Contralínea 463

ISSN: 1665-1626
Año 14 • Número 463 • $30
Del 16 al 22 de noviembre de 2015

www.contralinea.com.mx 3
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Av. Río Churubusco 590, colonia Del Carmen,
delegación Coyoacán, CP 04100, México, DF
Soy ingeniero y trabajé en
Oceanografía (ficha 43953).
El motivo de este escrito
es expresar la impotencia
y frustración que tenemos
miles de personas que en su
momento trabajamos para
esa empresa y que aún a
estas fechas no se nos paga
un centavo de liquidación
o finiquito, a pesar de que
tenemos documentos con
folio expedidos por el Ser-
vicio de Administración y
Enajenación de Bienes (Sae)
y Oceanografía, con los
cuales se nos pagaría.
Vemos con tristeza
cómo el caso Oceanografía
se va guardando o, más
bien, algunas personas en
el gobierno quieren que se
olvide. Es lamentable que
se hable mucho más del
desfalco a Banamex que de
la afectación que el señor
Amado Yáñez hizo a miles
de familias (el empleado y el
obrero interesan menos que
un corporativo bancario).
Tengo años de trabajar
en la Sonda de Campeche
y he sido testigo de muchas
cosas, entre ellas la opu-
lencia del señor Yáñez, de
la cantidad de barcos que
llegó a poseer, de la falta
de pago de las cuotas para
el IMSS y el Infonavit, de
cómo les quedaba a deber
varias quincenas a sus tra-
bajadores, de cómo durante
los sexenios panistas obtuvo
un gran poder económico y
se llenó de contratos.
Trabajé de 2011 a 2014
en Oceanografía con el
puesto de ingeniero posicio-
nador. Ganaba 33 mil pesos
al mes. Por la situación
que se dio en la empresa
me cortaron en febrero de
2014, me dieron largas con
mi liquidación y fue hasta el
10 de abril de 2015 que se
me expidió un documento
donde se comprometían a
pagarme mi liquidación a la
brevedad, misma que aún
sigo esperando. El docu-
mento tiene el folio 10974.
Así como yo están muchos
trabajadores que teníamos
que buscar trabajo inme-
diatamente, pues tenemos
familias que sostener.
Más del 90 por ciento
de la plantilla de Oceano-
grafía es foránea (residimos
en lugares diferentes a
Ciudad del Carmen) y por
ello los bloqueos que había
en las entradas al muelle
en dicha localidad hasta
septiembre pasado no eran
muy nutridos, pues la gran
mayoría de los afectados
tenemos trabajo en otras
compañías y algunos en sus
ciudades de residencia. Por
ello, no podíamos manifes-
tarnos ante las autoridades,
aunque cuando lo hicimos
se nos dijo que nos pagarían.
Aún estamos esperando.
Algo apremiante es que
muchas personas no han
conseguido trabajo y están
batallando, aunque claro
eso al ingeniero Yáñez y sus
amigos no les interesa.
Mucho personal cos-
ta-afuera (offshore) conocía a
Oceanografía y a sus due-
ños y socios. De los inicios
de la empresa en Coat-
zacoalcos sabemos cómo
lograron mucho de lo que
tienen, cómo se burlaron de
los trabajadores, sabemos
de las redes de favores con
personal de Pemex, de las
transas para que algunos de
sus barcos pasaran las ins-
pecciones del Fideicomiso
de Formación y Capacita-
ción para el Personal de la
Marina Mercante Nacional
y de Pemex... Aquí lo malo
es que Yáñez sí está en
prisión, pero en qué condi-
ciones, pues sigue operan-
do. Se escucha que en breve
saldrá. ¿Y los trabajadores
afectados dónde quedamos?
Espero que se pueda
hacer justicia para los extra-
bajadores de Oceanografía,
que no continúe la burla
por parte del Sae y que se
nos pague lo que por ley
nos corresponde; y que el
señor Yáñez y el Sae respe-
ten la ley. (Carta resumida)
Ricardo GabrielVela
Mendoza
NUESTROS LECTORESOPINIÓN
PEOR QUE A BANAMEX
OCEANOGRAFÍA:FRAUDEATRABAJADORES

6 16 de noviembre de 2015
CONTENIDO
24
PORTADA
La Semarnat reconoce 635 focos rojos por
contaminación. Industrias química, petrolera y minera,
las principales responsables. Pese al riesgo para la salud
y el medio ambiente, las labores de mitigación son
insuficientes
MÉXICO: 635 ÁREAS
ALTAMENTE CONTAMINADAS
OPINIÓN
NUESTROS LECTORES
DEFENSOR DEL PERIODISTA CON INDIFERENCIA Y MUY A
SU ESTILO, PEÑA DIZQUE ATENDIÓ LA CARTA Álvaro Cepeda Neri
ZONA CERO AYOTZINAPA… ¿SIGUEN TIRIPETÍO Y TENERÍA?
Zósimo Camacho
AGENDA DE LA CORRUPCIÓN MÉXICO, UN GRAN
CEMENTERIO CLANDESTINO Nancy Flores
ARTÍCULOS
SE AGOTA LA PROSPERIDAD DE LOS BANCOS DE ESTADOS
UNIDOS Ariel Noyola Rodríguez
VENEZUELA: OPERACIÓN TENAZA Stella Calloni/Prensa Latina
120 MILLONES EN RIESGO DE CONTRAER PALUDISMO EN
AMÉRICA Herve Verhoosel/IPS
APARTHEID SANITARIO CONTRA MIGRANTES Laura Zamarriego
Maestre/CCS
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CONTRALÍNEA. PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN -año 14, número
463, del 16 al 22 de noviembre de 2015- es una publicación sema-
nal editada por Editorial Libertad y Expresión, SA de CV; Avenida
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CONTENIDO
ANÁLISIS
ECONÓMICO Los peores años del sexenio apenas comienzan Marcos Chávez M
INTERNACIONAL Washington ya no puede ignorar a Moscú en Oriente Medio
Thierry Meyssan/Red Voltaire
52
58
INVESTIGACIÓN
PORTADA 635 sitios altamente contaminados en México Elva Mendoza
RENDICIÓN DE CUENTAS Consentida del calderonismo, aún con
influencias Érika Ramírez
RENDICIÓN DE CUENTAS Gobierno de Moreno Valle, subejercicio
permanente Mauricio Romero
LÍNEA GLOBAL Dinero sucio podría utilizarse para combatir el hambre
Thalif Deen/IPS
LÍNEA GLOBAL Mujeres continúan sometidas por la violencia Waldo
Mendiluza/Prensa Latina
24
32
38
44
48
MISCELÁNEO
EX LIBRIS Ignacio Manuel Altamirano, creador del periodismo moderno Álvaro
Cepeda Neri
PASO A DESNIVEL Avioncitos Miguel Galindo
64
66
Ilustración de portada: 123RF
48 52 58
32 38 44

DEFENSOR DEL PERIODISTA
OPINIÓN
M
ientras el señor Miguel Ángel Mance-
ra y su Procuraduría siguen en las ramas
del homicidio del fotorreportero Rubén
Espinosa y los cuatro asesinatos más que ocurrie-
ron en ese caso, el inquilino de Los Pinos apenas
si acusó recibo de la carta-reclamación que suscri-
bieron periodistas, escritores y artistas para pedirle
aclarar esas muertes, además de implantar mejores
medidas de seguridad para quienes se desempeñan
–sobre todo– como reporteros que buscan infor-
mación de hechos y actos de los protagonistas de
los sectores gubernamentales y de los actores pri-
vados que aparecen en el escenario de lo público.
Los periodistas, en general, están siendo el objeti-
vo de la criminalidad, muchas veces al servicio de
funcionarios que pagan
para minarlos.
Y es que en este se-
xenio, como en alguna
medida lo ha habido
en otros, existe una po-
lítica sorda contra las li-
bertades de expresión y
de publicación y difusión, porque éstas, ejercidas
como contrapoder, informan y critican los abu-
sos de los desgobernadores, del jefe de gobierno de la
Ciudad de México, de presidentes municipales y,
en suma, de toda la fauna política-administrativa,
legislativa y judicial en sus tres órdenes de gobier-
no del Estado federal. Con el priísmo-empanizado,
es decir, el Partido Revolucionario Institucional y
el Partido Acción Nacional que han dominado en
esos poderes desde hace al menos 27 años, han au-
mentado no sólo las agresiones y censuras, sino los
homicidios de periodistas porque los gobernantes,
como actualmente los peñistas, desprecian y com-
baten a la prensa porque les molesta.
El actual régimen, al que se le ha acumulado
el descontento social, le tiene un particular odio al
periodismo. Y es que éste, con los caricaturistas (y
el de los ciudadanos en las redes de la comunica-
ción digital), ante los males nacionales como co-
rrupción, impunidad, empobrecimiento, desempleo
e inseguridad, no deja de aﬁlar la crítica e infor-
mar de todo cuanto tiene derecho a saber la opi-
nión pública nacional. El peñismo, a veces direc-
tamente a través de negar publicidad, y otras in-
directamente, ha estado maniobrando contra los
derechos constitucionales que amparan las liber-
tades y garantías para informar, analizar y criticar
el desempeño de su mal
gobierno. Al responder
la carta, Enrique Peña
dijo que “respeta la crí-
tica que se ejerce sin
cortapisas”. Pero no es
verdad.
Su comunicador
Eduardo Sánchez (que cuida de sus restaurantes
de comida rápida japonesa) ejecuta las órdenes
peñistas de cancelar programas de noticias y co-
mentarios, como fue la embestida, con la compli-
cidad empresarial, contra la periodista Carmen
Aristegui y sus reporteros (que exhibieron la co-
rrupción del matrimonio presidencial y de algunos
de sus altos empleados, compañeros de viaje en la
impunidad que les acaba de otorgar, con cinismo
y complicidad, el tristemente célebre secretario de
la Función Pública, y quien ha ingresado al grupo
de los conﬂictos de intereses que hacen del poder
CON INDIFERENCIA Y MUY A SU ESTILO
PEÑADIZQUEATENDIÓLACARTA
ÁLVARO CEPEDA NERI, PERIODISTA
En México, los periodistas están
siendo el objetivo de la criminalidad,
muchas veces al servicio de funcio-
narios que pagan para minarlos
En México, los periodistas están
narios que pagan para minarlos

DEFENSOR DEL PERIODISTA OPINIÓN
un botín. Este fallo administrativo aumentó más el
descontento social y puso al rojo vivo la desconﬁanza
y falta de credibilidad contra Peña).
Como respuesta a la carta donde le solicitan
que implante –realmente– medidas de seguridad
para el desempeño del periodismo democráti-
co, Peña sólo le ordenó a su empleado Roberto
Campa que participara en la investigación de los
homicidios que lleva
la Procuraduría local.
Eso es todo lo que hizo,
y hasta la fecha todo
permanece igual. Y en
cuanto a las medidas de
seguridad, son las mis-
mas de siempre que ca-
recen de eﬁcacia y de
resultados. La respuesta, pues, a la carta, ha sido
burocrática. Era de esperar que Peña ordenara
que la Procuraduría General de la República co-
laborara en los hechos del “caso Narvarte”. Pero
a su estilo, Peña se quitó de encima la solicitud. Los
más de 80 homicidios ocurridos en los últimos 10
años permanecen en la impunidad generalizada
para todos los mexicanos asesinados, desapareci-
dos, secuestrados y exiliados o desplazados por la
criminalidad que impera y su fallido combate por
una mala estrategia desde el calderonismo, y que
el peñismo continúa, para tener al país al borde
de una insurrección nacional.
El peñismo, como sus antecesores en el trono
sexenal, de Carlos Salinas a la fecha, ha despre-
ciado a la prensa y a los
periodistas. Son un es-
torbo con sus críticas e
informaciones cuando
penetran los abusos gu-
bernamentales. La car-
ta ha sido tirada a la ba-
sura burocrática. Y es que
nada le molesta mas al
peñismo que lo cuestionen y que no “compren-
dan” sus arranques modernizadores sin consultar
ni persuadir a nadie. Como el monarca aquél que
decía: “El Estado soy yo”, a Peña no le interesa
resolver democráticamente los problemas nacio-
nales de su competencia y obligación. Y el caso de
los periodistas es uno de ellos.
DAVIDMANRIQUE
Como ocurre con el “caso Narvar-
te”, los más de 80 homicidios de pe-
riodistas ocurridos en los últimos 10
años permanecen en la impunidad
Como ocurre con el “caso Narvar-
años permanecen en la impunidad

