Contralinea 348

ISSN: 1665-1626
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ÍNDICE
OFICIO DE PAPEL/LOS POLÍTICOS PUSILÁNIMES
PORTADA/ESTADO CLANDESTINO. OPACIDAD Y VIOLACIÓN A
LOS DERECHOS HUMANOS EN NOMBRE DE LA “SEGURIDAD
NACIONAL” 20
PORTADA/ORGANISMOS DE SEGURIDAD
NACIONAL, FUERA DE CONTROL SOCIAL
Zósimo Camacho/Rogelio Velázquez
CAPITALES/LA POBREZA, LA MISERIA Y LAS
FALACIAS “RIGUROSAMENTE TÉCNICAS”
Miguel Badillo 5
Marcos Chávez M
22
36
LÍNEA GLOBAL/CADA VEZ MAYOR, SENTIMIENTO
ANTIESTADUNIDENSE EN EL MUNDO: MEDEA BENJAMIN
Deisy Francis Mexidor/Prensa Latina
44
Mallika Aryal/IPS 48
LÍNEA GLOBAL/NIÑAS QUE PAREN NIÑOS EN NEPAL
LÍNEA GLOBAL/LAS CONTRADICCIONES DE
LA UNIÓN EUROPEA ANTE EL HEZBOLÁ
Thierry Meyssan/Red Voltaire
52
CONTRAPODER
CONTRALÍNEA: EL CISEN Y LOS
CÁRTELES, INNOVACIÓN INFORMATIVA 8
Álvaro Cepeda Neri
CARTÓN
EL REGRESO DEL CHUPACABRAS 9
Avilés
OPINIÓN
PEMEX Y LA IZQUIERDA PARTIDISTA 10
Netzaí Sandoval Ballesteros
TODAS LAS VÍCTIMAS 12
Carlos Miguélez Monroy/CCS
NUEVO GOLPE A LOS DERECHOS
DEL LITERATO ENRIQUE ARANDA 14
Margarito Miranda Arias
POLÍTICA PONTIFICIA: PRIORIDADES
Y TRAMPAS DE BERGOGLIO 16
Edgar González Ruiz
OPINIÓN
¿EL FIN DEL PERIODISMO IMPRESO? 18
Jorge Meléndez Preciado
CARTÓN
DON DURITO 19
Manrique
ENSAYO
LA COALICIÓN ESTRATÉGICA
KAROL WOJTYLA-RONALD REAGAN 58
Jorge Retana Yarto
EX LIBRIS
GEORGE GORDON BYRON
Y SU SUBLIME POEMA: CAÍN 64
Álvaro Cepeda Neri
PASO A DESNIVEL
ASÍ DE FÁCIL… 66
Miguel Galindo
Ilustración de portada: Cecilia Martínez
CON TRA LÍ NEA. PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN –año 12, número 348, del 19 al 25 de agosto de 2013– es una publicación semanal editada por Editorial Libertad y Expresión, SA de CV; Avenida Río
Churubusco 590, col. Del Carmen, delegación Coyoacán, CP 04100, México, DF; teléfonos: 55 54 91 93 y 55 54 91 94; www.contralinea.com.mx, info@contralinea.com.mx. Editor responsable: Agustín Miguel
Badillo Cruz. Número de reserva al título de derecho de autor: 04-2001-1206164804 00-102. Número de certificado de licitud de título: 12264, y de contenido: 8918. ISSN: 1665-1626. Impresa por Editorial
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4 1 9 D E A G O S T O D E 2 0 1 3 C O N T R A L Í N E A

OFICIO DE PAPEL
Los políticos pusilánimes
ños hombres) y los magnánimos (almas grandes). ¿En cuál de estas
dos categorías encajan nuestros políticos y líderes mexicanos?
Veamos: el político ideal, explica este escritor español, sería un
hombre que, además de ser un gran estadista, fuese una buena perso-na.
En este último punto también falla Romero Deschamps, quien se
perfila así como un político pusilánime.
El problema es que los ideales son cosas recreadas sólo por nues-tros
deseos, por lo cual estaríamos hablando de una lógica del deseo
cuando consideramos que el político puede ser un buen hombre y un
mejor estadista, ya que por lo menos en el caso mexicano, la realidad
nos estrella contra la pared cuando conocemos la vida y obra de presi-dentes,
secretarios de Estado, diputados, senadores, líderes gremiales y,
en general, de todos los políticos mexicanos. Sin duda alguna, ninguno
pasa la prueba para convertirse en un gran estadista, por lo menos los
que han ejercido el poder a partir de la segunda mitad del siglo pasado.
En su libro Vieja y nueva política, Ortega y Gasset explica en el
capítulo dedicado a “Mirabeau o el político”, que el magnánimo y
el pusilánime pertenecen a especies diversas: “vivir es para uno y otro
una operación de sentido divergente y, en consecuencia, llevan den-tro
de sí dos perspectivas morales contradictorias”.
Este filósofo español describe así a ambos políticos: el magnáni-mo
es un hombre que tiene misión creadora; vivir y ser es para él hacer
grandes cosas, producir obras de gran calibre; mientras que el pusilá-nime,
en cambio, carece de misión, y vivir es para él simplemente exis-tir
él, conservarse, andar entre las cosas que están ya ahí, hechas por
otros, sean sistemas intelectuales, estilos artísticos, instituciones, nor-mas
tradicionales o situaciones de poder público.
Los actos del político pusilánime, como Romero Deschamps, no
emanan de una necesidad creadora, originaria, inspirada e ineludible.
Este pusilánime, por sí, no tiene nada qué hacer; carece de proyectos y
de afán riguroso de ejecución. De suerte que no habiendo en su inte-rior
destino, fuerza congénita de crear, de derramarse en obras, sólo
actúa movido por intereses subjetivos.
Ortega y Gasset sostiene que lo que nunca comprenderá el pusi-lánime
es que para ciertos hombres la delicia suprema es el esfuerzo
frenético de crear cosas, como lo hace el pintor, el escritor o el político
que organiza el Estado. Contrario a los pusilánimes están los virtuo-sos,
que no estafan, no mienten, no estupran, y sus virtudes son la hon-radez,
la veracidad, la templanza.
Pero Romero sólo es uno de estos líderes pusilánimes, pues la lis-ta
de políticos en esta categoría abarcaría páginas y páginas de libros
completos.3
*Periodista
Miguel Badillo*
Antes de pretender reformar la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos
para permitir una mayor participación pri-vada
–principalmente de empresas extran-jeras–
en la exploración y producción de
petróleo y gas, hubiera sido necesario
escuchar de los funcionarios del gobierno federal la propuesta de un
plan estratégico, con los órganos de seguridad nacional incluidos, para
combatir la corrupción, la impunidad y el abuso de poder que corroe
las estructuras de gobierno y vulnera las finanzas públicas.
Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electrici-dad,
empresas líderes del Estado mexicano, han sido por décadas las
más afectadas por el cáncer de la corrupción que, sin control alguno,
permite el saqueo indiscriminado del dinero público, la asignación de
contratos amañados a cambio de comisiones, el robo de combustibles,
las extorsiones y los sobornos. A pesar de ello, Pemex aún aporta casi
el 40 por ciento de las finanzas públicas.
A lo anterior hay que agregar la ominosa carga que representa el
Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana para la
principal empresa paraestatal, en donde su máximo líder, el sena-dor
priísta Carlos Romero Deschamps, se ha enriquecido brutal y
abiertamente ante los ojos de todos los mexicanos sin que alguien
en el gobierno ponga algún freno o siquiera proteste por la corrup-ción
de toda la pandilla de este dirigente.
Cómo hablar entonces de una urgente modernización del sector
energético cuando es el mismo gobierno federal el que solapa y prote-ge
las mañas, los abusos y los excesos de Romero Deschamps y fami-lia.
Este líder petrolero mantiene una abierta confrontación con el actual
director general de Pemex, Emilio Lozoya, quien no ha podido lograr
su destitución porque desde Los Pinos lo protegen.
Éstos son los dirigentes gremiales y los políticos que por décadas
le han hecho tanto daño al país. Si el presidente Enrique Peña Nieto tuvo
la entereza y la decisión de destituir y procesar a la máxima dirigente
magisterial Elba Esther Gordillo, por qué no hace lo mismo con Romero
Deschamps, quien –aseguran sus allegados– ya tiene la maleta lista
para dejar la dirigencia del Sindicato en cuanto se lo pidan. ¿Qué detie-ne
o quién frena esta decisión que hasta ahora ha dado impunidad total
a una de las figuras más controversiales de la política mexicana?
Para el filósofo español José Ortega y Gasset, quien tuvo una
importante influencia en Europa y América durante la primera mitad
del siglo pasado, existen dos tipos de políticos: los pusilánimes (peque-
C O N T R A L Í N E A 1 9 D E A G O S T O D E 2 0 1 3 5

Con la reforma, Veracruz será La reforma energética planteada
por el Gobierno de la República
que encabeza Enrique Peña Nieto
convertirá a Veracruz en una poten-cia
en la materia, con mayor explo-ración,
producción, refinación y
transporte de gas natural y aceite.
Durante la presentación de la
Estrategia Integral de Suministro
de Gas Natural, que impulsa la
modernización de la explotación
del producto, el presidente Enrique
Peña Nieto dijo que con esta medi-da
México dejará de importar una
tercera parte del material que se
consume y será un detonante del
desarrollo en el país.

“Especialmente en dos entidades
ya se están realizando trabajos
para una eventual explotación de
este insumo, tanto en Veracruz
como en Coahuila”.
El Ejecutivo federal insistió en
que la clave para lograr más
empleos es que la industria
registre una importante inversión
en este rubro, que a su vez se
traduzca en “mayor investiga-ción,
producción, refinación y
ampliación del sistema nacional
de gasoductos”.
Por su parte, el secretario de
Energía, Pedro Joaquín Coldwell,
agregó que en este año se
invierten 2 mil 500 millones de
pesos, que resultarán en 227
millones de pies cúbicos men-suales
de gas natural adicional.
Recordó que el pasado 20 de
marzo se firmó un convenio de
colaboración entre el Instituto
potencia en materia energética
Mexicano del Petróleo y la
Compañía Mexicana de
Exploraciones Comesa, SA de
CV, para la exploración y evalua-ción
de gas y aceite de lutitas en
Veracruz y Coahuila.
Asimismo, dijo que se asignó al
Instituto Mexicano del Petróleo
recursos del Fondo Sectorial
Conacyt-Sener-Hidrocarburos
por 244 millones de dólares para
desarrollar trabajos de explora-ción
sísmica de gas y aceite de
lutitas en las entidades en refe-rencia.
Al respecto, el secretario de
Economía, Idelfonso Guajardo
Villarreal, dijo que “México
tiene un enorme potencial pro-ductivo
y energético. La refor-ma
planteada posibilita la
innovación y la productividad al
establecer la posibilidad de
aprovechar yacimientos no con-vencionales
de los que pode-mos
abastecernos de
hidrocarburos y gas”.
Representantes del sector indus-trial
adelantaron que en los
siguientes tres años se invertirán
más de 5 mil millones de dóla-res,
donde destacan inversiones
por más de 2 mil 500 millones
de dólares en Nuevo León, mil
300 en Veracruz, 900 en
Coahuila y 300 millones en
Tamaulipas.
Al respecto, el gobernador Javier
Duarte de Ochoa dijo que
Veracruz apoya la reforma, “una
reforma transformadora, con un
verdadero espíritu de cambio y
potencial para las nuevas oportuni-dades
de inversión y de empleo”.
El jefe del Ejecutivo estatal insistió
en que la reforma energética trae-rá
empleos y desarrollo al sur-sureste
del país, lo que se
traducirá en el mejoramiento de la
calidad de vida de millones de
mexicanos que habitan esta impor-tante
región.

