Fallo

Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - SALA A
FMZ 1832/2015/1/CA1
Mendoza, 17 de marzo de 2015.
Y VISTOS:
Los presentes autos Nº FMZ 1832/2015/1/CA1,
caratulados: "INCIDENTE DE EXCARCELACION EN AUTOS
VANDENBROELE ESCARAY, Alejandro Paúl por EXTRADICION”,
venidos del Juzgado Federal N° 1 de Mendoza a esta Sala “A” de la Excma.
Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, en virtud del recurso de
apelación articulado a fs. sub 65/74 vta., por la defensa técnica de Alejandro P.
Vandenbroele, contra el auto dictado a fs. sub. 60/62 vta., por el que se
resuelve: “1. DECLARAR LA INCONSTITUCIONALIDAD, en el presente
caso, del artículo 26 de la Ley 24.767. 2. NO HACER LUGAR a la
excarcelación solicitada por la Defensa de Alejandro Paúl VANDENBROELE
ESCARAY –ap. materno a fs. sub 7/12 por los motivos expuestos en los
considerandos.”;
Y CONSIDERANDO:
I. Que dada las posturas adoptadas por los señores
Jueces de Cámara integrantes de esta Sala “A”, a continuación se expondrán
separadamente los votos emitidos por cada uno de ellos, conforme el orden en
que fue sorteado el estudio y análisis del incidente, consignando al final de los
mismos la decisión a la que se arriba, conforme a las opiniones vertidas.
VOTO DEL SEÑOR JUEZ DE CAMARA
SUBROGANTE, DR. CARLOS ALFREDO PARRA (preopinante):
I. Que contra el interlocutorio obrante a fs. sub. 60/62 y
vta., interpuso oportunamente recurso de apelación la defensa técnica del Sr.
Alejandro P. Vandenbroele, centrando sus agravios en torno a la valoración de
la prueba con relación a la adecuación de las pautas establecidas en el fallo
plenario “Diaz Bessone”, señala que la decisión adoptada posee vicios de
fundamentación que afectan la exigencia de motivación de las resoluciones
establecida en el art. 123 del C.P.P.N., por lo que considera que habrá de
declararse la nulidad del pronunciamiento. Se agravia de que el Juez haya
fundado el riesgo procesal bajo una presunción iure et de iure de manera
automática a raíz de la negativa de su defendido a someterse al trámite de la
Fecha de firma: 17/03/2015
Firmado por: JUAN ANTONIO GONZALEZ MACIAS
Firmado por: HECTOR FABIAN CORTES
Firmado por: CARLOS ALFREDO PARRA
Firmado(ante mi) por: ROLANDO HECTOR MARINO

extradición simplificada y al proceso que contra él es seguido en Uruguay, lo
que desvirtúa la naturaleza de las normas que regulan la extradición, los
convenios multilaterales de cooperación y concretamente el acuerdo bilateral
de extradición firmado entre ambos países.
Que el Juez no ha ponderado otras cuestiones que permiten
llegar a una solución opuesta a la arribada, las que enuncia en su libelo y que
damos por reproducidas en honor a la brevedad.
Que no se consideró su actitud de sometimiento tanto en las
causas que se le tramitan en este país como el ofrecimiento de cumplir, con la
declaración indagatoria por la cual fuera citado en la causa que se tramita en la
República Oriental del Uruguay, produciendo la misma en este país mediante
vía de exhorto y que por el contrario, se valoró negativamente que su
defendido tiene una prohibición de salir del país, ordenada por el Juez Federal
Nº 4 en oportunidad de dictar el procesamiento a su pupilo.
Que el Juez no ha valorado ni verificado que su defendido
posee un domicilio real, estable y ubicable que es el verdadero y que ocupa
desde hace decenas de años, refiriéndose al departamento ubicado en la Calle
Quirno Costa en la ciudad de Buenos Aires.
Que el Juez considera que el único arraigo conocido seria el
que mantendría con sus padres y con su hija, desconociéndose otras personas
con quienes el mantenga relación cercana o empleo alguno. Que tendría un
nivel económico elevado, sin tenerse el conocimiento de que posea una fuente
de ingresos legitima que permita justificar su modo de vida. Entiende que ha
valorado parcialmente el informe socioambiental obrante a fs. 51/53 del que
surge que su familia colabora con los gastos de la casa y mantenimiento de su
pupilo en sus necesidades básicas y con el deber de cumplir con la cuota
alimentaria fijada respecto de su hija.
Que el Juez ha efectuado una valoración global, ponderando
diferentes circunstancias sin especificar en qué prueba se fundamenta para
inferir que de recuperar la libertad, Vandenbroele intentará eludir el accionar
de la Justicia.
Por ultimo señala que no se consideró la conducta procesal de
su asistido en las causas Nº 1302/2012 y 1999/2012 que tramitan ante del
Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 4 de la Capital Federal, y