ZONA CEROOPINIÓN
T
odas las escuelas normales rurales del país
son importantes para la defensa del pro-
yecto educativo heredado de la Revolu-
ción Mexicana. Todas cuentan con las herramien-
tas académicas y políticas para responder ante los
embates que de manera permanente padecen.
Con todo, entre los propios normalistas rurales
reconocen a “tres pilares” que sostienen no sólo a
la organización estudiantil activa más antigua del
Continente, la Federación de Estudiantes Campe-
sinos Socialistas de México (FECSM), sino a todo
el normalismo rural: Ayotzinapa (Guerrero), Tiri-
petío (Michoacán) y Tenería (Estado de México).
Hoy las dos prime-
ras están al frente de
dos organismos nacio-
nales de la FECSM
(el Comité Central y el
Comité Nacional de
Orientación Política e
Ideológica). La tercera
encabeza uno de los
organismos fraternos (o regionales) de la misma or-
ganización.
En los congresos de la FECSM, y en general
en la vida interna de este organismo estudiantil,
los alumnos de las tres escuelas destacan por su
capacidad organizativa, oratoria y conocimientos
en marxismo leninismo. Se aseguran de mante-
ner vigentes en sus respectivos planteles los cinco
ejes del normalismo rural que diferencian a estas
escuelas de las normales urbanas (y de todas las
instituciones de educación superior del país): aca-
démico (plan de estudios oficial), módulos de pro-
ducción (ganadería, actividades agrícolas y talleres
de oficios), deportivo (atletismo, natación, futbol),
cultural (danza, música, payasística) y político
(formación en materialismo histórico y dialéctico,
discusión de los problemas sociales y educativos, y
actividades de lucha estudiantil).
El ataque contra los alumnos de Aytozinapa
el 26 de septiembre de 2014 – que hasta la fecha
mantiene desaparecidos a 43– se inscribe dentro
de la violencia generalizada en todo el país desatada
por la guerra contra el narcotráfico. Sí. Pero no
sólo. La escuela atravesaba una serie de embates
orquestados desde los gobiernos federal y estatal
–con el entusiasta apo-
yo del alto sector em-
presarial– para desapa-
recer (o “transformar”)
a la normal. Apenas 1
año antes de la desapa-
rición forzada y los ase-
sinatos, los alumnos
habían recuperado la
matrícula estudiantil luego de una reducción de-
cretada desde el despacho de la política educativa
del gobierno del estado. Dos años previos habían
logrado reactivar el comedor estudiantil suspendi-
do abruptamente. Y 3 antes habían echado abajo
un proyecto para transformar a la normal en una
“universidad pedagógica” que suspendía las becas
de alimentación, dormitorios y que en los hechos
significaba la cancelación de educación superior
para los estudiantes de origen campesino.
Antes del ataque de la noche del 26 de septiem-
bre, los estudiantes de Ayotzinapa ya habían sufri-
ZÓSIMO CAMACHO, PERIODISTA
AYOTZINAPA…
¿SIGUEN TIRIPETÍO Y TENERÍA?
Antes del ataque del 26 de sep-
tiembre, los normalistas de Ayotzinapa
ya habían sufrido embates mortales,
como el del 12 de diciembre de 2012
Antes del ataque del 26 de sep-
como el del 12 de diciembre de 2012

ZONA CERO OPINIÓN
do embates mortales: el 12 de diciembre de 2012
policías federales dispararon contra los alumnos.
Los cuerpos de dos normalistas quedaron en el
pavimento de la carretera de la Autopista del Sol.
Por cierto, el doble crimen permanece impune.
La reacción de la sociedad ante la atrocidad
cometida contra Ayotzinapa el 26 de septiembre
de 2014 hizo que los que sentenciaron a muerte
al normalismo rural se detuvieran… momentá-
neamente. Pero Ayotzinapa no está a salvo. Aho-
ra la Procuraduría General de la República, con
informaciones filtradas a sus voceros en los medios
de comunicación, busca de nueva cuenta vincular
a los estudiantes (pobres todos, de hogares humil-
des) con el narcotráfico.
Y el embate contra los otros pilares
del normalismo rural no se detiene. De
las 118 de órdenes de aprehensión dic-
tadas contra maestros y estudiantes en
Michoacán, se anuncia que alrededor
de 90 se refieren a normalistas. Ya po-
demos augurar contra quiénes se enfi-
lará la mayoría: contra los de la normal
rural de Tiripetío y la normal indígena
de Cherán, esta última de reciente crea-
ción afiliada también a la FECSM. Al
mismo tiempo, contra Tenería se ha
desatado una campaña para disuadir a
posibles aspirantes de que se inscriban
en este plantel educativo. Con ello se
busca minar la fuerza de los combativos
alumnos y dejar que la escuela se extin-
ga por falta de solicitudes de ingreso.
El desmantelamiento del normalismo rural,
decidido en las altas esferas –donde brindan los
empresarios de Mexicanos Primero con funcio-
narios de los gobiernos federal y estatales– se
reactiva. El actual secretario de Gobernación,
Miguel Ángel Osorio Chong, sabe algo del
asunto. En 2003 y después de muchos intentos,
las autoridades educativas lograron cerrar una
normal rural. No ocurría desde 1968, cuando
el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz ordenó al
Ejército ocupar y desalojar 16 planteles. El cierre
más reciente de una normal ocurrió en Hidalgo,
cuando Osorio Chong ocupaba la Secretaría de
Gobierno del estado. Se trató de la desaparición
nada menos que de una de las entonces consi-
deradas escuelas “pilares” de la FECSM: la del
Mexe. La estrategia gubernamental tuvo éxito
porque encontró una fisura en la organización
estudiantil y desde ahí penetró y desgarró a la que
se consideraba una normal invencible. La lec-
ción debe estar presente en los actuales norma-
listas rurales que, de manera natural, mantienen
disputas internas. Sobre todo entre los estudian-
tes de las tres escuelas hoy más fuertes. Por más
fraternas que sean las diferencias, deberán estar
vigilantes y solidarios ante los embates que hoy se
ciernen sobre todas las escuelas.
Hoy que la mayoría de las instituciones de
educación superior (incluyendo las públicas) ha
abrazado el dogma neoliberal, estas instituciones
se mantienen como un referente de educación crí-
tica, laica, científica y popular.
Habrá que estar al pendiente de lo que ocurra
en los próximos días en las 17 normales rurales,
de Norte a Sur: El Quinto, Sonora; Saucillo, Chi-
huahua; Aguilera, Durango; El Cedral, San Luis
Potosí; San Marcos, Zacatecas; Cañada Honda,
Aguascalientes; Atequiza, Jalisco; Tiripetío, Mi-
choacán; Cherán, Michoacán; Tenería, Estado
de México; Panotla, Tlaxcala; Teteles, Puebla;
Amilcingo, Morelos; Ayotzinapa, Guerrero; Ta-
mazulapan, Oaxaca; Mactumactzá, Chiapas, y
Hecelchakán, Campeche.
DAVIDMANRIQUE

AGENDA DE LA CORRUPCIÓNOPINIÓN
L
os restos humanos de al menos cinco per-
sonas descubiertos en fosas clandestinas
en Carrizalillo, Guerrero, a inicios de no-
viembre, vuelven a retratar una realidad que el
gobierno ha estado negando, sobre todo para
aparentar que México está transitando hacia un
clima de paz.
El objetivo de esa reiterada negativa no sólo
se reduce a promover el turismo en el ámbito in-
ternacional, sino a desestimar la dura crítica de
organismos como la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos y la Organización de las
Naciones Unidas, que han exigido –por separa-
do– justicia para las miles de víctimas de la estra-
tegia de seguridad que sigue nuestro país.
Por más que se niegue, en México padecemos
una aguda crisis humanitaria desatada desde que
el panista Felipe Calderón Hinojosa declaró la su-
puesta guerra contra el narcotráfico, con un nú-
mero indeterminado de civiles ejecutados que bien
podría superar los 200 mil, aunque oficialmente
sólo se reconozcan unos 150 mil asesinados.
Sin embargo, muchos cuerpos han sido ente-
rrados en yermos parajes y encontrados después
en lo que ya se conoce como narcofosas o fosas
clandestinas, gracias a la propia sociedad civil or-
ganizada o a la sobrevivencia de alguna víctima
(como en el caso de San Fernando, Tamaulipas,
donde fueron ejecutados 72 migrantes centroameri-
canos, en abril de 2011).
La existencia de este cementerio clandestino
que se extiende por todo el país sólo se puede ex-
plicar por dos factores: la impunidad que gozan
quienes ejercen violencia extrema contra la po-
blación y los migrantes y la complicidad entre los
gobiernos y el crimen organizado.
Esos factores se han observado como un patrón
en los estados afectados. Según la Procuraduría
General de la República (PGR) se trata de 13 enti-
dades del territorio mexicano donde han sido des-
cubiertas fosas clandestinas con restos humanos,
entre enero de 2011 y febrero de 2015 (respuesta
a la solicitud de información 0001700060415, he-
cha por Contralínea).
De la lista de 13 estados proporcionada por la
autoridad destacan Tamaulipas y Durango, por
el número de cuerpos encontrados en esta con-
dición; así como la ausencia de Guerrero y Vera-
cruz, donde la prensa sí ha reportado hallazgos de
fosas con restos humanos.
Por orden alfabético, la lista necrófila de la PGR
empieza con Chihuahua, donde el crimen orga-
nizado ha desaparecido sistemáticamente cuerpos
de mujeres asesinadas en la zona fronteriza. Sin
embargo, esta condicionante de violencia extrema
de género no se refleja en las estadísticas de la Pro-
curaduría, que apenas reporta en 2012 la locali-
zación de una fosa clandestina en Ciudad Juárez
que contenía los restos de una persona.
Según los datos oficiales, en 2011, Durango
destacó no sólo por el número de fosas halladas en
su capital, sino por los cuerpos alojados en ellas:
ocho excavaciones con los restos de 90 personas.
De acuerdo con la PGR, en la fosa uno se locali-
zaron dos cuerpos; en la fosa dos, tres cuerpos; en
la tres, 21 cuerpos; en la cuatro, dos; en la cinco,
tres cuerpos; en la seis, seis cuerpos; en la siete, 13
cuerpos; y en la fosa ocho, 40 cuerpos.
MÉXICO, UN GRAN CEMENTERIO
CLANDESTINO
NANCY FLORES, PERIODISTA