CONTRAPODER
Contralínea:
el Cisen y los cárteles,
innovación informativa
Álvaro Cepeda Neri*
Sobre la prensa escrita y los libros pesa, como grave amenaza
cumplida, su lenta y agónica desaparición ante los embates y
auge de los medios tecnológicos de comunicación modernos.
Pero aún así, llevando valientemente hasta sus últimas conse-cuencias
el periodismo de investigación, sigue cosechando victo-rias
de veracidad para dar a los lectores mejor información sobre
el quehacer de los poderes económicos (empresarial, banquero, financiero, etcé-tera),
los poderes políticos (municipales, estatales y federales) e incluso sobre la
presencia creciente y apabullante del poder del narcotráfico y la irrupción de po-deres
fácticos, como Televisa, Tv Azteca y sus apéndices en la radio, junto a ese
inmenso poder del casi monopolio Radio Centro; y
sobre los nuevos y aguerridos poderes de autodefen-sa
comunitaria, paramilitares y otros grupos que a
diestra y siniestra se multiplican. Es un periodismo, en
el mejor de los casos, que hace las veces de con-trapoder,
como lo ha descrito Luis María Anson en su
memorable ensayo La prensa como contrapoder, en
lugar de aquella tentación que habla de la prensa
como el “cuarto poder” para tratar de hacerla cóm-plice
de los poderes institucionales y de facto, habida
cuenta que la prensa es todo lo contrario.
Esta revista, que contra viento y marea conduce el
reportero Miguel Badillo, y los reporteros de su planti-lla,
que en su nombre lleva el santo y seña de su deber,
Contralínea, en sus números 336 y 337 (que vieron la
En su número 336,
Contralínea reveló la
integración de la
cúpula del Cisen: los
encargados del espio-naje
luz el 26 de mayo y el 2 de junio pasados, respectivamente), ha puesto sobre la mesa
de la discusión democrática, la representativa y directa, frente a los funcionarios
electos y los de nombramiento, dos temas de gran relevancia para tener el conoci-miento
de lo que hay detrás de la burocracia federal y respecto de la llamada “delin-cuencia
organizada” del narcotráfico. En el primer caso, la integración de la cúpula
del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (el Cisen); en el otro, cómo son
los cárteles y cuántos son los que se diseminan ya por todo el territorio, además
de su actual disputa, a sangre y fuego, por la capital del país. Con lo cual, estos
grupos completarían la total inseguridad que padece nuestra sufrida y angustiada
nación con homicidios al por mayor.
Para conocer a este discípulo de la divisa platóni-ca
de que el gobernante tiene permiso para la “men-tira
política”, el reportero gráfico Alejandro Mendoza
nos obsequia una fotografía de cuerpo entero del vo-cero
Eduardo Sánchez, quien según sus cuentas ale-gres
, esos homicidios van a la baja. Y en la nota de
Benito Jiménez, el funcionario de marras se va encima
de los datos de más inseguridad que hizo pública la or-ganización
México Unido Contra la Delincuencia en el
diario Reforma el 7 de junio de 2013.
El peñismo de los Óscar Argüelles y los Carlos
Olmos Tomasini, empleados todavía de Max Cortázar
(como una más de las complicidades calderonista-pa-nista
con los grupos ultraderechistas del ala priísta
más reaccionaria), le tiene gran aversión al desempe-ño
de la labor a toda prueba de la revista Contralínea.
Y en estos dos trabajos, la revista ha dado muestra de
su apego a las libertades de prensa y un tributo a la
investigación periodística, con la mira de innovar el
desempeño de la información veraz y contrastada, pa-ra
lograr una exposición enderezada a la crítica. La
información de los –hasta este momento– 89 cárteles
del narcotráfico y su distribución reflejada en un ma-pa-
organigrama es un trabajo utilísimo y oportuno. Lo
anterior, agregado a la información (desconocida) de
los 39 más altos funcionarios integrantes del Cisen,
pone a los lectores al tanto de quienes están encar-gados
de vigilar (espiar) a los buenos y malos, para
allegarle información al peñismo a través de la Pro-curaduría
General de la República, Gobernación,
Hacienda y Crédito Público, Defensa y Marina, para
coordinarse en las tareas de seguridad. Y sobre la cual
el peñismo no encuentra la cuadratura del círculo, con
todo y el colombiano Óscar Naranjo que vendió (muy
cara por cierto) su asesoría como el experto, pero que
fue echado de su país por ineficaz.3
*Periodista
en México

CARTÓN
El regreso del Chupacabras

OPINIÓN
la izquierda partidista
Netzaí Sandoval Ballesteros*
Pemex y
Es indudable que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional
transformó radicalmente las coordenadas de la política mun-dial.
Ya no basta con definirse de “izquierda” o de “derecha”.
Hoy sabemos que los partidos políticos suelen ubicarse “arri-ba”
y bastante lejos de los más de 50 millones de mexicanos
que viven en la pobreza (según datos del Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social). Entre esos partidos de “arriba” hay
una izquierda política que podríamos definir como socialdemócrata, que busca un
capitalismo con “rostro humano” y se preocupa especialmente por “tomar el poder”.
Por otro lado hay una izquierda que protesta, que defiende los ejidos, que lucha
por la autonomía de los pueblos indígenas y defiende sus tierras ancestrales, que se
opone a los megaproyectos que destruyen el equilibrio ecológico, que demanda más
educación pública y gratuita, que arriesga la vida defendiendo a los migrantes y los
derechos de las mujeres. Una izquierda de “abajo”. Esta izquierda es claramente
anticapitalista y se preocupa por repartir el poder, no por concentrarlo en manos de
un líder bondadoso.
Las opciones electorales de izquierda, hoy en día, son todos partidos de “arri-ba”.
Para ellos es un tabú decir o pensar que el capitalismo está podrido y en deca-dencia;
que llegó el tiempo de modificar el modelo económico basado en la
especulación financiera y en la desregulación.
Morena (Movimiento Regeneración Nacional) es un partido político en cons-trucción
y tiene ante sí el enorme reto de definirse. Andrés Manuel López Obrador
señaló en alguna ocasión que ser de izquierda significa simplemente ser bueno. Tal
vez pueda aceptarse su idea si se atiende a la explicación y contexto en el que se
encontraba. Pero si Morena va a encontrarse “abajo y a la izquierda” hace falta
mucho más que ser bueno y honesto. Debe comenzarse mínimamente por ser anti-capitalista
y construir relaciones sociales, de pareja, escolares, amistosas, familiares,
políticas y productivas que ya no se basen en el consumismo, en la gerontocracia,
en el machismo, en la ganancia y en el fetichismo de las mercancías.
Quienes somos de izquierda ¿deberíamos ocuparnos de que los gobernantes
cuenten con calidad moral? Tal vez eso sea suficiente para la izquierda de “arriba”.
Pero para quienes aspiramos a ubicarnos abajo y a la izquierda es necesario trans-formar
la dicotomía gobernante/gobernado y asumir el reto de rechazar el fetichis-mo
del poder que denunció Adolfo Sánchez Vázquez (http://bit.ly/14qNFaT). Es
indispensable, por lo tanto, que los ciudadanos se autogobiernen. Jürgen Habermas
ha planteado que la imposición de una ley implica un paternalismo al que solamen-te
puede hacerse frente con la producción políticamente autónoma del derecho
(Habermas, Facticidad y validez, 2005).
Morena y Andrés Manuel López Obrador han asumido como su primera gran
batalla oponerse a la privatización de Petróleos Mexicanos (Pemex). Es una deci-sión
inteligente porque permitirá distinguir ideológicamente a las fuerzas políticas
en el país. El Partido de la Revolución Democrática (PRD), comprometido con el
Pacto por México no podrá expresar una oposición terminante a la reforma consti-tucional.
La derecha (el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institu-cional)
plantea que la generación de productos y servicios resulta mucho más
eficiente si la controlan los capitales privados. La derecha en el mundo ha logrado
la privatización de hospitales, de casi toda la economía e incluso de servicios bási-cos
como el de abastecimiento de agua (otro tema en el que el PRD y particular-mente
Marcelo Ebrard se encuentran en realidad dentro de la derecha) o los
bomberos.
En el reciente accidente en Santiago de Compostela, España –que conmovió
al mundo–, los bomberos privados fueron obligados a retirarse antes de acabar el
rescate de víctimas. Todo con tal de salvaguardar la rentabilidad de las empresas
(http://bit.ly/164kCIY). Ésa es la alternativa que nos ofrece la derecha para toda la
actividad económica: la privatización.
Existe una vía legal que permitirá a Morena mostrar voluntad de actuar pro-positivamente
y dentro de los marcos institucionales, además de atender a Habermas
y luchar por la creación políticamente autónoma del derecho. Con fundamento en
el Artículo 35, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos puede solicitarse una consulta popular vinculante, figura que ya se
encuentra vigente.
Diversas resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han seña-lado
que el contenido de la Constitución debe ser exigible, y que para justificar la
inobservancia del texto constitucional no es posible alegar la ausencia de leyes
reglamentarias (recientemente en materia de juicio de amparo, pues la reforma
legal se retrasó durante varios años).
Solamente una organización como Morena cuenta con la capacidad y la volun-tad
necesarias para recabar las 1.6 millones de firmas que harían falta para convo-car
a dicho ejercicio.
Hoy lograr una profunda transformación de izquierda consiste en distribuir el
poder, a semejanza de lo que hacían los antiguos en la democracia griega. Los movi-mientos
sociales de todo el mundo rechazan la mera democracia representativa y
levantan la voz diciendo: “No nos representan”. Una organización de izquierda no
puede actuar con la actitud paternalista del caudillismo que caracterizó al México
de los siglos XIX, XX y al PRI desde su fundación. Morena debe admitir que la deci-sión
de privatizar o no Petróleos Mexicanos corresponde a la población. Debe plan-tear
sus argumentos y dejar la decisión en manos de todos los mexicanos. Hay que
convencer, antes que vencer. Es mucho más revolucionario plantear que sea la pobla-ción
–en una consulta vinculante– la que defina el futuro de Pemex, que simple-mente
oponerse con pocas expectativas de éxito.3
*Abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México; posgraduado en admi-nistración
de justicia