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también en la Nº 8999/2012 que tramita ante el Juzgado en lo Criminal y
Correccional Federal Nº 7 de la Capital Federal; como así tampoco la postura
asumida de declarar en la Argentina basada en la normativa Internacional que
así lo prevé; la prohibición de salida del país que sobre el pesa; las diferencias
tanto de los principios, como de los institutos procesales existentes y vigentes
entre nuestro régimen y el del vecino país.
Entiende que corresponde conceder la excarcelación y
caucionar la libertad de Alejandro Vandenbroele bajo la modalidad juratoria,
ofreciendo asimismo una caución personal o real. Cita variada doctrina y
jurisprudencia y hace reserva de recurrir en casación.
En un apartado plantea una medida de no innovar, solicita se
mantenga a su pupilo alojado en la Unidad Nº 32 de estos Tribunales
Federales, hasta que se defina esta incidencia de apelación y el conocimiento
de la suerte definitiva de su libertad.
II. Elevado el expediente a esta Alzada, las partes presentan
apuntes sustitutivos, obrando el de defensa a fs. sub. 100/113, donde amplía
sus fundamentos, solicitando se revoque la resolución que impugna y se
conceda la excarcelación a su representado; en tanto que el Sr. Fiscal General
Subrogante, produce su informe a fs. sub. 114/118, informando que
corresponde el rechazo del recurso interpuesto y, en consecuencia, confirmar
la resolución impugnada.
III. Que analizados los argumentos esgrimidos tanto por la
Defensa Técnica como por el Ministerio Público Fiscal, entiendo que
corresponde revocar la resolución apelada.
En primer lugar cabe ponderar los hechos y el marco normativo
en el cual se sitúa y debe analizarse el pedido de excarcelación, ello es el
contexto del trámite de extradición de Alejandro Vandenbroele solicitada por
la República Oriental del Uruguay toda vez que en el vecino país se lo
investiga por el presunto delito de lavado de activos, cuya escala penal oscila
entre los 20 meses y los 10 años de prisión. A tal efecto fue citado en dos
oportunidades con la finalidad de ser indagado, para las fechas 4 de febrero y
28 de agosto de 2014, a las cuales, siendo debidamente notificado, optó por no
comparecer a las mismas, justificando dicha conducta en la existencia de una

orden judicial dispuesta por el Juzgado Nacional en lo Comercial Nº 8 de la
Capital Federal, en los autos Nº 94.173, caratulados “Compañía de Valores
Sudamericana S.A. s/ pedido de quiebra por Tecnología del Sur S.A.”, que le
impedía salir de la República Argentina, en tanto que en la segunda
oportunidad se presenta mediante su representante, alegando la misma razón,
y solicitando se recibiera su declaración en la República Argentina.
Ante esta situación el Fiscal de la vecina república contestó la
vista en el entendimiento de que corresponde que su declaración como
indagado se realice ante la Sede, y sea interrogado por el Juez natural con
competencia originaria para entender en la investigación, solicitando luego
que la Sede requiera la extradición de Alejandro Paul Vandenbroele.
Siendo esta la situación fáctica, la defensa solicitó la
inconstitucionalidad del art. 26 de la ley de Cooperación Internacional en
Materia Penal, ley Nº 24767, y el pedido de excarcelación del imputado,
haciendo lugar el Juez de Grado al pedido de inconstitucionalidad para luego
resolver la excarcelación con resultado negativo.
Para así decidir el Juez de Grado procedió al análisis de la
materialidad del delito, considerando especialmente la gravedad de la pena
que pudiere corresponderle al imputado, y el riesgo procesal, en el que se
incluye la posibilidad de fuga, concluyendo en que son numerosos los factores
que lo llevan a presumir que existe un real peligro de fuga en el caso de que se
le otorgase la excarcelación.
Para ello consideró la magnitud de la pena que conmina el
delito de lavado de activos en la vecina república, la actitud tomada por el
encartado, la que consideró omisiva a someterse al proceso seguido en la
vecina república, la falta de arraigo derivada de la multiplicidad de domicilios
que Vandenbroele habría declarado, junto con la incierta actividad laboral que
justificara los medios económicos que posee, la carencia de familiares o
personas allegadas en la provincia o el país, más allá de sus padres y su hija, y
su opción al declarar manifestando que no desea ser extraditado.
IV. Que disiento con el resultado arribado toda vez que el
mismo ha fundado su negativa basado exclusivamente en el riesgo procesal, el
que da por acreditado cuando, a tenor de la realidad, el mismo aparece como
forzado en sentido negativo respecto de la libertad del imputado.

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Así entrando al análisis de las circunstancias objetivas puede
precisarse que el delito por el cual Alejandro Vandenbroele se encuentra
imputado en la vecina república tiene prevista una escala penal que va de los
20 meses a los 10 años de prisión, por lo que el mínimo establecido en la
norma permitiría en principio la concesión de la excarcelación.
Respecto del análisis subjetivo se tiene que el requerido por la
justicia Uruguaya, posee dos domicilios, situación que se encuentra
plenamente justificada, toda vez que en Capital Federal es donde vive y donde
ejerce esporádicamente su profesión como abogado, además de los negocios
que eventualmente realice en esa localidad (recuérdese que es el presidente de
la Empresa Compañía de Valores Sudamericana (ex Ciccone Calcográfica) y
presidente de la Sociedad de la empresa The Old Fund S.A., ambas situadas en
la ciudad de Buenos Aires. También es el domicilio real denunciado por el
nombrado en la causa que se le tramita ante el Juzgado Nacional en lo
Criminal y Correccional Federal Nº 7, Nº 8999/2012 caratulada: “Fernández
Aníbal y otros s/ Robo. Dte. Musssa, Juan Ricardo”, (ver informes obrantes a
fs. sub. 35 y sub. 44), que tanto Vandenbroele como su familia y parte de la
familia Muñoz, permanentemente vienen desde Bs. As. a visitar a su nieta,
toda vez que el imputado tiene un régimen de visitas fijado por el Segundo
Juzgado de Familia de esta Ciudad en los autos Nº 1305/10/2F y que debe
cumplir, por lo que no resulta extraño que también posea un domicilio en esta
provincia, debiendo descartarse el riesgo procesal respecto a la incertidumbre
del domicilio del imputado.
En lo que respecta a la situación económica se advierte de las
constancias de la causa que los bienes inmuebles que Vandenbroele declara en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en esta provincia no se
encuentran a su nombre, desconociéndose quienes serían los titulares, como
así también respecto del rodado en el que se trasladaba al momento de ser
detenido, por lo que se cae el argumento relacionado a la solvencia económica
que le permitiría darse a la fuga y así sustraerse del trámite extraditorio
sustanciado ante el Juez Federal de esta provincia.
Respecto de la conducta mantenida por Vandenbroele cabe
precisar que el mismo se encuentra investigado en cuatro causas en este país,
una en el Juzgado Federal Nº8 (en la cual se dictó procesamiento con una

