2. Fernando Belaúnde, el candidato reformista de Acción Popular (AP), fue elegido presidente del
Perú en junio de 1963 con el apoyo de la alianza con el Partido Demócrata Cristiano (PDC). Estas
elecciones fueron reguladas y monitoreadas detenidamente por la Junta Militar que gobernó el
Perú entre 1962 y 1963
Por razones políticas debidas a la oposición que Belaúnde esperaba encontrar en el Congreso,
resultaba imperativo que se negociara algún tipo de arreglo, no necesariamente monetario, entre
la compañía y el poder ejecutivo peruano.
Paradójicamente, la regeneración de la democracia constitucional peruana, las reformas radicales
y las prácticas «moralizadoras» prometidas por Belaúnde, dependían, en gran medida, del viejo y
peligroso juego de atraer y recompensar a los militares para que se alinearan con una de las
facciones políticas. Este error estratégico era el mismo que el gobierno de Bustamante había
cometido ante la presión insurreccional aprista de 1948.
LAS PROMESAS ROTAS DE BELAÚNDE
3. En su primer discurso presidencial, Belaúnde había prometido resolver prontamente la cuestión
de La Brea y Pariñas. En un intento preventivo de ganar la iniciativa, así como los votos
necesarios para las cercanas elecciones municipales, el bloque parlamentario APRA-UNO apro bó
una ley el 31 de octubre en ambas Cámaras y declaró que el laudo de 1922 era nulo «por haber
violado requisitos legales pertinentes»
obras públicas de Belaúnde, los apristas y odriístas también se opusieron tenazmente al proyecto
preferido del presidente para construir la Carretera Marginal de la Selva,
Del mismo modo, varios de los ministros de Belaúnde fueron censurados por la coalición
APRA-UNO en el Congreso. Harto de este obstruccionismo parlamentario, Belaúnde consideró
realizar un referéndum para respaldar las iniciativas del ejecutivo. Eligió a más ministros militares
para ocupar puestos claves de su gabinete. También le concedió a los oficiales militares cargos
importantes como planificadores nacionales y directores de obras públicas.
4. Según un analista político extranjero, «los líderes de AP creen que el patronazgo es una recompensa
natural del control político". Tradicionalmente, esta red de «amiguismo» había anidado en el
ejecutivo, fuertemente concentrado en Lima a pesar de los intentos de descentralización. Dicha
burocracia ejercía un tipo particular de democracia elitista, tutelar o guiada, que generaba excesos
burocráticos e ineficiencia
Otra temprana indicación de mala administración fue proporcionada por una comisión investigadora
parlamentaria integrada por el joven diputado Vargas Haya en los años 1963-1965. La investigación
se centró en los tratos realizados por el Fondo Nacional de Desarrollo Económico (FNDE) y Socimpex
Según informes bien documentados y perceptivos, el gobierno de Belaúnde fue inicialmente
considerado uno de los más limpios en la historia del país. Esta era la opinión común de los
«peruanos, muchos de los cuales tienden a ser cínicamente tolerantes de la difundida corrupción
que tradicionalmente ha permeado al gobierno peruano de arriba abajo»
Sin embargo, después de los tres primeros años de su régimen, la situación fiscal mostraba
alarmantes señales de un mal manejo debido a gastos públicos excesivos sin un incremento
correspondiente en los ingresos fiscales
5. El escándalo del contrabando
El escándalo ampliamente publicitado de Ripsa impactó de lleno en el círculo más íntimo del
presidente Belaúnde. La comisión parlamentaria presentó cargos contra los ejecutivos de Consorcio
Aduanero, una compañía de agentes de aduanas
En esta crucial coyuntura, Belaúnde nombró al general Francisco Morales Bermúdez Cerruti como
ministro de Hacienda, no solo para ocuparse de la crisis fiscal sino también para manejar la
investigación del ejecutivo sobre las aduanas y el contrabando.
Con el fin de desalentar futuras investigaciones sobre la participación del ejército en los escándalos de
contrabando, el ministro de Guerra Julio Doig celebró una conferencia de prensa en presencia del
comandante general del ejército, el general Juan Velasco Alvarado, y el jefe de Estado Mayor Roberto
Dianderas, en la que afirmó que el ejército no estaba involucrado en el contrabando de los
«paracaídas».
Un informe del inspector general del ejército, recibido por el general Velasco Alvarado y convalidado
con su firma antes de remitirse a los comisionados parlamentarios, exoneraba a todos los oficiales
implicados por las cartas debido supuestamente a la insuficiencia de pruebas.