C O N T R A L Í N E A 1 D E J U L I O D E 2 0 1 3 3

OPINIÓN
Todas las víctimas
Carlos Miguélez Monroy*/Centro de Colaboraciones Solidarias
“Estábamos sobre esa plancha ne-gra
ardiente, sabes, cómo se po-ne
el aparcamiento cuando el sol
cae con fuerza. Estaba con el mi-nistro
y la madre de mi cliente,
encorvada y rota. Sollozaba deli-rante;
acababa de despedirse de su hijo por última vez. Es una de las
cosas que la gente no ve sobre la pena de muerte. ¿Qué puedes hacer?
No puedes irte y no puedes cambiar nada. No puedes hacer nada por
ella.”
No se había explorado la pena capital desde la perspectiva de los
abogados que defienden a personas condenadas a muerte hasta que la
escritora Susannah Sheffer publicó Fighting for their lives (Luchando por
sus vidas). La autora entrevistó
durante 1 año a una veintena de
estos abogados.
“Si no puedes ver la huma-nidad
en tu cliente, ¿cómo pre-tendes
que la vean los fiscales,
los jueces y el resto de la hu-manidad?”.
Con este tipo de
testimonios, Sheffer provoca re-flexiones
desde la perspectiva
de profesionales con cada vez
menos recursos para la defensa.
Cada vez encuentran más obs-táculos
“A veces no puedes salvarles
la vida, pero sí rescatar su
humanidad. Entras en sus
vidas en el último instante y
agradecen que hayas hecho
algo por ellos”
para presentar apelacio-nes
y solicitudes de aplazamiento, y menos fondos públicos para defender
y asesorar a otros abogados.
Uno de los entrevistados comparaba su trabajo con el de un ciruja-no
que trata de defender a su paciente de otro cirujano que lo quiere
matar. “Tú intentas salvar al enfermo y el otro trata de matarlo. No sabes
en qué momento puede derribarte y dejar desprotegido a tu paciente”.
Estos abogados se enfrentan también al rechazo de una gran parte
de la sociedad sedienta del ojo por ojo, y a la falta de comprensión de
amigos y familiares. Sobre todo, Luchando por sus vidas aborda el impac-to
emocional de los abogados en esa lucha contrarreloj para impedir que
maten a su cliente, casi siempre con el mismo resultado: la silla eléctrica
o la inyección letal. Como sus propios clientes, están tan acostumbrados
a perder que, cuando consiguen el aplazamiento de una ejecución o una
conmutación de la condena por cadena perpetua, se desorientan.
Cuando ejecutan a un cliente, llevan sobre sus espaldas la duda de
si pudieron y debieron haber hecho algo distinto. Queda la culpa, ese
pozo amargo del “hubiera”. Entonces tienen que recordar que de ellos
depende muy poco, como expresan las palabras de Thomas Merton que
cita Sheffer en uno de los capítulos: “No dependas de la esperanza en
los resultados”. Están en manos de jurados, jueces y fiscales hostiles, y tie-nen
que luchar contra sus propias limitaciones.
Una entrevistada defendió a un asesino con discapacidad intelec-tual,
años antes de que el Tribunal Supremo estadunidense lo declarara
anticonstitucional: “No podía ofrecerle nada. Fue horrible. Estaba dema-siado
mermado, demasiado distraído y enojado y confundido. Había lle-gado
a confiar en mí, pero sentía que lo había traicionado porque no
pude impedir su ejecución”.
El libro también explora las motivaciones que lleva a un reducido
grupo de personas a una opción
profesional menos lucrativa que
la de otros colegas. Por encima
de las escasas posibilidades de
éxito, casi todos aluden a su éti-ca
para no convertirse en cóm-plices
de un sistema al que
consideran injusto.
La mayor parte de las per-sonas
a las que representan
estos abogados han cometido
crímenes espeluznantes, lo que
genera en ellos empatía por los
familiares de las víctimas. Aún
así, se ha extendido la creencia de que oponerse a la pena de muerte
equivale a un desprecio hacia los familiares de las víctimas.
Para poder defender mejor a sus clientes, los abogados desarrollan
una relación íntima que les permite llegar hasta sus infancias, plagadas
casi siempre de abusos síquicos y físicos, de abandono fuera y dentro
de la cárcel, de falta de oportunidades, de miseria y de humillaciones.
“A veces no puedes salvarles la vida, pero sí rescatar su humani-dad.
Entras en sus vidas en el último instante y agradecen que hayas
hecho algo por ellos”, explica un abogado. Su trabajo consiste en dar-les
voz, en servir de oídos a quien nadie ha escuchado, en consolarlos y
acompañarlos cuando todo parece perdido. Su trabajo constituye una
lucha contra la injusticia y la exclusión no sólo por lo que hacen, sino
también por cómo lo hacen.3
*Periodista y coordinador del Centro de Colaboraciones Solidarias

OPINIÓN
Nuevo golpe a los derechos
del literato Enrique Aranda
Margarito Miranda Arias*
Enrique Aranda Ochoa, crítico del sistema
político mexicano y simpatizante del Ejerci-to
Zapatista de Liberación Nacional, dete-nido
y acusado por el delito de secuestro y
robo bajo confesiones obtenidas por tortu-ra,
ha sido declarado por organismos nacio-nales
e internacionales de derechos humanos como preso político.
Por las faltas a su debido proceso y a sus garantías judiciales, así
como por la tortura de la que
fue víctima, la Comisión de De-rechos
Humanos del Distrito
Federal emitió la recomenda-ción
12/2002 contra la Procu-raduría
General de Justicia del
Distrito Federal.
Es imprescindible citar
que el contexto social en Mé-xico
en la década de 1990 era
de crisis económica y de ines-tabilidad
política. En aquella
década, el incremento del de-lito
de secuestro traía con-sigo
la detención de decenas
de personas, algunas bajo
juicios injustos.
Las referencias docu-mentales,
Sus últimos 17 años, Enri-que
Aranda los ha pasado en
el Centro Penitenciario
Varonil Sur, donde ha reci-bido
más de 15 galardones
por su obra. El literato fue
acusado y sentenciado por el
delito de secuestro
hemerográficas y de derechos humanos han ejemplifi-cado,
con el caso Aranda, la facilidad con la que servidores del
Estado fabrican culpables, detienen arbitrariamente y atentan con-tra
la dignidad y la honra de las personas, en algunos casos, para
reprimir la disidencia.
Como se ha denunciado en distintos informes de organismos
de derechos humanos, es frecuente que agentes del Estado vio-len
por acción u omisión estos mismos derechos (en fechas recien-tes,
las más de 25 mil personas desaparecidas en la mal llamada
“guerra contra el narcotráfico”). Pareciera que el modus es crear
un escenario de conflicto y después la arbitrariedad, así se lee en
la historia mexicana con las personas desaparecidas en las déca-das
de 1960 y 1970, con el secuestro en la década de 1990 y en
años recientes la desaparición, la tortura, el abuso del arraigo y
el exilio.
Sus últimos 17 años, Enrique Aranda los ha pasado en el Cen-tro
Penitenciario Varonil Sur, donde ha recibido más de 15 galar-dones
por su obra literaria, entre los que destacan la obtención
(tres veces) del Premio Nacional de Poesía Salvador Díaz Mirón
(1998, 2001 y 2008), otorgado por el Consejo Nacional para la Cul-tura
y las Artes-Instituto Nacional de Bellas Artes; dos veces mere-cedor
(2003 y 2008) del Premio Nacional de Cuento José Revueltas;
y el premio México Lee en 2011.
Es un incansable promotor de la cultura: ha trabajado más de
5 mil días en el Reclusorio co-mo
asesor del sistema bi-bliotecario
interno y como
instructor de yoga.
Aranda posee dos gra-dos
de maestría, una en lite-ratura
mexicana y la otra en
sicología clínica; ha tenido
una importante labor acadé-mica
al publicar un libro de
sicología y un diccionario en
la misma materia por parte
de la editorial Trillas.
Su conducta y franca dis-posición
por auxiliar a sus de-más
compañeros dentro del
penal ha sido motivo para
que la mayoría de las coordi-naciones
internas del penal (trabajo social, sicología, bibliotecas,
servicios culturales, a excepción de la coordinación de deporte)
externen su beneplácito y apoyo para que, mediante beneficios de
ley, se le otorgara la remisión parcial de la pena. El 9 de agosto
pasado se efectuó la audiencia en el Juzgado 2 de Ejecución de
Sentencias en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur para determinar
si procedía o no dicho beneficio.
La jueza Beatriz Segura Rosas determinó que no se le conce-día
porque no cumplía con todos y cada uno de los requisitos que
establece el artículo 39 de la Ley de Ejecución de Sanciones Pena-les
y Reinserción Social para el Distrito Federal. Sus argumentos
fueron que si bien Enrique Aranda cumplía con el primer requisito
de buena conducta, debido a que era innegable su conducta excep-

cional y su disposición de ser-vicio
social, no cumplía con la
condición de regularidad en
las actividades culturales, edu-cativas
y/o laborales.
La resolución del juicio
para obtener la remisión par-cial
de la pena reflejó la falta
de sentido de justicia y una
reducida interpretación del
principio propersona de la
fracción segunda del artículo
39 que señala: “… que parti-cipe
regularmente en las ac-tividades
laborales, educativas,
deportivas o de otra índole que se organicen en el Centro Peniten-ciario…”.
Entendiéndolo de otra forma, la participación en las acti-vidades
que se organicen en el Centro Penitenciario debe ser de
manera regular, pero no dice que deben realizarse todas y cada una
de las actividades, sino que se puede participar de manera alterna-tiva,
siempre y cuando sea de manera regular, es decir, de tracto
sucesivo y constante en el tiempo.
Dos cosas se le olvidaron a la jueza: que la interpretación que
se haga de las normas debe favorecer a la persona con la protec-ción
más amplia o, en caso contrario, la que menos limite o menos
impida el ejercicio de un derecho. Por tanto, debió interpretar dicha
fracción segunda en el sentido de que la regularidad es requisito
pero no para todas y cada una de las actividades que menciona,
sino para todas pero de manera conjunta. De ese modo, la regula-ridad
se satisfacía con las actividades laborales ininterrumpidas
como asesor e instructor de yoga y se refuerzan con las actividades
culturales y deportivas que realizó.
El segundo punto que no atendió la jueza es que el fin de la
reclusión es la reinserción en la sociedad, y el beneficio de remisión
parcial de la pena se otorga si las condiciones de reinserción se logran
en la persona. De ese modo, debió aplicar la interpretación en el sen-tido
de que el beneficio de la ley era a partir de su destacada labor
dentro del penal, por su intachable conducta y por los cambios obje-tivos
en sus capacidades para
reinsertarse en la sociedad,
aplicando este precepto con
relación al Artículo 1 de la
Constitución Política de los Es-tados
Unidos Mexicanos, a fin
de aplicar la norma que prote-giera
de manera más amplia a
la persona.
La negativa a la solicitud
de beneficios, “remisión parcial
de la pena”, se ha desarrollado
en un proceso en que el Estado
no ha avanzado en las inves-tigaciones
de tortura que ha
denunciado Enrique Aranda,
incluso, a pesar de la recomen-dación
emitida por la Comisión
de Derechos Humanos del Dis-trito
Federal (CDHDF). Para la
titular del Juzgado 2 de Ejecu-ción
de Sentencias del Distrito
Federal, el multipremiado en
letras e instructor de yoga Enri-que
Aranda no ha tenido una
participación “regular” en cur-sos
extraescolares y en de-porte
durante su estancia en el
reclusorio, por lo que no era
merecedor del beneficio.
Los claroscuros del caso han hecho que el Centro de Derechos
Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, enviara una denuncia a la Comi-sión
Interamericana de Derechos Humanos por tortura, faltas a las
garantías judiciales y al debido proceso, así como ataques a la honra
y dignidad de Enrique Aranda. La denuncia se robustece en su recla-mo
con el criterio de la juzgadora.
La última resolución recibida por Enrique Aranda es uno de los
ejemplos de la justicia mexicana de interpretaciones cortas del dere-cho
y de su relación con los derechos humanos. La jueza ponderó la
libertad personal, los derechos humanos y la interpretación del princi-pio
propersona con una reducida lectura que no se ajusta a estánda-res
internacionales ni a criterios jurisprudenciales en México. Los más
de 17 años en prisión de Enrique Aranda Ochoa, la tortura de la que
fue objeto y la omisión a la recomendación de la CDHDF a su favor
laceran la democracia mexicana.
Citando textualmente al señor Aranda terminamos esta redac-ción:
“Lo primero que me vino a la cabeza una vez concluida mi audien-cia
para obtener la remisión parcial de la pena fue el reproche de
Jesucristo a los fariseos sobre el que le dieran más importancia a la
letra de la ley que a su espíritu. ¿El sistema de reinserción social del
Distrito Federal fue creado para propiciar realmente la resocialización
o es meramente un rutinario procedimiento para rellenar formularios,
nutrir estadísticas y justificar informes y sueldos? ¿Verdadera resocia-lización
o cuota justificadora
de actividades (moda neolibe-ral)?
La rutina en estos ámbi-tos
se ha mecanizado tanto
que deviene hueco ritual que
ha extraviado su esencia y pro-pósito
original, perdido el es-píritu
de la ley, sacrificado al
formulismo de la letra. El mun-do
de cabeza”.3
*Integrante del Área Jurídica
del Centro de Derechos Huma-nos
Fray Francisco de Vitoria,
OP, AC
Aunque la mayoría de las
coordinaciones internas del
penal externaron su apoyo
para que, mediante benefi-cios
de ley, Aranda recibiera
una disminución de la
pena, la jueza Beatriz Segu-ra
le negó esta posibilidad
Ante esta nueva arbitrarie-dad,
el Centro Fray Francis-co
de Vitoria denunció el
caso ante la CIDH por tortu-ra,
faltas a las garantías judi-ciales
y al debido proceso, así
como ataques a la honra y
dignidad del escritor

