1) Los gobiernos locales en México se enfrentan al reto de promover reformas administrativas para ofrecer respuestas efectivas a la inseguridad pública, mediante el rediseño de sus paradigmas de gestión para enfatizar una articulación efectiva entre gestión, políticas y planeación estratégica.
2) Se propone una concepción integral de la seguridad pública que incluya aspectos socioeconómicos y de gestión pública, y que articule la seguridad con el marco socioeconómico e institucional.
la unidad de s sesion edussssssssssssssscacio fisca
Dercons tema 6.2 complementaria
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VI.2. Seguridad pública en las Entidades Federales.
Visualizar seguridad pública como un esfuerzo integral de reforma del Estado y de
la relación Estado-sociedad que implica un rediseño de su institucionalidad y de los
incentivos que tienen las autoridades públicas para relacionarse con la sociedad,
propone una nueva gestión del Estado frente al crimen que responde a las
necesidades de una sociedad democrática y provocan una reconceptualización del
papel del Estado en esta materia, énfasis en lo local, sobre todo en el gobierno
municipal, como actor clave en seguridad pública frente a otros órdenes de
gobierno, gran parte de las estrategias que necesitan emprender para hacer frente
al crimen tienen que construirse dentro del ámbito municipal. Sin embargo, México
carece de un entramado institucional en relaciones intergubernamentales que
permitirían a los municipios asumir este rol protagónico, con las capacidades y
responsabilidades necesarias. Los municipios ni tienen las facultades y recursos
suficientes para esta tarea, diseño político que le permitiría ser innovadores de una
nueva relación con la ciudadanía.
El enfoque de gestión estratégica pretende redefinir el papel tradicional de la
administración pública, enfatizando como componente esencial la creación de valor
público, es decir, resultados socialmente aceptables para la comunidad lo que
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implicaría la reducción de la inseguridad pública. Para tal efecto, la gestión
estratégica se vincula con una recuperación y reactivación de la capacidad
administrativa en términos de nuevas formas organizacionales y métodos
gerenciales, énfasis en la economía-eficacia-eficiencia-calidad, la creación de valor
público (impactos sociales), la planeación y dirección estratégica, la administración
de calidad, el diseño de procesos y la gestión del conocimiento, la adopción y
adaptación de estos aspectos implicaría generar un mayor bienestar social y
eventualmente un control o reducción de la inseguridad pública, énfasis en el diseño
e implantación de políticas sociales eficaces, que permitan elevar aspectos como la
educación, empleo y la salud, que pueden evitar conductas antisociales. De ahí la
importancia de la relación entre gestión, desarrollo y seguridad ciudadana, nuevo
enfoque redefinición del concepto de seguridad pública, que se asocia a la
seguridad del conjunto de la sociedad nacional en términos de protección de su
integridad física, de las garantías individuales, de los derechos de propiedad, de
niveles mínimos de bienestar y acceso a servicios.
El enfoque de la gestión del desarrollo local debe integrar las distintas dimensiones
que condicionan la seguridad pública como son el marco legal, social, cultural y
económico, con la finalidad de promover un bienestar social, importancia de un
cambio en el papel del estado, el gobierno y su administración para promover la
participación ciudadana bajo un enfoque de gestión asociada orientado a prevenir
la inseguridad. Se concibe que una de las causas fundamentales de la inseguridad
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radique en una deficiente gestión o bajo desempeño gubernamental.
La aplicación de la ley es fundamental, pero será efectiva en la medida en que la
administración de la justicia sea eficaz y eficiente y que las leyes estén actualizadas
acorde a los problemas sociales.
Los gobiernos locales tienen una importancia estratégica para promover el
crecimiento local con base en fortalecer las capacidades socioeconómicas del
territorio. Tal relevancia se puede concebir como un contexto apropiado para
fundamentar una gestión público-social en dos sentidos; primero, para establecer
un proyecto efectivo de participación ciudadana para prevenir la inseguridad y
segundo, para sustentar una gestión y una política público-privada en materia de
desarrollo local. El problema central lo atribuimos a que generalmente los gobiernos
locales en México no han adoptado e institucionalizado un enfoque de gestión
estratégica asociada porque mantienen una administración tradicional; en donde
predomina, el control y el énfasis en la autoridad.
GESTIÓN ESTRATÉGICA Y CREACIÓN DE VALOR EN SEGURIDAD PÚBLICA
Los gobiernos locales en México se enfrentan a la necesidad de promover reformas
administrativas con la finalidad de ofrecer respuestas efectivas a la inseguridad
pública. Tal meta se podrá alcanzar en la medida en que los gobiernos locales se
rediseñen mediante el cambio en sus paradigmas de gestión, enfatizando una
articulación conceptual y operativa efectiva entre gestión, políticas y planeación
estratégica. Los retos de la gestión y políticas públicas son además de rediseñar la
gestión y las políticas de seguridad, el de reducir efectivamente la inseguridad,
cualquier proceso de cambio, diseño y rediseño de políticas parte de un paradigma,
o enfoque, sobre cuál es la orientación o perspectiva que determinará los objetivos,
estrategias y metas de la gestión local. Es decir, debe existir una articulación
efectiva, entre la gestión como enfoque e instrumento, porque los paradigmas de
funcionamiento de las organizaciones y las políticas son relevantes para promover
una gestión eficaz de los gobiernos locales.