prohibición de salir del país), dos en el Juzgado Federal Nº 7 de la Capital
Federal, una en el Juzgado Nacional en lo Penal Tributario Nº 1. También ha
solicitado la exención de prisión en cuatro oportunidades, es decir que se ha
sometido todo el tiempo a los procesos que son llevados en su contra,
permaneciendo en libertad sin que los magistrados intervinientes se hayan
visto en la necesidad de tener que restringir su libertad.
Del mismo modo, su comportamiento respecto de la causa
seguida en la República Oriental del Uruguay, toda vez que ante las dos
citaciones que se le cursaran, se presentó a través de su representante legal
haciendo uso de los derechos que le asisten conforme la ley de cooperación
internacional en materia penal, lo que no puede ser tomado en su contra. Cabe
destacar que hasta entonces el referido país no consideraba necesario dictar la
orden de captura internacional, requiriéndoselo a prestar declaración
indagatoria mediante notificación por vía de exhorto, lo que lejos se encuentra
de suponer que por haber hecho uso de los derechos que le asisten, ello
responda a un intento de sustraerse de aquel proceso. Por el contrario, debe
agregarse que, el hecho de que el imputado haya solicitado ante los tribunales
del país requirente, prestar la declaración indagatoria ante los tribunales
argentinos, manifestando su deseo de no ser extraditado, no puede hacer
suponer que ante la posibilidad de ser extraditado se daría a la fuga,
razonamiento que no parece encontrarse respaldado por ninguna conducta del
imputado en tal sentido ya que en todo caso, puede presentarse o considerarse
como una maniobra dilatoria, sin el alcance que se pretende darle.
Al respecto, me permito incurrir en una repetición de cuestiones
o circunstancias ya señalas y así afirmar que el imputado no desoyó
absolutamente el llamado de la justicia uruguaya. Por el contrario, al ser
llamado y citado procedió a presentarse por intermedio de su abogado
defensor, pretendiendo justificar su inasistencia, no correspondiendo en esta
instancia valorar y calificar la conducta de Vandenbroele como una
demostración concreta de sustraerse de la acción de la justicia y su intención y
decisión manifiesta de proceder a fugarse, entendiendo que corresponde que
sea el Juez requirente quien proceda a darle un sentido y valoración de lo
actuado por el imputado. Darle la interpretación que se pretende es ir más allá
de cualquier intencionalidad y arrogarse facultades que no corresponde.

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En ese sentido, es el Juez quien debe indicar las razones
objetivas que permitan sostener que aquel obstruirá los fines del proceso, de
manera tal que “si los magistrados que entienden en la causa no tienen la
posibilidad de demostrar que existe suficiente evidencia de una eventual
intención de fuga u ocultamiento, la prisión preventiva se vuelve
injustificada” (informe 2/97 de la C.I.D.H., párr. 30), observándose que los
extremos que el Juez da por acreditados en su resolución no se condicen con
las constancias agregadas a la causa que denotan todo lo contrario con relación
al arraigo de Vandenbroele.
El artículo 319 del C.P.P.N., expresamente establece que podrá
denegarse la excarcelación cuando la valoración de los hechos, la posible
reincidencia y las condiciones personales del imputado hicieren presumir
“fundadamente” que el mismo intentará eludir la acción de la justicia o
entorpecer la investigación.
Cabe recordar que la C.S.J.N. ha señalado que “la
excarcelación procede como garantía constitucional y no como simple
concesión de la ley penal de forma (ver C.S.J.N., “Gotelli, Luis, 07/09/93;
E.D. del 27/11/93), lo que coincide con la opinión de Julio Maier cuando nos
dice que la libertad locomotora de las personas es un derecho individual que
garantiza nuestra Constitución Nacional y uno de los pilares del régimen
republicano que adopta para su gobierno. (Cuestiones fundamentales sobre la
libertad del imputado y su situación en el proceso penal”, pág. 23, ed. Lerner,
Año 1981).
No escapa a nuestro criterio la normativa vigente para los casos
de extradición y si bien sus disposiciones deben ser acatadas por los órganos
judiciales competentes, no por ello también el procedimiento allí dispuesto
debe ser cumplido y respetado previamente de manera automática a su
resolución. Así la Ley 25.304, art. 22 legisla sobre la extradición simplificada
en forma clara y precisa disponiendo que dicho trámite solo podrá concederse
si la persona reclamada, con debida asistencia letrada, prestase una expresa
conformidad en ser entregado a la parte requirente.
Practicado un análisis generalizado de las razones y
fundamentos de la conclusión negativa respecto de la pretensión liberatoria, se
puede concluir que su decisión final descansa en la “la penalidad prevista para