OPINIÓN
Política pontificia: prioridades
y trampas de Bergoglio
Edgar González Ruiz*
Alo largo de su trayectoria, el actual pon-tífice,
el argentino Jorge Mario Bergoglio,
ha sido cercano a grupos de la ultrade-recha
en su país, así como enemigo de
las libertades del mundo moderno y en
particular de los derechos sexuales.
Desde el trono de San Pedro, en su estrategia para restable-cer
la autoridad moral de la Iglesia y dar nuevo impulso a los pro-yectos
conservadores, Bergoglio recurre a un discurso tramposo y
a una falsa imagen de amigo de los pobres.
En su reciente viaje a Brasil, el pontífice enarboló la truculen-ta
frase: “No tengo oro ni plata, pero traigo conmigo lo más va-lioso
que se me ha dado: Jesucristo”. Ciertamente, la Iglesia ha
acumulado inmensos tesoros materiales que tiene bien resguar-dados
Bergoglio fue conocido por sus vínculos con grupos extremistas como la
Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino, por su lucha contra
la despenalización del aborto y contra el matrimonio homosexual
y que Bergoglio no pone a disposición de los desposeídos.
Por el contrario, lleva consigo no a Jesucristo, como dice eufe-místicamente,
sino proyectos muy concretos del clero, como son
encarcelar a las mujeres que abortan, oponerse al matrimonio
homosexual, negarle al género femenino el acceso al sacerdocio y,
acorde con los tiempos que corren, apoyar la llamada “guerra
contra las drogas”, política punitiva que ha ocasionado secuelas
trágicas en muchos países.
Raíces y prioridades
En 1974, cuando era provincial de los jesuitas, Bergoglio elaboró
la Carta de principios de la Universidad de El Salvador, fundada
por esa orden en Argentina.
El primero de esos principios es nada menos que la “lucha
contra el ateísmo”, que Bergoglio definía como “la ausencia de un
sentido trascendente [religioso] de la vida, en la comprensión de
los fenómenos históricos y sociales” (www.salvador.edu.ar/vrf/
DAC/Carta%20de%20Principios.htm). Es decir, la lucha que enca-bezaba
el jesuita era contra la libertad de conciencia.
Más de 4 décadas después, el Instituto Nacional contra la Dis-criminación
(Inadi), organismo gubernamental de ese país, dicta-minaría
que tal principio es discriminatorio y recomendaría a esa
casa de estudios “a los efectos de no continuar perpetrando con-ductas
discriminatorias, omitir de sus publicaciones el conflictivo
principio”. También ordenó remitir una copia de la resolución a
la Dirección Nacional de Gestión Universitaria, como organismo
competente para fiscalizar a las casas de altos estudios privadas
(Página 12, 6 de abril de 2011: www.pagina12.com.ar/diario/
sociedad/3-165666-2011-04-06.html).
Además de las acusaciones contra la jerarquía católica por
su complacencia o complicidad con la dictadura militar, Bergo-glio
en particular fue conocido por sus vínculos con grupos extre-mistas
como la FASTA (Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás
de Aquino), por haber promovido la clausura de una exposición
pictórica supuestamente irreverente y, sobre todo, por su lucha
contra la despenalización del aborto y contra el matrimonio ho-mosexual.
Sin embargo, una vez llegado al pontificado, muchos medios
de comunicación afines a la Iglesia procuraron soslayar esos he-chos
acerca de Bergoglio, quien por su parte ha cultivado una
imagen de franciscanismo y de renovador de la Iglesia, cuyo com-promiso
con los pobres se limita en realidad a meros alardes me-diáticos:
aunque Francisco se acerque a las multitudes, la Iglesia
sigue siendo rica, poderosa y conservadora.

Al papa Francisco le ha tocado vivir una época muy diferente al anticomu-nismo
y la era de la televisión que vivió Juan Pablo II. El argentino ya ha
enfrentado varias protestas organizadas desde las redes sociales
Bergoglio pretende ser un sucedáneo de Juan Pablo II, quien
con el apoyo de los medios de comunicación movilizaba a sus
fieles mediante sus capacidades escénicas; pero al papa Fran-cisco
le ha tocado vivir una época muy diferente a la del papa
polaco de la era del anticomunismo y de la televisión, cuando
la opinión pública era mucho más dócil, pues no existían medios
de comunicación como el internet y los teléfonos celulares, me-dios
que permiten la libre difusión de las ideas al margen de los
grandes intereses económicos.
Por eso, en los últimos años, en los viajes pontificios a dife-rentes
países suele haber protestas organizadas desde las redes so-ciales;
y así ocurrió en Brasil, donde un grupo de cerca de 2 mil
personas se reunió para defender los derechos de los homosexuales.
“Allí organizaron ‘un besazo gay’ entre homosexuales, y algu-nas
mujeres se quitaron la parte superior de la ropa como forma
de protesta” (La Razón Digital, 24 de julio de 2013).
Falacias del papa
Además de su imagen mediática, el conservador Bergoglio recu-rre
a una estrategia muy acorde con el mundo del consumo y del
capitalismo sin freno, que es el uso de un discurso basado en
consignas mentirosas, frases engañosas y vacías o declaracio-nes
contradictorias, como las que se usan para la venta de cual-quier
producto o las que usan los políticos en sus discursos.
Así, mientras que en realidad se opone a los derechos de los
homosexuales, el pasado 29 de julio, ya de regreso en Roma, el
papa declaraba hipócritamente que no es nadie para juzgarlos,
pues la Iglesia acepta que puedan “buscar a Dios” (La Jornada,
30 de julio de 2013). Con ello, el papa Francisco se ganaba ante
los medios una imagen de “tolerante” y “comprensivo”, pero en
realidad, ni él ni la Iglesia que encabeza han cambiado su posi-ción
intolerante hacia ese sector.
En la misma ocasión, el papa reiteraba la posición de la Igle-sia
sobre el aborto, y cuando se le interrogó acerca de la situación
de la mujer en la Iglesia contestó tramposamente con una falacia,
que es conocida en todos los textos de lógica (ignoratio elenchi:
ignorancia del tema en discusión) y que consiste, como se dice coti-dianamente,
en evadir el problema saliéndose por la tangente.
Al ser interrogado sobre el sacerdocio de las mujeres, dijo:
“Esa puerta está cerrada. Pero sobre esto quiero decirles algo: la
virgen María era más importante que los apóstoles, que los obis-pos,
que los diáconos y los sacerdotes. La mujer en la Iglesia es
más importante que los diáconos y los sacerdotes…”.
La pregunta no era acerca de la virgen María ni de los após-toles,
sino de la posibilidad de que las mujeres accedan al sacer-docio,
y su frase acerca de la supuesta importancia de la mujer
en la Iglesia es contradictoria con la negativa de esa institución
a darle ese acceso.
El lenguaje de Bergoglio es el de los políticos, que no quie-ren
decir la verdad ni expresar sus intenciones, sino con frases
vagas y obsequiosas quedar bien con los “grandes medios” y con
la mayoría de la gente.
En su viaje a Brasil, Bergoglio prodigó a granel a sus audien-cias
frases demagógicas, rimbombantes pero vacías, dignas de
cualquier político en campaña. Por ejemplo, clamó: “Tengamos
una mirada positiva sobre la realidad” (tópico de gran parte de
la mercadotecnia); “el cristiano es alegre, nunca triste” (como si
todas las circunstancias de la vida fueran iguales); con palabras
trilladísimas dijo que la juventud “es el ventanal por el que entra
el futuro en el mundo” y, por tanto, los jóvenes son “motores
potentes para la Iglesia y para la sociedad”; los exhortó a “servir
a los demás sin miedo” [¿?] y pontificó vanamente que “el mal
nunca es más fuerte. Dios es el más fuerte”.
Pero también, al lado de toda esa palabrería hueca, expresó las
preocupaciones y proyectos muy específicos del clero católico. Por
ello criticó a varias de las iglesias evangélicas que amenazan la tra-dicional
hegemonía del catolicismo en América Latina y apoyó direc-tamente
la estrategia sangrienta de la llamada “guerra contra las
drogas”, pues según él, “la plaga del narcotráfico, que favorece
la violencia y siembra dolor y muerte, requiere un acto de valor de
toda la sociedad” (www.cronica.com.ar/diario/2013/07/24/51684-
la-plaga-del-narcotrafico-requiere-un-acto-de-valor-de-toda-la-sociedad.
html). Se opuso, asimismo, a la política de liberalización de
las drogas, con un espíritu similar al que animaba a Juan Pablo II a
rechazar el uso del condón que evita la propagación del VIH-Sida.
En suma, Bergoglio no llevó oro ni plata a Brasil, por el con-trario,
con tal de oponerse al libre albedrío, llevó a ese país la
consigna criminal de apoyar la llamada “guerra contra las dro-gas”,
estrategia que tantas muertes y desgracias ha ocasionado
a la sociedad.
Según él, en lugar de tesoros materiales, llevó a Jesucristo
en su viaje, pero cuesta trabajo imaginar al “redentor” encabe-zando
a las huestes policiacas y militares en esa lucha sangrien-ta
e inútil contra el consumo de ciertas sustancias.3
*Maestro en filosofía; especialista en estudios acerca de la dere-cha
política en México