AGENDA DE LA CORRUPCIÓN OPINIÓN
El Estado de México es otra de las entidades
afectadas por este flagelo: en 2013 se ubicó una
fosa clandestina en Tlalmanalco y otra en Valle
de Bravo, con 15 cuerpos en total; y en 2014 se
descubrió otra fosa en Tlalmanalco con un cuer-
po.
La lista también incluye a Jalisco, donde fue-
ron halladas dos fosas en 2013: una de ellas en
Yahualica y la otra en La Barca, con un cuerpo
cada una. Michoacán, uno de los estados más
violentos del país, registró hallazgos en 2012 y
2014: en el primer caso, cinco fosas en Zitácuaro,
con los restos de seis personas en total; mientras
que el año pasado se descubrieron cuatro fosas
en Lázaro Cárdenas (con siete cuerpos) y dos en
Tumbiscatío (con 10
cuerpos en total).
Morelos tampoco es-
capó a esta manifesta-
ción criminal: en 2013
se encontraron 11 fosas
en Emiliano Zapata con
12 osamentas. Mientras
que en Nayarit se detec-
tó una fosa clandestina
en 2011 con los restos
de una persona.
En Juárez, Nuevo
León, se localizaron tres
fosas clandestinas en
2012 con nueve cuerpos
en total. En ese mismo
año, Oaxaca registró el
hallazgo de dos fosas clandestinas: una de ellas en
su capital, con un cuerpo; y la otra en Puerto Es-
condido, con dos cuerpos.
A pesar de sus niveles de violencia y su rela-
ción territorial con los cárteles del narcotráfico,
en Sinaloa sólo se han descubierto dos fosas; la
primera, en 2011, se localizó en Los Mochis y
contenía siete cuerpos; la segunda, en 2014, se
halló en El Fuerte, con cinco cuerpos.
De acuerdo con los registros de la PGR, en
Matamoros, Tamaulipas, se descubrieron cuatro
fosas en 2011 con los restos de 107 personas en
total; y en Nuevo Laredo se localizaron tres fosas
en 2012 con 14 cuerpos en total. Sin embargo, los
datos no incluyen la narcofosa de San Fernando,
donde 71 migrantes centroamericanos fueron en-
terrados después de ser brutalmente asesinados.
Por último, información de la PGR detalla
que en Auza, Zacatecas, se localizó una fosa con
dos cuerpos.
Como se puede advertir, las estadísticas que
proporcionó la Procuraduría General de la Repú-
blica tampoco incluyen las fosas clandestinas de
Guerrero y Veracruz.
En el primer caso, a raíz de la desaparición
forzada de los 43 estudiantes campesinos de la
Normal Rural Raúl Isidro Burgos (ocurrida el
27 de septiembre de 2014) se descubrió un gran
cementerio clandestino en Iguala y municipios
aledaños.
El 27 de julio pasado,
el sitio en internet Infor-
mador.mx dio cuenta que
en octubre de 2014 se
hallaron 11 fosas con 39
cuerpos en esa localidad
(en los 8 meses poste-
riores a la desaparición
masiva de normalistas
se ubicaron al menos 60
fosas, con 129 cadáveres
en total). A estos datos
que el Informador.mx atri-
buye a la PGR se suman
los hallazgos recientes
en Carrizalillo.
En el caso de Vera-
cruz, el Blog.expediente.mx informó el 9 de noviem-
bre pasado que, en lo que va del gobierno de Ja-
vier Duarte de Ochoa, se han localizado 11 fosas
clandestinas con 135 cuerpos.
La imprecisión de las cifras que aporta la Pro-
curaduría se empata con la incertidumbre que a
diario nos toca vivir en este conflictivo país. Pero
para el gobierno lo importante es gastar millones
de pesos en promover el turismo internacional y
descalificar a los organismos internacionales y na-
cionales que exigen justicia y reparación del daño
para las víctimas y sus familias, así como un cam-
bio de rumbo en las políticas de seguridad. Así las
cosas en México.
DAVIDMANRIQUE

ARTÍCULOOPINIÓN
B
ajo el capitalismo nada dura por siempre.
Las crisis económicas acontecen una y otra
vez. Las contradicciones del sistema no se
resuelven, sólo se trasladan de un sector a otro, de
un país a otro; se trata, pues, de una “crisis circu-
lar”, según las palabras del marxista británico Da-
vid Harvey. El Estado desempeña un papel clave,
pues a la vez que contribuye a generar las con-
diciones para la acumulación capitalista, cuando
estalla la crisis su intervención permite aliviar los
daños de las empresas y los bancos.
Si bien públicamente los empresarios por lo
general abogan por la libertad absoluta del mer-
cado, la verdad es que cuando están en problemas,
cuando están a punto
de quebrar, son los pri-
meros en pedir ayuda a
sus respectivos gobier-
nos.
Así se observa en Es-
tados Unidos, la princi-
pal potencia capitalista
del planeta. A lo largo
de la década de 1990, las innovaciones financieras
sirvieron para generar la ilusión de que las crisis
económicas ya no serían tan dramáticas como
antes. Colapsos de un tamaño similar a la Gran
Depresión de 1929 parecían superados.
Bajo la perspectiva de los inversionistas bur-
sátiles, la intervención gubernamental debe ser
muy limitada, de lo contrario se pueden generar
distorsiones en los precios de los títulos financie-
ros. Sin embargo, esa percepción cambió después
de la bancarrota de Lehman Brothers, ya que si
por algo los demás bancos de inversión de Wall
Street no se desplomaron se debió precisamente a
la agresiva intervención estatal.
Desde entonces, JP Morgan Chase, Goldman
Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, entre
otros, son los consentidos del gobierno de Estados
Unidos. Cómo olvidar que en pleno desastre fi-
nanciero global, a finales de septiembre de 2008,
Henry Paulson, quien en ese momento estaba a
cargo del Departamento del Tesoro, exigió a los
congresistas de su país la aprobación inmediata de
un paquete de rescate por un monto de 700 mil
millones de dólares.
En un principio los parlamentarios estaduni-
denses se resistieron,
pero finalmente, con
algunos ligeros cam-
bios, el proyecto se
aprobó. Es así como
cientos de miles de mi-
llones de dólares de los
contribuyentes estadu-
nidenses se destinaron
a la adquisición de activos hipotecarios basura (sub-
prime) para salvar a los bancos de la insolvencia.
Luego, ya en diciembre de ese mismo año, Ben
Bernanke, entonces presidente del Sistema de la
Reserva Federal (Fed, por su acrónimo en inglés),
disminuyó la tasa de interés de los fondos federales
(federal funds rate) a un nivel cercano a cero, y meses
después puso en marcha un programa de estímu-
los monetarios, también conocido con el nombre
de Quantitative Easing.
Sin embargo, el mercado laboral sigue estan-
SE AGOTA LA PROSPERIDAD
DE LOS BANCOS DE ESTADOS UNIDOS
ARIEL NOYOLA RODRÍGUEZ, ECONOMISTA EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO
El Estado, a la vez que contribuye a
generar las condiciones para la acu-
mulación capitalista, alivia los daños de
empresas y bancos cuando hay crisis
El Estado, a la vez que contribuye a
empresas y bancos cuando hay crisis

ARTÍCULO OPINIÓN
cado, las inversiones empresariales masivas no
aparecen por ningún lado. La deuda pública se
disparó: mientras que en 2006 era de 10.6 billones
de dólares, ahora está por encima de los 18 billo-
nes de dólares. La deuda de las familias aunque
ha disminuido un poco, todavía se encuentra lejos
de los niveles registrados antes de 2005. Es que los
bancos utilizan sus capitales más para invertir en
la bolsa de valores de Nueva York y menos para
otorgar crédito a las actividades productivas.
Ahora la prosperidad bancaria se agota. Las
ganancias de los grandes bancos de inversión van
cuesta abajo, así se revela en sus reportes corpora-
tivos del tercer trimestre del año en curso. A excep-
ción de Wells Fargo y Bank of America, el grueso
de los bancos estadunidenses padeció la caída de
sus dividendos. Es que ante la incertidumbre glo-
bal, los agentes bursátiles se desprendieron de sus
inversiones en los mercados cambiarios, de bonos
y de materias primas (commodities).
Antes de agosto de 2015, cuando el índice
Dow Jones –que aglutina a las mayores empre-
sas industriales de Estados Unidos– cayó en 1 mil
puntos, los mercados financieros parecían en cal-
ma. Como el producto interno bruto (PIB) de la
economía estadunidense crecía por encima de las
expectativas, y las políticas de austeridad se impu-
sieron en Grecia meses atrás, los agentes de inver-
sión estaban en paz.
Por el contario, las últimas semanas han pues-
to en evidencia que esa tranquilidad es muy que-
bradiza. Una de las principales preocupaciones
mundiales es China. Si bien el gigante asiático con-
serva niveles de acumulación de capital superiores
a los que se observan en los países industrializa-
dos, la desaceleración de su manufactura viene
golpeando severamente a los países emergentes,
en especial a los exportadores de materias primas
(commodities).
En Estados Unidos el panorama
continúa siendo muy gris. El dato de cre-
cimiento del PIB para el periodo com-
prendido entre julio y septiembre es
deprimente, una expansión de apenas
1.5 por ciento en términos anuales. Lo
mismo sucede con las cifras del merca-
do laboral. Nada permite concluir que
la recuperación del nivel de empleo
sea sólida y, mucho menos, sostenida.
Lo que sí es evidente es que el nivel de
rentabilidad general se mantiene de-
masiado bajo, por eso los bancos esta-
dunidenses han visto disminuidas sus
ganancias.
Es imposible especular en los mer-
cados de renta variable (acciones, bie-
nes raíces, materias primas, etcétera) y
obtener altos ingresos de por vida. Los
bancos de inversión de Estados Unidos
se encuentran en un impasse, ya que si
bien resultaron muy beneficiados por las políticas
económicas de los años recientes, su abundancia
parece acabarse.
Ante esa situación no hay duda de que van a
presionar con todas sus fuerzas para seguir reci-
biendo recursos extraordinarios y tratos especiales
de parte del gobierno de Estados Unidos. Bus-
carán sabotear cualquier reforma financiera que
pretenda poner un alto a su exuberancia. Por esa
razón es que cambiar el estado de cosas depende-
rá, en última instancia, de la capacidad de resis-
tencia de los de abajo.
DAVIDMANRIQUE

ARTÍCULOOPINIÓN
VENEZUELA
L
a ofensiva contrainsurgente de guerra de
baja intensidad de Estados Unidos contra
los gobiernos clave en el más avanzado pro-
ceso de integración que ha logrado América Lati-
na, tiene como nueva estrategia la simultaneidad
en el ataque, como se está viendo especialmente en
Venezuela, Argentina y Brasil, triángulo estratégi-
co en la política integradora.
El golpismo encubierto actuando en forma
simultánea logra disminuir la solidaridad entre
los países en la mira, que deben recurrir a todas
sus defensas ante la serie de acciones tendientes
a la desestabilización, el caos, a desacreditar a los
gobiernos y a deslegitimar los procesos electorales
que ya no son favorables a Washington como en
otros tiempos, y otras amenazas más graves aún.
Varios hechos se conjugan para advertir los
preparativos que se realizan alrededor de las elec-
ciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre
–ni siquiera presidenciales– en Venezuela.
Declaraciones del jefe del Comando Sur de Es-
tados Unidos, John Kelly, el pasado 22 de octubre,
durante una entrevista televisiva con CNN, admi-
tiendo que dedica “algo así como 40 segundos al
día pensando en Venezuela, y todo es por una ple-
garia:rezoporsupuebloqueestásufriendoterrible-
mente, con una economía a punto de implosión”,
configuraron el más directo mensaje injerencista de
los últimos tiempos. Habló además de una infla-
ción del 200 por ciento, corrupción, narcotráfico,
mostrando a Venezuela dentro de las características
de un “país fallido”, en los trazados estadunidenses
plausible de una intervención “salvadora”.
Más aún, lo dejó entrever claramente al argu-
mentar que lo que lo mantiene despierto en las no-
ches es que “cualquier organización militar, si nece-
sitara planear algo [...] si hay alguna crisis humani-
taria importante, es decir, un colapso de la econo-
mía al punto de que necesiten desesperadamente
alimentos, agua y otras cosas, entonces podríamos
reaccionar a eso. Y lo haríamos”. Pero eso sí, acla-
ró que: “Sólo [lo haríamos] si se nos pidiera desde
organismos como la Organización de las Naciones
Unidas y la Organización de Estados Americanos”.
Proviniendo nada menos que del jefe del Co-
mando Sur, es una amenaza real y ya sabemos en
donde terminan las “invasiones humanitarias” o
en “favor de la democracia”, argumentos falsos y
perversos para invadir y ocupar países.
La respuesta no se hizo esperar. El presidente
Maduro habló de los fracasos de Kelly en su su-
puesta lucha contra el narcotráfico, y le advirtió
que “deje de conspirar y de meterse en asuntos
que sólo son de interés de los venezolanos”. Tam-
bién sostuvo que Kelly habló como “líder político
de un imperio que se cree dueño de nosotros” y
aseguró que hay “signos alarmantes de desespera-
ción en la derecha estadunidense y la elite impe-
rial. Están dando órdenes para tratar de destruir
a Venezuela”.
Por su parte, el ministro de Defensa, Vladimir
Padrino López, en un comunicado de la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana (FANB), denunció
que “este tipo de declaraciones vienen ocurrien-
do de manera sistemática, como parte de un plan
preconcebido, especialmente después del decreto
mediante el cual el presidente Barack Obama se-
ñaló que Venezuela representaba una amenaza a
los intereses de la seguridad nacional de Estados
Unidos”.
OPERACIÓN TENAZA
STELLA CALLONI, PERIODISTA/PRENSA LATINA

