de una
política pública se debe tener en cuenta la pregunta que formula Martha Nussbaum en su
libro Crear Capacidades: ¿Qué es lo que hace que una sociedad sea justa? Haciendo
referencia a la ausencia del carácter ético social en la toma de decisiones políticas (2012,
pág. 99). Del mismo modo, reflexionando sobre qué tipo de conexiones deben existir entre
la filosofía moral, la construcción ética de una sociedad y la concepción de sus políticas.
Asunto que la citada autora direcciona hacia la capacidad ética y moral de una sociedad, y
3
que se puede hacer visible únicamente por medio de la realización de la vida con dignidad
humana, aspecto que considera como el fundamento político de una sociedad pluralista y
democrática.
Evidentemente, detrás la pregunta de Nussbaum existe todo un cuestionamiento a
las teorías de justicia y construcción moral que desarrolla una nación-estado como es el
caso de Colombia. Problemática que se ve reflejada en la formulación, intencionalidad y
resultados de sus políticas públicas. En este sentido, la Revista Semana en el artículo
“Exigimos Educación” plantea la siguiente pregunta, cuya respuesta se puede inferir de los
anteriores argumentos
Si Colombia tiene tan buenas políticas hace años, ¿Por qué le va tan mal en pruebas
como PISA? ¿Y qué se puede hacer? (Semana 2014, pág. 46).
Más allá de los resultados de PISA o la Prueba SABER 11 o de los índices de calidad
de la educación colombiana, la reflexión se centra en el origen y desarrollo ético y moral de
las políticas públicas que han direccionado la educación, y su capacidad en últimas, para
promover y desarrollar la dignidad humana, en un país con los más altos indicadores de
inequidad, desigualdad, pobreza y exclusión social. Es decir, en el fondo el cuestionamiento
es de nivel ético y moral a unas políticas que no han sido lo suficientemente exitosas en
asegurar el cambio, la mejora y transformación social, y que no han sido capaces de reducir
los índices mencionados anteriormente.
En este orden de ideas, se debe revisar la concepción de política pública como
categoría de análisis social, y las implicaciones que ésta conlleva para una nación y su
sociedad como la nuestra. Para Muller (1998, págs. 65 y 66) la concepción de política
pública se relaciona con un conjunto de acciones y decisiones de Estado para mediar en un
público en particular, llámese grupo de individuos, comunidades, entidades u
4
organizaciones, susceptibles de ser intervenidas y afectadas mediante la formulación de la
misma. Esta intervención política se supone elaborada a partir del análisis y revisión de las
problemáticas sociales o del objeto que se quiere intervenir para mejorar o transformar.
Esto conlleva suponer que toda problemática social es susceptible de convertirse en objeto
de análisis político que a la postre deriva en la formulación de una política pública.
En el mismo sentido, Puello-Socarrás (2013, pág. 146) afirma que una política
pública emerge como una aproximación o interpretación de una realidad insertada en unas
problemáticas propias de un contexto social. Lo que significa que el origen y propósito de
una política pública debe estar necesariamente vinculado a las necesidades, problemáticas
y expectativas de cambio y mejora de los sujetos que conforman tales conjuntos sociales.
Sin embargo, siguiendo la línea de Puello-Socarrrás, no es suficiente con el hecho de
contextualizar tales políticas con los entornos y condiciones sociales. También se hace
necesario comprender que la formulación de una política pública depende de dos
condiciones que para bien o para mal pueden afectar la implementación de la misma y sus
efectos en la sociedad a la que se destina. En primer lugar, y con relación a los políticos y/o
gobernantes que piensan las políticas públicas, la alta carga subjetiva que conlleva una
visión particular de la sociedad según la lente con la que se le mire: posición política e
ideológica, postura económica, comprensión sociológica y filosófica. Lo que significa que
toda política pública por pretensiosa que sea, está condicionada y limitada a la perspectiva
ideológica y política con la que se mira y comprende el mundo.
En segundo lugar, las pretensiones técnicas de los actores que diseñan y formulan
estrategias para la implementación de la política y su relación directa con la forma de
ejecución, las cuales no necesariamente se enmarcan o corresponden con las pretensiones
iniciales de los actores políticos que las pensaron. Lo anterior pone de manifiesto las
tensiones que se presentan entre el momento de reflexión y creación de la política y el
5
momento técnico de la formulación, y aún el momento concreto de su materialización o
implementación, las cuales ponen en conflicto el fundamento ético y moral de la misma
como construcción política social y las realidades propias de su implementación: visión
económica, viabilidad financiera, presupuestal, logística y operativa, lo cual hace que la
misma termine dependiendo de preceptos y fórmulas propias de los tecnócratas2 que las
diseñan y de las personas que las implementan o materializan (Puello-Socarrás 2013, pág.
153).
Un ejemplo de estas tensiones éticas y morales generadas, a las que yo llamaría las
“racionalidades irracionales”, con las que se han formulado e implementado algunas
políticas educativas en Colombia fue la de Reorganización institucional y optimización de la
capacidad instalada desarrollada por MEN entre 1998 y 2002, bajo la figura de
racionalización y aprovechamiento máximo de los recursos para una mayor cobertura.
Inicialmente, la propuesta ideal de esa política pública, muy noble y altruista por cierto,
formulada por el gobierno de ese entonces, era la de incrementar la cobertura escolar para
que más niños y jóvenes pudieran acceder al servicio educativo público.
Luego, desde el Departamento de Planeación Nacional y el Ministerio de Hacienda,
sus tecnócratas, ausentes del entorno ético moral de la política, plantearon estrategias
técnicas que racionalizaron el incremento de la tasa de cobertura con el gasto
presupuestal, generando una política de ahorro en el recurso docente. Es decir, menos
maestros con más estudiantes. Entonces el MEN, a partir de la reorganización institucional,
y mediante la definición de estándares técnicos que tuvieran en cuenta el número de niños
2
De acuerdo con Muller, el estudio de una política pública pasa obligatoriamente por un
cuestionamiento sobre la manera como se opera permanentemente (no sólo en la fase de elaboración) la
transacción entre el referencial global (lo que supone descubrir su estructura normativa) y un referencial
sectorial: El problema, entonces, es detectar los actores que realizan esta operación de transacción y las
luchas de poder en juego que le están ligadas. A partir de aquel momento, es posible construir las políticas
públicas como objeto de investigación. (Muller, 1998, pág. 75).
6
atendidos, implementó la política pública de cobertura en todos los colegios públicos del
país.
Como consecuencia, se encontraron dos realidades contradictorias que dejaron a la
vista un dilema ético acerca de los resultados de la misma: de un lado, entre los años 2002
y 2009 se generaron aumentos significativos en la tasa de cobertura bruta, pasando de una
90% a un poco más del 105%. La tasa de cobertura neta ascendió del 84% al 90%,
ayudando a reducir los índices de rezago escolar y deserción3, considerándose un valioso
logro que no solamente acercaba a más colombianos a los espacios educativos, también
mejoraba su capacidad de retención, promoción y graduación de los mismos.
Sin embargo, del otro lado, las comunidades educativas, sus maestros, estudiantes,
padres de familia y demás miembros se vieron obligados a vivir una realidad política que se
tradujo en hacinamiento en las aulas escolares, debido al incremento del número de
estudiantes por aula, sin que se incrementara en número de docentes. En la actualidad es 1
docente por cada 40 estudiantes. (MEN, 2005 págs. 4–8), generando bajos desempeños
académicos, incremento de los indicadores de conflicto escolar, y por último consecuencias
negativas y desgastantes para el aprendizaje escolar y el ejercicio de la tarea docente, que
aún hoy día (2014) siguen latentes en la educación colombiana.
Estas secuelas se pueden encontrar haciendo un rastreo superficial a los resultados
obtenidos por la educación pública en las Prueba ICFES de Estado en comparación con la
educación privada, o en los resultados de la Prueba PISA 2006 y 2009 en la que participó el
país. Colombia, en aquella oportunidad, entre 65 países, obtuvo el puesto 48 en
Matemáticas, 52 en Lenguaje y 54 en Ciencias. Evidenciándose una enorme brecha de
3
Datos del Ministerio de educación disponibles en http://menweb.mineducacion.gov.co/seguimiento
/estadisticas/principal.php?seccion=9&id_categoria=2&consulta=coberturab_nivel&nivel=9&dpto=&mun=&
ins=&sede=
7
calidad entre los estudiantes colombianos y estudiantes de otros países con menores
índices de estudiantes por maestro (Barrera et al 2012, pág. 8).
Esta visión instrumental y economicista de la ejecución de las políticas públicas no
tuvo en cuenta las realidades sociales de las comunidades escolares, ni los procesos de
construcción/deconstrucción de las mismas. Es entonces cuando las políticas pierden su
eficacia y sentido social, diluyéndose en el mar de la burocracia y los preceptos técnicos y
economicistas de los postulados neoliberales, sacrificando de paso una oportunidad
histórica para el desarrollo, transformación y progreso social. Lo que en un comienzo se
promovió como política de cobertura e inclusión social educativa, se desarrolló como una
estrategia de orden económico para reducir el gasto presupuestal en educación, y terminó
hacinando a los estudiantes en las aulas de clase, e incrementando el la carga laboral de los
docentes, incidiendo negativamente en la calidad de los aprendizajes y desarrollo escolar.
Sin embargo, a pesar de esta aparente encrucijada de la formulación, diseño e
implementación de una política pública, existe una salida que permitiría conciliar el sentido
ético y moral con la “neutralidad pragmática” de la política, y que a la vez podría ayudar a
aliviar las tensiones y desajustes que surgen del proceso político y tecnocrático. Puello-
Socarrás plantea que se pueden superar las barreras y dificultades, identificando y
proponiendo condiciones de equilibrio sobre racionalidad, tecnicidad y ejecutividad (2010,
pág. 153), si existe un claro enfoque hacia el bien común y el mejoramiento social. Es decir,
una adecuada relación y armonización de la política pública entre los políticos que las
piensan, los técnicos que las planifican y diseñan, y las comunidades escolares que las
ejecutan y hacen visibles. Todo esto acompañado de una alta dosis ética y moral de sentido
y compromiso social con la materialización de las mismas, lo cual puede lograr el
cumplimiento, sin mayores interrupciones, de los fines y propósito de las mismas.
8
En este punto, se hace necesario resaltar la importancia de roles de los actores que
intervienen en la formulación e implementación de las políticas públicas educativas y su
sensibilidad o sintonía social genuina con las necesidades y problemáticas públicas. En
primer lugar, entre estos actores encontramos a los gobernantes, concejos municipales,
asambleas departamentales, el congreso de la república y demás actores políticos que
piensan y formulan tales políticas. En segundo lugar a los expertos académicos, ingenieros
y técnicos profesionales que proyectan, racionalizan y calculan la formulación de la política
y su impacto social; y en tercer lugar, a las comunidades educativas con sus estudiantes,
padres de familia, administrativos, directores y maestros que son en últimas quienes las
ejecutan.
Es por esta razón que en asuntos relacionados con calidad de la educación se hace
necesario e imprescindible tener en cuenta no solamente a los actores políticos y técnicos
que configuran y desarrollan las políticas. Se hace necesario incluir a las comunidades
educativas como agentes/sujetos activos y partícipes y a la vez garantes del cumplimiento
de los fines últimos de tales políticas. El ejercicio de la responsabilidad social desde las
propias comunidades educativas es factor clave para el logro de las políticas, tal y como lo
afirma Consuelo Corredor:
Es necesario poner las políticas públicas al servicio de los sectores más
desprotegidos, con unos niveles mínimos de satisfacción de derechos ciudadanos,
civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, que progresivamente conduzcan
a su universalidad y satisfacción plena. (2010, pág. 28).
En este sentido, se puede afirmar que una política educativa de calidad de la
educación con impacto social puede afirmar su sentido ético y moral cuando mantiene
como foco y objetivo primordial a las personas que conforman las comunidades educativas.