OPINIÓN
¿El fin del periodismo impreso?
Jorge Meléndez Preciado* El impreso que fue adquirido en 1933 y tenía una serie de éxitos importantes, entre ellos la caída
Hace tiempo que se discu-te
si el periodismo impre-so
fenecerá. Más a partir
de la enorme influencia
que ha adquirido internet
en la emisión de conteni-dos
informáticos y hasta en libros. Tanto, que una
buena cantidad de lectores ya no compran los cotidia-nos
y las revistas, sino que los buscan en las pantallas.
Incluso una buena cantidad de periódicos han desa-rrollado
más sus portales en internet que apostar por
mejorar su contenido en la letra que huele a tinta.
El 5 de agosto pasado nos enteramos que The
Washington Post había sido vendido. La operación se
hizo entre la familia Graham –encabezada por Donald–
y Jeff Bezos, el dueño de Amazon, la hoy muy famosa
empresa que, entre otras actividades, presenta libros
en la red.
El monto de la operación fue de 250 millones de
dólares, una cantidad no muy alta, ya que el joven
Bezos tiene una fortuna calculada en 25 mil millones
de dólares y está ubicado en el lugar 19 entre las per-sonas
más ricas del mundo. Aunque inició su opera-ción
con 300 dólares (prestados).
Que hay una barata en los medios tradicionales,
lo muestra la adquisición de The Boston Globe en 70
millones de dólares, frente a los 1 mil 100 millones que
se pagó por ese diario en 1993.
En este caso, el comprador fue John Henry, dueño
del equipo de beisbol Los Medias Rojas de Boston y del
club de futbol inglés Liverpool.
Newsweek, el semanario que incluso se adquiere
en México, también fue vendido hace tiempo y este
año pasará a manos de IBT Media, la cual realiza una
serie de actividades en los medios audiovisuales.
¿Qué está ocurriendo?
Según los Graham “internet está transformando casi
todos los elementos del negocio de la prensa: acorta
los ciclos de las noticias, erosiona las fuentes de los
ingresos y permite nuevos tipos de competencia” (El
Financiero, 6 de agosto de 2013).
de Richard Nixon debido al escándalo de Watergate (donde las estrellas fueron Carl Bernstein y Bob
Woodward); asimismo, en sus páginas encontramos los detalles de lo difundido por Edward Snowden;
y también hubo un referente muy importante en nuestro país, ya que el columnista Jack Anderson acusó,
al inicio del sexenio de Miguel de la Madrid, que el entonces presidente de la República había recibido
dinero malhabido: millones de dólares.
Ante el señalamiento, realizado antes de una visita de Miguel de la Madrid a Estados Unidos, no
hubo respuesta del Ejecutivo mexicano y jamás se demandó a Jack y menos a The Washington Post.
Después, como sabemos, la nota fue retomada por Manuel Buendía en su columna Red Privada. Se vino
entonces un alud desde Los Pinos contra nuestro compatriota. Y luego, sin que sea una concatenación,
a finales del delamadridismo fue asesinado Buendía el 30 de mayo de 1984.
Según un estudio de la Asociación de Periódicos de Estados Unidos, los ingresos publicitarios de
los impresos cayeron 55 por ciento entre 2007 y 2012. Ello ha traído no únicamente el cese de miles
de reporteros y fotógrafos y el achicamiento de las páginas, sino también las ventas de los cotidianos.
En el caso que nos ocupa, The Washington Post bajó 44 por ciento sus ingresos en los últimos 6
años y redujo su circulación en 7 por ciento. Mucho de ello debido a que los anuncios clasificados ahora
ya son buscados en portales de internet.
Jeff Bezos, por cierto, aclaró que no dirigirá el Post en el día a día, pues vive feliz en otra parte de
Washington, donde Amazon tiene sus oficinas.
Para Alan Mutter, quien tiene experiencia en ambas operaciones (impresas y digitales), Bezos
“podría simplemente convertir el periódico en una aplicación preinstalada en todas las tabletas
Kindle”.
En México, la situación es preocupante. Hace tiempo que hay una reducción en la circulación de
impresos, periódicos y revistas. Asimismo van desapareciendo secciones y suplementos culturales. Y ha
ganado terreno lo que tiene que ver con el espectáculo en sus diferentes formas, especialmente el depor-tivo
y de muchachas…
Además, algunos que tenían infinidad de anuncios clasificados han visto reducir su volumen y
tamaño, incluso en una tercera parte o la mitad de quienes ofrecían algo. Tan es así, que ya hay anun-cios
gratis tanto en ediciones callejeras como en los que se venden en quioscos.
Recientemente, el periodista Julio Hernández (La Jornada, 5 y 6 de agosto de 2013) informó que
los empresarios Carlos Slim y Olegario Vázquez estuvieron juntos en Galicia, España. Algo seguramente
tramarán, ya que ambos han incursionado en impresos y sobre todo en televisión. Más si viene la licita-ción
de nuevos canales.
En el portal de internet Eje Central, Raymundo Rivapalacio señala que El Universal y Reforma ten-derán
más a fortalecer sus contenidos en la red, pues sus rotativos tienen problemas financieros, inclu-so
del segundo han salido en los últimos días cuatro editorialistas por diversas razones.
No hay que olvidar que en El Financiero, al cumplir 25 años la sección cultural, su fundador Víctor
Roura se despidió con estas palabras: “Porque se aproximan nuevos tiempos para ella [la sección] –y
para el periódico en general– sobre todo en estas estrategias de convergencia tecnológica y la incorpo-ración
(reproducción) de formatos reduccionistas convencionales, con los cuales disiento (y he manteni-do
mi punto de vista abiertamente sobre ello frente a la dirección de este diario) y en los cuales no
tengo yo cabida: lo mío es el largo aliento periodístico”. Valentía y firmeza de un periodista auténtico.
¿Qué sucederá? Estamos en un parteaguas como hace decenios no ocurría. Saber caminar en la
intemperie evitará naufragar…3
*Periodista

CARTÓN
Don Durito

PORTADA
1 9 D E A G O S T O D E 2 0 1 3 C O N T R A L Í N E A
20 Miguel Galindo
Opacidad y
violación a los
derechos humanos
EN NOMBRE DE
LA “SEGURIDAD
NACIONAL”

Espionaje ilegal, ausencia de rendición
de cuentas, violación a derechos huma-nos,
impunidad, falta de control social,
ineficiencia… Definiciones que surgen
de especialistas, legisladores y de los
propios funcionarios cuando se trata de analizar
seriamente el desempeño de las instituciones me-xicanas
encargadas de la seguridad y la defensa
nacionales, que tan sólo para 2013 cuentan con un
presupuesto que rebasa los 73 mil millones de pesos.
El secreto a voces popular que señala a los servi-cios
de inteligencia mexicanos como espías al ser-vicio
de facciones que se disputan el poder, se
robustece en los análisis de expertos en el tema, pero
también en documentos a los que ha tenido acceso
Contralínea y que dejan ver unas instituciones que
no han podido profesionalizarse, y que se regodean
de la ausencia de mecanismos de control social que
aseguren que su desempeño se realice en el marco
de las leyes y con los estrictos fines de protección al
Estado mexicano.
Especialistas en seguridad nacional, como Jorge
Luis Sierra e Iñigo Guevara, observan que el Centro
de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y las
secciones y direcciones de inteligencia de las Fuer-zas
Armadas mexicanas –organizadas y administra-das
por las secretarías de la Defensa Nacional y de
Marina– no han logrado profesionalizarse y que con
frecuencia responden a intereses particulares, de
grupo o de gobierno antes que a los nacionales.
Expertos en transparencia y acceso a la información,
como Ernesto Villanueva y Ana Cristina Ruelas,
señalan que el actual marco jurídico hace imposible
una auténtica rendición de cuentas del presupuesto
que ejercen estos organismos, como tampoco permi-te
evaluar objetivamente el desempeño de los fun-cionarios
que los encabezan. Consejeros del Instituto
Federal de Acceso a la Información y Protección de
Datos estiman que es necesario clarificar en la Ley
de Seguridad Nacional qué información debe reser-varse
y cuál debe publicarse. Legisladores integran-tes
de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional
reconocen que el Poder Legislativo “no tiene dien-tes”
para fiscalizar el ejercicio público en materia de
seguridad nacional ni puede incidir en una política
que debería ser de Estado. Defensores de derechos
humanos advierten que la Guerra Sucia nunca se fue
del país y las instituciones de inteligencia siguen
pasando sobre las garantías individuales y colectivas
consagradas en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos…
En suma, las instituciones de seguridad nacional
no son objeto de una fiscalización seria de su
desempeño, y la sociedad ni siquiera puede estar
segura de que los recursos humanos, materiales y
financieros de estos organismos se apliquen eficaz
y honestamente, como tampoco en su contra.
De la actual situación de los servicios de seguri-dad
nacional mexicanos, la principal víctima es la
sociedad. Cárteles del narcotráfico se enseñorean
prácticamente por todo el país ante un gobierno
incapaz de hacer frente a la proliferación de coman-dos
armados que aterrorizan regiones enteras. Los
asesinatos y el trasiego, siembra y producción de
drogas se incrementaron exponencialmente durante
los últimos años, como también la trata de personas,
la extorsión, el secuestro y los delitos financieros.
Mientras, las instituciones de seguridad nacional
–de acuerdo con la información que ha recabado
Contralínea– se han cebado sobre personas que se
organizan para participar en política, protestar, rei-vindicar
derechos o plantear demandas. La mayoría
de los casos que se documentarán en estas páginas
–en un trabajo periodístico de seis entregas–
demuestran la acción de las instituciones de inteli-gencia
contra estudiantes, trabajadores, campesinos,
activistas e, incluso, políticos de oposición al régi-men
en turno. Todas las actividades de estas perso-nas,
colectivos y organizaciones se desarrollaban de
manera abierta, legal y ciudadana. También se do-cumenta
el caso de una detención, tortura e interro-gatorio
al margen de la ley de un integrante del
amplio y diverso movimiento armado mexicano.
El trabajo periodístico busca arrojar luz y abrir
un debate sobre las instituciones mexicanas de inte-ligencia
y desmitificar un término que sirve para jus-tificar
la opacidad, la corrupción y evitar la
rendición de cuentas: “seguridad nacional”.3

PORTADA
León Braojos

Organismos de
seguridad nacional
FUERA DE
CONTROL
SOCIAL

“Seguridad nacional”, el ardid para eludir la ley. En México, los organismos de inteligencia
–civil y militar– no rinden cuentas del dinero público que ejercen ni de su desempeño pro-fesional.
Con frecuencia, estos organismos son utilizados para espiar ilegalmente a los adver-sarios
políticos del régimen en turno y violar derechos humanos. Especialistas coinciden en
que el término “seguridad nacional” se utiliza constantemente de manera caprichosa y uni-lateral
para mantener en la opacidad los presupuestos –que superan los 73 mil millones de
pesos anuales– y el uso de infraestructura gubernamental. Legisladores –integrantes de la
Comisión Bicameral de Seguridad Nacional– reconocen que no cuentan con atribuciones lega-les
para fiscalizar el desempeño del Cisen, las secciones Segunda y Séptima de la Sedena y la
Unidad de Inteligencia Naval. Menos, para incidir en la agenda de riesgos de la nación mexicana
Zósimo Camacho, @zosimo_contra/Rogelio Velázquez, @rogelio_contra/Primera de seis partes
Al final de 2013 el gobierno mexicano habrá
ejercido, al menos, 73 mil 15 millones 930
mil pesos en materia de seguridad nacio-nal,
de acuerdo con la Dirección de Servi-cios
de Investigación y Análisis de la Cámara
de Diputados. Según el documento El Pre-supuesto
público federal para la función de seguridad nacional, ela-borado
por el investigador parlamentario Reyes Tepach, el 93.9
por ciento de esos recursos se destinará al gasto corriente (suel-dos,
salarios y costos de administración), mientras que el 6.1 por
ciento, al de capital (creación y adquisición de bienes).
La erogación que supuestamente busca proteger al Estado
mexicano de las amenazas y riesgos que lo acechan en 2013 es
superior en 6 mil 822 millones al presupuesto destinado en 2012
para el mismo rubro, cuando se ejercieron recursos por 66 mil
193 millones 400 mil pesos. Es decir, del último año de gobier-no
de Felipe Calderón al primero de Enrique Peña Nieto el gas-to
nominal en las instituciones civiles y militares encargadas de
la seguridad nacional aumentó 10.31 por ciento.
El estudio, concluido por el maestro en economía en abril
de 2013, detalla que el total de los recursos será ejercido por cua-tro
dependencias federales: la Presidencia de la República y tres
secretarías de Estado: de Gobernación (Segob), de la Defensa
Nacional (Sedena) y de Marina (Semar).
La Presidencia de la República ejercerá 877 millones 410 mil
pesos. La Segob –a través del Centro de Investigación y Seguri-dad
Nacional (Cisen)– 2 mil 847 millones 550 mil pesos. La
Sedena –que organiza y administra a dos Fuerzas Armadas: el
Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea Mexicana– 50 mil 402 millo-nes
790 mil pesos. Y la Semar –que administra a la tercera Fuer-
PORTADA
Archivo Contralínea
4La Sedena ejercerá, en este 2013, 50 mil 402 millones de pesos como
presupuesto de seguridad nacional