ARTÍCULO OPINIÓN
La declaración también señala que “el imperio
estadunidense”, con el subterfugio de la defensa
de los derechos humanos y de la libertad, pretende
una vez más crear las condiciones para intervenir
en nuestro país”.
Otras campañas
El paso siguiente fue comenzar una campaña
contra el presidente de la Asamblea Nacional de
Venezuela, Diosdado Cabello, al que acusan de
narcotraficante. Funcionarios estadunidenses sos-
tienen con absoluta falsedad que la droga que pro-
duce Colombia pasaría por territorio venezolano.
Y pretenden utilizar a un narcotraficante entrega-
do por Colombia a Estados Unidos para tratar de
montar una nueva campaña contra Diosdado y,
por cierto, contra el proceso de paz colombiano.
Basta unir los ejes de esa campaña y todo suma
como un argumento para intentar intervenir mili-
tarmente. Ahora están enfrascados en la Operación
Elecciones, como la podríamos llamar.
La nueva ofensiva estadunidense se da a pocas
semanas de las elecciones parlamentarias del 6 de
diciembre, cuando arrecian los mecanismos para
desestabilizar económicamente al país con el ob-
jetivo de promover –justamente– la situación que
describe el general John Kelly.
Todos los indicios llevan a imaginar un escena-
rio en que se intentará dar por ganadas las elec-
ciones parlamentarias por la oposición y los voce-
ros del Pentágono, las cacatúas les llaman algunos,
disfrazados de “preocupados demócratas” como
los expresidentes Felipe González, José María Az-
nar, incluso el exsociólogo que denunciaba la de-
pendencia, el exmandatario brasileño Fernando
Henrique Cardoso, y toda la troupe que también
integra el escritor peruano Mario Vargas Llosa,
se están moviendo para convertir en un “héroe”
democrático al golpista de principios de 2014,
Leopoldo López. El mismo que confesó pública-
mente por televisión que en las marchas presunta-
mente estudiantiles iban a tomar las calles y no las
iban a dejar hasta el derrocamiento del gobierno
del presidente Maduro. Más claro imposible.
El resultado fue 43 muertos, más de 800 he-
ridos, edificios quemados, incluso universidades e
intentos de incendiar hasta una sede de gobierno
con todos adentro, y los paramilitares infiltrados
desde Colombia, disparando a cuanto blanco pu-
dieran. ¿Qué haría Estados Unidos si eso hubiera
sucedido en Washington?
Vargas Llosa advierte ahora que si gana el
gobierno de Maduro será por fraude, y hasta
inventan encuestas dando ventajas irrisorias a
los opositores –que aún ni siquiera se ponen de
acuerdo– de hasta 30 puntos de diferencia sobre
el oficialismo. La jugada opositora en Venezuela,
ayudada por sus medios locales, verdaderos mo-
nopolios, y por las agencias de Estados Unidos y
de Europa, es que se muestran como ganadores
absolutos, para fundamentar la existencia de un
fraude y crear violencia al finalizar los comicios.
Razón tiene el periodista y exvicepresidente
José Vicente Rangel cuando habla de una Opera-
ción Tenaza sobre Venezuela, y advierte que este
país “es un objetivo asediado. Factores pode-
rosos, internos y externos, tienen al país en la
mira. No pasa 1 día sin que haya algún tipo de
agresión en su contra. Quien escribe no recuer-
da algo similar en el pasado. De una nación aco-
sada por múltiples factores que emplean vastos
recursos para llevar a cabo la desestabilización.
La coordinación de esfuerzos en el mundo y
el cinismo de dirigentes políticos, empresarios,
parlamentarios, expresidentes y exjefes de Esta-
do, instituciones sin información debidamente
verificada acerca de lo que sucede en el país, no
tiene precedentes. La conjura no tiene fronte-
ras”.
Es lo que está sucediendo. Por su parte el
embajador de Venezuela ante España, Mario
Isea Bohórquez, denunció la existencia de una
estrategia conjunta de diversos factores políticos,
económicos y mediáticos, nacionales e interna-
cionales, encaminada a desconocer los resultados
de las próximas elecciones parlamentarias del 6
de diciembre. Y remarcó que la guerra económi-
ca sigue en Venezuela, según el viejo manual de
la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por su
sigla en inglés) estadunidense aplicado en Chile,
donde Henry Kissinger ordenó “hacer chirriar la
economía chilena” para crear descontento social
y justificar el golpe de 1973.

ARTÍCULOOPINIÓN
Por supuesto que el golpismo contrainsurgente
se acentúa ahora con motivo de las próximas elec-
ciones “a las que los detractores le asignan con-
notaciones que van más allá de lo que institucio-
nalmente representan”, advierte también Rangel.
Por eso es que “las expectativas en torno a ellas
conducen a que un triunfo de la oposición equi-
valdría a un cambio inmediato de gobierno y al
fin del proceso bolivariano. Que en el fondo es lo
que persiguen”, sostiene el periodista, recordando
que sólo se trata de elecciones para elegir diputa-
dos a la Asamblea Nacional. ¿Por qué le dan otra
dimensión, si no es que preparan un nuevo esque-
ma de golpismo?
Con las declaraciones de Kelly y otros funcio-
narios de Estados Unidos, más las actitudes de
países vecinos como Colombia y Guyana, la Ope-
ración Tenaza aparece como una realidad.
En Guyana, el entonces alumno de la Escuela
de las Américas David Granger, hoy presidente,
resucitó un viejo conflicto fronterizo en la zona del
Esequibo, algo que se estaba resolviendo siempre
en forma pacífica. Hoy quieren arrebatar el terri-
torio que corresponde a Venezuela, alentado por
la transnacional petrolera Exxon Mobil, que des-
cubrió un yacimiento petrolífero importante en
esa zona. Incluso en los últimos informes, Gran-
ger está entrenando tropa bajo asesoría de Esta-
dos Unidos en la zona limítrofe, como una abierta
provocación a Venezuela.
En Colombia –es necesario recordar– hay siete
bases militares de Estados Unidos y otros estable-
cimientos con Tropas Especiales y de Despliegue
Rápido, además de un ejército paramilitar, algu-
nos de los cuales han estado actuando en asesina-
tos, sabotajes y actos de terrorismo en Venezuela.
José Vicente Rangel menciona parte de la campa-
ña contra Venezuela en Colombia y recuerda que,
por un lado, “repiten el manual de los abrazos
hipócritas, por otro auspician el contrabando de
productos venezolanos: petróleo, comida, artícu-
los del hogar, sin importarles el desabastecimiento
que generan en Venezuela, y deliberadamente ig-
noran el desplazamiento de paramilitares o faci-
litan el ataque al bolívar (moneda venezolana)”.
Se sabe ya que miles de toneladas de alimen-
tos y otros productos fueron llevados a Colombia
desabasteciendo regiones enteras de Venezuela.
Y millones de dólares en gasolina se fueron por
la larga frontera común y a empresas mafiosas
manejadas por paramilitares, algo que el gobier-
no colombiano no podía ignorar. El cierre de esa
frontera en diversos puntos es por lo tanto un acto
de defensa del pueblo venezolano. También Ran-
gel advierte sobre el rearme de la Fuerza Armada
colombiana, “justo cuando está a punto de cul-
minar la guerra interna; la adquisición de sofisti-
cados y costosos equipos bélicos; la asesoría esta-
dunidense, in situ, en las bases que funcionan del
otro lado de la frontera, y la manera cómo el alto
mando castrense asume un plan elaborado por
el Pentágono –Minerva– para alcanzar mayor
operatividad y eficacia ante la amenaza exterior.
¿Contra quién se arma cuando prácticamente
concluye la guerra interna?”, se pregunta.
Sin lugar a dudas, en el caso de Venezuela el
golpismo se ha sostenido en forma permanente
desde el fracasado golpe cívico-militar de abril
de 2002 hasta ahora, tomando diversas formas.
Aunque hay que advertir que a partir de la muer-
te del líder venezolano Hugo Chávez Frías, el 5
de marzo de 2013, y el impacto que esto significó
para el pueblo venezolano y para la región, los
métodos contrainsurgentes fueron escalonando
hasta la guerra económica, paramilitar y sicoló-
gica que continúa preparando el terreno de una
intervención militar. Esto requiere actuar rápida-
mente. La desesperación por acabar con el trián-
gulo clave de Venezuela, Argentina, Brasil, lleva-
rá a acciones cada vez más violentas con esque-
mas contrainsurgentes que no deben encontrar a
la región ni desunida, ni distraída en la serie de
maniobras que intentan precisamente acorralar
a los gobiernos. Nunca como ahora deben mo-
verse los organismos de integración para enfren-
tar el intervencionismo ilimitado. Tenemos el
derecho absoluto a la defensa de nuestros países
frente al ataque externo, desenmascarando los
financiamientos a las derechas de cada nación
y de la región, que sólo pueden funcionar con
el permanente asesoramiento y los millones de
dólares que reciben, configurando esto no sólo el
más aberrante acto de corrupción, sino también
de traición a la patria.

ARTÍCULOOPINIÓN
O
rganización de las Naciones Unidas, Nue-
va York, Estados Unidos. Generalmente
se asocia la malaria (paludismo) con Áfri-
ca y Asia y no es de las primeras enfermedades que
vienen a la mente cuando se habla de América.
Ya pasaron 60 años desde que Estados Unidos
fuera declarado libre de malaria. Además, muchos
países de América Latina y el Caribe realizaron
grandes avances en la lucha contra la enfermedad
en los últimos años, ya sea convirtiéndola en un
problema del pasado o en un asunto irrelevante.
Sin embargo, el pasado 6 de noviembre cele-
bramos el noveno Día del Paludismo en las Amé-
ricas con unos 120 millones de personas en riesgo
de contraer la enfermedad en el Continente.
Como muchos de los países involucrados están
cerca de lograr la meta de erradicarla, debemos
aprovechar esta oportunidad para reflexionar
sobre las lecciones aprendidas y renovar el com-
promiso de lograrlo de una vez por todas.
No hay mejor momento que ahora, cuando
quedan pocos días para que venza el plazo para el
cumplimiento de los ocho Objetivos de Desarro-
llo del Milenio (ODM), a los que seguirá la nueva
Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.
Desde 1998, cuando se fundó la Alianza para
Hacer Retroceder el Paludismo (RBM, por su si-
gla en inglés), 100 países fueron declarados libres
de malaria, se evitaron 6 millones de muertes y se
alcanzó la meta de “detener y comenzar a reducir,
en 2015, la incidencia de la malaria”, en el sexto
de los ODM y, en algunos casos, hasta se superó.
Los logros fueron posibles gracias a las inver-
siones globales, entre las que se incluyen donantes
regionales, como la Iniciativa contra el Paludismo
del presidente de Estados Unidos y el gobierno
de Canadá, así como mecanismos multilaterales,
como el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida,
la Tuberculosis y la Malaria.
América Latina no es la excepción en esos
avances sin precedentes. El liderazgo técnico de la
Organización Panamericana de la Salud (OPS) y
el compromiso político contribuyeron a redoblar
las intervenciones que redujeron las muertes por
paludismo en casi 78 por ciento entre 2000 y 2013.
En 2016, Argentina puede llegar a ser el se-
gundo país del Hemisferio Occidental en recibir
un certificado de libre de paludismo, y lo siguen
de cerca Costa Rica, El Salvador, Ecuador y Para-
guay, lo que acerca a la región como nunca antes
a la erradicación de la enfermedad.
En el marco de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, que incluyen la meta de erradicar el
paludismo para 2030, debemos aprovechar los lo-
gros alcanzados para salvar vidas y destrabar el
potencial de las comunidades de la región.
Para responder al llamado, la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y la Alianza RBM
crearon la Estrategia Técnica para la Malaria
2016-2030 (GTS) y el plan Acción e Inversión
para vencer a la Malaria 2016-2030 (AIM) por un
mundo libre de paludismo, que juntas ofrecen un
marco complementario para diseñar estrategias
locales y movilizar acciones y recursos para lograr
la erradicación de la enfermedad en los próximos
15 años.
Ese marco se dio a conocer en julio, en el
marco de la tercera Conferencia Anual sobre Fi-
HERVE VERHOOSEL, REPRESENTANTE EN NUEVA YORK Y DIRECTOR DE RELACIONES EX-
TERNAS DE LA ALIANZA PARA HACER RETROCEDER EL PALUDISMO/IPS
120 MILLONES EN RIESGO
DE CONTRAER PALUDISMO EN AMÉRICA