Cuando se tienen en cuenta las realidades de los maestros, de los padres de familia, de los
estudiantes, y de los propios contextos sociales en que interactúan y se desarrollan tales
9
comunidades y su potencial innovador y de transformación escolar. Al respecto, a partir de
la Constitución Política de 1991, se ha venido avanzando en el cambio de paradigma con
relación a la forma como se mira o reconoce a las comunidades y grupos sociales actuales,
incluyendo a la comunidades escolares. Estos, antes de la Constitución de 1991 eran
considerados como personas con necesidades irresueltas, a partir de la nueva Constitución
como ciudadanos sujetos de derechos. Ya no se trata entonces de poblaciones objeto de la
política, ahora se trata de poblaciones sujeto, dispuestas a ser actores protagonistas de su
propio desarrollo político y social (Corredor 2010, pág. 23).
Al respecto Corredor afirma:
Se partió de la convicción que los procesos deben darse en doble vía: por una parte,
los ciudadanos han de comprender que el Estado tiene una serie de obligaciones
para con ellos, que es su deber tutela sus derechos –particularmente dequienes se
encunetran mas desprotegidos – pero, a la vez, que el ejercicio de ciudadano
comporta deberes. Eso es lo propio de un Estado social de derecho. Las
transformaciones sociales se mueven en un horizonte de mediano y largo plazo y el
alcance de sus resultados efectivos y duraderos –como por ejemplo lograr mejoras
en la nutrición de las población-, es el resultado de un trabajo concertado y contínuo
que exige políticas públicas de largo aliento. (Corredor 2010, pág. 25)
De lo anterior se puede deducir que la visión de las personas como sujetos de
derechos, no solamente cambia la perspectiva de la politica, tambien la valoriza y la
instrumentaliza como herramienta de restablecimiento del derecho mismo, eliminando de
paso el carácter asistencialista con el que se formulaban las políticas antes de la
Constitución de 1991, y estableciendo hacia adelante una intencionalidad enfocada en la
valoración del ser humano como persona (Corredor 2009, pág. 72), y como lo plantea
Nussbaum, el desarrollo y fortalecimiento de la dignidad humana.
10
LOS MAESTROS COMO CIENTÍFICOS SOCIALES
Esta es una nueva categoría de investigadores derivada del trabajo y objeto de
investigación que realizan en las ciencias sociales y en el contexto de los grupos sociales o
comunidades propiamente dichas. En esta categoría enmarcan todos aquellos
investigadores, académicos y profesionales interesados en ahondar en los fenómenos y
problemáticas sociales (historiadores, psicólogos, sociólogos, antropólogos, etc.). Sin duda
alguna, también los educadores, debidamente formados y preparados en prácticas de
investigación educativa y social hacen parte de esta gran categoría de la investigación
científica aplicada a la relación existente entre educación y sociedad.
Las complejidades actuales del conocimiento, de su epistemología, de las disciplinas
del saber, de los enfoques y modelos pedagógicos, sumados a las complejidades políticas y
sociales, y las propias de las políticas públicas, generan un nuevo escenario académico e
investigativo para los docentes actuales. Esto hace pensar que los profesores, ya sean de
educación preescolar, básica, media o superior se pueden (deben) convertir en puentes y
mediadores entre las políticas públicas y las realidades sociales en las que interactúan: los
docentes en un nuevo rol como científicos sociales. Es decir, docentes vinculados a equipos
académicos de investigación en educación, interactuando con sociólogos, comunicadores,
políticos, economistas y demás expertos en otras áreas del conocimiento, que mediante la
realización de investigaciones empíricas y sociales, acerquen los resultados de las
investigaciones y su aplicabilidad a quienes diseñan y formula las políticas públicas.
Los iniciadores de las políticas públicas consideraban fundamental que los aportes
de los científicos sociales contribuyeran en el diseño de las políticas, para lo que
partían de la selección de asuntos normativamente importantes que permitían
clarificar las metas de los analistas sociales así como las que la comunidad esperaba,
luego analizaban las tendencias existentes, las condiciones y los probables
desarrollos futuros. (González 2013, pág. 102).
11
De acuerdo con González, se requiere entonces de una nueva categoría de
educador colombiano, profesores que van más allá de los contenidos de su asignatura.
Maestros inconformes con sus realidades sociales y académicas. Docentes con
empoderamiento transdisciplinar para que sean plenamente capaces y competentes a la
hora de abordar los procesos de deliberación, diseño, construcción e implementación de
las políticas públicas. Los docentes como científicos e investigadores sociales protagonistas
de los desarrollos e innovaciones académicas y escolares al interior de sus comunidades
educativas, y en últimas comprometidos y deliberantes con en el campo de la política
pública educativa.
Al respecto desde el programa de doctorado en educación y sociedad de la
Universidad de la Salle, se plantea la necesidad de un nuevo tipo de docente, consciente,
comprometido y empoderado con el rol protagónico que conlleva su profesión, pero
fundamentado en la interdisciplinariedad de los programas de posgrado.
Por otro lado, la importancia cobrada por la producción de conocimiento de corte
interdisciplinario, con la disolución de las fronteras disciplinares y la emergencia de
nuevos campos para la investigación, implica el cambio en los perfiles de entrada y
salida en la formación doctoral. En este sentido, se hace altamente deseable una
formación mediada menos por una lógica centrada en la transmisión de saber del
profesor al estudiante, para privilegiar la formación entre pares a través de prácticas
cooperativas. Ello, por supuesto, implica dejar de pensar en perfiles puramente
profesionales o disciplinares para el ingreso a la educación doctoral, para apuntar a
la diversificación de los estudiantes, de modo que la pluralidad de rutas y
experiencias de formación y profesionales puedan garantizar la producción de
conocimiento de alto nivel. (Camacho 2014, pág. 24).
Del mismo modo, Kababe (2004, pág. 208) citando a Weiss afirma que el uso de la
investigación en el diseño de políticas es un fenómeno complejo que requiere de un
profundo análisis del proceso de generación de conocimientos y de los propósitos de su
utilización; considerando además que la investigación en políticas públicas por parte de los
12
investigadores, es un espacio de formación para los hacedores de política y el vínculo
necesario entre los anteriores y los generadores del conocimiento.
La citada autora, siguiendo a Weiss, plantea un modelo teórico denominado Modelo
del Empuje o en inglés Push Science, mediante el cual pretende explicar el papel de los
investigadores y científicos sociales. Al respecto afirma:
…Por ejemplo, los resultados académicos pueden ser utilizados por parte de los
hacedores de política para la toma de decisiones o la formulación de políticas
públicas. El modelo esquematiza una secuencia de tipo lineal y automática que
supone que la información que resulta de las investigaciones es conocimiento
utilizable sin necesidad de un proceso previo de transformación o adaptación. Este
modelo está en línea con el modelo centrado en la oferta de conocimiento,
propuesto por Carol Weiss (1979) (Kababe 2004, pág. 208).
Resulta pues necesario, interrelacionar la capacidad investigativa de los docentes
con los escenarios de creación y debate de la política pública, mediante la retoma de
espacios como el Movimiento Pedagógico4, o la creación de Observatorios Sociales y
Centros de Estudio y Pensamiento de la Educación, ya sea de la mano de las facultades de
educación o mediante la asociación gremial tanto de los docentes como de las instituciones
escolares públicas y privadas. Al respecto Kababe plantea que a mayor interacción exista
entre los actores de la política pública (políticos, técnicos y académicos) a los cuales
adiciono los docentes como científicos sociales, mayores probabilidades existirán de
utilización del conocimiento desarrollado en la formulación de la política pública (pág. 209).
4
Según Marcos Raúl Mejía) el Movimiento Pedagógico surgió de la confluencia de cuatro procesos históricos
así: 1) La reforma curricular que se pretendía imponer por parte del Ministerio de Educación Nacional.-2) El
auge de los Movimientos Sociales que intentaban construir Proyectos Alternativos.-3) La emergencia
histórica de unos sujetos de pedagogía que pugnaban contra los modelos en boga y 4) Con la emergencia de
un actor social colectivo (comunidades) que da sentido a ese quehacer.
13
En la misma línea, y para generar un impacto social sólido, consistente y perdurable
en el tiempo, se requiere un mayor número de maestros, mejor formados y preparados
tanto en su área particular de conocimiento y pedagogía, como en los campos y disciplinas
sociales. Los países que han conseguido alcanzar normas elevadas en materia de
aprendizaje son los que han invertido constantemente en la mejora de la profesión
docente (UNESCO 2005, pág. 3). Mejora en los sueldos de los docentes, pertinencia de los
nuevos saberes disciplinares, de las ciencias de la educación y de la política pública que
deben manejar los profesores, y vinculación a movimientos académicos e intelectuales que
les permitan renovar su campo de visión de las problemáticas educativas y sociales, son las
salidas que deben considerar las políticas públicas para salir de la encrucijada de mala
calidad que aqueja a la educación colombiana.
CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
Para investigadores como Piñeros (2010, pág.75) y Aguerrondo (2008, pág. 1), el
empleo del concepto Calidad de la Educación surge como la necesidad de reflexionar
acerca del tipo de educación y su pertinencia con los grupos sociales, todo esto dentro del
marco de la expansión sufrida por los sistemas educativos a partir de los años 50, que
generó una dinámica de construcción de más escuelas, preparación y contratación de más
docentes y el fortalecimiento de la infraestructura escolar. Es decir, el concepto de calidad
de la educación planteado a partir de los desafíos cuantitativos que permitieron pensar
hacia dónde ir y cómo debe organizarse y conducirse una escuela, un grupo de escuelas, un
sistema educativo.
Para Aguerrondo, La aparición del concepto “calidad de la educación” se produjo
históricamente dentro de movimiento, proveniente de los modelos de calidad industrial,
enfocado en la productividad y lo resultados. Considera en este origen serios
cuestionamientos a las implicaciones del concepto en el sector educativo. La ideología de
la producción en serie enfocada al aprendizaje y la eficiencia escolar se convierte en un
14
fuerte reparo a un proceso social como es el aprendizaje y el derecho mismo a la
educación. Se considera este concepto como el punto de partida de la instauración de una
política educativa de corte neoliberal que busca justificaciones “académicas” que permitan
fundamentar la restricción del ingreso a la educación y de su cumplimiento como derecho
fundamental.
Considera que la tarea educativa asociada a la ideología de eficiencia social termina
convirtiendo al docente en poco menos que como un obrero dentro de una línea de
producción “instruccional”, cuyos objetivos, actividades y materiales le llegan prefabricados,
y en el cual la “calidad” se mide por fenómenos casi aislados, que se recogen en el
producto final (ibídem). Sin embargo, a pesar de los riesgos del uso de este concepto, no se
puede negar ni esconder la realidad de las problemáticas educativas asociadas al bajo
rendimiento académico, la ineficacia en los aprendizajes y los conflictos escolares.
Como se desprende de las anteriores afirmaciones, las implicaciones del término
Calidad no pueden ser tomadas tan a la ligera en el campo educativo, y más cuando de por
medio está la materialización de un derecho fundamental. Es decir, no se puede reducir el
concepto Calidad Educativa únicamente a parámetros de eficiencia y eficacia, o en función
del “hacer más con menos”, tal como fue el planteamiento reduccionista del Decreto 3020,
de diciembre 10 de 2002, más conocido como el Decreto de los Parámetros, ya explicado
anteriormente. No se niega la necesidad de establecer por decreto unos acuerdos mínimos
sobre horarios, jornadas, intensidades y demás asuntos de la organización escolar, pero se
puede incurrir en el error reduccionista de que sólo este tipo de normas podrán orientar y
fortalecer la calidad de la educación.
Cuando se trata de avanzar en el asunto de la Calidad de la Educación como
condición inherente al Derecho a la Educación, se requiere no solo de reglas de orden
técnico procedimental como el citado Decreto 3020, de visible corte neoliberal, también se
15
requiere de una política pública de largo alcance, de un gran proyecto educativo que
desborde generosidad en las inversiones, en los recursos y en los diferentes programas y
proyectos a desarrollar, y desde luego continuidad y consistencia a largo plazo en la
aplicación y mejora de las mismas.