za: la Armada de México– 18 mil 818 millones 180 mil pesos.
Al final del año, ni el Poder Legislativo ni los medios de comu-nicación
ni la sociedad tendrán manera de saber si la totalidad
de esos 73 mil 15 millones 930 mil pesos fueron ejercidos de
acuerdo con las leyes y para los fines de estricta protección del
Estado mexicano. Tampoco sabrán de la calidad del desempeño
de los servidores públicos que los aplicaron.
“Seguridad nacional”, tabú del siglo XXI
La estadunidense Agencia Central de Inteligencia (CIA, por su
sigla en inglés) ofrece en internet su composición estructural y
los nombres de sus altos funcionarios. Cualquier persona que
ingrese a la página oficial www.cia.gov/about-cia/leadership puede
enterarse de que la estructura de la agencia de espionaje inter-nacional
del país con más enemigos en el mundo se compone de
una dirección, una dirección general adjunta, siete direccio-nes
de área (Ejecutiva; de Inteligencia; del Servicio Nacional
Clandestino; de Apoyo; de Ciencia y Tecnología; del Centro para
el Estudio de la Inteligencia, y de Asuntos Públicos), una Con-sejería
General y una Inspección General. Todos los nombres de
los funcionarios, con excepción de quien encabeza la Dirección
del Servicio Nacional Clandestino, son públicos. Un organigra-ma,
aún más detallado, abunda en las 55 subdirecciones, depar-tamentos
y secciones de la CIA.
El también estadunidense Department of Homeland Se-curity
(DHS, que traducido al español es el Departamento de
Seguridad Nacional) informa en su página www.dhs.gov/leader-ship
la estructura institucional y los nombres de los 43 funcio-narios
que encabezan las direcciones, subdirecciones y áreas de
la dependencia encargada de “combatir el terrorismo” y las ame-nazas
que desde el interior se generan contra un país en perma-nente
guerra.
Mientras, en México invocar el término “seguridad nacio-nal”
sirve para cancelar todo tipo de fiscalización sobre presu-puestos
y desempeño de los servidores públicos. No hay manera
de que la sociedad sepa, institucionalmente, cómo se aplican los
recursos materiales, humanos y financieros. Tampoco los nom-bres
de los altos funcionarios ni sus funciones ni sueldos.
“¡Es que eso es seguridad nacional!”, se escucha decir con des-parpajo
a servidores públicos que buscan mantener en las som-bras
su desempeño. Y eso mismo se ha escuchado repetir
condescendientemente, por años, a diputados “expertos” en segu-ridad
nacional que han pasado por la Comisión Bicameral de
Seguridad Nacional, a consejeros del Instituto Federal de Acceso
a la Información y Protección de Datos (Ifai) y a periodistas e
intelectuales que, presurosos, reprenden a quienes buscan arro-jar
luz sobre el uso de recursos públicos. Y que incluso “advier-ten”
de la “natural” opacidad de los servicios encargados “de
cuidarnos a todos”.
Lo cierto es que ni en las vigentes Ley
de Seguridad Nacional, Ley Orgánica del
Ejército y Fuerza Aérea Mexicana y Ley
de la Armada de México, o en el Estatuto
Laboral del Cisen, se prevé la reserva de
las estructuras completas de los organis-mos
encargados de defender a la nación o
preservar su seguridad.
Así lo reconoció el propio secretario
de Gobernación, Miguel Ángel Osorio
Chong, durante su más reciente compa-recencia
ante la Comisión Bicameral de
Seguridad Nacional del Poder Legislativo,
celebrada a puerta cerrada el pasado 28 de
junio. Las legisladoras Lizbeth Eugenia
Rosas Montero y Adriana González Carri-llo
cuestionaron al responsable de la polí-tica
interior del país sobre lo revelado en
la edición 336 de Contralínea: la estruc-tura
básica del Cisen y los nombres y los
sueldos de los 39 altos mandos de la ins-titución.
Las diputadas deseaban conocer las
repercusiones de la “filtración” en el orga-nismo
público descentralizado de la Se-cretaría
de Gobernación. Osorio Chong
minimizó el hecho y respondió que la
información siempre había sido pública y
4Miguel Ángel
Osorio Chong, titu-lar
de la Secretaría
de Gobernación,
aseguró a legis-ladores
que la
estructura del
Cisen es pública
Hilda Ríos/Cuartoscuro

PORTADA
que, incluso, se encontraba disponible en
los “portales de transparencia”.
La respuesta que el representante del
Poder Ejecutivo ofreció a los legisladores
fue cierta a medias: no existe impedimen-to
legal alguno para conocer los nombres,
funciones y sueldos de los mandos admi-nistrativos,
aquellos que no son parte del
cuerpo operativo que enfrenta directa-mente
a la delincuencia o la infiltra. Lo
que no resultó cierto fue que esa informa-ción
estuviera disponible públicamente en
los “portales de transparencia”.
En los días posteriores a la compa-recencia,
el Cisen subió al portal de trans-parencia
sólo algunos nombres: Eugenio
Ímaz Gispert, director (que de por sí era
público); Carla Alejandra Carrillo Her-vert,
titular de la Unidad de Enlace; Ge-rardo
de la Cruz Castro Estrada, director
de Recursos Materiales y Servicios Ge-nerales;
Jesús Meza Zapata, titular del
Órgano Interno de Control; Tomás Cuauh-tencos
Rosales, titular del Área de Audi-toría
Interna; Eduardo Castillo Monroy,
titular del Área de Auditoría para el Desa-rrollo
y Mejora de la Función Pública; y
Ricardo López Lerín; titular del Área de
Responsabilidades y Quejas.
Sin embargo, los últimos cuatro fun-cionarios
pertenecen a la Secretaría de la
Función Pública (SFP) y no al Cisen. Son
los encargados de fiscalizar el gasto y el
desempeño público. Todas las dependen-cias
federales cuentan con estos funciona-rios
adscritos a la SFP. Así, en los “portales
de transparencia”, a la fecha, del Cisen sólo
son públicos los nombres del director
general, la titular de la Unidad de Enlace
y el director de Recursos Materiales y Ser-vicios
Generales. Es decir, tres de los 39
altos funcionarios que Contralínea dio a
conocer a finales de mayo pasado.
Ernesto Villanueva, doctor en derecho
y doctor en comunicación por la Univer-sidad
de Navarra, explica que “la estruc-tura
y los mandos medios y superiores no
están protegidos por secreto alguno y su
conocimiento debe ser público, de modo
que la sociedad pueda evaluar quiénes y
con qué credenciales formativas están al frente de las institucio-nes”.
En efecto, señala que los agentes de campo, los autos y los
equipamientos deben estar fuera del escrutinio público para que
puedan cumplir con sus labores de inteligencia y defensa de la
seguridad nacional.
Villanueva, también coordinador del Área de Derecho de la
Información del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Uni-versidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), considera
que el problema inicia con el marco jurídico. El país no cuenta
con criterios claros para definir lo que debe ser parte de la segu-ridad
nacional –que por su naturaleza deba permanecer en secre-to–
y qué no.
“Ante ello –explica– se genera una conducta gubernamental

absurda y contraria al principio estableci-do
en el Artículo 6 de la Constitución
[Política de los Estados Unidos Mexica-nos],
relativo a la máxima publicidad. La
regla es que en cada caso de duda, la in-formación
debe ser pública; y sucede exac-tamente
lo contrario.”
¿Qué dice la ley?
Un capítulo de seis artículos concede la
Ley de Seguridad Nacional al tema del
acceso a la información. Establece que tie-ne
carácter de reservada la información de
inteligencia producida por el Cisen. Otros dos tipos de informa-ción
también cuentan con el carácter de reservada, de acuerdo
con los dos párrafos del artículo 51:
“I. Aquella cuya aplicación implique la revelación de nor-mas,
procedimientos, métodos, fuentes, especificaciones técni-cas,
tecnología o equipo útiles a la generación de inteligencia
para la seguridad nacional, sin importar la naturaleza o el origen
de los documentos que la consignen, o
“II. Aquella cuya revelación pueda ser utilizada para actuali-zar
o potenciar una amenaza.”
Nada se refiere a los sueldos y funciones de los servidores pú-blicos
administrativos ni a los organigramas de la institución.
Sin embargo, el artículo se invoca con frecuencia para reservar
todo tipo de información.
4De los 39 altos
mandos del Cisen que
Contralínea reveló en
mayo pasado, sólo
dos –además del titu-lar–
se hicieron públi-cos
oficialmente. En
la imagen, instala-ciones
del Centro
ubicadas en La
Magdalena Contreras

PORTADA
Generalmente, la cita de esa disposi-ción
legal va acompañada de la referencia
a los artículos 13 y 14 de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Informa-ción
Pública Gubernamental, también re-lacionados
con lo que debe considerarse
información reservada y confidencial.
Para ocultar presupuestos, organigra-mas,
sueldos, funciones y nombres de los
servidores públicos, se invocan dos párra-fos
del artículo 13. La disposición legal
prohíbe la difusión de la información que
pueda: “I. Comprometer la seguridad na-cional,
la seguridad pública o la defensa
nacional” y “IV. Poner en riesgo la vida, la seguridad o la salud
de cualquier persona”. Bajo esa disposición, todo el personal
administrativo, asesores, analistas, subdirectores, directores de
área –que no realizan operaciones encubiertas ni trabajo de cam-po–
permanecen en el anonimato. Todo ciudadano que solicita
esta información recibe como respuesta la enunciación de los
artículos citados y la determinación final: “la información está
reservada de manera íntegra por 12 años”.
El Ifai ha ratificado la reserva de esta información. Por lo tan-to,
los datos permanecen como secretos.
Los límites del Ifai
Miguel Pulido, director ejecutivo de Fundar, Centro de Análisis
Plan Militar de Defensa Nacional, en caja fuerte
“El documento se encuentra res-guardado
en una caja fuerte, cuyo
acceso está restringido a determi-nados
elementos de la Secretaría de la Defen-sa
Nacional [Sedena]”, se lee en el acta que se
levantó para dar fe de la audiencia celebrada
el 13 de junio de 2013, entre funcionarios del
Instituto Federal de Acceso a la Información y
Protección de Datos (Ifai) y de la Sedena.
Los servidores públicos se reunieron luego
de que Contralínea solicitara, a través del Info-mex,
una copia del Plan Militar de Defensa
Nacional (solicitud con folio 0000700033213).
Como la institución castrense reservara el docu-mento,
este medio de comunicación interpuso
un recurso de revisión ante el Ifai para que, ape-lando
al principio de máxima publicidad es-tablecido
en la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública Guberna-mental,
se le otorgara una versión pública del
documento. Al expediente que se generó le co-rrespondió
el número RDA 1355/13.
En los alegatos, la Sedena informó que el
Plan Militar de Defensa Nacional consta de 33
fojas y 22 anexos, que suman en total 1 mil 857
fojas. De acuerdo con la Sedena, en el docu-mento
se articulan los planes y directivas para:
1) defender la integridad, independencia y so-beranía
de la nación; 2) garantizar la seguridad
interior; y 3) auxiliar a la población civil en casos
de necesidades públicas y desastres. Además,
contiene las estrategias para ejecutar las misio-nes
encargadas al Ejército Mexicano y se pla-nean
hipótesis en función de las amenazas
previsibles que pueda sufrir el país. También
contiene los planes de guerra, “esto es, cómo
respondería el país con sus distintos recursos
para poder atender un supuesto de agresión”.
El Plan Militar de Defensa Nacional fue ela-borado
en 1951, pero se ha ido actualizando
“con el paso del tiempo”. La actualización más
reciente data de 2004.
La Sedena argumentó que la totalidad del
documento tenía carácter reservado, que ni una
línea podía hacerse pública, y cuestionó la “pre-tensión”
del ciudadano de obtener esa infor-mación.
Por ello, solicitó al Ifai que el recurso
de revisión fuera “inatendido” (sic).
Luego de la audiencia celebrada entre los
servidores públicos de la Sedena y el Ifai, en
esta institución se recibió el oficio 60644, con
fecha del 18 de junio de 2013, signado por el
jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional.
En el escrito, la Sedena ratifica:
“[…] El Plan Militar de Defensa Nacional
es el documento rector en la planeación gene-ral
de acciones específicas que responde a las
amenazas internas y externas que podrían afec-tar
la seguridad y defensa de la nación; y de
divulgarse su contenido estratégico militar, se
pondría en riesgo el bienestar de la población,
la integridad del territorio nacional y la sobe-ranía
del estado mexicano; por lo que […] esta
dependencia del Ejecutivo Federal adoptó co-mo
una medida necesaria para asegurar su cus-todia
y conservación, la prohibición de sustraer
dicho documento y sus anexos de las instala-ciones
de la Secretaría de la Defensa Nacional
en que se encuentra, debiendo permanecer res-guardado
en caja fuerte, entre otras medidas
de seguridad para evitar riesgos de extravío,
robo, deterioro, destrucción o fuga de informa-ción”
(sic).
Sin embargo, luego de haber realizado “las
consultas internas necesarias”, la Sedena
“identificó” en el documento información
“conceptual general susceptible de entregar-se”:
algunos aspectos del marco jurídico y del
marco conceptual y doctrinario del Plan Mili-tar
de Defensa Nacional.
Lo que la Sedena “desclasificó” fueron el
Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, el artículo 1 de la
Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexi-canos,
algunas jurisprudencias y tres párrafos
del “Marco conceptual” que se refieren a la
supuesta defensa de la integración territorial,
la independencia y la soberanía de México.
Todo lo demás fue reservado.
El 10 de julio pasado los comisionados del
Ifai decidieron confirmar la reserva de la infor-mación.
El solicitante fue informado el 2 de
agosto.3

