1. SENTENCIA:
Teléfono:
Fax:
N.I.G.:
Procedimiento origen: /
Sobre
D/ña.
Procurador/a Sr/a.
Abogado/a Sr/a.
DEMANDADO D/ña.
Procurador/a Sr/a.
Abogado/a Sr/a.
S E N T E N C I A Nº 89
En Oviedo, a treinta de abril de dos mil quince.
Vistos por D. ANTONIO LORENZO ALVAREZ Magistrado-Juez, del
Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Oviedo y su partido
judicial, los autos de Juicio verbal NUM 285/15, promovidos por
la Procuradora Doña Florentina González Rubín, en nombre y
representación de D. AAA y Doña BBB, asistidos del Letrado D.
José Antonio Ballesteros Garrido, contra la entidad “Bankia,
S.A”, representada por el Procurador D. Ricardo de la Santa
Márquez, y asistidos de la Letrada Doña María José Cosmea
Rodríguez, vengo a dictar la presente sentencia sobre la base
de lo siguiente.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por la Procuradora Doña Florentina González
Rubín, en la representación antes indicada, se interpuso
demanda de juicio verbal que turnada correspondió al presente
Juzgado, sobre la base de unos hechos que aquí se dan por
reproducidos en aras a la brevedad, para tras alegar los
fundamentos de derecho que estimó de aplicación, interesar la
condena de la entidad demandada en la forma y manera recogida
en el suplico de la demanda.
SEGUNDO.- Por decreto, se admitió a trámite la demanda
presentada, y se dio traslado de la misma junto con el resto de
la documentación a la parte demandada, y se convocó a las
partes a la correspondiente vista.
TERCERO.- En el día y hora señalada, se celebró la vista a
la que acudieron ambas partes, ratificándose la actora en su
escrito de demanda; contestando la demandada en la forma y
manera que es de ver, interesando ambas el recibimiento del
pleito a prueba. Como medios de prueba la parte actora propuso:
documental por reproducida. Por la parte demandada se propuso:
documental por reproducida y documental aportada. Las pruebas

2. propuestas fueron admitidas y practicadas en la forma y manera
que es de ver, quedando a continuación los autos vistos para
sentencia.
CUARTO.- En la tramitación del presente procedimiento se
han observado todas las formalidades y prescripciones legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Solicita la parte actora en la demanda que ha
dado origen al presente procedimiento, que se declare la
nulidad de los contratos de adquisición/compra de 800 acciones
formalizados entre las partes en fecha 19 de julio del año
2011, por existir vicios en el consentimiento prestado por los
demandantes, que invalidan el mismo amen de un evidente dolo
civil, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los art.
1261 y sig del C.c, y la normativa reseñada en el fundamento de
derecho séptimo de la demanda, interesando en el suplico no
sólo la nulidad, sino las consecuencias derivadas de la misma
atendiendo a lo dispuesto en el art. 1.303 del C.c.
Frente a tales pretensiones, se alza la parte demandada
alegando en primer lugar, la existencia de una cuestión
prejudicial penal de conformidad con lo previsto en el art.