Volviendo al concepto Calidad, se hace evidente aún más su grado de complejidad
cuando a este concepto le sumamos el componente Educación. Se torna polisémico,
multidimensional y variable, de acuerdo con el tipo de sociedad, concepción política,
modelo, sistema y visión educativa (Aguerrondo, 2010 pág. 31). Por lo tanto, su
complejidad semántica hace que no sea un valor absoluto, que se pueda referenciar bajo
una forma particular o exclusiva de valoración o comparación. Esto nos lleva a plantear la
necesidad de establecer unos criterios de acuerdo mínimos sobre los que se debe
considerar como calidad de la educación.
Los tiempos y procesos sociales actuales (posmodernidad), requieren que se piense
la Calidad de la Educación, desde las condiciones socioeconómicas y culturales en las que
se hallan inmersos estudiantes, directivos, docentes y padres de familia, quienes
conforman las comunidades educativas. Del mismo modo, al interior de las comunidades
académicas escolares exige la revisión de los fundamentos epistemológicos subyacentes a
la praxis pedagógica, las prácticas sociales y convivenciales, e incluso la reconfiguración de
los currículos escolares y los modelos de evaluación de manera que puedan ofrecer una
respuesta a las problemáticas de aprendizaje y éxito escolar (Aguerrondo 2010, pág. 27).
Reforzando lo dicho anteriormente, Sammons, Hillman y Mortimore, en su
propuesta de escuelas eficaces plantean:
“La escuela de calidad es la que promueve el progreso de sus estudiantes en una
amplia gama de logros intelectuales, sociales, morales y emocionales, teniendo en
cuenta su nivel socioeconómico, su medio familiar y su aprendizaje previo.
16
Un sistema escolar eficaz es el que maximiza la capacidad de las escuelas para
alcanzar esos resultados. (Sammons, Hillman y Mortimore 1998, pág. 52)
En este sentido, el MEN en su propuesta de calidad educativa expone:
“Una educación que forme mejores seres humanos, ciudadanos con valores éticos,
respetuosos de lo público, que ejerzan los derechos humanos, cumplan con sus
deberes y convivan en paz. Una educación que genera oportunidades legítimas de
progreso y prosperidad. Una educación competitiva, pertinente, que contribuye a
cerrar brechas de inequidad y en la que participa toda la sociedad. Para desarrollar
este reto se trabajará en el desarrollo de competencias básicas, genéricas,
específicas y ciudadanas en los niños, niñas y jóvenes; se consolidará el sistema
nacional de evaluación de la calidad y se fortalecerá el sistema de aseguramiento de
la calidad” (MEN, 2013).
Del mismo modo, en su propuesta de calidad y equidad educativa la Secretaria de
educación Distrital plantea en el documento SEICE:
“El Plan Sectorial de Educación 2008-2012, Educación de calidad para una Bogotá
Positiva, bajo los principios de calidad, equidad, diversidad e inclusión se propuso
conducir la política educativa de la ciudad. Su principal objetivo fue “garantizar a los
niños, niñas, adolescentes y jóvenes de Bogotá las condiciones adecuadas para
disfrutar del derecho a una educación de calidad que les sirva para el mejoramiento
de su calidad de vida y contribuya a la construcción de una ciudad más justa y
democrática, pacífica y segura, incluyente y equitativa, en la que todos sus
habitantes sean respetuosos de los derechos humanos, la diversidad y el pluralismo”.
(SEICE 2010).
CALIDAD Y EQUIDAD
Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, se puede afirmar que el concepto
Calidad en el contexto educativo es un resultado derivado, de por los menos una buena
gestión o realización de los procesos políticos, administrativos, directivos y educativos y de
17
una intencionalidad deliberada en torno al mejoramiento integral del servicio educativo y
de los aprendizajes de los estudiantes. En este punto, la palabra Calidad se encuentra con
la palabra “Equidad”. Es decir, tal y como lo define Piñeros (2010, pág. 77) citando un
trabajo de Bryk & Raudenbush: “Equidad como el poder compensatorio de cada escuela con
respecto al contexto de sus estudiantes”.
Por lo tanto, el concepto Calidad en educación junto con sus implicaciones
anteriormente vistas, debe valorarse e interpretarse a la luz del concepto “Equidad”.
Cuando todos los estudiantes de una escuela o comunidad educativa aprenden más y
mejor, cuando todos maduran y superan sus deficiencias y conflictos, cuando desarrollan
de forma creciente sus habilidades intelectuales (equitativamente), entonces se puede
afirmar que la calidad es un patrón de vida de tal comunidad.
En este sentido, es muy importante revisar el trabajo de Piñeros, quien plantea que
el concepto Eficacia Escolar es realmente la moneda de dos caras: De un lado la Calidad
dada por el desempeño escolar de los estudiantes, el cual debe ser lo más alto posible; del
otro lado la Equidad como el poder compensador de los buenos resultados para todos los
estudiantes (pág. 76).
“Es decir, la Escuela Eficaz será aquella que promueve de forma duradera el
desarrollo integral de todos y cada uno de sus estudiantes, más allá de lo que sea
esperable, de acuerdo con sus características individuales su desempeño académico
inicial y su situación social, cultural y económica. Desde esa perspectiva, las
relaciones de causalidad se convierten en elementos centrales de la eficacia
escolar”. (Piñeros, pág.76)
LAS ESCUELAS EFECTIVAS Y LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
Teniendo en cuenta el pensamiento de Piñeros, se puede deducir que una política
educativa de calidad no solo debe ir acompañada de una mejora de la infraestructura hacia
18
la modernización y configuración del servicio educativo en función del reto de
materialización del derecho a la educación, ahora necesita proyectar todos sus esfuerzos
hacia el alcance de más y mejores aprendizajes entre sus estudiantes (Eficacia Escolar5).
Que en un lapso no muy lejano ni extendido, asegure mejores resultados entre los
escolares, que por lo menos igualen a los de los colegios privados, y hacia futuro, los
sobrepasen. Tanta inversión en el derecho a la educación, tarde que temprano, debe
generar retornos tanto en lo académico como en lo social, reduciendo de paso las brechas
de desigualdad, pobreza y atraso.
Para el alcance de estos logros o metas, Piñeros (págs. 72 a 75) basa su reflexión en
los diferentes modelos teóricos de eficacia escolar, los cuales aunque han sido muy
cuestionados y/o resistidos por algunos sectores académicos y sindicalistas del magisterio
colombiano, pero que debido a su creciente construcción teórica, han demostrado sus
bondades en términos de mejora escolar, debido al hecho de haber sido piloteados con
éxito en diferentes sistemas educativos de otras latitudes, lo que les ha permitido un
espacio propio y credibilidad en un buen segmento de los estudios investigativos.
De hecho, siguiendo a los autores que referencia Piñeros, los estudios sobre
efectividad escolar se han venido constituyendo en un insumo importante para la
investigación educativa actual. Desde los estudios iniciales de Carrol (1963) acerca del
5
Según el estudio Investigación Iberoamericana sobre eficacia escolar, el movimiento de eficacia escolar, es
uno de los movimientos de carácter educativo que más está influyendo en la toma de decisiones educativas
en todos los niveles –aula, escuela y sistema educativo– y en todo el mundo, por supuesto incluida
Iberoamérica. En efecto, en sus 40 años de existencia, ha aportado una gran cantidad de ideas que están
contribuyendo a mejorar los niveles de calidad y equidad de los sistemas educativos. Sin embargo, para que
esas ideas resultantes de la investigación sean realmente útiles, es imprescindible que hayan surgido de
trabajos desarrollados a partir de la realidad que pretende modificar y por investigadores que conozcan
profundamente esa realidad. En Iberoamérica, a pesar de que se ha desarrollado una buena cantidad de
trabajos sobre eficacia escolar de una aceptable calidad, queda mucho camino por recorrer. Casi la totalidad
de las investigaciones desarrolladas hasta este momento son explotaciones especiales de evaluaciones del
desempeño escolar o estudios de caso con una muy limitada capacidad de generalización (CAB. 2007. Pág.
11)
19
aprendizaje escolar, el cual analizaba cinco variables que incidían en los aprendizajes
(aptitud, oportunidad, perseverancia, calidad y enseñabilidad), pasando por los aportes de
Coleman (1966) que pretendía demostrar que controlando las variables de etnia y entorno
social se podían optimizar los aprendizajes. Posteriormente los estudios sobre el rol de
maestro y la eficacia de la enseñanza (Creemers, 2000), hasta llegar al marco teórico de
escuelas efectivas de Edmons (1979) y Scheerens (1999). De estos trabajos surge el
modelo de los 5 factores de calidad, el cual tomó gran protagonismo en los modelos
educativos de comienzos del siglo XXI.
A continuación algunos factores clave de efectividad identificados por Edmonds
(1979 et al), y citados por Piñeros, los cuales no deben considerarse como independientes
uno de otro, pues es evidente que existen varios vínculos entre ellos, y que la suma de las
fuerzas propias de cada uno en su conjunto generan una dinámica de excelencia en la
gestión escolar:
 Fuerte liderazgo educacional
 Altas expectativas sobre el logro de los estudiantes
 Énfasis en actitudes básicas
 Clima seguro y ordenado
 Evaluación frecuente de lo progreso de los estudiantes
En oposición a lo anterior, algunos teóricos e investigadores consideran que es difícil
obtener una relación definitiva y ponderar el peso relativo de cada una de esas variables o
factores, con los resultados obtenidos, debido a la diversidad de indicadores y de métodos
de investigación utilizados en los distintos estudios. En cualquier caso, la importancia de
estos hallazgos no radica en la calidad de los estudios concretos, sino en el hecho de que
diferentes investigadores, que parten de supuestos distintos y que utilizan también
métodos distintos, llegan a conclusiones muy similares sobre la eficacia y resultados
sobresalientes de las escuelas eficaces (Báez de la Fe, 1994, pág. 9).
20
Entre los resultados alcanzados por éste modelo, a pesar de lo difícil de relacionar de
manera puntual con las diferentes variables, se encuentran los siguientes:
 Alcance de resultados académicos superiores,
 Mejores en las condiciones de trabajo para los profesores,
 Mayor calidad de las relaciones con los alumnos,
 Menores problemas de disciplina y de comportamiento.
De otra parte, y teniendo en cuenta los resultados alcanzados por Chile en la Prueba
PISA, los cuales sobresalen como los mejores en el contexto latinoamericano, y que sin ser
los más destacados en el contexto de la OCDE, sin son un referente sobre lo que está
haciendo esta nación suramericana para promover la mejora de su sistema educativo
encontré lo siguiente.
Con base en entrevista realizada al señor Ernesto Treviño6, Director del Centro de
Políticas Comparadas de Educación de la Universidad Diego Portales de Santiago de Chile,
afirmó citando una investigación realizada por el doctor Juan Pablo Valenzuela, profesor de
la misma universidad, que buena parte de la mejora escolar que se ha dado durante los
últimos 20 años en el sistema educativo de ese país radica en las siguientes acciones:
 Fortalecimiento del capital cultural de las madres de familia de los escolares, en
particular de aquellas que han sido madres en edad adolescentes, a quienes se les
ofrecen los recursos educativos, económicos y de acompañamiento con políticas
sociales para que puedan concluir por lo menos sus estudios secundarios. El
profesor Salazar afirma que esta estrategia ha logrado aumentar la permanencia de
las madres adolescentes en el sistema escolar, y de paso ha aumentado el número
6
En visita de campo realizada los días 8 y 9 de abril a la Universidad Diego Portales, y en particular al Centro
de Políticas Comparadas, entrevisté al profesor Felipe Salazar, coordinador académico de este instituto, el
cual es dirigido por el profesor José Joaquín Brunner. La entrevista se encuentra disponible en medio digital.
21
de grados/años de escolaridad, con su consiguiente impacto en el capital cultural de
la mujer.
 El derecho a la educación es concebido como una obligación de los escolares y sus
entornos familiares, lo cual ha favorecido el indicador de permanencia en el sistema
escolar chileno. Mediante estrategias de intervención social en el escenario familiar
de los escolares, y asignación de profesionales y terapeutas especializados en
problemáticas escolares, han logrado reducir los indicadores de conflicto,
coadyuvando al incremento del número años/grados de escolaridad de los
estudiantes de las clases menos favorecidas.