ARTÍCULO OPINIÓN
nanciamiento para el Desarrollo, realizada en la
capital de Etiopía, por el secretario general de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU),
Ban Ki-moon, y varios jefes de Estado. Además,
se presentará en la reunión de ministros de Salud,
que se realizará en Brasil en la segunda semana
de octubre.
Pero sólo la ambición y la visión estratégica no
nos llevarán hacia la meta. También debemos ase-
gurar los fondos necesarios para alcanzar el com-
promiso de erradicar el paludismo, asumido por
los gobernantes que aprobaron los ODS y que los
especialistas estiman ascenderán a más de 100 mil
millones de dólares.
Los fondos internacionales y locales alcanza-
ron su máximo en 2013
con 2 mil 700 millones
de dólares, pero actual-
mente escasean los re-
cursos. Sólo en América
Latina, una región que
encabezará los esfuerzos
hacia la erradicación, los
fondos disminuyeron de
214 millones a 140 mi-
llones de dólares entre
2011 y 2013.
Para sostener los es-
fuerzos se necesitarán
contribuciones interna-
cionales y locales en los
países afectados. No será
barato, pero nuestra in-
versión inicial es insignificante en comparación
con las consecuencias de no lograrlo.
Al haber indicios del resurgimiento del palu-
dismo en países como Venezuela, Guyana y Haití,
en gran parte debido a la migración y a sistemas
de vigilancia deficientes, la falta de acción ahora
pondrá en riesgo nuestros logros y amenaza los
esfuerzos de desarrollo en la región.
Además de ser una cuestión moral, invertir en
la lucha contra el paludismo es una inversión se-
gura.
Si se cumplen los objetivos de la AIM, se evi-
tarán casi 3 mil casos en el mundo y se salvarán
más de 10 millones de vidas. Éstos no son sólo
números, son personas que llenan aulas y forman
una fuerza de trabajo saludable capaz de devolver
unos 4 billones de dólares entre 2016 y 2030.
A medida que avanzamos con los ojos puestos
en la meta, los gobiernos de la región deben con-
tinuar, e incluso aumentar, su compromiso hacia
el control del paludismo, incluso mediante cola-
boraciones multisectoriales y trasfronterizas como
la Iniciativa para la Eliminación de la Malaria en
Mesoamérica, Campeones contra el Paludismo
en las Américas y la Iniciativa Amazónica contra
la Malaria.
El sector privado también tiene un papel que
cumplir mediante la inversión continua en sus em-
pleados y en sus comunidades de operaciones. La
ampliación de esfuerzos
no solo ayudará a salvar
vidas y reducir la carga
económica para las so-
ciedades y los gobiernos,
sino que también incen-
tivarán el turismo y el
comercio regional.
Al reunirnos para
conmemorar el último
Día del Paludismo de las
Américas antes de pasar
a la era posterior a 2015,
recordemos que no nos
habremos librado de la
enfermedad hasta que
no estemos todos libres
de ella; alcanzar ese lo-
gro es fundamental para cumplir con los otros
ODS.
Contamos con las herramientas y los conoci-
mientos, y ahora con la Estrategia Técnica para
la Malaria 2016-2030 y el plan Acción e Inversión
para vencer a la Malaria 2016-2030, podremos
aprovechar las lecciones aprendidas, seguir traba-
jando y unirnos, más allá de fronteras y sectores,
para lograr erradicar el paludismo de forma sos-
tenible.
Las opiniones expresadas en este artículo son
responsabilidad del autor y no representan nece-
sariamente las de Inter Press Service (IPS), ni pue-
den atribuírsele. (Traducción de Verónica Firme)
DAVIDMANRIQUE

ARTÍCULOOPINIÓN
APARTHEID SANITARIO
L
a nicaragüense Jeanneth Beltrán, de 30
años, evitó acudir al médico porque temía
recibir una factura a la que no pudiera ha-
cer frente. Hasta que su cuerpo se resintió. Paráli-
sis facial, vómitos, convulsiones… Transcurrieron
4 horas en la sala de espera del hospital hasta que
finalmente la ingresaron. Murió esa misma tarde.
Días después, apareció una carta en su buzón: la
Consejería de Sanidad le reclamaba el costo del
servicio prestado en las urgencias del Hospital
de Toledo, España.
Jeanneth es un nombre dentro de 1 mil 567
números, los casos de exclusión médica recogi-
dos por la Red de De-
nuncia y Resistencia al
Real Decreto (Reder)
entre enero de 2014 y
julio de 2015. Del to-
tal de afectados, 1 mil
67 eran inmigrantes.
La organización ha re-
gistrado centenares de
casos de cáncer, enfermedades cardiovasculares,
diabetes, enfermedades degenerativas musculares
o trastornos mentales.
La decisión de excluir a los inmigrantes de la
sanidad pública excepto a menores, embarazadas
y urgencias fue impuesta por el gobierno del Parti-
do Popular gracias a su mayoría absoluta. Se hizo
mediante un real decreto que se tramitó en 2012
por vía de urgencia, sin debate parlamentario y
sin posibilidad de que la oposición pudiera pre-
sentar enmiendas. “Amparaban” su decisión en
un supuesto ahorro para las arcas del Estado.
Desde entonces se han documentado tres
muertes por falta de asistencia, entre ellas la de
Jeanneth, y se han retirado 873 mil tarjetas sani-
tarias a inmigrantes. La derecha neoliberal, que
sólo conoce un idioma, el de la rentabilidad, se sa-
cude los pudores y no duda en priorizar el ahorro
frente a la garantía de un derecho humano como
es la salud.
Y detrás de la forma, el fondo: pura ideología
aderezada con mensajes envenenados que señalan al
inmigrante como chivo expiatorio del deterioro de
la sanidad, además de un maquillaje para disfrazar
la privatización impulsada por el gobierno. Du-
rante la crisis, la sani-
dad pública española
ha perdido casi 10 mil
millones de euros, a la
vez que se disparaban
las listas de espera: en
2009 los pacientes que
aguardaban más de 6
meses para operarse
eran el 5 por ciento del total; en 2013 ya suponían
el 13.7 por ciento.
Las acusaciones que pesan sobre los inmigran-
tes de no contribuir al sostenimiento del sistema
de salud o de provocar un “efecto llamada” consti-
tuyen un discurso propagandístico que cae por su
propio peso. Un buen ejemplo es que los españo-
les asisten a los centros de salud una media de 8.3
ocasiones al año, frente a las 4.7 de los inmigran-
tes. Según el Tribunal de Cuentas, el fraude de la
asistencia gratuita no proviene de los inmigrantes,
sino de los extranjeros que están bien asentados en
CONTRA MIGRANTES
LAURA ZAMARRIEGO MAESTRE, PERIODISTA/CENTRO DE COLABORACIONES SOLIDARIAS
Desde que se excluyó a los inmi-
grantes de la sanidad pública, en 2012,
se han documentado tres muertes
por falta de asistencia médica
Desde que se excluyó a los inmi-
por falta de asistencia médica

ARTÍCULO OPINIÓN
España o que hacen turismo sanitario. Además, la
sanidad ya no se financia con las cotizaciones so-
ciales que se detraen de la nómina de los trabaja-
dores, sino con impuestos que cualquier residente
abona al Estado al consumir un producto.
Teniendo en cuenta que el gobierno ni siquie-
ra ha realizado un estudio de impacto social o eco-
nómico para analizar los resultados del Real De-
creto de Ley (RDL) 16/2012, podemos afirmar
que más que una cuestión de ahorro se trata de
una cuestión de prioridades. De hecho, la Agencia
Europea de Derechos Fundamentales (FRA, por
su sigla en inglés) asegura en un reciente informe
que los estados miembros de la Unión Europea
“gastan menos en la atención sanitaria de los mi-
grantes si se tratan antes, en vez de esperar a que
necesiten un tratamiento en urgencias”. ¿Dónde
queda el padrenuestro de la rentabilidad?
“En Europa se ha destinado los últimos años
muchísimo más dinero en rescatar bancos que en
atender a las necesidades básicas de la ciudadanía.
Hay recursos suficientes para garantizar una vida
digna para toda la población, pero en demasia-
das ocasiones se han usado para beneficiar a un
pequeño grupo de elites que se han enriquecido
enormemente los últimos años”, señala Luis An-
drés Gimeno, autor del informe Reder. Radiografía
de la reforma sanitaria. La universalidad de la exclusión.
En 2012, la Organización de las Naciones
Unidas pidió, mediante resolución unánime, que
todos los países modificaran sus respectivos siste-
mas sanitarios en pro de una cobertura universal.
Porque, como bien dice Ekaitz Cancela, de la
Fundación por Causa, “la nacionalidad es una re-
ducción de la humanidad, una forma de legitimar
el egoísmo”.
DAVIDMANRIQUE

INVESTIGACIÓN PORTADA
635 SITIOS
ALTAMENTE
CONTAMINADOS
EN MÉXICO

INVESTIGACIÓNPORTADA
La Semarnat reconoce
635 focos rojos por
contaminación. Industrias
química, petrolera y
minera, las principales
responsables. Pese al riesgo
para la salud y el medio
ambiente, las labores de
mitigación son insuficientes
ELVA MENDOZA, @elva_contra
L
a Secretaría de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales (Semarnat) tiene registro de
la existencia de, al menos, 635 sitios alta-
mente contaminados en el territorio nacional.
La lista es encabezada por Veracruz, entidad
donde hasta 2013 la Semarnat contabilizó 69 zo-
nas; le sigue Querétaro, con 58; Guanajuato, con
48; Colima, con 38; el Estado de México, con 36,
y Michoacán, con 34.
Contabilizados a través del Sistema Informá-
tico de Sitios Contaminados (Sisco), de la Se-
marnat, los lugares –llamados pasivos ambienta-
les– son el resultado de la liberación de materiales
o residuos peligrosos que no fueron remediados
oportunamente para impedir la dispersión de con-
taminantes.
Apenas en 2013, el Sisco reportaba 48 sitios
menos.De los 587,el 55 por ciento tuvo su origen
en áreas de disposición de residuos,13 por ciento en
actividades mineras, 11 por ciento en industria y
FREEIMAGES

3.4 por ciento en actividades relacionadas con la
extracción de petróleo y sus derivados.
Sólo nueve sitios han sido remediados, el 1.5
por ciento, según Conabio.Y 400 según la Semar-
nat.Otros 20 se encuentran en proceso de remedia-
ción,el 3.4 por ciento,y el 95 por ciento no ha sido
atendido (558 sitios), revela la Comisión Nacional
para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad.
Arturo Rodríguez Abitia, subprocurador de
Inspección Industrial de la Procuraduría Fede-
ral de Protección al Ambiente (Profepa), explica
a Contralínea que la baja tasa de remediación se
debe a que los pasivos ambientales incorporados
por Semarnat al Sisco son sitios que carecen mu-
chas de las veces de un responsable visible. Mien-
tras que los sitios detectados por la Profepa como
pasivos ambientales son remediados, dice, “a una
tasa del ciento por ciento”.
Refiere que en los últimos 4 años, de 2011 a
2015, la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente ha registrado más de 1 mil 100 pasi-
vos ambientales, la mayoría originados por la in-
dustria de hidrocarburos.
Y aclara que a partir de marzo de este año, los
pasivos ambientales generados por tomas clandes-
tinas en los ductos de Petróleos Mexicanos, y en
las instalaciones del sector, los registra la Agencia
Nacional de Seguridad Industrial y Protección al
Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, crea-
da recientemente con la reforma energética.
Los 20 sitios prioritarios
según la Semarnat
En entrevista,Rodríguez Abitia dice a Contra-
línea que con el fin de impulsar la remediación de
los lugares contaminados,la Profepa y la Semarnat
Mapeos de los sitios contaminados, incluidos en el Quinto informe nacional de México ante el Convenio sobre la Diversidad Biológica

trabajan en el proyecto 20 Sitios Contaminados
Prioritarios.
Entre los enlistados se encuentran: la Planta
Geotérmica de Cerro Prieto, en Baja California;
y las instalaciones de Ferrocarriles Nacionales de
México, en San Luis Potosí, Veracruz y Tlaxca-
la. Ello, derivado de un convenio suscrito por la
Profepa y la empresa paraestatal en 1993 para
la realización de auditorías ambientales en sus ins-
talaciones en el ámbito nacional.
También incluye el caso de Química Central,
en Guanajuato, empresa fabricante de productos
químicos básicos (sulfato básico de cromo, líquido
y sólido y dicromato de sodio), que almacenó re-
siduos peligrosos durante años sin las condiciones
de seguridad necesarias.
De acuerdo con la Profepa, Química Central
acumuló 340 mil toneladas de residuos peligrosos
dentro y fuera de sus instalaciones: uno de alrede-
dor de 300 mil toneladas de desechos tóxicos ubi-
cados al interior de las instalaciones de la empresa;
y el segundo de 40 mil toneladas que ilegalmente A la fecha, sólo nueve sitios han sido remediados, el 1.5 por ciento; 20 se encuentran en proceso