el delito que le es imputado a Vandenbroele, su carencia de empleo, familiares
o personas allegadas, domicilio fijo, la posibilidad de acceder a medios
económicos que le permitan darse a la fuga, su manifiesta negación a ser
extraditado y demás circunstancias relatadas”, lo que así expresa en su
resolución de fecha 27/02/2015 obrante a fs. sub 60/62 de los presentes
obrados, las que a tenor de las constancias arrimadas se encuentran
desvirtuadas luego de cumplimentadas las medidas propuestas por el Fiscal
Federal.
La circunstancia señalada por el Aquo de que el imputado
hubiera manifestado que no deseaba ser extraditado y que su detención
resultaba innecesaria y desproporcionada, a mi criterio, no reúne y no cuenta
con entidad suficiente que merezca la interpretación que pretende darle el A
quo, como una decisión firme de someterse a los dictados de la justicia
uruguaya, toda vez que además de resultar una manifestación propia de
cualquier persona involucrada en una causa judicial que manifiesta su
disconformidad y desaprobación de una decisión judicial que lo somete al
proceso por considerarla innecesaria y por tal carente de toda intencionalidad,
es lógico y razonable entender que es la posición que normalmente adoptaría
todo aquel que se encuentre imputado en un delito, sea culpable o inocente, no
dejando de ser una mera afirmación carente de todo sustento factico que
merezca ser considerado en los términos y alcances que se le ha dado.
Pues resulta evidente que en la presente causa el Aquo no ha
efectuado un pormenorizado análisis de los datos objetivos y subjetivos que
deben tomarse en cuenta al momento de conceder o negar la excarcelación al
imputado previstas en nuestro ordenamiento procesal pudiendo advertirse que
los criterios expuestos por los que se deniega la excarcelación no resultan
pertinentes, ni aun en su conjunto, para dar por acreditados los riesgos
procesales invocados.
Así, se ha dicho que no cumple con el requisito de
fundamentación el auto que deniega la excarcelación ya que en virtud del
principio de mínima intervención es preciso que el Juez demuestre y
especifique las razones por las cuales la prisión preventiva no puede ser
sustituida por un modo de intervención menos lesivo para el imputado que
permita asimismo garantizar una eventual ejecución de la pena (“Vitulli,

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Giuliano”, C.N.C.P., Sala IV, reg. 14.3564, causa Nº 13.118, 23/12/2010), y
que no se encuentra fundamentado el fallo que deniega la excarcelación del
encausado toda vez que las justificaciones dadas resultan insuficientes para
construir la idea de que el imputado pretenderá eludir la acción de la justicia,
no habiéndose analizado adecuadamente los riesgos procesales de elusión y
frustración del proceso, sino únicamente se fundaron en formulas genéricas,
todo lo cual resulta insuficiente para el mantenimiento de la medida cautelar
(C.N.C.P., Sala IV “Tolaba”, 28/10/2010, reg. 1664.10.3, causa 12946).
En ese sentido es dable señalar que las razones expuestas por el
Aquo como indicativas de la decisión del imputado de no someterse a la
acción de la justicia y darse a la fuga, como su falta de arraigo al carecer de
familiares y demás personas allegadas a su entorno, su incierto domicilio, su
posibilidad de acceder a medios económicos que le permitan darse a la fuga,
su manifestación negativa a ser extraditado, no son por si suficientes para
negar la posibilidad de que el imputado pueda seguir gozando de su libertad
mientras se tramita la causa.
Por todo lo expuesto, entiendo que no existen incorporadas a la
causa razones o circunstancias que permitan afirmar a ciencia cierta en forma
concreta la posibilidad de que el imputado, una vez liberado, trate de eludir la
acción de la justicia y proceda a fugarse.
Es dable destacar que la Corte Interamericana de Derechos
Humanos ha sostenido que las características personales del supuesto autor y
la gravedad del delito que se le imputa no son, por si mismos, justificación de
la prisión preventiva (Caso Bayarri vs. Argentina, 30/10/2008), razón por la
cual no configuran por si solos un parámetro objetivo para presumir que el
encausado, en caso de recuperar su libertad, intentará eludir la acción de la
justicia (conf. C.F.C.P., Sala II, reg. 1134/14, “Inostroza, Leonardo”,
17/06/2014).
Siendo ello así cabe afirmar que si bien la defensa tiene a su
cargo ofrecer elementos de juicio que ilustren al tribunal sobre las
circunstancias que despejarían el temor de fuga del imputado, compete a la
fiscalía o eventualmente al tribunal establecer la inexistencia de arraigo y
vínculos personales y laborales cuando la defensa ha ofrecido informaciones
para indagar esos extremos porque la carga de demostrar el riesgo de fuga y de