 Asignación de recursos de infraestructura, apoyo didáctico, operativo, y de
acompañamiento profesional según diagnósticos de las problemáticas particulares
de las instituciones educativas. Esto incluye asistencia y acompañamiento
académico y de profesionales especializados por parte de universidades y centros
de formación pedagógica chilenos. La intervención de mejora en las escuelas
chilenas es planeada de acuerdo con las realidades, problemáticas y dificultades
propias de cada institución educativa en particular.
 Fortalecimiento del liderazgo de los directivos escolares mediante programas de
posgrado en áreas de educación y alta gerencia organizacional. Se han generado
programas especiales de capacitación al liderazgo directivo de acuerdo con las
fortalezas y dificultades de las instituciones educativas que tienen a su cargo y
responsabilidad.
 Igualmente, desde los convenios con universidades e institutos de formación
pedagógica acompañamiento a los docentes, y seguimiento al desempeño
profesional mediante la implementación de rúbricas de evaluación de la gestión
pedagógica y educativa en diferentes aspectos tales como preparación de una clase
efectiva, intervención y solución conflictos escolares, compromiso ético y social,
evaluación de los aprendizajes, compromiso con la calidad entre otros temas.
22
 Desde 2008 la creación y operación de la Agencia de Calidad de la Educación,
mediante la cual se ha venido realizando intervención especializada, institución por
institución en aquellos colegios que presentan problemáticas de bajo desempeño
escolar, burocratización y mala gestión. Han diagnosticado cerca de 7.000 escuelas
públicas, de las cuales han intervenido con programas específicos de mejora
alrededor de 1.000 que presentaban problemáticas de bajo valor organizacional y
pedagógico.
 Desde 2007 se introdujeron mecanismos de rendición de cuentas de la gestión
educativa en los diferentes escenarios de la nación: congreso de la república,
gobiernos locales, eventos académicos, y aún en las mismas instituciones
educativas. Esto ha conllevado la creación de programas de evaluación sistémica y
sistemática de la gestión educativa en su conjunto.
CONCLUSIONES
La combinación exitosa entre las políticas educativas, el rol de los maestros y las
comunidades escolares, pueden generar un cambio positivo en los resultados escolares.
Para ello se requiere empoderamiento académico, político y social de los docentes y los
directivos. Enfocada en la promoción de un nuevo tipo de maestro y directivo (científicos
sociales) comprometidos con su formación pedagógica, disciplinar y multidisciplinar podrán
generar un nuevo liderazgo al interior de las instituciones educativas, en las que la política
educativa se lucha, se afirma, se construya y proyecta día a día, clase a clase. La calidad de
la educación pública en particular, se resolverá fortaleciendo profesionalmente a los
maestros mediante diversos programas de formación en posgrado y acompañamiento
especializado.
Del mismo modo, el empoderamiento a las comunidades educativas acerca de su
importancia como garantes y ejecutores de la política pública. Las comunidades educativas
23
requieren, que adicional a todos los logros alcanzados en cuanto a cobertura,
infraestructura y materialización del derecho a la educación, se implemente de manera
específica, individual y concertada planes de intervención y mejora de la calidad educativa,
que garanticen unos procedimientos y criterios mínimos que tiendan a eliminar los bajos
resultados académicos y las brechas de inequidad, pobreza y marginalidad producto de una
educación deficiente. Así, tal y como lo plantean Álvarez y Rendón acerca de concepción
de localidad (en este sentido como comunidad educativa), afirman: la localidad cobra toda
la relevancia posible y se convierte en el espacio donde se materializan la acción
competitiva y la práctica social, política, económica e institucional que hacen del territorio el
eje central del desarrollo y crecimiento económico. (2010, pág. 47)
Por lo anterior, también, se requiere desde el interior de las comunidades la
formulación de modelos de la gestión escolar enfocados en la calidad (tipo acreditación
escolar) que permitan a sus estudiantes alcanzar herramientas y estrategias para enfrenta
las problemáticas de desigualdad social, reformulando los perfiles escolares en términos de
ideales a alcanzar, el rediseño del currículo en función de las realidades, necesidades y
expectativas de la comunidad, y la conformación de equipos de trabajo comprometidos
con el cambio y la transformación social a partir del aseguramiento de que sus estudiantes
realmente están aprendiendo cada día más y mejor.
Desde luego, también se debe considera que por más eficaces que puedan llegar a
ser en un futuro cercano estas escuelas, no se debe permitir la mala interpretación de que
ellas sean capaces de eliminar por sí mismas las desigualdades sociales, asimilando la
política social a la política educativa y reduciendo el problema del cambio social al del
cambio de profesores y alumnos. En este sentido, corresponde al Estado en cabeza de sus
gobernantes, generar programas de contingencia que enfrenten de manera efectiva los
problemas de pobreza y desigualdad social de la gran mayoría de familias que hacen uso
del sistema público educativo, para que en esa medida sus centros educativos se puedan
convertir en escuelas eficaces del alto impacto en el progreso y desarrollo social.
24
ANEXO
A continuación, algunas de las políticas públicas en educación que han generado
alto impacto social y afectación, para bien o para mal, o, en menor o mayor grado, a la
calidad de la educación en Colombia, y las cuales muestran la evolución de las mismas a lo
largo de los últimos veinte años:
 Programa de Ampliación a la Cobertura en Educación Secundaria (PACES),
implementado entre 1991 y 1997, que otorgaba bonos para cursar secundaria en
colegios privados a estudiantes de bajos recursos.
 Colegios en Concesión. Implementada en 1999 por la Secretaría de Educación de
Bogotá con el fin de utilizar las plantas físicas y experiencia educativa de los colegios
privados de la ciudad. Algunos colegios privados recibieron en administración
plantas físicas de la Secretaría de Educación.
 Proyecto de Educación Rural (PER). (Decreto 1494 de 2005). Es uno de los
programas de educación rural más importantes desarrollados en la actualidad no
solo por su tamaño sino por sus implicaciones en los escenarios rurales. Cuenta con
el apoyo del Gobierno Central y financiación del Banco Mundial.
 Financiación y distribución de los recursos: Ley 715 de 2001, CONPES 137 de 2011 y
Decreto 1122 de 2011 que reglamentó cambios en la repartición de los recursos a
través del Sistema General de Participaciones (SGP).
 Asignación de recursos económicos y financieros mediante la regionalización y
agrupación de las entidades territoriales certificadas (ETC). Por la cual se
categorizaron los municipios de acuerdo con su organización y gestión,
obteniéndose las categorías de Entidades Territoriales Certificadas y Entidades
Territoriales No Certificadas. Ley 715 de 2001.
 Adopción de parámetros técnicos para la prestación del servicio educativo en los
colegios públicos, la jornada escolar y de los directivos docentes y docentes de los
25
establecimientos educativos estatales de educación formal, administrados por los
departamentos, distritos y municipios certificados. Decreto 1850 de 2002.
 Reorganización institucional y optimización de la capacidad instalada mediante la
formulación del Plan de reorganización del sector educativo” (PRESE) 2005.
 Incentivos basados en resultados. Decreto 1055 de 2011 ofrece incentivos para los
rectores que cumplan con los indicadores de permanencia escolar y calidad
educativa según resultados de la Prueba de Estado SABER 11.
A continuación, otros programas asimilados a política pública y que han mostrado avances
en su formulación a partir de la concepción de política pública con enfoque de derechos y
orientada hacia las personas como sujetos sociales:
 Subsidios condicionados a la asistencia escolar, implementado por la Secretaría de
Educación de Bogotá a partir del año 2005.
 Gratuidad, desarrollada inicialmente por la Secretaría de educación de Bogotá en el
año 2004, gradualmente se convertiría en política pública nacional.
 Actualmente, (2014) en la Secretaría de educación de Bogotá, la política
Construcción de saberes. Educación incluyente, diversa y de calidad para disfrutar y
aprender. Incluye: Garantía del derecho con calidad, gratuidad y permanencia,
Jornada única para la excelencia académica y la formación integral, Educación
Media fortalecida y mayor acceso a la educación superior, mejoramiento de las
instituciones educativas con empoderamiento ciudadano, docente y mejoramiento
de la gestión sectorial, Desarrollo del Plan de Alimentación Escolar (PAE) para cerca
de 65 estudiantes todos los días del año escolar (Plan de Desarrollo 2012-2016).
26
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
.
AGUERRONDO, Inés. 2010. Retos de la calidad de la educación: perspectivas
latinoamericanas, en Revista Educación y Ciudad, Vol. 19. Publicación Semestral
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GONZÁLEZ, Marcelo. (2013). El estudio de las políticas públicas: un acercamiento a la
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27
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www.books.google.com.co/books?id=Nu01UUdbZ6gC&pg=PA52&lpg=PA52&dq=Sa
mmons,+Hillman+,+Mortimore,+%22Caracter%C3%ADsticas+clave+de+las+escuelas
+efectivas,+M%C3%A9xico,+1998.&source=bl&ots=dRVlRRlKB8&sig=SaHInfI5uIKXT8
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cter%C3%ADsticas%20clave%20de%20las%20escuelas%20efectivas%2C%20M%C3
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Calidad educativa como política pública

  • 1. 1 El imperativo de una educacion de calidad como política publica Por Julio César Orozco Guzmán1 Magíster en Educación Frente a los numerosos desafíos del porvenir, la educación constituye un instrumento indispensable para que la humanidad pueda progresar hacia los ideales de paz, libertad y justicia social. No como un remedio milagroso -el “Ábrete Sésamo ”, de un mundo que ha llegado a la realización de todos estos ideales- sino como una vía, ciertamente entre otras pero más que otras, al servicio de un desarrollo humano más armonioso, más genuino, para hacer retroceder la pobreza, la exclusión, las incomprensiones, las opresiones, las guerras, e t c. Jacques Delors RESUMEN Uno de los propósitos más nobles y altruistas de una política educativa en cualquier escenario de gobierno es el de asegurar que su sistema escolar garantice calidad y eficiencia en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es decir, una política educativa de calidad enfocada en el mejoramiento de las prácticas pedagógicas, la transformación de los espacios escolares como verdaderos ambientes de aprendizaje, y el empoderamiento de los sujetos escolares (maestros, estudiantes y padres de familia) como verdaderos protagonistas de la política. Entendiéndose que el proceso de enseñanza y aprendizaje tiene lugar en un contexto social y político determinado (UNESCO 2005, pág. 15), implica para la política pública un enfoque en lo social relacional. Un acercamiento a la forma como se produce la interacción entre estudiantes, padres de familia y maestros en los espacios escolares, y la manera en que todos ellos se organizan y configuran para obtener los mejores beneficios y resultados de los procesos e insumos educativos empleados. ABSTRACT One of the most noble and altruistic purposes of any educational policy at any state and government is to ensure that it´s school system can guarantee quality and efficiency in the processes of teaching and learning. In another words, an educational quality policy focuses on improving teaching practices, transforming school spaces as true learning environments, 1 Licenciado en Enseñanza del Español, magíster en educación con énfasis en Currículo y Evaluación de la Universidad Externado de Colombia. Estudiante de 4º semestre de doctorado en Educación y Sociedad en la Universidad de La Salle de Bogotá. Par académico y evaluador internacional de las agencias de acreditación escolar norteamericanas ICAA, NCPSA y AI. En la actualidad docente del sector oficial de SEDBOGOTA y rector del Colegio Cristiano Semilla de Vida en Bogotá, D.C. Correo electrónico: julitorozco@yahoo.com.