fueron enterradas en el derecho de vía de ferroca-
rriles, a 1.5 kilómetros de la planta.
La dependencia contabilizó un total de 196
mil toneladas de residuos con cromo hexavalente,
11 mil 655 metros cúbicos de alúmina con cromo
hexavalente,14 mil 91 metros cúbicos de lodos de
hidróxido de cromo y 3 mil 396 metros cúbicos
de escombros con cromo generado, los cuales de-
bían ser retirados y enviados a disposición final por
una empresa autorizada por la Semarnat.
En 2014, la Procuraduría clausuró temporal-
mente a la empresa Química Central de México,
SA de CV, ubicada en San Francisco del Rincón,
Guanajuato, por considerar que representaba un
riesgo inminente de desequilibrio ecológico, daño
y deterioro grave a los recursos naturales del lugar y a
la salud pública. Luego de esa acción, la Profepa
presentó una denuncia penal en contra de la em-
presa por violentar la clausura temporal total que
impuso.
Según información de la Procuraduría, el 5 de
septiembre de 2014 se comprobó que los sellos
de clausura fueron violados. “Fueron totalmente
desmanteladas y retiradas de sus instalaciones las
plantas de resinas sintéticas y de reducción inor-
gánica. No se encontraron los sellos de clausura
colocados”,reportaron inspectores.Por los hechos,
la Profepa presentó la denuncia penal ante el Mi-
nisterio Público Federal, y en septiembre de 2015
impuso una nueva clausura total a las instalaciones
de la empresa Química Central de México.
El mismo día, jueves 3 de septiembre de 2015,
el órgano desconcentrado de la Semarnat se dio
por notificado oficialmente y atendió una sen-
tencia dictada por el Segundo Tribunal Colegia-
do en Materia Administrativa del Décimo Sexto
Circuito, con sede en el estado de Guanajuato, la
cual recayó a un recurso judicial promovido por
dicha empresa. Dicho fallo judicial ordenó dejar
insubsistente el acuerdo de emplazamiento emiti-
do en mayo de 2014 por la Procuraduría,en el que
impuso, como medida de seguridad, la clausura
temporal total de la empresa, además de ordenar
diversas medidas correctivas tendientes a amino-
rar el riesgo ambiental que representa la inadecua-
da disposición de las más de 300 mil toneladas de
tran en proceso de remediación, el 3.4 por ciento, y el 95 por ciento no ha sido atendido (558 sitios): Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad.
123RF

residuos peligrosos.
Debido a que la sentencia pronunciada por
Tribunal Colegiado reconoce la validez consti-
tucional de la orden y el acta de inspección que
motivó la emisión del acuerdo de emplazamiento
en el que se ordenó como medida de seguridad
la clausura total temporal impuesta por la Procu-
raduría a la empresa Química Central, la Profepa
emitió un nuevo acuerdo de emplazamiento en el
que se ordena también la clausura.
El argumento expuesto por el Tribunal Cole-
giado para dejar insubsistente el acuerdo de empla-
zamiento y sus consecuencias legales consistentes
en la clausura y su ejecución se basó en la falta de
motivación respecto de los plazos impuestos para
que la empresa diera cumplimiento a las medidas
correctivas ordenadas, cuyo objetivo básicamente
se focalizaba en el retiro y disposición final de las
300 mil toneladas de residuos peligrosos que ge-
neró la empresa.
La Profepa mantiene las acciones legales para
que Química Central responda a la denuncia pe-
nal y la querella por el daño ambiental causado.
Además de los residuos peligrosos que deberá
retirar y disponer adecuadamente, Química Cen-
tral deberá remediar el sitio contaminado que ha
dejado después de desmantelar sus instalaciones,
mismas que no volverán a operar.
A decir de la Profepa,son inaceptables las pro-
puestas de remediación presentadas por la em-
presa, toda vez que plantean plazos de décadas
solamente para el retiro de los residuos peligrosos
depositados en los patios de sus instalaciones, si-
tuación que, remarca, se torna inviable debido al
alto riesgo que representan para el equilibrio eco-
lógico y la salud de la población.
Según dio a conocer El Economista, la empresa
Química Central de México prepara una deman-
da contra el gobierno federal por daños superiores
a los 80 millones de dólares, pues la clausura la
habría llevado a la quiebra.
El cierre de la planta ubicada en los límites con
el municipio de León ocasionó el despido de 130
personas que integraban el personal de la planta.

Jaime Kirchner Plascencia, abogado represen-
tante del grupo empresarial,detalló al diario que la
demanda administrativa se interpondrá en la Sala
Regional de Justicia Administrativa del Décimo
Sexto Circuito una vez que determinen el daño
total provocado a la empresa química. Señaló que
hasta antes de la clausura contaban con los recur-
sos para la remoción de lo que reconoce son resi-
duos peligrosos, y a partir del cierre ya no.
Sitios contaminados
Según la última estimación de la Semarnat
disponible, aproximadamente el 46 por ciento de
la superficie nacional muestra algún signo de de-
gradación. Estima también que la generación dia-
ria de residuos sólidos urbanos (RSU) se encuen-
tra cerca de las 103 mil toneladas. Aunado a esto,
en México no se cuenta con las capacidades para
recolectarlos completamente ni la infraestructu-
ra necesaria para disponerlos de manera adecuada.
A nivel nacional, del total de RSU enviados a
disposición final en 2012, 61 por ciento terminó
en rellenos sanitarios y sitios controlados, 16 por
ciento se dispuso en tiraderos a cielo abierto, y del
12 por ciento restante se ignora su sitio de dispo-
sición final.
En el caso de los residuos peligrosos se con-
sidera que en el periodo 2004-2011 se generaron
1.92 millones de toneladas.
Con el fin de impulsar la remediación de los lugares contaminados, la Profepa y la Semarnat trabajan en el proyecto 20 Sitios Contaminados Prioritarios

INVESTIGACIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS
CONSENTIDA DEL
CALDERONISMO,
AÚN CON
INFLUENCIAS

INVESTIGACIÓNRENDICIÓN DE CUENTAS
Una de las empresas
favoritas del calderonismo,
Tradeco, mantiene una
megaobra sin cortapisas
en el sexenio actual. Ha
recibido todas las facilidades
aunque su proyecto
destruya un Área Natural
Protegida
C
uatro kilómetros de carretera y dos túneles
avanzan en un 30 por ciento de su cons-
trucción.“Libramiento Sur,segunda etapa,
ramal Camelinas” es el proyecto encomenda-
do por el expresidente Felipe Calderón Hinojosa
a Grupo Tradeco, SA de CV, durante el último
tramo de su administración. La vía se pavimenta
sobre tres de las siete fallas geológicas activas y la-
deras inestables de Morelia, Michoacán. El costo
financiero: casi 1 mil 400 millones de pesos.
El riesgo futuro,un alud como el ocurrido en La
Pintada,Guerrero,donde desaparecieron 68 perso-
nas en septiembre de 2013. Un estudio de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
advierte sobre uno de los cortes: “los principales
problemas que se ven son el de caída y rodamiento
durante la época de lluvias y el de erosión superficial
del talud debido al mismo fenómeno”.
La defensa de la Loma de Santa María,espacio
afectado,es férrea.Además de ser una de las únicas
ÉRIKA RAMÍREZ, @erika_contra
CECILIAMARTÍNEZY123RF

dos recargas de agua de Morelia, es el hábitat de
flora y fauna en peligro de extinción y pulmón de la
ciudad,Área Natural Protegida desde la presiden-
cia de Lázaro Cárdenas del Río y preservada por
los exgobernadores Cuahutémoc Cárdenas Solór-
zano y Ausencio Chávez.
La oposición de científicos, académicos, socie-
dad civil y activistas a este proyecto ya ha provo-
cado amenazas sobre los voceros del Movimiento
Ciudadano en Defensa de la Loma. Desde que
era gobernador Fausto Vallejo se ha llevado a cabo
un volanteo de anuncios que los visibilizan como
opositores al “desarrollo”de Morelia, con fotogra-
fías, así como amedrentamiento.
En tanto,la “compañía consentida del caldero-
nismo”sigue el curso del proyecto.Tradeco es una
de las compañías que ganaron millones de pesos
en la administración pasada. Ahora, ha sido men-
cionada en un punto de acuerdo del Senado de
la República para ser investigada. La Cámara de
Diputados también exigió la detención de la obra.
Inestabilidad y riesgos:
UNAM
El Estudio geológico-geotécnico del ramal Came-
lias del Libramiento Sur de Morelia, elaborado por
la División de Ingeniería de Ciencias de la Tierra
de la Facultad de Ingeniería de la UNAM– alerta
que los cortes 1 y 2 que se realizarán en la obra se
encuentran sobre “rocas de baja resistencia” y hay
un “alto riesgo de inestabilidad y erosión”.
El análisis académico, al que tuvo acceso Con-
tralínea, menciona que el “estudio presentado en
2009 no presenta análisis de estabilidad de corte,
diseño geotécnico y no indica los tratamientos que
se requerirán para su estabilidad y protección a lar-
go plazo”;sólo se limita a presentar recomendacio-
nes generales y se anota que el diseño definitivo se
realizará durante la etapa de construcción.
La zona del Corte 2, indica el análisis de la
UNAM,“está formada por brechas volcánicas con
intercalaciones delgadas de derrames de andesita
y también capas poco frecuentes de tobas arcillo-
sas, los principales problemas que se ven son el de
caída y rodamiento durante la época de lluvias y el
de erosión superficial del talud debido al mismo
fenómeno”.
En entrevista, Víctor Manuel Hernández,
investigador del Instituto de Investigaciones
Metalúrgicas, especializado en Sistemas de In-
formación Geográfica y Percepción Remota, es
contundente: no hay viabilidad en el proyecto por
las fallas geológicas que existen, el riesgo de sismo
podía provocar un alud. La obra no es viable, hay
otras alternativas para generar accesos.
Amenazas a defensores
No obstante las advertencias académicas, la
obra continúa. Y, con ella, las amenazas en contra
de los opositores al proyecto calderonista. Mocte-
zuma Madrigal,vocero del Movimiento Ciudada-
no en Defensa de la Loma,es uno de los personajes
a los que ha llegado el acoso tras la defensa de este
espacio, recarga de agua y pulmón para Morelia.
Su rostro ha aparecido impreso en volantes que
circulan por la ciudad y en el que se menciona que
es opositor al “desarrollo” de Morelia. Uno de los
atentados (durante la administración de Fausto
Vallejo en 2013) fue fallido.
Su expareja conducía el vehículo de Moctezu-
ma Madrigal, hombres armados hicieron la parada
mientras viajaba por la carretera, la bajaron y pre-
guntaron por el activista.El mensaje fue para él:que
“ya le bajara de huevos”. Aunado a ello ha habido
llamadas telefónicas en donde repiten el mensaje.
Las reuniones con los integrantes de la orga-
nización ha comenzado a ser itinerante, las con-
ferencias de prensa para mantener al tanto a los
medios ya no se hacen en espacios públicos, por-
que había personajes que llegaban a boicotear, co-
menta en entrevista con Contralínea.
Moctezuma Madrigal también comenta que,
previo a que se iniciara la construcción del proyec-
to,se llevaron a cabo consultas con los colonos para
observar sobre la viabilidad de éste,sin embargo,la
gente se opuso en 28 de las 30 llevadas a cabo.
Y es que más allá del “progreso”, argumento
con el que las autoridades impulsaron la obra, ex-
pone Madrigal los verdaderos beneficiarios de esta
vialidad serán los empresarios que administran el
centro comercial Altozano.