fundamentar la necesidad de continuación de la medida cautelar fundada en
ese riesgo, recae sobre las autoridades estatales y no sobre la defensa (conf.
Ppio. Nº 12 de los Principios de Siracusa sobre las Disposiciones de
Limitación y Derogación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, Doc. ONU/ C.N., 4/1985/4, que establecen que la carga de justificar
una limitación a un derecho garantizado por el pacto incumbe al Estado (conf.
voto del Dr. Luis García, causa Nº 11.242, Sala II, caratulada “Gasser, Rubén
Arnaldo”, reg. 15043, 02/09/09; C.N.C.P., Sala II, causa 13.106, “Almada
Rubén”; 02/11/2010.)
V. Atento a los fundamentos expuestos, concluyo que
corresponde conceder la excarcelación bajo caución real, la que este Tribunal
estima procedente fijar en la suma de PESOS CUATROCIENTOS MIL
($400.000) y, a los fines de asegurar el sometimiento del imputado al
procedimiento extraditorio, fijarse las condiciones que aseguren el mismo
intertanto se sustancie el mencionado tramite, siendo las mismas: la retención
del o los pasaportes que pudiere tener a su nombre como así también de
cualquier otra documentación que lo habilite a salir del país; comparecer
semanalmente al Juzgado Federal de la jurisdicción del domicilio constituido
en calle Quirno Costa Nro. 1273, tercer piso, Depto. B, CABA, bajo
apercibimiento de ordenarse su inmediata detención en caso de
incumplimiento; oficiar a las Fuerzas de Seguridad de frontera para evitar la
salida hacia los países limítrofes que no requieran el uso de pasaporte y
comunicar, a través del Juzgado “Aquo”, lo aquí resuelto a los Juzgados
Federales de Capital Federal, en donde tramitan las causas penales seguidas
contra el requerido Alejandro P. Vandenbroele.
Tal es mi voto.
VOTO DEL SEÑOR JUEZ DE CAMARA SUBROGANTE
DOCTOR HECTOR FABIAN CORTES (adhesión y ampliación de
fundamentos):
I Que comparto la relación de causa efectuada por el
distinguido colega preopinante, Dr. Carlos A. Parra y luego de un análisis de
la causa, adhiero a la solución por él propuesta, en base a las consideraciones
que se pasan a detallar.

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                   II Que el pedido de extradición en la República Argentina no
implica necesariamente la privación de la libertad de la persona cuya
extradición es solicitada; antes bien la posibilidad de continuar en libertad se
apreciará de conformidad con las reglas procesales y penales de nuestro país.
                   III – Que así las cosas, de conformidad con lo estipulado por el
art. 316 del CPPN, cabe advertir que el delito enrostrado en el vecino país está
punido por nuestro Código Penal con una escala penal que permite
excarcelación. De esta manera y en una primera apreciación se puede predicar
que nuestra legislación prevé el riesgo procesal como nulo para el delito de
lavado de dinero, salvo excepción de reincidencia. En consecuencia, el mismo
delito, imputado en Argentina, sería excarcelable.
IV – Que por otra parte, analizando la situación del Sr.
Vandenbroele desde la óptica del art. 319 del CPPN, no se advierte elementos
serios que acrediten la existencia de riesgo procesal de fuga o entorpecimiento
de la investigación.
                   V – Que en tal sentido, cabe advertir que encontrándose imputado
el Sr. Vandenbroele en varios juzgados federales en Argentina, ninguno de
ellos ha pedido su captura ni ordenado su prisión preventiva. Solo, y es lo
relevante, la prohibición de salir del país, restricción esta que nunca fue
infringida por el encartado. Es decir que cumplió con un mandato judicial de
la Justicia Argentina.
                VI – Que a dicha circunstancia se suma la existencia de dos
domicilios demostrativos de arraigo suficiente.
                               En efecto, no puede soslayarse que la Justicia de Familia
de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Mendoza, le otorgó
al imputado un régimen de visitas por el cual tendría contacto con su hija
menor de edad en un domicilio de Luján de Cuyo (Vistalba Country)  y otro
en la ciudad autónoma de Bs. As. en la calle Quirno Costa (según
documentación acompañado por su defensa técnica).
Es también con este último domicilio con el que se
sometió al proceso en las causas penales que se le siguen ante la Justicia
Federal de la Capital Federal.

Conforme a ello, la afirmación fiscal de que carece de
domicilio estable, solo trasunta una particular visión de cómo debería residir
una persona sin pareja o sola, lo que no constituye un elemento relevante para
el derecho, aunque pueda serlo para la moral de quien así piensa.
VII   Que el régimen de visitas aludido en el párrafo
anterior también deja traslucir que el Juez de Familia tiene por válida y real tal
residencia. En consecuencia, si el domicilio es válido para la justicia
especializada en temas de niñez, con más razón para lo debe ser para la
justicia penal.
VIII Que en lo que atañe a la fuente de ingresos o los
ingresos mismos, si la investigación se centra en ellos, tampoco pueden
constituir un obstáculo que impida la excarcelación (art. 280 CPPN). Es que
los modos  de ganarse el sustento son varios y, en este caso en particular, el
mayor valor de los bienes inmuebles o el nulo valor de los ingresos los hace
jugar el Ministerio Público de manera tal que, cualquiera sea el resultado de
dicho interrogante, se deniegue la excarcelación.
IX – Que también resulta relevante, a los fines de
decidir la procedencia de la excarcelación solicitada, que tanto los Juzgados
Federales como Penales Tributarios, al tomar conocimiento del presente
pedido de extradición (al oficiarse según las medidas solicitada por el fiscal de
la jactancia anterior), no adoptaron ningún tipo de diligencias para asegurar el
sometimiento de Vandenbruele en tales procesos. Antes bien, consideraron y
determinaron que ello estaba suficientemente asegurado con la prohibición de
salida del país del imputado.
X – Que por último, puede considerarse que en las
presentaciones efectuadas por la defensa en la sede del tribunal uruguayo
implican un sometimiento al proceso de aquel país, en tanto que ofreció y ello
es posible prestar indagatoria en nuestro país en la causa de la justicia
uruguaya. Ello a pesar de que el juez uruguayo optó por el proceso de
extradición, lo que en definitiva será resuelto en el expediente respectivo.
XI – Que a modo de colofón de lo expuesto en los
párrafos anteriores, se puede afirmar que para decidir el presente recurso, y
por ende de la excarcelación denegada en primera instancia, resultan de