  • 2. 2 and empowering the school persons (teachers, students and parents) as protagonists of the policy. Understanding that the process of teaching and learning takes place in a particular social and political context (UNESCO 2005, p. 15), it implies that public policy should focus on social relational conditions. An approach to the way of the interaction between students, parents and teachers into the school spaces, and how all of them are organized and configured to get the best benefits and outcomes of educational processes and inputs used. Palabras clave: política pública, maestros, calidad de la educación, comunidades educativas. Key words: public policy, teachers, quality of the education, educational communities. LA POLÍTICA PÚBLICA Es evidente que la importancia de la calidad de la educación genera consenso y unanimidad en todos los estamentos y organizaciones sociales. Su preponderancia como palanca determinante para el desarrollo y la movilidad social, y las posibilidades que genera de producción de más y mejores ingresos, sumado al cambio y transformación social obliga a pensar y reflexionar acerca de su pertinencia y valor actual. En este sentido, Se puede considerar que una política pública educativa es eficaz cuando ésta se convierte en una herramienta útil y efectiva para el mejoramiento social y la superación de las brechas de pobreza y desigualdad. Como punto de partida para la reflexión sobre la importancia y pertinencia de una política pública se debe tener en cuenta la pregunta que formula Martha Nussbaum en su libro Crear Capacidades: ¿Qué es lo que hace que una sociedad sea justa? Haciendo referencia a la ausencia del carácter ético social en la toma de decisiones políticas (2012, pág. 99). Del mismo modo, reflexionando sobre qué tipo de conexiones deben existir entre la filosofía moral, la construcción ética de una sociedad y la concepción de sus políticas. Asunto que la citada autora direcciona hacia la capacidad ética y moral de una sociedad, y
  • 3. 3 que se puede hacer visible únicamente por medio de la realización de la vida con dignidad humana, aspecto que considera como el fundamento político de una sociedad pluralista y democrática. Evidentemente, detrás la pregunta de Nussbaum existe todo un cuestionamiento a las teorías de justicia y construcción moral que desarrolla una nación-estado como es el caso de Colombia. Problemática que se ve reflejada en la formulación, intencionalidad y resultados de sus políticas públicas. En este sentido, la Revista Semana en el artículo “Exigimos Educación” plantea la siguiente pregunta, cuya respuesta se puede inferir de los anteriores argumentos Si Colombia tiene tan buenas políticas hace años, ¿Por qué le va tan mal en pruebas como PISA? ¿Y qué se puede hacer? (Semana 2014, pág. 46). Más allá de los resultados de PISA o la Prueba SABER 11 o de los índices de calidad de la educación colombiana, la reflexión se centra en el origen y desarrollo ético y moral de las políticas públicas que han direccionado la educación, y su capacidad en últimas, para promover y desarrollar la dignidad humana, en un país con los más altos indicadores de inequidad, desigualdad, pobreza y exclusión social. Es decir, en el fondo el cuestionamiento es de nivel ético y moral a unas políticas que no han sido lo suficientemente exitosas en asegurar el cambio, la mejora y transformación social, y que no han sido capaces de reducir los índices mencionados anteriormente. En este orden de ideas, se debe revisar la concepción de política pública como categoría de análisis social, y las implicaciones que ésta conlleva para una nación y su sociedad como la nuestra. Para Muller (1998, págs. 65 y 66) la concepción de política pública se relaciona con un conjunto de acciones y decisiones de Estado para mediar en un público en particular, llámese grupo de individuos, comunidades, entidades u
  • 4. 4 organizaciones, susceptibles de ser intervenidas y afectadas mediante la formulación de la misma. Esta intervención política se supone elaborada a partir del análisis y revisión de las problemáticas sociales o del objeto que se quiere intervenir para mejorar o transformar. Esto conlleva suponer que toda problemática social es susceptible de convertirse en objeto de análisis político que a la postre deriva en la formulación de una política pública. En el mismo sentido, Puello-Socarrás (2013, pág. 146) afirma que una política pública emerge como una aproximación o interpretación de una realidad insertada en unas problemáticas propias de un contexto social. Lo que significa que el origen y propósito de una política pública debe estar necesariamente vinculado a las necesidades, problemáticas y expectativas de cambio y mejora de los sujetos que conforman tales conjuntos sociales. Sin embargo, siguiendo la línea de Puello-Socarrrás, no es suficiente con el hecho de contextualizar tales políticas con los entornos y condiciones sociales. También se hace necesario comprender que la formulación de una política pública depende de dos condiciones que para bien o para mal pueden afectar la implementación de la misma y sus efectos en la sociedad a la que se destina. En primer lugar, y con relación a los políticos y/o gobernantes que piensan las políticas públicas, la alta carga subjetiva que conlleva una visión particular de la sociedad según la lente con la que se le mire: posición política e ideológica, postura económica, comprensión sociológica y filosófica. Lo que significa que toda política pública por pretensiosa que sea, está condicionada y limitada a la perspectiva ideológica y política con la que se mira y comprende el mundo. En segundo lugar, las pretensiones técnicas de los actores que diseñan y formulan estrategias para la implementación de la política y su relación directa con la forma de ejecución, las cuales no necesariamente se enmarcan o corresponden con las pretensiones iniciales de los actores políticos que las pensaron. Lo anterior pone de manifiesto las tensiones que se presentan entre el momento de reflexión y creación de la política y el
  • 5. 5 momento técnico de la formulación, y aún el momento concreto de su materialización o implementación, las cuales ponen en conflicto el fundamento ético y moral de la misma como construcción política social y las realidades propias de su implementación: visión económica, viabilidad financiera, presupuestal, logística y operativa, lo cual hace que la misma termine dependiendo de preceptos y fórmulas propias de los tecnócratas2 que las diseñan y de las personas que las implementan o materializan (Puello-Socarrás 2013, pág. 153). Un ejemplo de estas tensiones éticas y morales generadas, a las que yo llamaría las “racionalidades irracionales”, con las que se han formulado e implementado algunas políticas educativas en Colombia fue la de Reorganización institucional y optimización de la capacidad instalada desarrollada por MEN entre 1998 y 2002, bajo la figura de racionalización y aprovechamiento máximo de los recursos para una mayor cobertura. Inicialmente, la propuesta ideal de esa política pública, muy noble y altruista por cierto, formulada por el gobierno de ese entonces, era la de incrementar la cobertura escolar para que más niños y jóvenes pudieran acceder al servicio educativo público. Luego, desde el Departamento de Planeación Nacional y el Ministerio de Hacienda, sus tecnócratas, ausentes del entorno ético moral de la política, plantearon estrategias técnicas que racionalizaron el incremento de la tasa de cobertura con el gasto presupuestal, generando una política de ahorro en el recurso docente. Es decir, menos maestros con más estudiantes. Entonces el MEN, a partir de la reorganización institucional, y mediante la definición de estándares técnicos que tuvieran en cuenta el número de niños 2 De acuerdo con Muller, el estudio de una política pública pasa obligatoriamente por un cuestionamiento sobre la manera como se opera permanentemente (no sólo en la fase de elaboración) la transacción entre el referencial global (lo que supone descubrir su estructura normativa) y un referencial sectorial: El problema, entonces, es detectar los actores que realizan esta operación de transacción y las luchas de poder en juego que le están ligadas. A partir de aquel momento, es posible construir las políticas públicas como objeto de investigación. (Muller, 1998, pág. 75).
  • 6. 6 atendidos, implementó la política pública de cobertura en todos los colegios públicos del país. Como consecuencia, se encontraron dos realidades contradictorias que dejaron a la vista un dilema ético acerca de los resultados de la misma: de un lado, entre los años 2002 y 2009 se generaron aumentos significativos en la tasa de cobertura bruta, pasando de una 90% a un poco más del 105%. La tasa de cobertura neta ascendió del 84% al 90%, ayudando a reducir los índices de rezago escolar y deserción3, considerándose un valioso logro que no solamente acercaba a más colombianos a los espacios educativos, también mejoraba su capacidad de retención, promoción y graduación de los mismos. Sin embargo, del otro lado, las comunidades educativas, sus maestros, estudiantes, padres de familia y demás miembros se vieron obligados a vivir una realidad política que se tradujo en hacinamiento en las aulas escolares, debido al incremento del número de estudiantes por aula, sin que se incrementara en número de docentes. En la actualidad es 1 docente por cada 40 estudiantes. (MEN, 2005 págs. 4–8), generando bajos desempeños académicos, incremento de los indicadores de conflicto escolar, y por último consecuencias negativas y desgastantes para el aprendizaje escolar y el ejercicio de la tarea docente, que aún hoy día (2014) siguen latentes en la educación colombiana. Estas secuelas se pueden encontrar haciendo un rastreo superficial a los resultados obtenidos por la educación pública en las Prueba ICFES de Estado en comparación con la educación privada, o en los resultados de la Prueba PISA 2006 y 2009 en la que participó el país. Colombia, en aquella oportunidad, entre 65 países, obtuvo el puesto 48 en Matemáticas, 52 en Lenguaje y 54 en Ciencias. Evidenciándose una enorme brecha de 3 Datos del Ministerio de educación disponibles en http://menweb.mineducacion.gov.co/seguimiento /estadisticas/principal.php?seccion=9&id_categoria=2&consulta=coberturab_nivel&nivel=9&dpto=&mun=& ins=&sede=
  • 7. 7 calidad entre los estudiantes colombianos y estudiantes de otros países con menores índices de estudiantes por maestro (Barrera et al 2012, pág. 8). Esta visión instrumental y economicista de la ejecución de las políticas públicas no tuvo en cuenta las realidades sociales de las comunidades escolares, ni los procesos de construcción/deconstrucción de las mismas. Es entonces cuando las políticas pierden su eficacia y sentido social, diluyéndose en el mar de la burocracia y los preceptos técnicos y economicistas de los postulados neoliberales, sacrificando de paso una oportunidad histórica para el desarrollo, transformación y progreso social. Lo que en un comienzo se promovió como política de cobertura e inclusión social educativa, se desarrolló como una estrategia de orden económico para reducir el gasto presupuestal en educación, y terminó hacinando a los estudiantes en las aulas de clase, e incrementando el la carga laboral de los docentes, incidiendo negativamente en la calidad de los aprendizajes y desarrollo escolar. Sin embargo, a pesar de esta aparente encrucijada de la formulación, diseño e implementación de una política pública, existe una salida que permitiría conciliar el sentido ético y moral con la “neutralidad pragmática” de la política, y que a la vez podría ayudar a aliviar las tensiones y desajustes que surgen del proceso político y tecnocrático. Puello- Socarrás plantea que se pueden superar las barreras y dificultades, identificando y proponiendo condiciones de equilibrio sobre racionalidad, tecnicidad y ejecutividad (2010, pág. 153), si existe un claro enfoque hacia el bien común y el mejoramiento social. Es decir, una adecuada relación y armonización de la política pública entre los políticos que las piensan, los técnicos que las planifican y diseñan, y las comunidades escolares que las ejecutan y hacen visibles. Todo esto acompañado de una alta dosis ética y moral de sentido y compromiso social con la materialización de las mismas, lo cual puede lograr el cumplimiento, sin mayores interrupciones, de los fines y propósito de las mismas.