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La creación de valor público de los gobiernos locales en materia de
seguridad pública se asociaría a integrar la dimensión política, la dimensión
sustantiva (fines centrales de los gobiernos locales) y la dimensión administrativa.
Desde esta conceptualización un gobierno local genera valor social sí y solo sí:
Aprovecha las oportunidades para desarrollar su dimensión (contribución al
conocimiento, calidad de gestión policiaca y promoción del desarrollo local).
Se adapta a circunstancias cambiantes (entorno interno y externo).
Aprovecha sus competencias para producir nuevas cosas valiosas para los
ciudadanos (mayor legitimidad por desempeño con los mismos recursos
presupuestales).
Las cuestiones básicas para que los gobiernos locales generen valor desde la
gestión estratégica se asocian a los siguientes aspectos:
1. El valor se encuentra en los deseos y las percepciones de los individuos y no en
las transformaciones físicas y en la sociedad como una abstracción. Es decir, en la
capacidad de la gestión de los gobiernos locales de plantear y sustentar proyectos
factibles de implantar y que impacten entre otras metas: un cambio en los
paradigmas de gestión en seguridad, una mayor calidad de la gestión policial con
base en indicadores medibles, productividad organizacional y policial y,
fundamentalmente, su impacto con la reducción de la inseguridad pública.
2. Existen diferentes tipos de deseos a satisfacer (bienes y servicios), los cuales
están en función de la visión y misión de los gobiernos locales con respecto a su
contribución al conocimiento y a la promoción del desarrollo.
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3. Los directivos públicos pueden crear valor público, empleando los
recursos públicos y orientándolos a ciertas actividades y gestionando una institución
que atienda los deseos de los ciudadanos.
4. Se alteran la importancia de la actividad pública y la influencia de la política. El
sentido de lo público de la gestión local se asocia al ejercicio de responsabilidades,
sentido ético y fundamentalmente con la capacidad institucional de interiorizar e
institucionalizar procesos orientados a promover la calidad y productividad de la
gestión policial y su impacto en una reducción de la inseguridad.
5. Los ciudadanos compran a los directivos públicos una política en la reducción de
la inseguridad.
Para incrementar la responsabilidad de los funcionarios, se necesita de una
conducción ética, de una nueva cultura de gestión y de diálogo con la comunidad
para crear valor público.
EL ENFOQUE DE READMINISTRACIÓN Y LA GESTIÓN LOCAL DE SEGURIDAD
El problema se reitera, se agudiza en los gobiernos locales en donde generalmente
las autoridades policiacas no son líderes y estrategas en su gestión, sino simples
“administradores”, que reproducen los enfoques de una administración tradicional,
alejada de un enfoque y visión estratégica en materia de prevención a la
inseguridad.
Los nuevos enfoques de gestión para promover una mayor seguridad local y su
impacto en el desarrollo se vinculan a los siguientes criterios: objetivo (búsqueda
ventaja competitiva), responsabilidad social (impacto social y ético), dimensión del
tiempo (largo plazo), enfoque (social, técnico y ecológico), alcance (sistémico y
holístico), estrategia (soluciones incrementales), recursos humanos (adaptativos),
motivación (integral), estructura (adaptativas), informática (integrado a procesos de
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cambio), las administraciones públicas y los gobiernos se legitiman
por sus rendimientos, es decir, por lo que hacen y como lo hacen; los niveles de
profesionalización de los funcionarios públicos relacionados con el sector son bajos.