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aplicación las reglas de los arts. 316, 317 y 319 del CPPN y, atento a que el
Ministerio Fiscal no ha probado suficientemente la necesidad de conjurar el
riesgo de fuga o la insuficiencia de otros medios coercitivos menos lesivos de
la libertad, razón por la cual debe otorgarse la excarcelación del Sr.
Vandenbroele, bajo las siguientes condiciones: 1º) Prohibición de salir del país
sin autorización judicial, para lo cual se le retendrá el pasaporte argentino. 2º)
Presentación personal semanal al Juzgado de su domicilio en la Ciudad de
Buenos Aires. 3º) Oficio a las Fuerzas de Seguridad para evitar la salida del
país a otros limítrofes que no requieran el uso del pasaporte. 4º) Caución real
de $ 400.000. 5º) Comunicar a través del Juzgado “aquo comunicar lo aquí
resuelto a los Juzgados Federales de Capital Federal, en donde tramitan las
causas penales seguidas contra el requerido Alejandro P. Vandenbroele.
          XII. Que en sentido similar a lo aquí decidido resolvió,
con fecha 23 de mayo de 2014, la Sala “A” de la Cámara Federal de
Apelaciones de Córdoba, en autos Nº FCB 28045/2013/1/ca1, caratulados:
“Incidente de Excarcelación a favor de LEDEZMA, Javier Edgardo por
EXTRADICION” (Resolución firmada por los Dres. Ignacio María Vélez
Funes y José Vicente Muscará – Ante Secretario de Cámara, Dr. Rodrigo
Altamira).
         Así dejo expuesto mi voto.
VOTO DEL SEÑOR JUEZ DE CAMARA,
DOCTOR JUAN ANTONIO GONZALEZ MACIAS (en disidencia):
          I. Que luego de ser elevado el expediente a la Alzada, a
fs. sub 100/112, los Dres. Germán Soria y Miguel Dávila Saffe presentaron
informe escrito sustitutivo de la audiencia oral, oportunidad en la que indican
que la resolución cuestionada no se encuentra debidamente motivada, de
acuerdo a lo previsto en el artículo 123 del Código Procesal Penal de la
Nación, y también que resulta arbitraria porque se efectúa una errónea
aplicación de la normativa involucrada y una inobservancia del encuadre
fáctico del caso.
Refieren que, aunque comparten la declaración de
inconstitucionalidad del artículo 26 de la ley 24.767, disienten con las
consideraciones que realiza el magistrado al evaluar las circunstancias

objetivas y subjetivas que rodean la detención de su defendido, así como
también las conclusiones relativas al riesgo procesal de peligro de fuga.
Indican, en relación a la gravedad del ilícito imputado,
que la escala penal de lavado de activos en la República de Uruguay, oscila
entre los 20 meses y los 10 años de prisión, por lo que el beneficio de
excarcelación resulta procedente en función a las normas nacionales e
internacionales que regulan el instituto. Citan informe nº 35/07 de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos y jurisprudencia en apoyo de sus
dichos.
Estiman que la única razón esgrimida por el “aquo”
para denegar la libertad de Vandenbroele ha sido el riesgo de fuga y a partir de
ello asume una fundamentación aparente, omisiva, global y contradictoria en
la que basa la decisión de mantener la prisión de su asistido.
Manifiestan que el Inferior de grado, al analizar la
incomparecencia a las audiencias fijadas por la justicia Uruguaya sostuvo que
su cliente no había justificado su accionar en la existencia de una orden
judicial dispuesta por el Juzgado Nacional en lo Comercial nº 8 de la Capital
Federal, en los autos nº 94.173, que le hubiera impedido salir de la República
Argentina.
Expresan que ciertamente Vanderbroele tiene en la
actualidad varios procesos en trámite, algunos de los cuales son conocidos
públicamente como es el caso “Ciccone”, donde tiene prohibición de salida
del país, la causa nº 1999/2012 caratulada “Boudou Amado s/
Enriquecimiento Ilícito” seguido ante el Juzgado Federal en lo Criminal y
Correccional nº 4 de la Capital Federal, entre otros, en los que debe recibirse
declaración indagatoria.
Por ello, entienden que su defendido está sometido a la
jurisdicción de cuatro expedientes penales desde hace aproximadamente 3
años y en todos los casos se ha presentado a derecho, colaborando con la
investigación, con medidas restrictivas para salir del país pero sin haberse
determinado la necesidad de ser privado de su libertad, toda vez que en todos
los actos procesales por los que fue requerido se ha presentado.
Recalcan que una de las prohibiciones de salir del país
jugó un rol fundamental en la imposibilidad material que tuvo Vandenbroele