10.2 de la LOPJ; art. 114 de la Lecr y art. 40 de la LEC, por
encontrarse tramitándose en el Juzgado Central nº 4 de
Instrucción de Madrid, las diligencias previas nº 59/2012, por
querella interpuesta por UPyD, ante la posible comisión de
varios delitos, entre los que se encuentra el de falsedad
documental, interesando la suspensión del procedimiento, y en
cuanto al fondo, considera, que teniendo en cuenta que la parte
actora basa su pretensión en el error padecido por cuanto
consideraba que estaba invirtiendo en una sociedad solvente
cuando ello no obedecía a la realidad, deberá ser ella quien
demuestre la realidad de tal afirmación, debiendo tenerse en
cuenta que no consta acreditado que la información contenida en
el folleto informativo fuera falsa. Además, la información
documental aportada con el escrito de demanda acredita y revela
la naturaleza del producto contratado; su funcionamiento y
riesgos, de todo lo cual fue consciente el actor cuando
contrató, no pudiendo por ello hablarse de error en los
términos exigidos por la jurisprudencia. Tampoco puede hablarse
de conducta maliciosa en la demandada por el sólo hecho de
reformular las cuentas anuales del ejercicio 2011, amen de que
consta unido en el procedimiento penal que se está tramitando
un informe elaborado por D. Leandro Cañibano, donde se constata
que las cuentas recogidas en el folleto para la salida a bolsa
de Bankia reflejaban la imagen fiel del patrimonio y situación
financiera y los resultados del ejercicio a la fecha
correspondiente. Ligado a lo anterior, considera la demandada
que cuando se produjo su salida a bolsa, por parte de la misma
se observaron todas las previsiones legales y regulatorias
establecidas en la normativa vigente que le resultaba de
aplicación, habiendo estado vigilado y autorizado todo el
proceso por la CNMV. Para finalizar, la demandada considera que
en productos como el presente, se debe tener en cuenta el
componente de <<aleatoriedad>> definido como la incertidumbre
intrínseca al éxito del objeto contractual, por lo que no cabe

3. alegar error del consentimiento pues la expectativa de éxito de
la inversión no dependía exclusivamente de la imagen fiel de
las cuentas anuales de la entidad, dado que la probabilidad de
obtener beneficios dependía de múltiples factores, por lo que
no puede hablarse de error en los términos previstos por el
Tribunal Supremo en sus reiteradas sentencias. Concluye la
demandada considerando, que los actores han promovido la
demanda que da origen al procedimiento ante la pérdida
económica por ellos sufrida como consecuencia de la decisión
del FROB de reducir el capital social de la entidad mediante la
reducción del valor nominal de las acciones, riesgo previsto en
el folleto entregado a los actores y conocido en consecuencia
por ellos. Por todo lo manifestado, la entidad Bankia interesa
la desestimación de la demanda.
SEGUNDO.- Centrado el objeto de debate, comenzando por la
cuestión relativa a la prejudicialidad penal planteada por la
entidad demandada, - en el acto de la vista ya se les adelantó
a las partes el rechazo de la misma -, se debe indicar, que el
artículo 40 de la LEC, dispone que:
"1. Cuando en un proceso civil se ponga de manifiesto un hecho
que ofrezca apariencia de delito o falta perseguible de oficio,
el tribunal civil, mediante providencia, lo pondrá en
conocimiento del Ministerio Fiscal, por si hubiere lugar al
ejercicio de la acción penal.
2. En el caso a que se refiere el apartado anterior, no se
ordenará la suspensión de las actuaciones del proceso civil
sino cuando concurran las siguientes circunstancias:
1º Que se acredite la existencia de causa criminal en la que se
estén investigando, como hechos de apariencia delictiva, alguno
o algunos de los que fundamenten las pretensiones de las partes
en el proceso civil.
2º Que la decisión del tribunal penal acerca del hecho por el
que se procede en causa criminal pueda tener influencia
decisiva en la resolución sobre el asunto civil.
3. La suspensión a que se refiere el apartado anterior se
acordará, mediante auto, una vez que el proceso esté pendiente
sólo de sentencia.
4. No obstante, la suspensión que venga motivada por la posible
existencia de un delito de falsedad de alguno de los documentos
aportados se acordará, sin esperar a la conclusión del
procedimiento, tan pronto como se acredite que se sigue causa
criminal sobre aquel delito, cuando, ajuicio del tribunal, el
documento pudiera ser decisivo para, resolver sobre el fondo
del asunto.
5. En el caso a que se refiere el apartado anterior no se
acordará por el Tribunal la suspensión, o se alzará por el
Secretario judicial la que aquél hubiese acordado, si la parte
a la que pudiere favorecer el documento renunciare a él. Hecha
la renuncia, se ordenará por el Secretario judicial que el
documento sea separado de los autos.
6. Las suspensiones a que se refiere éste artículo se alzarán
por el Secretario judicial cuando se acredite que el juicio

4. criminal ha terminado o que se encuentra paralizado por motivo
que haya impedido su normal continuación.