  • 8. 8 En este punto, se hace necesario resaltar la importancia de roles de los actores que intervienen en la formulación e implementación de las políticas públicas educativas y su sensibilidad o sintonía social genuina con las necesidades y problemáticas públicas. En primer lugar, entre estos actores encontramos a los gobernantes, concejos municipales, asambleas departamentales, el congreso de la república y demás actores políticos que piensan y formulan tales políticas. En segundo lugar a los expertos académicos, ingenieros y técnicos profesionales que proyectan, racionalizan y calculan la formulación de la política y su impacto social; y en tercer lugar, a las comunidades educativas con sus estudiantes, padres de familia, administrativos, directores y maestros que son en últimas quienes las ejecutan. Es por esta razón que en asuntos relacionados con calidad de la educación se hace necesario e imprescindible tener en cuenta no solamente a los actores políticos y técnicos que configuran y desarrollan las políticas. Se hace necesario incluir a las comunidades educativas como agentes/sujetos activos y partícipes y a la vez garantes del cumplimiento de los fines últimos de tales políticas. El ejercicio de la responsabilidad social desde las propias comunidades educativas es factor clave para el logro de las políticas, tal y como lo afirma Consuelo Corredor: Es necesario poner las políticas públicas al servicio de los sectores más desprotegidos, con unos niveles mínimos de satisfacción de derechos ciudadanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, que progresivamente conduzcan a su universalidad y satisfacción plena. (2010, pág. 28). En este sentido, se puede afirmar que una política educativa de calidad de la educación con impacto social puede afirmar su sentido ético y moral cuando mantiene como foco y objetivo primordial a las personas que conforman las comunidades educativas. Cuando se tienen en cuenta las realidades de los maestros, de los padres de familia, de los estudiantes, y de los propios contextos sociales en que interactúan y se desarrollan tales
  • 9. 9 comunidades y su potencial innovador y de transformación escolar. Al respecto, a partir de la Constitución Política de 1991, se ha venido avanzando en el cambio de paradigma con relación a la forma como se mira o reconoce a las comunidades y grupos sociales actuales, incluyendo a la comunidades escolares. Estos, antes de la Constitución de 1991 eran considerados como personas con necesidades irresueltas, a partir de la nueva Constitución como ciudadanos sujetos de derechos. Ya no se trata entonces de poblaciones objeto de la política, ahora se trata de poblaciones sujeto, dispuestas a ser actores protagonistas de su propio desarrollo político y social (Corredor 2010, pág. 23). Al respecto Corredor afirma: Se partió de la convicción que los procesos deben darse en doble vía: por una parte, los ciudadanos han de comprender que el Estado tiene una serie de obligaciones para con ellos, que es su deber tutela sus derechos –particularmente dequienes se encunetran mas desprotegidos – pero, a la vez, que el ejercicio de ciudadano comporta deberes. Eso es lo propio de un Estado social de derecho. Las transformaciones sociales se mueven en un horizonte de mediano y largo plazo y el alcance de sus resultados efectivos y duraderos –como por ejemplo lograr mejoras en la nutrición de las población-, es el resultado de un trabajo concertado y contínuo que exige políticas públicas de largo aliento. (Corredor 2010, pág. 25) De lo anterior se puede deducir que la visión de las personas como sujetos de derechos, no solamente cambia la perspectiva de la politica, tambien la valoriza y la instrumentaliza como herramienta de restablecimiento del derecho mismo, eliminando de paso el carácter asistencialista con el que se formulaban las políticas antes de la Constitución de 1991, y estableciendo hacia adelante una intencionalidad enfocada en la valoración del ser humano como persona (Corredor 2009, pág. 72), y como lo plantea Nussbaum, el desarrollo y fortalecimiento de la dignidad humana.
  • 10. 10 LOS MAESTROS COMO CIENTÍFICOS SOCIALES Esta es una nueva categoría de investigadores derivada del trabajo y objeto de investigación que realizan en las ciencias sociales y en el contexto de los grupos sociales o comunidades propiamente dichas. En esta categoría enmarcan todos aquellos investigadores, académicos y profesionales interesados en ahondar en los fenómenos y problemáticas sociales (historiadores, psicólogos, sociólogos, antropólogos, etc.). Sin duda alguna, también los educadores, debidamente formados y preparados en prácticas de investigación educativa y social hacen parte de esta gran categoría de la investigación científica aplicada a la relación existente entre educación y sociedad. Las complejidades actuales del conocimiento, de su epistemología, de las disciplinas del saber, de los enfoques y modelos pedagógicos, sumados a las complejidades políticas y sociales, y las propias de las políticas públicas, generan un nuevo escenario académico e investigativo para los docentes actuales. Esto hace pensar que los profesores, ya sean de educación preescolar, básica, media o superior se pueden (deben) convertir en puentes y mediadores entre las políticas públicas y las realidades sociales en las que interactúan: los docentes en un nuevo rol como científicos sociales. Es decir, docentes vinculados a equipos académicos de investigación en educación, interactuando con sociólogos, comunicadores, políticos, economistas y demás expertos en otras áreas del conocimiento, que mediante la realización de investigaciones empíricas y sociales, acerquen los resultados de las investigaciones y su aplicabilidad a quienes diseñan y formula las políticas públicas. Los iniciadores de las políticas públicas consideraban fundamental que los aportes de los científicos sociales contribuyeran en el diseño de las políticas, para lo que partían de la selección de asuntos normativamente importantes que permitían clarificar las metas de los analistas sociales así como las que la comunidad esperaba, luego analizaban las tendencias existentes, las condiciones y los probables desarrollos futuros. (González 2013, pág. 102).
  • 11. 11 De acuerdo con González, se requiere entonces de una nueva categoría de educador colombiano, profesores que van más allá de los contenidos de su asignatura. Maestros inconformes con sus realidades sociales y académicas. Docentes con empoderamiento transdisciplinar para que sean plenamente capaces y competentes a la hora de abordar los procesos de deliberación, diseño, construcción e implementación de las políticas públicas. Los docentes como científicos e investigadores sociales protagonistas de los desarrollos e innovaciones académicas y escolares al interior de sus comunidades educativas, y en últimas comprometidos y deliberantes con en el campo de la política pública educativa. Al respecto desde el programa de doctorado en educación y sociedad de la Universidad de la Salle, se plantea la necesidad de un nuevo tipo de docente, consciente, comprometido y empoderado con el rol protagónico que conlleva su profesión, pero fundamentado en la interdisciplinariedad de los programas de posgrado. Por otro lado, la importancia cobrada por la producción de conocimiento de corte interdisciplinario, con la disolución de las fronteras disciplinares y la emergencia de nuevos campos para la investigación, implica el cambio en los perfiles de entrada y salida en la formación doctoral. En este sentido, se hace altamente deseable una formación mediada menos por una lógica centrada en la transmisión de saber del profesor al estudiante, para privilegiar la formación entre pares a través de prácticas cooperativas. Ello, por supuesto, implica dejar de pensar en perfiles puramente profesionales o disciplinares para el ingreso a la educación doctoral, para apuntar a la diversificación de los estudiantes, de modo que la pluralidad de rutas y experiencias de formación y profesionales puedan garantizar la producción de conocimiento de alto nivel. (Camacho 2014, pág. 24). Del mismo modo, Kababe (2004, pág. 208) citando a Weiss afirma que el uso de la investigación en el diseño de políticas es un fenómeno complejo que requiere de un profundo análisis del proceso de generación de conocimientos y de los propósitos de su utilización; considerando además que la investigación en políticas públicas por parte de los
  • 12. 12 investigadores, es un espacio de formación para los hacedores de política y el vínculo necesario entre los anteriores y los generadores del conocimiento. La citada autora, siguiendo a Weiss, plantea un modelo teórico denominado Modelo del Empuje o en inglés Push Science, mediante el cual pretende explicar el papel de los investigadores y científicos sociales. Al respecto afirma: …Por ejemplo, los resultados académicos pueden ser utilizados por parte de los hacedores de política para la toma de decisiones o la formulación de políticas públicas. El modelo esquematiza una secuencia de tipo lineal y automática que supone que la información que resulta de las investigaciones es conocimiento utilizable sin necesidad de un proceso previo de transformación o adaptación. Este modelo está en línea con el modelo centrado en la oferta de conocimiento, propuesto por Carol Weiss (1979) (Kababe 2004, pág. 208). Resulta pues necesario, interrelacionar la capacidad investigativa de los docentes con los escenarios de creación y debate de la política pública, mediante la retoma de espacios como el Movimiento Pedagógico4, o la creación de Observatorios Sociales y Centros de Estudio y Pensamiento de la Educación, ya sea de la mano de las facultades de educación o mediante la asociación gremial tanto de los docentes como de las instituciones escolares públicas y privadas. Al respecto Kababe plantea que a mayor interacción exista entre los actores de la política pública (políticos, técnicos y académicos) a los cuales adiciono los docentes como científicos sociales, mayores probabilidades existirán de utilización del conocimiento desarrollado en la formulación de la política pública (pág. 209). 4 Según Marcos Raúl Mejía) el Movimiento Pedagógico surgió de la confluencia de cuatro procesos históricos así: 1) La reforma curricular que se pretendía imponer por parte del Ministerio de Educación Nacional.-2) El auge de los Movimientos Sociales que intentaban construir Proyectos Alternativos.-3) La emergencia histórica de unos sujetos de pedagogía que pugnaban contra los modelos en boga y 4) Con la emergencia de un actor social colectivo (comunidades) que da sentido a ese quehacer.
  • 13. 13 En la misma línea, y para generar un impacto social sólido, consistente y perdurable en el tiempo, se requiere un mayor número de maestros, mejor formados y preparados tanto en su área particular de conocimiento y pedagogía, como en los campos y disciplinas sociales. Los países que han conseguido alcanzar normas elevadas en materia de aprendizaje son los que han invertido constantemente en la mejora de la profesión docente (UNESCO 2005, pág. 3). Mejora en los sueldos de los docentes, pertinencia de los nuevos saberes disciplinares, de las ciencias de la educación y de la política pública que deben manejar los profesores, y vinculación a movimientos académicos e intelectuales que les permitan renovar su campo de visión de las problemáticas educativas y sociales, son las salidas que deben considerar las políticas públicas para salir de la encrucijada de mala calidad que aqueja a la educación colombiana. CALIDAD DE LA EDUCACIÓN Para investigadores como Piñeros (2010, pág.75) y Aguerrondo (2008, pág. 1), el empleo del concepto Calidad de la Educación surge como la necesidad de reflexionar acerca del tipo de educación y su pertinencia con los grupos sociales, todo esto dentro del marco de la expansión sufrida por los sistemas educativos a partir de los años 50, que generó una dinámica de construcción de más escuelas, preparación y contratación de más docentes y el fortalecimiento de la infraestructura escolar. Es decir, el concepto de calidad de la educación planteado a partir de los desafíos cuantitativos que permitieron pensar hacia dónde ir y cómo debe organizarse y conducirse una escuela, un grupo de escuelas, un sistema educativo. Para Aguerrondo, La aparición del concepto “calidad de la educación” se produjo históricamente dentro de movimiento, proveniente de los modelos de calidad industrial, enfocado en la productividad y lo resultados. Considera en este origen serios cuestionamientos a las implicaciones del concepto en el sector educativo. La ideología de la producción en serie enfocada al aprendizaje y la eficiencia escolar se convierte en un
  • 14. 14 fuerte reparo a un proceso social como es el aprendizaje y el derecho mismo a la educación. Se considera este concepto como el punto de partida de la instauración de una política educativa de corte neoliberal que busca justificaciones “académicas” que permitan fundamentar la restricción del ingreso a la educación y de su cumplimiento como derecho fundamental. Considera que la tarea educativa asociada a la ideología de eficiencia social termina convirtiendo al docente en poco menos que como un obrero dentro de una línea de producción “instruccional”, cuyos objetivos, actividades y materiales le llegan prefabricados, y en el cual la “calidad” se mide por fenómenos casi aislados, que se recogen en el producto final (ibídem). Sin embargo, a pesar de los riesgos del uso de este concepto, no se puede negar ni esconder la realidad de las problemáticas educativas asociadas al bajo rendimiento académico, la ineficacia en los aprendizajes y los conflictos escolares. Como se desprende de las anteriores afirmaciones, las implicaciones del término Calidad no pueden ser tomadas tan a la ligera en el campo educativo, y más cuando de por medio está la materialización de un derecho fundamental. Es decir, no se puede reducir el concepto Calidad Educativa únicamente a parámetros de eficiencia y eficacia, o en función del “hacer más con menos”, tal como fue el planteamiento reduccionista del Decreto 3020, de diciembre 10 de 2002, más conocido como el Decreto de los Parámetros, ya explicado anteriormente. No se niega la necesidad de establecer por decreto unos acuerdos mínimos sobre horarios, jornadas, intensidades y demás asuntos de la organización escolar, pero se puede incurrir en el error reduccionista de que sólo este tipo de normas podrán orientar y fortalecer la calidad de la educación. Cuando se trata de avanzar en el asunto de la Calidad de la Educación como condición inherente al Derecho a la Educación, se requiere no solo de reglas de orden técnico procedimental como el citado Decreto 3020, de visible corte neoliberal, también se
  • 15. 15 requiere de una política pública de largo alcance, de un gran proyecto educativo que desborde generosidad en las inversiones, en los recursos y en los diferentes programas y proyectos a desarrollar, y desde luego continuidad y consistencia a largo plazo en la aplicación y mejora de las mismas. Volviendo al concepto Calidad, se hace evidente aún más su grado de complejidad cuando a este concepto le sumamos el componente Educación. Se torna polisémico, multidimensional y variable, de acuerdo con el tipo de sociedad, concepción política, modelo, sistema y visión educativa (Aguerrondo, 2010 pág. 31). Por lo tanto, su complejidad semántica hace que no sea un valor absoluto, que se pueda referenciar bajo una forma particular o exclusiva de valoración o comparación. Esto nos lleva a plantear la necesidad de establecer unos criterios de acuerdo mínimos sobre los que se debe considerar como calidad de la educación. Los tiempos y procesos sociales actuales (posmodernidad), requieren que se piense la Calidad de la Educación, desde las condiciones socioeconómicas y culturales en las que se hallan inmersos estudiantes, directivos, docentes y padres de familia, quienes conforman las comunidades educativas. Del mismo modo, al interior de las comunidades académicas escolares exige la revisión de los fundamentos epistemológicos subyacentes a la praxis pedagógica, las prácticas sociales y convivenciales, e incluso la reconfiguración de los currículos escolares y los modelos de evaluación de manera que puedan ofrecer una respuesta a las problemáticas de aprendizaje y éxito escolar (Aguerrondo 2010, pág. 27). Reforzando lo dicho anteriormente, Sammons, Hillman y Mortimore, en su propuesta de escuelas eficaces plantean: “La escuela de calidad es la que promueve el progreso de sus estudiantes en una amplia gama de logros intelectuales, sociales, morales y emocionales, teniendo en cuenta su nivel socioeconómico, su medio familiar y su aprendizaje previo.