PORTADA
e Investigación –organización de la socie-dad
civil que ha destacado por sus inves-tigaciones
sobre el ejercicio público–,
señala que, en efecto, una de las categorías
de reserva más usadas es la de “seguridad
nacional”.
El especialista en derechos humanos,
derecho a la información y sistemas de
rendición de cuentas comparados señala
que “se debe romper el mito o la afirma-ción
sencilla de que todo lo que tenga
que ver con el Cisen es reservado por
razones de seguridad nacional”.
Argumenta que las sociedades de-mocráticas
se permiten revisar su pasado
mediato en temas sensibles como seguri-dad
nacional, seguridad interior y deci-siones
militares. En estos países se tiene
claro que la única forma que socialmen-te
se tiene para avanzar y mejorar es revisar y evaluar constante-mente
qué se hizo bien y qué se hizo mal en el pasado. La segu-ridad
nacional, considera, no tendría por qué ser, bajo ninguna
circunstancia, una excepción de ese estándar.
—Pero en México eso no sucede…
—Es algo que se tiene que hacer. Las instituciones de segu-ridad
nacional necesitan entender que, a pesar de lo sensible
de su función y de lo determinante de sus decisiones, deben
pasar por el filtro de las discusiones democráticas. El balance
no es sencillo, lo que no significa que no sea posible.
Jacqueline Peschard Mariscal, comisionada del Ifai, está de
acuerdo en que todas las instancias de seguridad nacional tie-nen
la obligación de rendir cuentas y cumplir con lo estipula-do
en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental.
Agrega que en esa misma Ley se establece una causal de
reserva para la información de seguridad nacional. Y las insti-tuciones
que manejan y generan este tipo de información están
obligadas a “fundar, motivar y explicar cuál es el daño que se
causaría a la seguridad nacional si la información se revela”.
Al cuestionarle acerca de que el Cisen ha reservado la tota-lidad
de su organigrama y que el Ifai ha confirmado la reserva,
la socióloga señala: “para que la inteligencia rinda frutos, debe
hacerse de manera encubierta”.
Al abundar si toda la información del Cisen tiene carácter
de reservada, la comisionada dice que no. Agrega que incluso
el Ifai ha revocado reservas de la información al Centro. Sin
embargo, considera que debe haber “una cierta reconfiguración
desde el punto de vista legal de la información que se conside-re
de seguridad nacional.
“El Cisen es un sujeto obligado por la Ley para transparen-tar,
pero debe hacerlo dentro de su naturaleza específica; den-tro
de sus funciones de inteligencia.”
Por su parte, la también consejera del Ifai Sigrid Artz Colun-ga
considera que México cuenta con los mecanismos adecua-dos
para que las instituciones de seguridad nacional rindan
cuentas.
La doctora en estudios internacionales por la Universidad
de Miami (Florida, Estados Unidos) –quien se desempeñara
como secretaria técnica del Consejo de Seguridad Nacional
entre 2006 y 2009 por designación del entonces presidente de
la República, Felipe Calderón– cita a la Ley Federal de Trans-parencia
y Protección de Datos como garante del acceso a la
información de los órganos de seguridad nacional.
“A través de la Ley se puede sujetar a dependencias como
las secretarías de Gobernación; de Hacienda y Crédito Públi-co;
de la Defensa Nacional…”.
—Pero el Ifai ratifica reservas de la información que emi-ten
estas dependencias.
—No hay problema en revocarle al Cisen o a cualquier otra
4Luego de casi 1
año de gobierno, la
administración de
Enrique Peña Nieto
no ha entregado a
los legisladores el
proyecto anual de
la Agenda Nacional
de Riesgos
Iván Stephens/Cuartoscuro

El funcionario explica a Contralínea
que “el Centro, por ley, ni siquiera está so-metido
a un Comité de Información. Sólo
depende de lo que diga su titular directo.
Nosotros [en la Segob] hemos dado hasta
la marca del café del secretario [de Gober-nación];
incluso, acabamos de dar copias
de su recibo de nómina. El problema con
el Cisen –insiste– es que ni siquiera tiene
un Comité”.
—¿Debe publicar el Cisen cómo ejer-ce
los recursos públicos que recibe? –se le
pregunta.
—Sí, claro. Salvo que demostraran [los
funcionarios del Cisen] un daño específi-co.
Pero respecto a cuánto gastaron en via-jes,
comidas y todo eso, mi opinión es que
sí debería de ser público –concluye Gal-ván
Illanes.
dependencia una reserva de información si ésta es estadística.
Pero cuando es operativa y se exige que se dé un determinado
nivel de detalle, tengo que ser muy cuidadosa aún y cuando en
algún momento un dato parecido ya lo hubiera revelado otra
dependencia –considera Artz Colunga, quien hasta antes de su
incorporación al Ifai se desempeñaba como investigadora y
consultora en materia de seguridad nacional e inteligencia es-tratégica.
Gerardo Laveaga, consejero presidente del Ifai, considera que
la información que debe reservarse sólo es aquella que “ponga en
peligro a la federación como tal: a los tres poderes y a las institu-ciones”.
A decir del abogado y escritor, las instituciones deben
revelar quiénes están al frente de ellas.
“El hecho de conocer el nombre de un piloto no me parece
que ponga en peligro ni la división de poderes ni el federalismo.
Si se revisan mis votos, yo nunca he abonado en ese sentido [de
reservar nombres de los funcionarios y estructura de los organis-mos
de seguridad nacional]”, dice el maestro en derecho por la
Universidad Iberoamericana, posgraduado en la Universidad de
Londres y candidato a doctor por la UNAM.
En lo que coinciden tanto consejeros del Ifai como especialis-tas
en seguridad nacional y en derechos humanos es en que el mar-co
jurídico debe revisarse. Las leyes actuales son imprecisas en
algunos puntos y el margen de interpretación de las mismas es muy
amplio: los servidores públicos pueden determinar acciones distin-tas
ante un mismo caso y citando los mismos artículos y leyes.
Ana Cristina Ruelas, oficial del Programa de Acceso a la Infor-mación
de la organización no gubernamental Artículo 19, no tie-ne
dudas: las instituciones de seguridad nacional, como cualquier
otra institución, están obligadas a transparentar toda la informa-ción
sobre su estructura orgánica, los nombres de los funciona-rios
y sus sueldos.
“El ocultamiento de esta información es ilegal. No existe
una norma que permita que esto suceda”, considera la aboga-da
y maestra en administración pública y política pública.
Explica que ante las negativas de las instituciones y la poste-rior
ratificación del Ifai para reservar la información, lo que
procede es llevar el caso ante el Poder Judicial de la Federación.
Además de la estructura orgánica, el directorio de su personal
y los sueldos de los funcionarios, las instituciones de seguridad
nacional deben transparentar el ejercicio de sus recursos y los indi-cadores
de gestión.
“Esta información sí o sí tiene que ser pública. No hay lugar a
la negativa de acceso; si lo hacen, están cometiendo una total ile-galidad”,
sentencia Ruelas.
En la propia Secretaría de Gobernación se pronuncian a
favor de la transparencia y la rendición de cuentas. Alejandro
Galván Illanes, director operativo y jurídico de la Unidad de
Enlace de la dependencia, explica que –en materia de transpa-rencia–
el Cisen es independiente de la Segob.
4En el último año
de gobierno de
Felipe Calderón se
ejercieron 66 mil
193 millones 400
mil pesos en segu-ridad
nacional
Francisco Rodríguez/Cuartoscuro

PORTADA
Comisión Bicameral, sin dientes
Entre los “controles” de los organismos
de seguridad nacional que las leyes pre-vén
se encuentra la Comisión Bicameral
de Seguridad Nacional. Un título de la
Ley de Seguridad Nacional se dedica a las
facultades que sobre estas instituciones
“ejerce” la sociedad por conducto de los
representantes populares.
Según el artículo 56 de la Ley, “las polí-ticas
y acciones vinculadas con la seguri-dad
nacional estarán sujetas al control y
evaluación del Poder Legislativo federal,
por conducto de una comisión bicamaral
integrada por tres senadores y tres diputa-dos
[sic]”.
La consejera del Ifai Sigrid Artz consi-dera
que la Comisión “es un mecanismo
certero a través del cual nuestros represen-tantes
populares exigen una rendición de
cuentas con respecto al sector de seguridad
nacional”.
El abogado y especialista en derecho a
la información Ernesto Villanueva no está
de acuerdo: no encuentra un mecanismo
real de rendición de cuentas. “La Comi-sión
Bicameral sólo conoce del Cisen, y
mal. Las secretarías de la Defensa Na-cional
y de Marina tienen sus propias
agencias de inteligencia y no se contem-plan
en la Ley. Además, los legisladores no
tienen acceso a las funciones básicas del
Cisen. Tienen acceso a lo mismo a lo que
tiene acceso cualquier ciudadano. Es
obvio que sin acceso a la información no
puede haber rendición de cuentas”.
Los propios legisladores integrantes de
la Comisión reconocen que sus atribucio-nes
están muy acotadas y que es necesario
reformar la Ley para que verdaderamente
ejerzan sus facultades de control y partici-pación
de la política federal de seguridad
nacional.
El general Raúl Macías Sandoval, pre-sidente
de la Comisión Bicameral de Segu-ridad
Nacional, considera, en un primer
momento, que con lo que actualmente le
faculta la Ley al Poder Legislativo en mate-ria
de seguridad nacional “es suficiente”.
—¿Pueden revisar realmente el desempeño de las institucio-nes
del Poder Ejecutivo encargadas de la seguridad nacional? –se
le pregunta.
—Sí se puede. Pero se pueden ampliar más las facultades de
la Comisión. Esta Ley es un primer tiro. Posteriormente pue-de
haber mejoras.
—¿Qué le falta a la Ley de Seguridad Nacional para que
mejore el desempeño de la Comisión Bicameral?
—Tenemos que meternos [los legisladores] más. Tenemos que
intervenir más. Inclusive, debemos tener presencia en las reu-niones
del Consejo de Seguridad Nacional. Es importante que
nosotros sepamos qué están tratando y que también podamos
intervenir con propuestas. Y luego que ejerzan las políticas y accio-nes,
revisar los resultados. La Comisión Bicameral representa al
Poder Legislativo ante el Ejecutivo en materia de seguridad na-cional.
Es decir, somos otro Poder nacional. Representamos a la
4Aunque la Ley faculta a la Comisión Bicameral para solicitar información del Cisen tipo de sanción para los funcionarios que no acaten la disposición