7. Si la causa penal sobre falsedad de un documento obedeciere
a denuncia o querella de una de las partes y finalizare por
resolución en que se declare ser auténtico el documento o no
haberse probado su falsedad, la parte a quien hubiere
perjudicado la suspensión del proceso civil podrá pedir en éste
indemnización de daños y perjuicios, con arreglo a lo dispuesto
en los artículos 712 y siguientes."
Por otro lado, la exposición de Motivos de la LEC dice sobre
ello: "En esta Ley, la prejudicialidad es, en primer término,
objeto de una regulación unitaria, en lugar de las normas
dispersas e imprecisas contenidas en la Ley de 1881. Pero,
además, por lo que respecta a la prejudicialidad penal, se
sienta la regla general de la no suspensión del proceso civil,
salvo que exista causa criminal en la que se estén
investigando, como hechos de apariencia delictiva, alguno o
algunos de los que cabalmente fundamentan las pretensiones de
las partes en el proceso civil y ocurra, además, que la
sentencia que en éste haya de dictarse pueda verse
decisivamente influida por la que recaiga en el proceso penal.
Igualmente hay que tener en cuenta que la prejudicialidad debe
ser interpretada con carácter restrictivo, de tal manera que
sólo se acceda a la suspensión cuando el proceso civil no pueda
ser resuelto sin la previa resolución del proceso penal, sin
que haya lugar a apreciar la prejudicialidad cuando la acción
ejercitada en el proceso civil puede resolverse por no
encontrarse condicionado o supeditado el fallo por la
resolución penal. Así la STS Sala 1º de 30 mayo 2007.
En el presente caso, el Juzgador no puede acoger la pretensión
instada por la demandada y ello, por cuanto la entidad Bankia
ubica la prejudicialidad en la eventual falsedad de los estados
e información contable utilizados para la salida a Bolsa que se
está investigando en la jurisdicción penal, lo que a su parecer
es presupuesto esencial e ineludible para poder determinar la
nulidad de la suscripción de acciones que efectuó el
demandante. Pues bien, tal y como se recoge en el auto dictado
por la Audiencia Provincial de Valencia de 1 de diciembre del
año 2014, <<es posible que se haya cometido un delito de
falsedad en los términos del Art. 290 del CP, por el que se
sigue la referida causa penal. Esta posible falsedad, no
justifica la pretensión de la demandada de suspender el
procedimiento dado que lo verdaderamente importante es que la
imagen de solvencia que Bankia proyectó cuando efectúo su
oferta de suscripción de acciones y su salida a bolsa en fecha
20-7-2011 no era correcta y no reflejaba su verdadera situación
económica>>. Es decir, siendo la apariencia de solvencia de la
entidad demandada lo que según el demandante le indujo a
comprar acciones a un determinado precio el día 19 de julio del
2011, para resolver sobre la pretensión deducida no se precisa
que recaiga sentencia en el orden penal que declare que las
cuentas presentadas eran falsas, quiénes sean sus autores y
cuáles sus responsabilidades penales o civiles.
A mayor abundamiento, en fecha 23 de marzo del 2015, la sección
quinta de nuestra Audiencia Provincial de Asturias ha dictado
una sentencia donde analizando la cuestión planteada por la

5. demandada indicó <<que el dolo penal es independiente del dolo
o culpa civil y nada impide que esto último pueda existir con
abstracción del primero>>, llegando a indicar, que <<resulta
prueba bastante acreditativa de que la situación financiera de
Bankia no se correspondía con la real cuando salió a Bolsa, y
que el folleto de la OPS adolecía de falta de veracidad en su
contenido. Ello resulta independiente de la calificación penal
que se haya de dar a tales hechos, por lo demás notorios como
se dijo, y la autoría que se achaque en su caso a quienes se
considere responsable>>, criterio seguido también por el auto
dictado por el Juzgado de Primera Instancia nº 52 de Barcelona
de fecha 2 de diciembre del año 2014.
Por todo lo manifestado, no cabe acoger la prejudicialidad
penal alegada.