  • 16. 16 Un sistema escolar eficaz es el que maximiza la capacidad de las escuelas para alcanzar esos resultados. (Sammons, Hillman y Mortimore 1998, pág. 52) En este sentido, el MEN en su propuesta de calidad educativa expone: “Una educación que forme mejores seres humanos, ciudadanos con valores éticos, respetuosos de lo público, que ejerzan los derechos humanos, cumplan con sus deberes y convivan en paz. Una educación que genera oportunidades legítimas de progreso y prosperidad. Una educación competitiva, pertinente, que contribuye a cerrar brechas de inequidad y en la que participa toda la sociedad. Para desarrollar este reto se trabajará en el desarrollo de competencias básicas, genéricas, específicas y ciudadanas en los niños, niñas y jóvenes; se consolidará el sistema nacional de evaluación de la calidad y se fortalecerá el sistema de aseguramiento de la calidad” (MEN, 2013). Del mismo modo, en su propuesta de calidad y equidad educativa la Secretaria de educación Distrital plantea en el documento SEICE: “El Plan Sectorial de Educación 2008-2012, Educación de calidad para una Bogotá Positiva, bajo los principios de calidad, equidad, diversidad e inclusión se propuso conducir la política educativa de la ciudad. Su principal objetivo fue “garantizar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de Bogotá las condiciones adecuadas para disfrutar del derecho a una educación de calidad que les sirva para el mejoramiento de su calidad de vida y contribuya a la construcción de una ciudad más justa y democrática, pacífica y segura, incluyente y equitativa, en la que todos sus habitantes sean respetuosos de los derechos humanos, la diversidad y el pluralismo”. (SEICE 2010). CALIDAD Y EQUIDAD Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, se puede afirmar que el concepto Calidad en el contexto educativo es un resultado derivado, de por los menos una buena gestión o realización de los procesos políticos, administrativos, directivos y educativos y de
  • 17. 17 una intencionalidad deliberada en torno al mejoramiento integral del servicio educativo y de los aprendizajes de los estudiantes. En este punto, la palabra Calidad se encuentra con la palabra “Equidad”. Es decir, tal y como lo define Piñeros (2010, pág. 77) citando un trabajo de Bryk & Raudenbush: “Equidad como el poder compensatorio de cada escuela con respecto al contexto de sus estudiantes”. Por lo tanto, el concepto Calidad en educación junto con sus implicaciones anteriormente vistas, debe valorarse e interpretarse a la luz del concepto “Equidad”. Cuando todos los estudiantes de una escuela o comunidad educativa aprenden más y mejor, cuando todos maduran y superan sus deficiencias y conflictos, cuando desarrollan de forma creciente sus habilidades intelectuales (equitativamente), entonces se puede afirmar que la calidad es un patrón de vida de tal comunidad. En este sentido, es muy importante revisar el trabajo de Piñeros, quien plantea que el concepto Eficacia Escolar es realmente la moneda de dos caras: De un lado la Calidad dada por el desempeño escolar de los estudiantes, el cual debe ser lo más alto posible; del otro lado la Equidad como el poder compensador de los buenos resultados para todos los estudiantes (pág. 76). “Es decir, la Escuela Eficaz será aquella que promueve de forma duradera el desarrollo integral de todos y cada uno de sus estudiantes, más allá de lo que sea esperable, de acuerdo con sus características individuales su desempeño académico inicial y su situación social, cultural y económica. Desde esa perspectiva, las relaciones de causalidad se convierten en elementos centrales de la eficacia escolar”. (Piñeros, pág.76) LAS ESCUELAS EFECTIVAS Y LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN Teniendo en cuenta el pensamiento de Piñeros, se puede deducir que una política educativa de calidad no solo debe ir acompañada de una mejora de la infraestructura hacia
  • 18. 18 la modernización y configuración del servicio educativo en función del reto de materialización del derecho a la educación, ahora necesita proyectar todos sus esfuerzos hacia el alcance de más y mejores aprendizajes entre sus estudiantes (Eficacia Escolar5). Que en un lapso no muy lejano ni extendido, asegure mejores resultados entre los escolares, que por lo menos igualen a los de los colegios privados, y hacia futuro, los sobrepasen. Tanta inversión en el derecho a la educación, tarde que temprano, debe generar retornos tanto en lo académico como en lo social, reduciendo de paso las brechas de desigualdad, pobreza y atraso. Para el alcance de estos logros o metas, Piñeros (págs. 72 a 75) basa su reflexión en los diferentes modelos teóricos de eficacia escolar, los cuales aunque han sido muy cuestionados y/o resistidos por algunos sectores académicos y sindicalistas del magisterio colombiano, pero que debido a su creciente construcción teórica, han demostrado sus bondades en términos de mejora escolar, debido al hecho de haber sido piloteados con éxito en diferentes sistemas educativos de otras latitudes, lo que les ha permitido un espacio propio y credibilidad en un buen segmento de los estudios investigativos. De hecho, siguiendo a los autores que referencia Piñeros, los estudios sobre efectividad escolar se han venido constituyendo en un insumo importante para la investigación educativa actual. Desde los estudios iniciales de Carrol (1963) acerca del 5 Según el estudio Investigación Iberoamericana sobre eficacia escolar, el movimiento de eficacia escolar, es uno de los movimientos de carácter educativo que más está influyendo en la toma de decisiones educativas en todos los niveles –aula, escuela y sistema educativo– y en todo el mundo, por supuesto incluida Iberoamérica. En efecto, en sus 40 años de existencia, ha aportado una gran cantidad de ideas que están contribuyendo a mejorar los niveles de calidad y equidad de los sistemas educativos. Sin embargo, para que esas ideas resultantes de la investigación sean realmente útiles, es imprescindible que hayan surgido de trabajos desarrollados a partir de la realidad que pretende modificar y por investigadores que conozcan profundamente esa realidad. En Iberoamérica, a pesar de que se ha desarrollado una buena cantidad de trabajos sobre eficacia escolar de una aceptable calidad, queda mucho camino por recorrer. Casi la totalidad de las investigaciones desarrolladas hasta este momento son explotaciones especiales de evaluaciones del desempeño escolar o estudios de caso con una muy limitada capacidad de generalización (CAB. 2007. Pág. 11)
  • 19. 19 aprendizaje escolar, el cual analizaba cinco variables que incidían en los aprendizajes (aptitud, oportunidad, perseverancia, calidad y enseñabilidad), pasando por los aportes de Coleman (1966) que pretendía demostrar que controlando las variables de etnia y entorno social se podían optimizar los aprendizajes. Posteriormente los estudios sobre el rol de maestro y la eficacia de la enseñanza (Creemers, 2000), hasta llegar al marco teórico de escuelas efectivas de Edmons (1979) y Scheerens (1999). De estos trabajos surge el modelo de los 5 factores de calidad, el cual tomó gran protagonismo en los modelos educativos de comienzos del siglo XXI. A continuación algunos factores clave de efectividad identificados por Edmonds (1979 et al), y citados por Piñeros, los cuales no deben considerarse como independientes uno de otro, pues es evidente que existen varios vínculos entre ellos, y que la suma de las fuerzas propias de cada uno en su conjunto generan una dinámica de excelencia en la gestión escolar:  Fuerte liderazgo educacional  Altas expectativas sobre el logro de los estudiantes  Énfasis en actitudes básicas  Clima seguro y ordenado  Evaluación frecuente de lo progreso de los estudiantes En oposición a lo anterior, algunos teóricos e investigadores consideran que es difícil obtener una relación definitiva y ponderar el peso relativo de cada una de esas variables o factores, con los resultados obtenidos, debido a la diversidad de indicadores y de métodos de investigación utilizados en los distintos estudios. En cualquier caso, la importancia de estos hallazgos no radica en la calidad de los estudios concretos, sino en el hecho de que diferentes investigadores, que parten de supuestos distintos y que utilizan también métodos distintos, llegan a conclusiones muy similares sobre la eficacia y resultados sobresalientes de las escuelas eficaces (Báez de la Fe, 1994, pág. 9).
  • 20. 20 Entre los resultados alcanzados por éste modelo, a pesar de lo difícil de relacionar de manera puntual con las diferentes variables, se encuentran los siguientes:  Alcance de resultados académicos superiores,  Mejores en las condiciones de trabajo para los profesores,  Mayor calidad de las relaciones con los alumnos,  Menores problemas de disciplina y de comportamiento. De otra parte, y teniendo en cuenta los resultados alcanzados por Chile en la Prueba PISA, los cuales sobresalen como los mejores en el contexto latinoamericano, y que sin ser los más destacados en el contexto de la OCDE, sin son un referente sobre lo que está haciendo esta nación suramericana para promover la mejora de su sistema educativo encontré lo siguiente. Con base en entrevista realizada al señor Ernesto Treviño6, Director del Centro de Políticas Comparadas de Educación de la Universidad Diego Portales de Santiago de Chile, afirmó citando una investigación realizada por el doctor Juan Pablo Valenzuela, profesor de la misma universidad, que buena parte de la mejora escolar que se ha dado durante los últimos 20 años en el sistema educativo de ese país radica en las siguientes acciones:  Fortalecimiento del capital cultural de las madres de familia de los escolares, en particular de aquellas que han sido madres en edad adolescentes, a quienes se les ofrecen los recursos educativos, económicos y de acompañamiento con políticas sociales para que puedan concluir por lo menos sus estudios secundarios. El profesor Salazar afirma que esta estrategia ha logrado aumentar la permanencia de las madres adolescentes en el sistema escolar, y de paso ha aumentado el número 6 En visita de campo realizada los días 8 y 9 de abril a la Universidad Diego Portales, y en particular al Centro de Políticas Comparadas, entrevisté al profesor Felipe Salazar, coordinador académico de este instituto, el cual es dirigido por el profesor José Joaquín Brunner. La entrevista se encuentra disponible en medio digital.
  • 21. 21 de grados/años de escolaridad, con su consiguiente impacto en el capital cultural de la mujer.  El derecho a la educación es concebido como una obligación de los escolares y sus entornos familiares, lo cual ha favorecido el indicador de permanencia en el sistema escolar chileno. Mediante estrategias de intervención social en el escenario familiar de los escolares, y asignación de profesionales y terapeutas especializados en problemáticas escolares, han logrado reducir los indicadores de conflicto, coadyuvando al incremento del número años/grados de escolaridad de los estudiantes de las clases menos favorecidas.  Asignación de recursos de infraestructura, apoyo didáctico, operativo, y de acompañamiento profesional según diagnósticos de las problemáticas particulares de las instituciones educativas. Esto incluye asistencia y acompañamiento académico y de profesionales especializados por parte de universidades y centros de formación pedagógica chilenos. La intervención de mejora en las escuelas chilenas es planeada de acuerdo con las realidades, problemáticas y dificultades propias de cada institución educativa en particular.  Fortalecimiento del liderazgo de los directivos escolares mediante programas de posgrado en áreas de educación y alta gerencia organizacional. Se han generado programas especiales de capacitación al liderazgo directivo de acuerdo con las fortalezas y dificultades de las instituciones educativas que tienen a su cargo y responsabilidad.  Igualmente, desde los convenios con universidades e institutos de formación pedagógica acompañamiento a los docentes, y seguimiento al desempeño profesional mediante la implementación de rúbricas de evaluación de la gestión pedagógica y educativa en diferentes aspectos tales como preparación de una clase efectiva, intervención y solución conflictos escolares, compromiso ético y social, evaluación de los aprendizajes, compromiso con la calidad entre otros temas.