sociedad y debemos ejercer control del Poder Ejecutivo, que es
el que se encarga, precisamente, de ejercer.
El diputado priísta, maestro en seguridad y defensa nacio-nal,
reconoce que “hay asuntos de seguridad nacional que son
muy delicados. Pero incluso en esos casos debe conocer la Comi-sión
[la información]. Por supuesto, de esos casos no se entera-rían
los medios de comunicación, pero sí el órgano del Poder
Legislativo”.
Y es que aunque la Ley faculta a la Comisión para solicitar
información del Cisen, no se establece ningún tipo de sanción
para los funcionarios de la Secretaría de Gobernación que no aca-ten
la disposición. De tal suerte, luego de casi 1 año de gobierno,
la administración de Enrique Peña Nieto no ha entregado a los
legisladores el proyecto anual de la Agenda Nacional de Riesgos.
“Como ‘control’ legislativo nos quedamos cortos”, considera
la diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, integrante de la
Comisión Bicameral de Seguridad Nacio-nal.
Maestra en gobierno y políticas públi-cas,
explica que la información que reciben
es a cuentagotas. “Además, es muy escueta;
son informes muy generales. Y cuando en
las comparecencias [del secretario de Go-bernación
ante la Comisión Bicameral de
Seguridad Nacional] un diputado o un
senador solicita más información, no se le
proporciona”.
—¿Bajo qué argumentos?
—Nos dicen que es “información re-servada”.
Nos dicen eso cuando no debe-ría
de haber información reservada a la
Bicameral, porque para eso existe. Entien-do
que hay información que debe ser reser-vada
para los medios de comunicación o
para las otras comisiones ordinarias del
Poder Legislativo; pero no para la Bicame-ral
de Seguridad Nacional.
—¿Qué control puede ejercer la Co-misión
si no cuenta con información?
—Ése es el problema, porque la Ley
señala que las políticas y las acciones
vinculadas con la seguridad nacional de-ben
estar sujetas al control y evaluación
del Poder Legislativo, por medio de la Co-misión
Bicameral de Seguridad Nacional.
Pero esas facultades para que, incluso,
podamos obligar a que nos entreguen los
informes, no están definidas en la Ley;
quedan muy genéricas –explica la legis-ladora
perredista, también secretaria de la
Comisión de Gobernación de la Cámara
de Diputados.
Aunque los legisladores de la Comi-sión
coinciden en que la ley es “perfec-tible”,
en la agenda legislativa no se
vislumbran reformas en materia de segu-ridad
nacional.
“En un futuro sí se tendrá que discu-tir
una reforma integral a la Ley, en la que
se contemplen facultades más amplias
para los legisladores; ya hay algunas pro-puestas”,
dice el general Raúl Macías San-doval.
—¿Se podrán discutir cambios a la
Ley en los próximos meses? –se le pregun-ta
al legislador priísta, también integrante
de las comisiones de Defensa, Marina y
–órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación–, no se establece ningún

PORTADA
Seguridad Nacional de la Cámara de
Diputados.
—No –responde, tajante–. Hay que
estudiar más las propuestas que se hagan.
La que había se detuvo en el Senado y no
se pretende revivir. Ahorita no conviene.
—Pero ha reconocido que la Ley es
limitada.
—Sí; pero con lo que ahorita faculta,
funciona. Para que haya una reforma en
esta materia se debe discutir bien en qué
sentido sería la reforma.
“Nadie quiere reformar la Ley de Se-guridad
Nacional”, considera la diputa-da
Lizbeth Rosas. Se debió de haber
reformado desde el sexenio pasado, expli-ca;
“pero sucede que para reformar esta
Ley necesitas del consenso de todos los
grupos parlamentarios; y el que está en
el poder decide que está bien la opaci-dad,
que está bien que no se tenga un
control efectivo de los sistemas de inteli-gencia”.
A decir de la legisladora, las limita-ciones
de la Ley no sólo favorecen la opa-cidad
y la escasa rendición de cuentas:
también reduce la eficiencia y la profesionalización de los servi-cios
de inteligencia.
“Hay mucha improvisación en las instituciones de seguridad
nacional. México tiene un talón de Aquiles muy importante en esa
área. No se ha conseguido que quienes trabajan en el Cisen sean
servidores públicos de carrera. Cada que llega un nuevo mando, se
borran programas enteros que tal vez sí funcionaban. A la fecha, el
actual gobierno no ha podido presentar un plan integral en mate-ria
de seguridad nacional, que tanta falta le hace al país.”
Hacia la integración de la información de inteligencia
El especialista en Fuerzas Armadas y seguridad nacional Jorge
Luis Sierra Guzmán lamenta que México
no cuente con una Comisión Bicameral
de Seguridad Nacional “fuerte”. Conside-ra
que el mecanismo más eficaz de con-trol
sobre las instituciones de inteligencia
es la participación del Poder Legislativo.
Egresado del Centro Hemisférico de
Estudios de la Defensa, de la Universidad
de la Defensa Nacional en Washington,
DC, Sierra ejemplifica con las facultades
de los legisladores en Estados Unidos,
Canadá y países de Europa e, incluso,
América Latina.
“Cuentan con comisiones legislativas
con un mandato muy fuerte, que super-visa
la acción de los cuerpos de inteligen-cia.
Supervisan no solamente las maneras
de alcanzar las metas en materia de segu-ridad
nacional, sino también la legalidad:
la calidad legal de sus operaciones. Y con-trolan
la integridad de los directivos de
estos cuerpos de seguridad nacional. Se
trata de una comisión legislativa fuerte.
En México todavía no alcanzamos esa for-taleza
Guillermo Perea/Cuartoscuro
para la Comisión Bicameral.”
—¿Qué facultades de la Comisión Bicameral deben incor-porarse
en la ley para controlar y mejorar los servicios de inteli-gencia?
—Deben integrarse todos los sistemas de inteligencia den-tro
de la supervisión legislativa. Ahora, por ejemplo, está fuera
la inteligencia militar del escrutinio legislativo. Tampoco hay
todavía ratificación de los directivos de los cuerpos de inteligen-cia
por parte del Congreso de la Unión o su Comisión Perma-nente.
Es decir, actualmente el mandato de Poder Legislativo es
endeble y la sociedad carece de un brazo que supervise que los
cuerpos de inteligencia actúen dentro de las normas democráti-cas
y del sistema de derecho.
4Congreso, sin
facultades para
fiscalizar a los
aparatos de
inteligencia del
Estado. En la ima-gen,
el sitio desde
donde eran
espiados los
diputados, descu-bierto
en enero
de 2012

reservada, no debe estar sometida a nin-gún
tipo de restricciones o sanciones ulte-riores.”
Las palabras son de Ana Cristina Bote-ro,
relatora de Libertad de Expresión de
la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, quien agrega que “los medios
de comunicación y los periodistas no
pueden ser sancionados por divulgar in-formación
que pudiera estar reservada”.
Por su parte, Martha Olivia López
Medellín, directora ejecutiva de la Casa de
los Derechos de Periodistas, considera que
las instituciones de seguridad nacional no
pueden dejar de ser vistas como entes
públicos. El ocultamiento de la informa-ción,
bajo cualquier pretexto, no contri-buye
al desarrollo democrático del país.
De acuerdo con la periodista, si los
reporteros no investigan, la sociedad es
la que pierde; pero también la sociedad
debe tomar un papel más activo. “En la
medida en que existan más demandas
de transparencia por parte de la ciudada-nía,
se podrá avanzar en la rendición de
cuentas”.3
La reforma que propone el especialista no sólo se refiere a
las facultades de la Comisión Bicameral, sino a todo el siste-ma
de seguridad nacional mexicano. Los cambios tendrían que
ser integrales para garantizar la eficiencia de los servicios, la
rendición de cuentas y el respeto a la ley y a los derechos huma-nos.
“Una ley de seguridad nacional debiera comprender el ejerci-cio
de todos los elementos de seguridad nacional y no sólo las ac-tividades
en materia de inteligencia. Mientras no haya ese marco
jurídico, no habrá una política de seguridad nacional apegada a
los intereses del Estado mexicano y que permita un grado de par-ticipación
ciudadana proveniente de la academia y de los medios
de comunicación. De esa falta, se desprende también la ausen-cia
de una política de defensa nacional.”
Jorge Luis Sierra observa que el pro-blema
de los servicios de seguridad na-cional
van más allá de la opacidad y la
ausencia de mecanismos de adecuados de
rendición de cuentas: “no hay controles
fuertes sobre la legalidad de las operacio-nes
de inteligencia; se tiene un ejercicio
presupuestal dislocado; hay una compe-tencia
entre los organismos que deberían
de actuar de manera coordinada; se pade-ce
una desintegración de los servicios, y
hay una ausencia total de supervisión de
los servicios de inteligencia militar”.
Pero la responsabilidad no sólo es del
Ejecutivo: “Hay una pobreza legislativa
en la creación de un marco jurídico para
la seguridad nacional”.
Al respecto, el especialista en Fuerzas
Armadas y seguridad nacional Iñigo Gue-vara
Moyano señala que los “pocos” avan-ces
en la profesionalización que habían
alcanzado las instituciones de seguridad
nacional están en riesgo de perderse.
Moisés Pablo/Cuartoscuro
El investigador mexicano, maestro en seguridad nacional
por la Universidad de Georgetown y miembro del Colectivo
de Análisis para la Seguridad con Democracia, explica que el
favoritismo, el nepotismo y el amiguismo han dificultado la
profesionalización de las instituciones, “sobre todo, de las ci-viles”.
Periodistas, con la misión de transparentar uso de
recursos
“Los relatores de libertad de expresión decimos que cuando una
persona de buena fe entiende que la única manera de proteger
un interés público legítimo es hacer pública una información
4Para el Cisen, los
conflictos políticos
y sociales (como la
resistencia del
Sindicato Mexica-no
de Electricistas)
ponen en riesgo la
seguridad nacional

CAPITALES
LA POBREZA, LA
MISERIA Y LAS
FALACIAS
“rigurosamente
técnicas”
Pobres “moderados”, “extremos”, “alimentarios”, en “capacidades y patrimonio”, “carentes
sociales”, en “ingresos inferiores al mínimo” y en “bienestar”… toda una parafernalia de tér-minos
para ocultar una realidad: el 80 por ciento de mexicanos vive en la miseria. Sin un plan
económico y social que se diferencie al de los últimos 5 sexenios, el gobierno de Peña Nieto verá
cómo el número de pobres se incrementa mes con mes
Marcos Chávez M*

Miguel Galindo

Contralinea 348

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