TERCERO.- Entrando ya en el fondo de la cuestión debatida,
se debe indicar, que el producto financiero suscrito por los
demandantes son acciones, instrumentos de inversión regulados
en la Ley de Mercado de Valores de 1988 que expresamente en su
artículo 2 las menciona como objeto de su aplicación. La
normativa del mercado de capitales se estructura sobre un pilar
básico, cual es, la protección del inversor, al estar ante un
mercado de negociación de títulos de riesgo, y las acciones,
como valor representativo de parte del capital social de una
entidad mercantil, son producto de riesgo. Tal fundamento legal
tiene su reflejo más inmediato y transcendente en el principio
de información, esencial para un mercado seguro y eficiente,
significativo de que las decisiones inversoras se tomen con
pleno conocimiento de causa. Se impone a las entidades que
ofertan tales valores prestar una información fidedigna,
suficiente, efectiva, actualizada e igual para todos.
En el caso presente, es de resaltar por su gran relevancia y
transcendencia solutiva, que nos encontramos ante una Oferta
Pública de Suscripción (OPS) y Admisión a Negociación de
Acciones, definida en el artículo 30 bis de la Ley Mercado de
Valores, (".. toda comunicación a personas en cualquier forma
o por cualquier medio que presente información suficiente
sobre los términos de la oferta y de los valores que se
ofrecen, de modo que permita a un inversor decidir la
adquisición o suscripción de estos valores"). El legislador
impone para dicha vía de financiación de las sociedades
anónimas, un deber especifico y especial de información,
regulado de forma exhaustiva, cual es, la publicación de un
"folleto informativo", confeccionado por el emisor, quien, a su
vez, debe aportar a una autoridad pública, al caso, la Comisión
Nacional del Mercado de Valores (en adelante CNMV), para ser
aprobado y registrado como requisito indispensable para poder
realizarse la oferta pública de suscripción (artículo 30-2).
Por consiguiente, el folleto informativo se revela como un
deber esencial constituyendo el instrumento necesario e
imperativo por el cual el inversor va a tener y conocer los
elementos de juicio, necesarios y suficientes, para decidir la
suscripción de tales acciones.
Estando a la redacción vigente cuando se emiten las nuevas
acciones por Bankia SA objeto de oferta pública (Junio 2011),
tanto del artículo 27 de la Ley de Mercado de Valores como el

6. artículo 16 del RD 2010/2005 de 4 de noviembre de 2005 que
desarrolla dicha Ley, en materia de admisión a negociación de
valores en mercados secundarios oficiales, de ofertas públicas
de venta o suscripción, fijan el contenido del folleto
informativo en armonía con la Directiva 2003/71 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 4 de noviembre de 2003, sobre el
folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o
admisión a cotización de valores y que modifica la Directiva
2001/34 (Directiva del folleto). De este cuerpo legal, se
destaca ahora por su pertinencia, como elemento primario y
relevante objeto de esa "información suficiente" a dar al
público, los riesgos del emisor, explicitados en los "activos y
pasivos, la situación financiera, los beneficios y pérdidas,
así como las perspectivas del emisor" (artículo 27-1); con
ello, el fin no es otro que el inversor evalúe la situación
económica de la sociedad anónima que le oferta pasar a ser
accionista, determinante a la hora de decidir si invierte o no,
es decir, suscribe tales valores ofertados públicamente
(artículo 16 y 17 del RD 2010/2005) y la citada Directiva
2003/71 regla tal deber como información necesaria para que el
inversor pueda hacer una evaluación con la suficiente
información de los activos y pasivos, situación financiera,
beneficios y pérdidas (artículo 6 de la mentada Directiva) del
emisor.
Además, el inversor tiene la garantía jurídica y confianza -
dado que esos datos del folleto son confeccionados por el
emisor - que un organismo de supervisión, control y regulador
del mercado de valores, ha verificado la aportación
instrumental (cuentas contables) de la sociedad emisora y que
el contenido del folleto es acorde y coherente con las mismas y
que va ser comprendido y entendido de forma accesible por el
inversor y sólo con su aprobación puede autorizarse dicha
emisión de oferta pública.