FMZ 1832/2015/1/CA1
de concurrir a la justicia Uruguaya en la primera de las citaciones y esa causa
no fue ni es imputable a su asistido, por no ser una negativa voluntaria de
someterse al proceso seguido en su contra, como sostiene el Sr. Juez “aquo”.
Expresan que tampoco pueden considerarse en su contra
sus dichos, relativos a que no deseaba ser extraditado a la República Oriental
del Uruguay, toda vez que ello no puede justificar la negativa de la viabilidad
del instituto de la excarcelación, debido a que ello es un sentimiento natural de
cualquier persona y no una presunción de sustracción a la acción de la justicia.
Indican que basta observar la conducta de Vandenbroele
a lo largo de los últimos tres años, donde –como hombre de derecho se ha
sometido a la jurisdicción y ha colaborado con el proceso.
Entienden que debe efectuarse una consideración
jurídica especial del caso, con la verificación de los estándares que se
proponen respetar para asegurar la libertad durante el proceso. Así refieren
que su cliente es abogado, que se ha presentado a derecho en el proceso
seguido por el Juez requirente y a la vez ha formulado una petición que se
fundó en tratados internacionales y el sometimiento a cuatro procesos en
nuestro país.
Refieren que ese planteo fue realizado por su abogado
defensor uruguayo y existen elevadas probabilidades de que la extradición
no sea aceptada o que al menos sea demorada hasta tanto se resuelva la
situación procesal en las causas en trámite en la Argentina.
Indican que, tal como se presenta el caso, es imposible
escindir la detención de la extradición, en cuanto que la privación de su
libertad garantiza al Estado requirente su entrega, en el supuesto de que la
extradición sea viable y por ese motivo debe valorarse el escenario que se
presenta desde el punto de vista que refieren.
Agregan que, con la certeza de que su defendido deberá
permanecer por un tiempo indeterminado sometido a cuatro procesos penales
en la República Argentina, resulta razonable analizar que más allá de las
defensas intentadas en la extradición, para el hipotético caso que se admita
judicialmente, existe un elevado grado de probabilidad que se aplace esa

extradición, conforme lo concertado recíprocamente por ambos Estados, como
lo han acordado en el art. 18 del Convenio celebrado oportunamente.
Manifiestan que ello no obstaculizaría la investigación
que se realiza en el Estado requirente, por cuanto los plazos de prescripción se
suspenden y se paralizan los del proceso en relación a su defendido por lo que
no existiría perjuicio alguno.
En relación a la falta de sometimiento al proceso
valorada por el Juez “aquo”, debería tener en cuenta la actitud asumida en las
causas seguidas en la justicia argentina, apreciando datos y conductas
efectivamente realizadas.
Indican que se ha merituado la voluntad de su cliente de
oponerse a la extradición como un dato negativo o peligroso para el caso,
colocando al requerido ante la coacción moral de tener que elegir entre ser
extraditado de manera simplificada a cambio de su libertad o soportar todo el
juicio de extradición y la etapa administrativa en prisión, resultando
intolerante desde el ejercicio de defensa en juicio y la igualdad ante la ley, por
traducirse la negativa en presunción en su contra.
Luego enumeran circunstancias particulares del caso a
las que se hace remisión “brevitatis causae” y manifiestan que si se analiza
adecuadamente, queda acreditado que su pupilo se ha sometido a la
jurisdicción argentina y no existe peligro de fuga.
Indican cuestiones que entienden dirimentes para la
solución del caso, tales como que Vandenbroele es una figura públicamente
conocida, lo que disminuye notoriamente cualquier posibilidad de fuga; que en
el acta de la audiencia inicial de la extradición se analizan parcialmente sus
dichos y que se ha sometido a la jurisdicción desde el año 2012.
Cuestionan la valoración efectuada por el “aquo” de sus
dichos relativos a que estaba pasando un momento de vacaciones y ejercía la
abogacía esporádicamente, brindando justificaciones que se tienen aquí por
reproducidos en honor a la brevedad.
Luego hacen una valoración de los dichos de su pupilos
relativos a los domicilios que posee (punto 12), del arraigo procesal valorado
por el sentenciante (punto 13), y de la fuente de ingresos que justifiquen el
modo de vida (punto 14).

FMZ 1832/2015/1/CA1
Señalan que el fallo ha omitido analizar la conducta
procesal asumida por el Dr. Vandenbroele de declarar en la Argentina, las
consecuencias del dictado del procesamiento en la causa nº 1302/2012, la falta
de respuesta a la diferencia de los estándares de libertad durante la tramitación
del proceso en Uruguay y Argentina, y al planteo por el que se cuestionó que
el pedido de extradición no estuvo acompañado de un pedido de detención.
Concluyen que por todas esas razones debe concederse
la excarcelación, bajo caución juratoria, y sin embargo el “aquo” ni siquiera
valoró oportuno el ofrecimiento de la real o personal, motivo por el que
solicitan la revocación del dictum cuestionado.
Citan jurisprudencia en apoyo de sus dichos y hacen
reserva de acudir ante la Cámara Federal de Casación Penal.
II. A fs. sub. 114/118 presenta informe escrito el Sr.
Fiscal General ante esta Alzada, quien por los argumentos que allí expone, y a
los que se hace remisión en mérito a la brevedad, solicita el rechazo del
recurso de apelación y la confirmación del auto dictado en primera instancia.
III. Que analizado el caso, a la luz de las cuestiones
propuestas por la defensa de Alejandro P. Vandenbroele, estimo que
corresponde rechazar el recurso de apelación y en consecuencia confirmar la
decisión adoptada por el Juez “aquo” a fs. sub. 60/62 vta. que deniega la
excarcelación del nombrado.
En primer término, corresponde señalar que varias de
las cuestiones propuestas por la parte recurrente son relativas estrictamente al
trámite de la extradición, más que al de la excarcelación. Por lo que a fin de
evitar consideraciones que puedan ser ponderadas a futuro como de
prejuzgamiento, sólo se analizarán aquellas que hacen a la solicitud de libertad
caucionada.
En dicha inteligencia debe resaltarse que la extradición
fue solicitada por la justicia uruguaya, en razón de la incomparecencia de
Vandenbroele en dos ocasiones, al ser citado a prestar declaración indagatoria
en una causa donde se investiga el presunto lavado de activos.
Que dado que el Tratado de Extradición aprobado con el
vecino país, mediante la ley 25.304, no establece una norma específica acerca