6. Inesperadamente, el general Morales-Bermúdez proporcionó una asistencia importante a la comisión
parlamentaria. Los investigadores de la policía fiscal habían incautado la correspondencia de Novelty
Supply, una compañía de importación, y su asociada panameña, Peikard S. A., de la cuales se sospechaba
que se dedicaban a un extenso contrabando. Morales-Bermúdez entregó la correspondencia
incriminadora a la comisión parlamentaria. Para asombro del general y de la comisión, estas cartas
escritas entre diciembre de 1965 y enerode 1968 suministraron cuantiosas evidencias de operaciones
empresariales ilegales e implicaron a altos oficiales militares en el encubrimiento y facilitación del
contrabando a cambio de favores y sobornos.
Según una fuente diplomática estadounidense, el escándalo había sacudido la confianza del público en
Belaúnde y manchado el prestigio de las fuerzas armadas, causando así una gran tensión dentro de estas.
Ello tendría gran importancia para la política nacional: «No cabe duda de que para fines de 1967, el
contrabando de artículos de lujo y otros bienes al Perú se había vuelto un negocio masivo y bien
organizado, que operaba evidentemente con el conocimiento y la complicidad de altos funcionarios
civiles y militares del gobierno peruano».
7. El escándalo del contrabando agravó la crisis política del régimen y de los partidos y facciones que lo
apoyaban. El ministro de Hacienda Morales Bermúdez renunció en mayo, afirmando que
«consideraciones políticas partidarias» habían retrasado peligrosamente la solución a la crisis fiscal y
económica
El escándalo del contrabando amainó, pero dejó tras de sí una profunda insatisfacción y una falta de
confianza en el régimen. El gobierno de Belaúnde había esperado poner fin a las humillaciones
políticas que iba sufriendo enterrando este asunto. Sin embargo, pronto se reavivó y estalló otro
gravísimo escándalo relacionado esta vez con el petróleo y la IPC.
Un contrato sancionaría la entrega de los derechos de superficie y subsuelo de La Brea y Pariñas al Estado peruano. El documento fue
firmado apresuradamente por Fernando Espinosa, gerente general de la IPC, y Carlos Loret de Mola por la Empresa Petrolera Fiscal (EPF).
Sin embargo, semanas más tarde, Loret de Mola desató, durante una emisión televisiva, la que habría de ser la crisis final del acosado
gobierno de Belaúnde. El presidente de la EPF informó que faltaba una página del contrato original, la infame página once, en la cual él
había firmado y estipulado de su puño y letra la base para el precio del petróleo que la EPF le vendería a la IPC para su refinamiento.
Un grupo de conspiradores militares aprovechó el escándalo para justificar
públicamente y llevar a cabo un golpe de Estado que trajo consigo cambios drásticos
en la conformación política, social y económica del país y sus instituciones.
8. Mientras los tanques cercaban el palacio presidencial en el inicio del golpe
para deponer a Belaúnde el 3 de octubre de 1968, un destacamento militar
especial ocupó el Congreso. Unos cuantos días más tarde las tropas del
ejército confiscaron y saquearon las oficinas y la documentación de la
comisión parlamentaria de investigación del contrabando
Velasco y sus asesores más cercanos anunciaron que eran cuatro las causas
principales de la intervención militar contra la democracia: el imperativo de
defender la «dignidad» nacional, herida por la IPC y el escándalo de la
«página once»; introducir reformas socioeconómicas estructurales; contener
el peligroso deterioro de las condiciones políticas civiles, que abrían las
puertas a una victoria electoral aprista y la insurrección comunista; y,
finalmente, superar la degradación moral del país.
Vargas Haya, por su parte, ha sostenido consistentemente que los jefes del
golpe militar tuvieron dos grandes objetivos: enterrar para siempre las
evidencias de la participación de los militares y la intervención personal de
Velasco en el escándalo del contrabando, y frustrar una vez más el acceso del
APRA al poder.
«REVOLUCIÓN» MILITAR
9. La consolidación de la facción de Velasco trajo consigo el surgimiento de la izquierdista «generación
terremoto» de coroneles y generales, decididos a implementar radicales reformas estructurales
el gobierno militar asumió poderes legislativos e, incluso, judiciales para denunciar,
acusar y procesar a varios exministros por corrupción en relación con el escándalo de la
IPC, entre otros cargos. Velasco, asimismo, amenazó a otros excongresistas para que
hicieran frente a lo que él llamó el escándalo parlamentario de fondos públicos mal
utilizados.
Durante el régimen militar, el patronazgo y la corrupción se beneficiaron del cambio institucional
radical que demolió las débiles bases de la democracia política en el Perú.
El caso más conspicuo de ineptitud económica fue el manejo de la industria pesquera por parte de
empleados estatales, hecho que llevó a una captura excesiva, así como a la expropiación y
demolición de la capacidad empresarial de este sector productivo clave. Más aún, los recursos del
sector pesquero administrados por Pescaperú se usaron para promover un patronazgo político
reaccionario a costa de los trabajadores y consumidores.