En tal tesitura y con esas directrices legales, resulta
evidente que los datos económicos financieros del emisor deben
ser reales, veraces, objetivos y actualizados y la propia ley
del Mercado de Valores fija en su artículo 28 la
responsabilidad por la información del folleto y obliga al
autor del folleto informativo ( artículo 28-2 ) a declarar que
- a su entender - los datos son conformes a la realidad y no se
omiten hechos que "por su naturaleza pudiera alterar su
alcance", fijando el artículo 28-3 (desarrollado en el
artículo 36 del RD 1310/2005) una responsabilidad específica
por los daños y perjuicios que cause a los titulares de los
valores adquiridos, como consecuencia de que las informaciones
explicitadas en el folleto sean falsas o por omisiones de datos
relevantes del folleto, atribuible a los firmantes del folleto,
sus garantes, emisores y sus administradores.
Por último, se debe precisar, que la acción como instrumento
financiero no es un producto de inversión complejo y en
consecuencia todo ciudadano conoce qué es una "acción" de una
sociedad anónima (hecho no desconocido por los actores, como
así se hace constar en la demanda), su riesgo y el modo de
fluctuar su valor - volátil a tenor del precio fijado por el
propio mercado-, pero fácilmente accesible.

7. CUARTO.- Partiendo de lo manifestado y teniendo en cuenta
la documentación aportada a los autos y el conocimiento de
hechos notorios, que por tal carácter y consideración no
merecen ser probados, de conformidad con lo previsto en el art.
281.4 de la LEC, el Juzgador encuentra razones más que
suficientes para estimar la primera de las acciones ejercitadas
en la demanda y ello por lo siguiente: En fecha 28 de junio del
año 2011, la Junta General de accionistas y el Consejo de
Administración de BFA y Bankia adoptaron los acuerdos
necesarios para la puesta en marcha de la salida a Bolsa de la
demandada mediante la realización de una Oferta Publica de
Suscripción – OPS – y que se justificaba en el folleto de
emisión aportado a los autos. El 20 de julio del mismo año, y
sobre la base del citado folleto, salió a bolsa el 55% de
Bankia a un precio de 3,75 euros la acción, por el cual se
captó 3.092 millones de euros. En el mes de noviembre del año
2011, Banco de Valencia, filial de Bankia, hubo de ser
intervenida, siendo descubiertos activos basura por importe de
3.995 millones de euros, debiendo hacerse cargo de la situación
el FROB, a pesar de lo cual, la demandada siguió manifestando
su total solvencia. En fecha 4 de mayo del año 2012, como hecho
relevante, la demandada remitió a la CNMV, las cuentas anuales
individuales y las consolidadas de dicho ejercicio sin auditar,
indicando en las mismas, que el beneficio era de 305 millones
de euros. Posteriormente, tras un cambio en la Presidencia de
la entidad demandada, la nueva dirección solicitó la
intervención de la misma a través del FROB, comunicando días
más tarde a la CNMV, una nuevas cuentas, - ésta vez sí
auditadas – donde no sólo no aparecían los beneficios antes
mencionados, sino que ahora las pérdidas alcanzaban la cantidad
de 3.031 millones de euros, lo que motivó la suspensión en
bolsa de la demandada y la necesidad de una inyección de 19.000
millones de euros de recapitalización. Siendo ello así, la
conclusión que se debe extraer es palmaría, la situación
financiera narrada en el folleto utilizado por la demandada
para captar accionistas no era real y en modo alguno reflejaba
ni la imagen ni la solvencia publicada y divulgada,
incumpliendo toda la normativa especificada en el fundamento de
derecho precedente, lo que hace nacer la figura del dolo civil
al que se alude en la demanda de conformidad con lo previsto en
el art. 1269 o el vicio en el consentimiento previsto en los
art. 1261 y sig del C.c.
Alega la parte demandada que atendiendo al contenido de los
informes periciales elaborados por el Sr. Manso y la Sra.
