Este documento resume la doctrina establecida por la Corte Suprema de Justicia sobre la impugnación de resoluciones judiciales por arbitrariedad. Explica que una sentencia es arbitraria si carece de fundamento legal, ignora pruebas o hace interpretaciones caprichosas de la ley. La Corte tiene la obligación de corregir sentencias arbitrarias que violen la Constitución. La doctrina continúa desarrollándose para distinguir entre errores menores y graves omisiones que descalifiquen una sentencia como pronunciamiento judicial.