“Quienes se oponen a estos proyectos han sido
estigmatizados como ‘detractores del desarrollo’ y
‘antipatriotas’ por los medios de comunicación y
las autoridades gubernamentales. Valiéndose de
esa retórica, y mediante otras tácticas coercitivas,
el gobierno y los actores privados han fomentado
conflicto y divisiones en el seno de las comunida-
des mexicanas.
“El gobierno mexicano no es el único actor res-
ponsable de las violaciones a derechos humanos
que se señalan en este informe.Empresas con sede
en México, Canadá, Estados Unidos y la Unión
Europea invierten en estos proyectos, por lo que
pueden ser cómplices, aprovechando la disposi-
ción del gobierno mexicano de pasar por alto los
problemas ocasionados por estos proyectos, para
implementar en México prácticas ambientales
perjudiciales que serían inaceptables en sus países
de origen.Algunos empleados de estas compañías
incluso han estado implicados en agresiones físicas
e intentos de asesinato dirigidos contra defensores
ambientales”,dice el informe del Centro de Dere-
chos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez Han
destruido la vida en este lugar.
Exhorto legislativo
La cancelación del proyecto fue uno de los úl-
timos exhortos de la LXII Legislatura.Integrantes
de la Comisión de Medio Ambiente arguyeron la
inviabilidad de la construcción porque “la zona de
Loma de Santa María en Morelia, Michoacán, es
de gran importancia ecológica, ya que represen-
ta el pulmón de la ciudad y cuenta con una vasta
biodiversidad de especies endémicas protegidas de
flora y fauna, además suministra el 40 por ciento
de agua potable que consume la ciudad de Mo-
relia”, se expuso el punto de acuerdo del 2 de di-
ciembre de 2014.
En él se arguyó que en el Presupuesto de Egre-
sos de la Federación del Ejercicio Fiscal de 2014 no
se incluyó la asignación de recursos para la cons-
ALANORTEGA/CUARTOSCURO
“Quienes se oponen
a estos proyectos han
sido estigmatizados
como ‘detractores
del desarrollo’ y
‘antipatriotas’”

123RF
trucción de dicha vialidad,debido a que estaban en
proceso los juicios de nulidad 1 981/12-21-01-2,
1406/12-21-01-4, 37/13-21-01-2 y 1145/12-21-
01-9 ante la Sala Regional Pacífico Centro delTri-
bunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
El proceso legal ha sido largo. El 17 de julio de
2012,el juez federal otorgó la suspensión provisio-
nal y levantó la suspensión definitiva el 6 de febrero
de 2013,“días después la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes [SCT] comienza a construir
la segunda etapa del Libramiento Sur; esto a pesar
de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Públi-
co mantiene suspendida la clave de cartera desde
el 21 de noviembre de 2012, cuando se informó a
la unidad responsable del proyecto (Centro SCT
Michoacán) que el registro en cartera 1109360009
del proyecto Libramiento Sur de Morelia se sus-
pendía su vigencia y se enviaba a revisión a la de-
pendencia [SCT],con la finalidad de demostrar las
viabilidades técnica,jurídica y ambiental”.
El 2 de abril de 2014,mediante el oficio 3.1.3.-
043, signado por el maestro Óscar Callejo Silva,
director general adjunto de Construcción y Mo-
dernización de Carreteras Federales de la Direc-
ción General de Carreteras de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, se informó con
respecto del Libramiento Sur de Morelia (clave
11096360009): “...el presupuesto establecido para
dicha obra es de 1 mil 520 millones de pesos; el
avance físico es de 10 por ciento,y el monto ejerci-
do de obra es 144.8 millones de pesos [...] el pre-
supuesto correspondiente a la segunda etapa del
Libramiento Sur de Morelia es del orden de 1 mil
375.2 millones de pesos; sin embargo, el ejercicio
de dichos recursos se encuentra sujeto a la actua-
ción del registro ante la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público,razón por la cual,a la fecha no se
cuenta con asignación presupuestal en 2014”.
Vigilancia y revisión a
Tradeco
Grupo Tradeco es una de las “consentidas” del
calderonismo, asevera un punto de acuerdo emiti-
do en diciembre de 2014, a través del que se soli-
cita que la Secretaría de la Función Pública (SFP),

a cargo de Virgilio Andrade, envíe al Senado un
informe desglosado de cada una de las contrata-
ciones que la administración pública federal llevó
a cabo en el periodo 2003-2012 con la empresa de
Federico Alberto Martínez Urmeneta.
Este ejercicio, indica el documento legislativo,
está motivado para que “se finquen responsabili-
dades contra quien resulte responsable por daño
al erario y se establezcan las
sanciones administrativas y
penales que conforme a de-
recho procedan”.
El grupo parlamentario
del partido en el poder (Par-
tido Revolucionario Institu-
cional, PRI), arguyó durante
la administración de Felipe
Calderón Hinojosa que “se
documentaron los múltiples
privilegios en favor de Gru-
poTradeco,beneficiados con la adjudicación directa
en múltiples proyectos como la autopista Duran-
go-Mazatlán y el puente Baluarte Bicentenario”.
“La contratista preferida de la administración
previa, encabezada por Felipe Calderón, tenía
muchos contactos en el gobierno federal, pues fue
evidente que Tradeco logró la mayoría de obras
vía adjudicación directa. Trasciende que tan sólo
entre 2003 y 2012 los contratos adjudicados as-
cendieron a los 15 mil 143 millones de pesos con
la constante de sobrecostos y retrasos en las obras.”
Tradeco.com
Más de 70 proyectos ejecutados con presu-
puesto público se despliegan en la información del
portal de la empresa. Las obras van desde túneles,
edificios públicos, autopistas, plataformas petrole-
ras, hasta la venta de aeronaves de adiestramiento
táctico.
Sus clientes: las secretarías de Comunicaciones
y Transportes y de la Defensa Nacional, Petróleos
Mexicanos, el Instituto Nacional de Migración, la
Comisión Nacional de Seguridad, los gobiernos
de Chiapas, Puebla y más.
Entre los proyectos están: la base aérea militar
2 de Ixtepec; el Hospital Regional del Instituto
Mexicano del Seguro Social 1; el puente Albatros,
el taponamiento de pozos petroleros… obras que
significan recursos millonarios para el erario,entre
ellas la del Libramiento Sur en Morelia.
El punto de acuerdo del Senado de la Repúbli-
ca, con fecha del 22 de diciembre pasado, cuestio-
na el beneficio que se le dio a Tradeco durante las
administraciones de Acción Nacional: “Sin duda,
explican cómo una empresa
cuyo capital inicial fue de 10
mil pesos,según consta en la
escritura emitida por el no-
tario Felipe Alfredo Beltrán,
en solamente 20 años logró
incrementar hasta 30 mil
millones de pesos su capital
social”.
Otro ejemplo grave, dice
el documento legislativo,
“justifica las altísimas ga-
nancias de Tradeco. Se reporta cómo en 2003, el
fundador del grupo en comento,se incorporó a Pe-
mex como director ejecutivo del proyecto Cantarell
–el pozo más productivo– y benefició a la empresa
dirigida por su hijo con un gran contrato de 379
millones de pesos.
“Así, una empresa al amparo del tráfico de in-
fluencias y el conflicto de interés –no sólo expuesta
como evasora de impuestos; omisa en el cumpli-
miento de contratos en los términos pactados y
desatenta con la normatividad ambiental,tal como
lo denunció la Procuraduría Federal de Protección
al Ambiente respecto a la Manifestación de Im-
pacto Ambiental para el muelle de Manzanillo en
Colima– sigue pretendiendo participar en concur-
sos de obras públicas, al amparo de la impunidad
que, tal vez, en otra administración era la regla.”
Contralínea solicitó conocer la postura de Tra-
deco a través de la encargada de Relaciones Pú-
blicas de la empresa,Tatiana González; asimismo,
solicitó entrevista con Ricardo Luna, secretario de
Urbanismo y Medio Ambiente del gobierno de
Michoacán y con el secretario de Comunicaciones
y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, mediante
la dirección de Comunicación Social que atiende
Rodolfo González. Al cierre de la edición no se
obtuvo respuesta.
Tradeco enlista más de 70
proyectos con el sector
público: desde túneles y
ediﬁcios hasta autopistas y
plataformas petroleras

GOBIERNO DE
MORENO VALLE
SUBEJERCICIO PERMANENTE

Millones de pesos sin gastar
y con destino desconocido,
daños a la Hacienda Pública,
opacidad, falta de control
de gastos y ausencia
de evaluaciones… las
constantes en el gobierno
de Puebla, encabezado
por el panista Rafael
Moreno Valle
L
os recursos no sólo no son gastados,sino que
no se sabe a dónde pararon.Es el patrón de-
tectado a partir de la fiscalización realizada
por la Auditoría Superior de la Federación (ASF)
a diversas dependencias del estado de Puebla que
reciben dineros públicos federales.
Las entidades pertenecientes al gobierno de
Rafael Moreno Valle subejercen, es decir, no gas-
tan los dineros que la Federación les entrega para
fortalecer áreas específicas, señaló en repetidas ve-
ces el órgano fiscalizador en su revisión a la Cuen-
ta Pública correspondiente a 2013.
De poquito en poquito, el dinero desaparecido
suma centenas de millones de pesos.
Salud
Era marzo de 2014. Y el trabajo de los audi-
tores era revisar cómo había sido el manejo de
los recursos del Fondo de Aportaciones para los
Servicios de Salud (Fassa) durante el año anterior,
MAURICIO ROMERO, @mauricio_contra
123RF

es decir, en 2013. Sin embargo, para entonces, 3
meses después de terminado el año, el gobierno
del estado aún no había devengado 87 millones
678 mil 400 pesos.
No fue sino hasta que la ASF intervino que
los Servicios de Salud de Puebla comprobaron
que una parte de los recursos subejercidos sí ha-
bían sido aplicados para cumplir con los objetivos
del Fondo. Sólo una parte, pues 29 millones 157
mil pesos seguían sin ser gastados. Ya era junio de
2014.
¿Por qué se guardó tal cantidad y cuál fue el
destino? Para la Auditoría,eso “aún está pendiente
por aclarar”.
Tampoco era la primera vez que ocurría algo
así durante la administración de Rafael Moreno
Valle.“Del resultado [de la fiscalización,señalaron
los auditores], se advierte su reincidencia, toda vez
que [similar hecho] fue observado por la Audito-
ría Superior de la Federación en la revisión de la
Cuenta Pública 2012”, ya que al final de ese año
no había ejercido el 11.5 por ciento de lo recibido.
La razón de ser del Fassa es fortalecer en cada
estado los “servicios de salud para la población que
no está incorporada a instituciones de seguridad
social”. Oficialmente está enfocado a la gente más
desprotegida, que en Puebla representa la mayo-
ría: 64.5 por ciento. Más de 3 millones 800 mil
personas son catalogados como sólo pobres por
el Consejo Nacional de Evaluación de la Políti-
ca y Desarrollo Social (Coneval), de los cuales 2
millones 800 mil son considerados como pobres
moderados, y 1 millón 59 mil se encuentran en
“situación de pobreza extrema”.
Por ello, en 2013, el gobierno poblano recibió
de la Federación 2 mil 643 millones 854 mil pesos,de
los cuales la Auditoría revisó el 66.3 por ciento.
Además de los dineros no gastados, el gobier-
no del panista expriísta tampoco cuenta con una
“normativa en materia de control interno” en los
Servicios de Salud del estado de Puebla (Ssp), lo
cual va en detrimento de los servicios,la aplicación
de los recursos y su vigilancia.
Eso sí, “cuentan con un Código de Ética y de
Conducta”, e incluso “fueron difundidos a través
de la página de transparencia, circulares y progra-
mas de capacitación”. Lo malo es que “no tienen
implementado un procedimiento para evaluar el
apego de los servidores públicos a dichos códigos”
(sic).
En cuestión de información y comunicación,
“los Ssp no cuentan con un plan o programa de
sistemas informáticos alineado, y que apoye el
cumplimiento de los objetivos de su plan o pro-
grama estratégico” ni “tienen implementados
planes de recuperación de desastres que incluyan
datos, hardware y software” (sic). Todo se hace a
mano, a la antigüita.
Se expiden recetas, pero eso no quiere decir
que todos los pacientes reciban los medicamen-
tos. “En 2013 el porcentaje de recetas surtidas de
forma completa a partir de la muestra de auditoría
fue de 86.6 por ciento, y en 2012 no fue posible
determinar el porcentaje de recetas surtidas de
forma completa a partir de la muestra de auditoría
debido a que no se requisitaron de manera correc-
ta”(sic).
En cuanto a los objetivos propuestos en el Pro-
grama Anual de Trabajo del Fondo, “sólo el 31.5
por ciento de las metas fueron superadas”.
“En el ejercicio de los recursos la entidad fede-
rativa registró inobservancias a la normativa,prin-
cipalmente en materia de transferencia de recursos
y en la administración de recursos humanos, así
como a la Ley General de Salud y al Presupues-
to de Egresos de la Federación para el Ejercicio
Fiscal 2013, que generaron un probable daño a
la Hacienda Pública Federal por un importe de 6
millones 852 mil pesos”, concluyó la ASF.
Para rematar, el ente fiscalizador local sencilla-
mente se vio imposibilitado de “informar sobre los
resultados de la revisión de los recursos del Fondo
de Aportaciones para los Servicios de Salud”. La
razón: las cuentas públicas hechas por la Auditoría
Superior del Estado de Puebla deben ser “apro-
badas” por el Congreso poblano, y como éste no
lo hizo, pues no pudo responder a la solicitud de
información hecha por la Auditoría federal.
Infraestructura social
En el caso del Fondo para la Infraestructura
Social Estatal (FISE), terminó 2013 sin que el
gobierno poblano ejerciera el 35.4 por ciento de