Gómez, de la reformulación de las cuentas anuales de la entidad
demandada de 2011, no debe concluirse que la información
facilitada por la demandada en el folleto informativo fuera
irreal, si bien el Juzgador no comparte tales razonamientos, y
ello por dos motivos. El primero, por cuanto en sede penal
constan emitidos informes y conclusiones elaborados por los
técnicos del Banco de España, cuya imparcialidad y objetividad
está por encima de la de los peritos de la parte demandada,
donde se constata cómo las cuentas del año 2011, no reflejaban
la imagen fiel del Banco dado que las cuentas que relataban
unos beneficios de 309 millones, realmente apuntaban unas
pérdidas de 2.979 millones de euros, situación diametralmente
opuesta a la que desea hacer ver, - que no demostrar ante la
ausencia de prueba - , la parte demandada. Y el segundo, por
cuanto tal y como es de ver, la entidad demandada antes de su

8. intervención por el Frob, concretamente en fecha 4 de mayo,
había presentado unas cuentas sin auditar donde reconocía unos
beneficios de 305 millones de euros, para posteriormente, una
vez auditadas las mismas, presentar unas cuentas que no sólo
dejaban de reflejar esos <<supuestos>> beneficios, sino que
reconocían ahora unas pérdidas de nada menos que 3.031 millones
de euros, demostrando con ello que los datos tenidos en cuenta
a la hora de emitir el famoso folleto no eran acordes con la
verdadera imagen de la sociedad.
Insiste la demandada, en un intento desesperado de eludir su
responsabilidad, que en todo momento cumplió con la normativa
vigente cuando salio a bolsa y que la CNMV supervisó todo el
proceso, afirmación que no le exonera de culpa dado que el
hecho de que el proceso de salida a emisión y suscripción
pública de nuevas acciones, esté reglado legalmente y
supervisado por un organismo público en modo alguno implica que
los datos económicos financieros contenidos en el folleto
(confeccionado por el emisor y no audita ni controla dicha
Comisión) sean veraces, correctos o reales. El mentado
organismo supervisa que se aporta la documentación e
información exigida para dicha oferta pública, pero en modo
alguno controla la veracidad intrínseca de la información
económico contable aportada por el emisor, conforme al
artículo 92 de la Ley del Mercado de Valores.
Tampoco comparte el Juzgador el argumento de que existe un
componente de aleatoriedad en el producto contratado, no porque
ello no sea cierto, sino porque olvida la demandada que el
error recae en el caso enjuiciado no en el hecho aleatorio de
la ganancia o pérdida que puedan experimentar las acciones
atendiendo a su cotización en bolsa, sino en el hecho de haber
presentado a los potenciales clientes, con un claro deseo de
captar su atención y posterior compra de acciones, una
información financiera no real y distante, y mucho, de la que
presentaba en realidad la demandada a la fecha de adquisición
de las acciones, no habiendo podido demostrar la parte
demandada - a ella le correspondía la carga de acreditar tales
hechos según lo dispuesto en el art. 217 de la LEC - que la
imagen recogida en los informes periciales elaborados en sede
penal, no fuera la que verdaderamente tenía la sociedad.
También resulta irrelevante la alegación referida a que los
actores tenían pleno conocimiento de los riesgos que recogía el
folleto, entre los que se encontraba el que posibilitaba al
Frob para convertirse en el accionista de control de BFA y por
consiguiente de su filial Bankia, dado que lo realmente
importante en el caso enjuiciado es el hecho de que los actores
formalizaron la compra de acciones bajo la creencia de una
apariencia de solvencia y liquidez de la sociedad demandada que
no era real debido precisamente a la información engañosa por
ésta suministrada, como irrelevante resulta también la
afirmación de que los demandantes pudieron vender las acciones
con anterioridad al <<splits>>, dado que esa posibilidad siendo
real en nada afecta al error en el consentimiento prestado por
éstos en el momento de la suscripción de las acciones y menos
pudiera entenderse como un elemento convalidante o
confirmatorio del citado error.