10. Del mismo modo, la reforma agraria de 1969 muy alabada en ciertos sectores por redistribuir
verticalmente la tierra de modo más equitativo contribuyó a una caída de la productividad
agrícola que redujo las agroexportaciones y generó una mayor dependencia de las
importaciones de alimentos, sin llegar a resolver los problemas de la inmensa mayoría de los
trabajadores del sector agrícola (los minifundistas y los campesinos sin tierra comprendían el 85
por ciento de la fuerza laboral agraria).
La mayoría de las empresas estatales (Petroperú, Mineroperú, Empresa Pública de Servicios
Agropecuarios [EPSA], Pescaperú, Sedapal y la Compañía Peruana de Teléfonos [CPT])
resultaron ser muy ineficientes. Como parte de un ciclo vicioso de prácticas administrativas,
estas empresas consistentemente acumularon pérdidas que el gobierno financiaba a través de
la expansión del crédito y de préstamos externos
Cuando Velasco fue finalmente depuesto del poder por el general Morales Bermúdez en1975,
Tantaleán y otros velasquistas, entre ellos León Velarde y varios altecos, fueron encarcelado.
11. Morales-Bermúdez procedió entonces a minar a los grupos izquierdistas en medio de una situación
política y económica realmente difícil. Al igual que Velasco, el nuevo mandatario militar intentó
establecer una base de apoyo político pero fracasó. Entonces se dio cuenta de que necesitaba una
estrategia de salida constitucional. Morales-Bermúdez decidió implementar un cronograma de
transición de tres años para que se lograra la transferencia del poder a los civiles y el retorno de los
militares a sus cuarteles.
Sin embargo, Morales-Bermúdez gozó en el periodo 1975-1979 de un poder autoritario, similar al
que ejerció Velasco. En efecto, la deportación de políticos, personalidades y periodistas de izquierda
y derecha se incrementó durante su gestión.
Entre otros legados dañinos del régimen militar, el vergonzoso descuido del desarrollo de la
infraestructura y la seguridad en las provincias y en el campo permitió que la amenaza subversiva
maoísta de Sendero Luminoso se arraigara y creciera.
Belaúnde fue elegido presidente por segunda vez en 1980 en un contexto de escalada del
terrorismo y del narcotráfico, un exagerado intervencionismo económico estatal, una deuda externa
de 10.000 millones de dólares y otras condiciones adversas para el renacer de las instituciones
democráticas. Además, su nuevo gobierno tuvo que enfrentar el dilema recurrente de cómo tratar a
los militares y sus apremiantes demandas por conservar sus privilegios, recursos e inmunidad bajo la
recién restaurada democracia civil.
12. NEGLIGENCIA BENIGNA
El orden democrático inaugurado en julio de 1980 contó con el inicial y entusiasta respaldo
de una gran parte de la ciudadanía peruana. Belaúnde fue elegido por una mayoría
respetable y Acción Popular, aliado del PPC, consiguió la mayoría en el Congreso.
Al inicio de su gobierno, Belaúnde no se dedicó a una campaña de «moralización» ni
tampoco inventarió las adversas condiciones financieras, sociales e institucionales que había
heredado. Por el contrario, el nuevo régimen se apresuró a apaciguar a los todavía
influyentes militares, declarando que no tenía intención alguna de buscar represalias ni
restituciones
A las fuerzas armadas se les garantizó la autonomía en cuestiones profesionales internas e
inmunidad por cualquier ofensa o delito previo, a cambio de que el poder de los militares se
limitara a la esfera puramente castrense.
Bajo el lema liberal de «trabajar y dejar trabajar», Belaúnde fue asistido por un equipo de
tecnócratas denominado «Dinamo» y encabezado por Manuel Ulloa, el controversial primer
ministro y ministro de Economía.
13. Belaúnde dio libertad de acción al grupo Dinamo, mientras que él se concentraba más bien en diseñar
y publicitar costosos proyectos públicos que en última instancia contradecían las políticas de reducción
del déficit.
Los parlamentarios y políticos izquierdistas y apristas, Vargas Haya entre ellos, también protestaron
contra lo que consideraban políticas elitistas favorables a los extranjeros, que recordaban el
«entreguismo» del primer gobierno de Belaúnde. Además, el equipo Dinamo generó decretos
ejecutivos que evadían el debate legislativo.
La luna de miel del gobierno de Belaúnde había terminado para finales de 1982. Diversos factores
contribuyeron a la catastrófica erosión de su respaldo político. La recesión internacional y la
contracción financiera del periodo 1982-1983 ayudaron a la caída de los precios de las principales
exportaciones peruanas y a una debacle de los términos de intercambio y balanza de pagos.
Entretanto, Sendero Luminoso intensificó sus violentos ataques y asesinatos. El crecimiento de la
organización subversiva no se controló en esta temprana y crucial fase debido, en gran medida, a la
ineficiencia y corrupción de las unidades de la policía de investigaciones
14. Al final, la víctima principal de los malos manejos, la corrupción
y la incompetencia de la negligencia benigna del segundo
régimen belaundista fue