UNA DEFINICIÓN INTEGRAL DE LA SEGURIDAD PÚBLICA Y LA
GOBERNABILIDAD
Se considera necesario plantear una concepción integral de la seguridad pública,
en donde se incluyan aspectos socioeconómicos y de gestión pública. Entre los
indicadores socioeconómicos se puede mencionar la educación, población, nivel de
ingreso, pobreza, desarrollo humano (salud, conocimiento e ingreso) electricidad,
agua potable, drenaje y salud. Es decir, la seguridad pública no debe concebirse
únicamente como un asunto de policías y delincuentes. Por el contrario, se debe
buscar la articulación con el marco socioeconómico e institucional (legal y político),
particularmente cuando se sostiene que la ausencia de condiciones
socioeconómicas mínimas repercute en los niveles de vulnerabilidad social e
institucional en materia de inseguridad pública. La seguridad pública está
condicionada por un ambiente, una cultura política, de educación cívica, de
desarrollo económico, de niveles mínimos de bienestar, de acceso a servicios
públicos fundamentales, de estado de derecho, sin los cuales no puede existir la
seguridad. En esta conceptualización se pueden distinguir tres tipos de acciones de
prevención de la criminalidad:
a) Prevención social, acciones dirigidas a mejorar la calidad de vida de la zona,
las cuales se pueden agrupar en políticas de tipo educativo, cultural,
urbanístico, etcétera;
b) Prevención ambiental o situacional, se consideran las acciones para reducir
las oportunidades para delinquir y además las acciones que tienen como fin
intervenir para crear un entorno físico que inhiba la delincuencia y que
favorezca el sentimiento de seguridad de la población; y,
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c) La vigilancia vecinal, su objetivo es crear un sistema de
vigilancia basado en la colaboración de los vecinos con la policía.
Estas acciones forman parte de un enfoque estratégico de la prevención de la
inseguridad, que tiene como objeto el de brindar las condiciones básicas, que
permitan reducir la inseguridad en localidades urbanas. Un papel central lo
desempeña la ciudadanía, que a través de confiar en las autoridades policiacas
establece una relación asociada en términos de información, comunicación,
denuncia y participación en obras y programas comunitarios de prevención delictiva.
El término de gobernabilidad se entiende en un sentido instrumental referido a la
capacidad de las estructuras de gobierno para diseñar y ejecutar políticas públicas
eficaces que respondan a las demandas sociales. La capacidad para llevar a cabo
eficazmente la tarea de gobierno se refiere tanto a la habilidad de la élite gobernante
para generar acuerdos políticos básicos que den sustento social a sus propuestas
de geopolítica pública como el poder infraestructural de los aparatos del Estado.
LOS ESPACIOS EN LA DEMOCRACIA LOCAL
El desvinculo que afecta las políticas de seguridad pública es la separación entre
los policías y su propia administración municipal y la sociedad, y de ésta con la
autoridad. Reducir los niveles de separación debería ser una tarea prioritaria en el
ámbito local, dada la importancia y el impacto de la participación ciudadana en las
políticas públicas. En el caso de seguridad pública las prioridades que han
planteado los gobiernos locales en México han sido:
Prioridad a la prevención de delitos y faltas.
Fortalecimiento de la corporación de la policía.
Consolidación del sistema de protección civil.
Fortalecimiento del cuerpo de bomberos.
Reforma integral al sistema de justicia municipal.
Humanización del sistema de readaptación de infractores y;
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Profesionalización y modernización de corporaciones.
Una de las tareas más importantes de los gobiernos locales en México radica en el
fortalecimiento de la democracia bajo una gestión asociada, sustentada en un
enfoque estratégico, por lo que se recomiendan, las siguientes acciones:
Consolidación del municipio libre.
Fortalecimiento del gobierno colegiado.
Avance en la democracia institucional.
Nueva relación entre gobierno y sociedad.
Fortalecimiento de la democracia ciudadana y;
Política de comunicación social integral.
OPCIONES DE POLÍTICA DE SEGURIDAD LOCAL
El papel de los gobiernos estatales dentro del modelo de relaciones
intergubernamentales actual no sería un problema en materia de seguridad pública
en México si existiera una efectiva cooperación, coordinación y planeación de
acciones conjuntas y de manera eficaz entre los tres niveles de gobierno. El
problema es que tal interrelación se centra particularmente en los aspectos legales,
que sólo es una parte del carácter de la relación con los gobiernos estatal y local.
Tal relación ineficaz entre los tres niveles de gobierno ha permitido que en el
transcurso de los años los problemas locales se sigan agudizando.
En términos de seguridad pública, los retos que deben abordar los gobiernos locales
en México, en materia de seguridad pública, son los siguientes:
Cultura policiaca deficiente.
Tratar de fomentar una cultura del servicio público.
Retomar los niveles de regulación del narcotráfico con los recursos
económicos disponibles.
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Una efectiva gestión interorganizacional e intergubernamental
en el ámbito local y estatal.
Combatir la inseguridad en las áreas de competencia estatal.
Aumentar los controles y supervisión de los recursos humanos.
Fomentar la participación de la sociedad.
Legalización de determinados tipos de drogas “blandas”.
A pesar de la existencia de una Ley General que establece las Bases de
Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a través del presente
estudio, puede observarse que en cierta medida existe una gran divergencia entre
las distintas regulaciones a nivel estatal en el tema, por lo que es necesario pensar
en una uniformidad a nivel local, o incluso considerar que, por su importancia,
puedan elevarse a nivel federal algunos lineamientos indispensables y básicos que
toda entidad federativa de nuestro país deba de tener.