9. En conclusión, tal y como se recoge en la reciente sentencia
dictada por la sección quinta de nuestra Audiencia Provincial
de Asturias, de fecha 23 de marzo del año 2015 en un caso
idéntico al enjuiciado, <<lo expuesto lleva a la conclusión,
que la información llevada a efecto en la oferta pública por la
entidad demandada resultó incorrecta e inveraz en aspectos
relevantes, dando apariencia de una solvencia que no se
correspondía con la realidad de su situación financiera. Por
consiguiente, se vulneró la legislación del Mercado de
Valores...>>, encontrándonos pues ante un claro ejemplo de
error como vicio del consentimiento contractual, con las
características exigidas por el Tribunal Supremo, sirviendo de
ejemplo la sentencia de 21/11/2012 dictada en productos de
inversión, donde se vino a indicar que << Hay error vicio
cuando la voluntad del contratante se forma a partir de una
creencia inexacta. Es decir, cuando la representación mental
que sirve de presupuesto para la realización del contrato es
equivocada o errónea>>
Complementa dicha sentencia, las dictadas en fecha 29 de
octubre del año 2013 y 20 de enero del año 2014, donde se
indica que <<El art. 1266 CC, dispone que, para invalidar el
consentimiento, el error ha de recaer - además de sobre la
persona, en determinados casos - sobre la sustancia de la cosa
que constituye el objeto del contrato o sobre aquellas
condiciones de la cosa que principalmente hubieren dado motivo
a celebrarlo, esto es, sobre el objeto o materia propia del
contrato. Además el error ha de ser esencial, en el sentido de
proyectarse, precisamente, sobre aquellas presuposiciones -
respecto de la sustancia, cualidades o condiciones del objeto o
materia del contrato - que hubieran sido la causa principal de
su celebración, en el sentido de causa concreta o de motivos
incorporados a la causa>>, presupuestos que confluyen en el
caso enjuiciado, y justifican la estimación de la primera de
las acciones ejercitadas, lo que conlleva la declaración de
nulidad de los contratos de compra de acciones con efectos de
19 de julio del año 2011, debiendo procederse a la restitución
de prestaciones entre ambas partes, devolviendo la demandada a
los actores la cantidad de 3.000 euros, y los intereses legales
desde la fecha de la suscripción y hasta la presente sentencia
y, desde la misma y hasta la completa devolución, los previstos
en el art. 576 de la LEC, y en contrapartida, los demandantes
deberán entregar a la demandada las acciones que tiene en su
poder y los dividendos que les hubieran reportado, a determinar
todo ello en ejecución de sentencia.
QUINTO.- En cuanto a las costas procesales, al haberse
producido una estimación íntegra de la demanda, las costas se
imponen a la parte demandada, todo ello de conformidad con lo
previsto en el art. 394 de la LEC.
Vistos los preceptos legales citados y los demás de
general y pertinente aplicación, así como la jurisprudencia
transcrita.
FALLO

10. Que ESTIMANDO INTEGRAMENTE la demanda presentada por la
Procuradora Doña Florentina González Rubín, en la
representación que tiene encomendada, se declara la nulidad de
las órdenes de compra de acciones de Bankia formalizadas entre
las partes en fecha 19 de julio de 2011 por 400 acciones cada
una – en total 800 acciones – y por un importe de 1.500 euros
cada una, en total 3.000 euros, procediendo en consecuencia a
la restitución de las prestaciones entre las partes, debiendo
la demandada entregar a los actores la suma de 3.000 euros, más
los intereses legales desde la fecha de cargo en cuenta y hasta
la presente sentencia y, desde la misma y hasta el completo
pago, los previstos en el art. 576 de la LEC, devolviendo los
actores las acciones y los dividendos que hubieran obtenido por
las mismas, a determinar todo ello en ejecución de sentencia.
Las costas procesales se imponen a la parte demandada.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma no cabe interponer recurso de
conformidad con lo previsto en el art. 455.1 de la LEC.
Así, por esta mi sentencia de la que se expedirá testimonio
para su unión a los autos, lo pronuncio mando y firmo.
PUBLICACIÓN.- La anterior sentencia ha sido leída y publicada
por el Juez que la suscribe en audiencia pública y en el día de
su fecha. Doy fe.