Aunque el Fondo
para la Infraestructura
Social Estatal está
destinado a beneficiar
a los más pobres, sólo
“el 1.8 por ciento [de
los recursos] se aplicó
en localidades de alto
y muy alto rezago
social”
los recursos destinados a “incrementar la cobertu-
ra de servicios básicos para población en pobreza
extrema”: 189 millones 797 mil 200 pesos se que-
daron congelados sin justificación, y esta situación
“se mantuvo al cierre de la auditoría (31 de marzo
de 2014)”.
“Esto retrasó la realización de las obras y accio-
nes programadas,y propició opacidad en la aplica-
ción efectiva de los recursos no erogados”,enfatizó
la Auditoría Superior de la Federación.
La administración poblana tuvo disponibles,
para el ejercicio fiscal 2013, 536 millones 426 mil
600 pesos. “De estos recursos transferidos se ob-
servó, al 31 de marzo de 2014, un monto pagado
por 264 millones 90 mil pesos, que significó un
49.2 por ciento del disponible y,por consiguiente,
una opacidad en el gasto por 272 millones 335
mil pesos, que corresponde al 50.8 por ciento res-
tante”.
Supuestamente, este Fondo federal también
está destinado a beneficiar a los pobres entre los
pobres.Sin embargo,“únicamente el 1.8 por cien-
to [de los recursos] se aplicó en localidades de alto
y muy alto rezago social”.
En “urbanización (pavimentos y obras simila-
res)”, se destinó el 1.9 por ciento de lo disponible,
“no obstante que en el estado persisten déficits de
cobertura en agua potable, drenaje y electrifica-
ción, en los que se registran valores de 16.2, 12.3
y 1.9 por ciento de la población,respectivamente”.
El gobierno de Moreno Valle no realizó ni una
sola obra que tuviera que ver con el mejoramiento
de la vivienda. Quienes no cuentan con un piso
firme, es decir, casi la décima parte de las casas
poblanas, una de dos: o siguen igual o arrancaron
de algún resquicio de su pobreza para ponerlo. En
cambio, gastó 1 millón 200 mil pesos en “obras y
acciones que no atendieron a la población objetivo
y sin alcance intermunicipal”.
Según la Auditoría Superior de la Federación,
“en el ejercicio de los recursos, el estado infringió
la normativa, principalmente en materia de obra
pública y adquisiciones, así como el Presupuesto
de Egresos de la Federación y la Ley de Coordi-
nación Fiscal, que generaron probables daños a la
Hacienda Pública Federal por un importe de 56
123RF

millones 266 mil 700 pesos”.
“En conclusión,el estado no realizó una gestión
eficiente y transparente de los recursos del FISE,
en inconformidad con la normativa que regula su
ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas.”
Pero ni así el gobierno estatal realiza evalua-
ción alguna “sobre los resultados del FISE, por lo
cual el estado desconoce sus debilidades y áreas de
mejora”. Mucho menos “existe un procedimiento
para la investigación de posibles actos contrarios a
la ética y conducta institucional, ni mecanismos
para captar denuncias sobre el tema”.
Seguridad pública
Como si la seguridad de los poblanos fuera un
tema saldado,la administración de Rafael Moreno
Valle, nieto del exgobernador de idéntico nombre,
se dio el lujo de no gastar el 73.4 por ciento de los
dineros que para tal fin recibió en 2013: de los 291
millones 383 mil pesos provenientes del Fondo de
Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)
de los Estados y del Distrito Federal, sólo ejerció
77 millones 520 mil pesos. “Asimismo, al 31 de
agosto de 2014 sólo se ejercieron 175 millones 673
mil pesos,monto que representó el 60.3 por ciento
de los recursos ministrados,por lo que hubo recur-
sos no ejercidos por 115 millones 710 pesos, que
representaron el 39.7 por ciento”.
El estado “carece de actividades de control
suficientes que garantizaran el cumplimiento de
las metas establecidas” para bajar los índices de-
lincuenciales. En la revisión hecha por la ASF al
gobierno de Puebla prevalece el “no”:
-“No se contó con controles adecuados para
asegurar el ejercicio de los recursos del FASP den-
tro del ejercicio fiscal al cual fueron asignados.
-“No contó con los controles suficientes para
que sus procesos de adquisición se realizaran con-
forme a la normativa.
-“No contó con los controles suficientes para
garantizar que los bienes se entregaran en tiempo
y forma.
-“No hubo controles suficientes para que los bie-
nes adquiridos se encontraran instalados y en uso.
-“No se realizó un adecuado seguimiento en el
cumplimiento de compromisos establecidos en el
Convenio de Coordinación y en el Anexo Técnico
Único.
-“El Consejo Estatal de Coordinación del Sis-
tema Nacional de Seguridad Pública no contó con
un reglamento interno, manual de organización o
normativa que delimite las obligaciones y activida-
des de los servidores públicos.”
Tampoco dedicó ni 1 centavo, ni en 2013 ni al
momento de la fiscalización (agosto de 2014), a la
“prevención social de la violencia y la delincuencia
con participación ciudadana”, a “la implementa-
ción de Centros de Operación Estratégica” (sic),
al empleo de huellas balísticas y “rastreo computa-
rizado de armamento”, al “acceso a la justicia para
las mujeres”, al Registro Público Vehicular, a la
Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica.
Cero fue el gasto total en estos rubros.
En materia de transparencia existen graves he-
chos. Al momento de reportar a la Secretaría de
Hacienda datos sobre lo recaudado (ministrado)
en informes distintos, las cifras varían en millones
de pesos; mientras que “en el Formato sobre Apli-
caciones de Recursos Federales A Nivel Fondo se
reportó un importe ministrado de 270 millones
825 mil pesos”, en “la Estructura Presupuestaria
para el seguimiento de los recursos 2013”se repor-
taron, a diciembre de ese año, 291 millones 383
mil pesos”; en un tercer informe el monto presen-
tado fue de 279 millones 383 mil pesos.
ADOLFOVLADIMIR/CUARTOSCURO
El gobierno de MorenoValle no dedicó 1 centavo a la “prevención social de la violencia y la delincuen-
cia con participación ciudadana”

La Auditoría consideró como “solventada” la
información porque “la Secretaría de la Contra-
loría del Estado de Puebla inició el procedimiento
para determinar posibles responsabilidades admi-
nistrativas de servidores públicos”.
El subejercicio impactó profundamente en los
llamados, irónicamente, Programas con Prioridad
Nacional: para el Nuevo Sistema de Justicia Penal,
supuestamente emplearía más de 15 millones de
pesos,pero “sólo ejercieron 324 mil 800 pesos”; de
los más de 83 millones prometidos para el Fortale-
cimiento de las Instituciones Estatales de Seguri-
dad Pública,Procuración e Impartición de Justicia,
“sólo se ejercieron 17 millones 420 mil pesos”.
En ejercicio (parcial) de los recursos entrega-
dos, el estado incurrió en violaciones que se con-
vierten en lista:
-A la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos: Artículo 21.
-Al Presupuesto de Egresos de la Federación:
artículo 8, párrafo primero.
-A la Ley Federal de Presupuesto y Responsa-
bilidad Hacendaria: artículo 85, fracción segunda.
-A la Ley General de Contabilidad Guberna-
mental: artículos 71, 72, párrafo último, y 82.
-A la Ley de Coordinación Fiscal: artículos 45,
48 y 49, párrafo primero.
-Así como “otras disposiciones de carácter ge-
neral, específico, estatal o municipal: Ley General
del Sistema Nacional de Seguridad Pública: artí-
culos 21, 47, fracción XIII y 142”.
Fondo de Aportaciones
Múltiples
El subejercicio inexplicable se reprodujo en
este caso, ahora por 197 millones 617 mil 100 pe-
sos, “cifra que representó el 20.3 por ciento de los
recursos asignados”:
“Del presupuesto original del FAM [Fondo
de Aportaciones Múltiples] por 972 millones 675
mil pesos,se ejercieron 607 millones 709 mil pesos
al 31 de diciembre de 2013,cifra que representó el
62.5 por ciento de los recursos asignados. Asimis-
mo,al 30 de abril de 2014,se ejercieron [solamen-
te] 775 millones 57 mil pesos.”
Por este motivo, “la Secretaría de la Contralo-
ría del estado de Puebla inició el procedimiento
para determinar posibles responsabilidades admi-
nistrativas de servidores públicos”. Por su parte, la
ASF hizo una solicitud de aclaración para saber
qué fue de la millonaria suma.
Agregado a lo anterior,“el gobierno del estado
de Puebla registró inobservancias a la normati-
va, principalmente en materia de obra pública y
la Ley de Coordinación Fiscal, que generaron un
probable daño a la Hacienda Pública Federal por
un importe de 4 millones 735 mil pesos”.
Tras la revisión, el órgano fiscalizador deter-
minó que la administración del sucesor de Mario
Marín (por vía de los partidos Acción Nacional,
de la Revolución Democrática, Convergencia y
Nueva Alianza) “no dispone de un adecuado siste-
ma de control interno que le permita identificar y
atender los riesgos que limitan el cumplimiento de
los objetivos del Fondo” alimentado con recursos
de la Federación.
“Se registraron igualmente incumplimientos
en las obligaciones de transparencia sobre la ges-
tión del Fondo de Aportaciones Múltiples, ya que
el Gobierno del Estado de Puebla no proporcionó
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tres
de los informes previstos por la normativa sobre
el ejercicio y destino de los recursos; y no existió
calidad y congruencia en la información reporta-
da; tampoco realizó la evaluación sobre los resul-
tados.”
Con semanas de anticipación,Contralínea soli-
citó entrevistar al gobernador Rafael Moreno Va-
lle,así como a los responsables de cada área.Hasta
el cierre de edición, no hubo respuesta.
Para el Nuevo Sistema de
Justicia Penal, supuestamente
se emplearían más de 15
millones de pesos del fondo
federal, pero se ejercieron
sólo 324 mil 800 pesossólo 324 mil 800 pesos

INVESTIGACIÓN LÍNEA GLOBAL
DINERO SUCIO
PODRÍA UTILIZARSE
PARA COMBATIR EL HAMBRE

INVESTIGACIÓNLÍNEA GLOBAL
Unos 50 mil millones de
dólares salen de África
cada año en transferencias
financieras ilícitas (evasión
de impuestos, corrupción
y actividades delictivas
como narcotráfico). Con
esta fuente oculta se
podrían alcanzar los montos
necesarios de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible
O
rganización de las Naciones Unidas,
Nueva York, Estados Unidos. La Orga-
nización de las Naciones Unidas (ONU)
calcula que necesita entre 3.5 billones y 5 billones
de dólares por año para la ejecución de su ambi-
ciosa Agenda de Desarrollo Posterior a 2015, que
incluye los 17 Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS) aprobados por gobernantes de todo el
mundo en septiembre pasado.
Pero una pregunta fundamental sigue sin res-
puesta. ¿Cómo hará la ONU para convencer a los
países ricos y las compañías trasnacionales de ayu-
darla a recaudar los billones necesarios para cum-
plir esas metas, que incluyen la erradicación de la
pobreza y el hambre para 2030?
Según el foro mundial, existe al menos una
“fuente oculta” de financiamiento para el desarro-
llo, sobre todo para el continente más pobre del
mundo: las transferencias financieras ilícitas (TFI)
procedentes de África, calculadas en más de 50
mil millones de dólares anuales.
THALIF DEEN, IPS*
CECILIAMARTÍNEZY123RF

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