  • 22. 22  Desde 2008 la creación y operación de la Agencia de Calidad de la Educación, mediante la cual se ha venido realizando intervención especializada, institución por institución en aquellos colegios que presentan problemáticas de bajo desempeño escolar, burocratización y mala gestión. Han diagnosticado cerca de 7.000 escuelas públicas, de las cuales han intervenido con programas específicos de mejora alrededor de 1.000 que presentaban problemáticas de bajo valor organizacional y pedagógico.  Desde 2007 se introdujeron mecanismos de rendición de cuentas de la gestión educativa en los diferentes escenarios de la nación: congreso de la república, gobiernos locales, eventos académicos, y aún en las mismas instituciones educativas. Esto ha conllevado la creación de programas de evaluación sistémica y sistemática de la gestión educativa en su conjunto. CONCLUSIONES La combinación exitosa entre las políticas educativas, el rol de los maestros y las comunidades escolares, pueden generar un cambio positivo en los resultados escolares. Para ello se requiere empoderamiento académico, político y social de los docentes y los directivos. Enfocada en la promoción de un nuevo tipo de maestro y directivo (científicos sociales) comprometidos con su formación pedagógica, disciplinar y multidisciplinar podrán generar un nuevo liderazgo al interior de las instituciones educativas, en las que la política educativa se lucha, se afirma, se construya y proyecta día a día, clase a clase. La calidad de la educación pública en particular, se resolverá fortaleciendo profesionalmente a los maestros mediante diversos programas de formación en posgrado y acompañamiento especializado. Del mismo modo, el empoderamiento a las comunidades educativas acerca de su importancia como garantes y ejecutores de la política pública. Las comunidades educativas
  • 23. 23 requieren, que adicional a todos los logros alcanzados en cuanto a cobertura, infraestructura y materialización del derecho a la educación, se implemente de manera específica, individual y concertada planes de intervención y mejora de la calidad educativa, que garanticen unos procedimientos y criterios mínimos que tiendan a eliminar los bajos resultados académicos y las brechas de inequidad, pobreza y marginalidad producto de una educación deficiente. Así, tal y como lo plantean Álvarez y Rendón acerca de concepción de localidad (en este sentido como comunidad educativa), afirman: la localidad cobra toda la relevancia posible y se convierte en el espacio donde se materializan la acción competitiva y la práctica social, política, económica e institucional que hacen del territorio el eje central del desarrollo y crecimiento económico. (2010, pág. 47) Por lo anterior, también, se requiere desde el interior de las comunidades la formulación de modelos de la gestión escolar enfocados en la calidad (tipo acreditación escolar) que permitan a sus estudiantes alcanzar herramientas y estrategias para enfrenta las problemáticas de desigualdad social, reformulando los perfiles escolares en términos de ideales a alcanzar, el rediseño del currículo en función de las realidades, necesidades y expectativas de la comunidad, y la conformación de equipos de trabajo comprometidos con el cambio y la transformación social a partir del aseguramiento de que sus estudiantes realmente están aprendiendo cada día más y mejor. Desde luego, también se debe considera que por más eficaces que puedan llegar a ser en un futuro cercano estas escuelas, no se debe permitir la mala interpretación de que ellas sean capaces de eliminar por sí mismas las desigualdades sociales, asimilando la política social a la política educativa y reduciendo el problema del cambio social al del cambio de profesores y alumnos. En este sentido, corresponde al Estado en cabeza de sus gobernantes, generar programas de contingencia que enfrenten de manera efectiva los problemas de pobreza y desigualdad social de la gran mayoría de familias que hacen uso del sistema público educativo, para que en esa medida sus centros educativos se puedan convertir en escuelas eficaces del alto impacto en el progreso y desarrollo social.
  • 24. 24 ANEXO A continuación, algunas de las políticas públicas en educación que han generado alto impacto social y afectación, para bien o para mal, o, en menor o mayor grado, a la calidad de la educación en Colombia, y las cuales muestran la evolución de las mismas a lo largo de los últimos veinte años:  Programa de Ampliación a la Cobertura en Educación Secundaria (PACES), implementado entre 1991 y 1997, que otorgaba bonos para cursar secundaria en colegios privados a estudiantes de bajos recursos.  Colegios en Concesión. Implementada en 1999 por la Secretaría de Educación de Bogotá con el fin de utilizar las plantas físicas y experiencia educativa de los colegios privados de la ciudad. Algunos colegios privados recibieron en administración plantas físicas de la Secretaría de Educación.  Proyecto de Educación Rural (PER). (Decreto 1494 de 2005). Es uno de los programas de educación rural más importantes desarrollados en la actualidad no solo por su tamaño sino por sus implicaciones en los escenarios rurales. Cuenta con el apoyo del Gobierno Central y financiación del Banco Mundial.  Financiación y distribución de los recursos: Ley 715 de 2001, CONPES 137 de 2011 y Decreto 1122 de 2011 que reglamentó cambios en la repartición de los recursos a través del Sistema General de Participaciones (SGP).  Asignación de recursos económicos y financieros mediante la regionalización y agrupación de las entidades territoriales certificadas (ETC). Por la cual se categorizaron los municipios de acuerdo con su organización y gestión, obteniéndose las categorías de Entidades Territoriales Certificadas y Entidades Territoriales No Certificadas. Ley 715 de 2001.  Adopción de parámetros técnicos para la prestación del servicio educativo en los colegios públicos, la jornada escolar y de los directivos docentes y docentes de los
  • 25. 25 establecimientos educativos estatales de educación formal, administrados por los departamentos, distritos y municipios certificados. Decreto 1850 de 2002.  Reorganización institucional y optimización de la capacidad instalada mediante la formulación del Plan de reorganización del sector educativo” (PRESE) 2005.  Incentivos basados en resultados. Decreto 1055 de 2011 ofrece incentivos para los rectores que cumplan con los indicadores de permanencia escolar y calidad educativa según resultados de la Prueba de Estado SABER 11. A continuación, otros programas asimilados a política pública y que han mostrado avances en su formulación a partir de la concepción de política pública con enfoque de derechos y orientada hacia las personas como sujetos sociales:  Subsidios condicionados a la asistencia escolar, implementado por la Secretaría de Educación de Bogotá a partir del año 2005.  Gratuidad, desarrollada inicialmente por la Secretaría de educación de Bogotá en el año 2004, gradualmente se convertiría en política pública nacional.  Actualmente, (2014) en la Secretaría de educación de Bogotá, la política Construcción de saberes. Educación incluyente, diversa y de calidad para disfrutar y aprender. Incluye: Garantía del derecho con calidad, gratuidad y permanencia, Jornada única para la excelencia académica y la formación integral, Educación Media fortalecida y mayor acceso a la educación superior, mejoramiento de las instituciones educativas con empoderamiento ciudadano, docente y mejoramiento de la gestión sectorial, Desarrollo del Plan de Alimentación Escolar (PAE) para cerca de 65 estudiantes todos los días del año escolar (Plan de Desarrollo 2012-2016).
  • 26. 26 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS . AGUERRONDO, Inés. 2010. Retos de la calidad de la educación: perspectivas latinoamericanas, en Revista Educación y Ciudad, Vol. 19. Publicación Semestral IDEP, Bogotá, D.C. AGUERRONDO, Inés. 2008. La calidad de la educación: Ejes para su definición y evaluación. Consultado en portal de http://www.oei.es/calidad2/aguerrondo.htm. Organización de Estados Iberoamericanos para la educación la Ciencia y la Cultura. Consultado el 29 de octubre de 2013. ÁLVAREZ G. Rubén Darío y RENDÓN A. Jaime Alberto (2010). EL TERRITORIO COMO FACTOR DEL DESARROLLO Semestre Económico, vol. 13, núm. 27, julio-diciembre, 2010, pp. 39-62 Universidad de Medellín, Colombia BÁEZ DE LA FE, Bernardo F. (1994) Revista Iberoamericana de Educación, Número 4 Descentralización Educativa. El movimiento de escuelas eficaces: Implicaciones para la innovación educativa. Universidad de La Laguna, Tenerife, España. BARRERA Felipe, MALDONADO Darío y RODRÍGUEZ Catherine. 2012. CEDE Centro de Estudios Sobre Desarrollo Económico. Universidad de los Andes. ISSN 1657-7191 Edición electrónica. CAMACHO, Carmen A. (2014). Educación y sociedad: una mirada desde la formación doctoral. Síntesis de la justificación y el marco teórico del documento para registro calificado del Doctorado en Educación y Sociedad de la Universidad de La Salle. Bogotá. D.C. CORREDOR M. Consuelo. 2010. La política social en clave de derechos. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, D.C. DELORS, Jacques. (1994) La educación encierra un tesoro. Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la educación para el siglo XXI. Santillana, Ediciones UNESCO. GONZÁLEZ, Marcelo. (2013). El estudio de las políticas públicas: un acercamiento a la disciplina.
  • 27. 27 KABABE, Yamila. (2014). La interacción entre investigación y política: Aproximaciones conceptuales. En Revista CTS, nº 25, vol. 9, Enero de 2014 (pág. 205-226). Quilmes, Argentina. MEN. 2012. Definición de calidad educativa. Consultado en Noviembre 1 de 2013 en el portal http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-278740.html Bogotá, D.C. MULLER, Pierre. 1998. Reproducción de las políticas públicas en INNOVAR, Revista de ciencias administrativas y sociales, volumen 12. Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, D.C. NUSSBAUM, Martha. (2012) Crear capacidades. Propuesta para el desarrollo humano, traducción del inglés de Albino Sánchez Mosquera, Barcelona, Espasa, 266 pp. PIÑEROS J, Luis J. 2010. Los estudios de factores asociados, en Revista Educación y Ciudad, Vol. 19. Publicación Semestral, IDEP, Bogotá, D.C. PUELLO-SOCARRÁS, José F. 2013. ¿Quién sabe qué, cuándo, cómo?... ¿Para qué? Política, Políticas y Ciencia.(Nexos críticos, y crítica de sus inconexiones) En Revista No 32, Colección Gerardo Molina. El análisis y la participación de las políticas públicas en la era de la participación, reflexiones teóricas y estudio de casos. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, D.C. OCDE (2001) Schooling for tomorrow: Trends and scenarios. Paris: CERI-OECD SAMMONS, HILLMAN, MORTIMORE, "Características clave de las escuelas efectivas, México: descargado y leído el 1 de noviembre de 2013 del portal: www.books.google.com.co/books?id=Nu01UUdbZ6gC&pg=PA52&lpg=PA52&dq=Sa mmons,+Hillman+,+Mortimore,+%22Caracter%C3%ADsticas+clave+de+las+escuelas +efectivas,+M%C3%A9xico,+1998.&source=bl&ots=dRVlRRlKB8&sig=SaHInfI5uIKXT8 Alh4FOy12kz6M&hl=es&sa=X&ei=jNh2UvLgJoussASZy4DABA&ved=0CGoQ6AEwCQ #v=onepage&q=Sammons%2C%20Hillman%20%2C%20Mortimore%2C%20%22Cara cter%C3%ADsticas%20clave%20de%20las%20escuelas%20efectivas%2C%20M%C3 %A9xico%2C%201998.&f=false SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL SEICE, 2012. Sistema De Evaluación Integral Para La Calidad Educativa, Dirección de evaluación de la educación. Bogotá D.C. UNESCO, 2005. Educación Para Todos. El imperativo de la calidad. París.