de la posibilidad de conceder la excarcelación en el trámite de la extradición,
se debe acudir supletoriamente, y en los términos su artículo 2º, a la ley nº
24.767 de Cooperación Internacional en Materia Penal, el que establece que:
“Si existiera un tratado entre el Estado requirente y la República Argentina,
sus normas regirán el trámite de la ayuda. Sin perjuicio de ello, las normas de
la presente ley servirán para interpretar el texto de los tratados. En todo lo que
no disponga en especial el tratado, se aplicará la presente ley” (la negrita
no está en su original).
A su vez debe considerarse que el artículo 26 que
establece que en el trámite de la extradición no son aplicables las normas
referentes a la eximición de prisión o excarcelación, con excepción de los
casos expresamente allí previstos, fue declarado inconstitucional por el Juez
“aquo”, por estimar que contenía una presunción de fuga “iure et de iure” que
se contraponía con el derecho de defensa de raigambre constitucional que
posee toda persona, así como también que es violatorio del principio de
igualdad ante la ley, decisión ésta que no ha sido cuestionada por el
representante del Ministerio Público Fiscal y obviamente tampoco por la
Defensa, por lo que resulta ajena a la revisión de ésta Alzada.
Debe ponderarse que el artículo 1º de la ley 25.304
establece que: “Las partes se obligan a entregarse recíprocamente, según las
reglas y condiciones establecidas en este Tratado, las personas requeridas por
las autoridades judiciales de la otra Parte, por algún delito o para la ejecución
de una pena que consista en privación de libertad”.
Tal finalidad debe ser cumplida efectivamente por el
país requerido, y es en el trámite de la extradición donde el Magistrado debe
evaluar si se dan los presupuestos de admisión de la excarcelación o si, por el
contrario, ella no procede.
La circunstancia de que el nombrado no se haya
sometido voluntariamente a las citaciones efectuadas por la justicia uruguaya,
motivó que el magistrado requirente iniciara el proceso de extradición (con
pedido de captura internacional), lo que claramente demuestra una falta de
sometimiento al proceso que se lleva adelante en Uruguay, pese a que

FMZ 1832/2015/1/CA1
Vandenbroele hubiere respondido a las diversas citaciones efectuadas por la
justicia argentina –como manifiesta la defensa recurrente.
Expresamente dijo el detenido que no deseaba ser
extraditado a la República Oriental del Uruguay, porque la detención resultaba
innecesaria y desproporcionada. Tales expresiones efectuadas por
Vandenbroele denotan la mentada intención de no someterse voluntariamente
a la justicia uruguaya que lo requiere, debiendo asegurarse que el proceso de
extradición se realice con su efectiva presencia.
El sometimiento que debe garantizarse a través del
trámite de la extradición es a la justicia uruguaya, y no a la argentina, y tal
como se desprende de las manifestaciones vertidas tanto por el detenido como
por la defensa recurrente, no existe tal voluntad, o no puede presumirse por el
momento.
Existen numerosos instrumentos internacionales que
obligan al país a prestar cooperación jurídica en materia penal con Uruguay y
otros Estados latinoamericanos, tales como el Tratado de Extradición con
Uruguay ya referido (ley 25.304), el Tratado de Extradición en Materia Penal
(ley 24.767), el Acuerdo de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales
entre los Estados Partes del Mercosur, la República de Bolivia y la de Chile
(ley 26.004) y la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en
Materia Penal (ley 26.139), por lo que es obligación de la judicatura nacional
extremar los recaudos para garantizar fielmente la cooperación comprometida,
adoptando todas las medidas posibles que hagan a tal fin y ponderando todas
las circunstancias objetivas y subjetivas tendientes a evitar la posibilidad de
fuga que frustre el cumplimiento de la cooperación internacional en materia
penal pactada.
Por último debe recalcarse que en caso de
incumplimiento de la mentada cooperación pactada, por fuga del encausado,
podría la Argentina ser sancionada internacionalmente.
IV. Que la parte recurrente menciona la escala penal
del delito atribuido en Uruguay a Vandenbroele, que va desde los veinte meses
a los diez años y por ello estima que es procedente la excarcelación solicitada
–en correspondencia con lo que establece el artículo 316 del ordenamiento
ritual de nuestro país, pero no repara la defensa que esa valoración debe

efectuarse considerando también las restricciones establecidas por el artículo
art. 319 del mismo cuerpo legal que establece que: “Podrá denegarse la
exención de prisión o excarcelación, respetándose el principio de inocencia
y el artículo 2 de este Código, cuando la objetiva y provisional valoración
de las características del hecho, la posibilidad de la declaración de
reincidencia, las condiciones personales del imputado o si éste hubiere
gozado de excarcelaciones anteriores, hicieren presumir, fundadamente,
que el mismo intentará eludir la acción de la justicia o entorpecer las
investigaciones” (la negrita no está en su original).
Tal valoración es la que ha efectuado adecuadamente el
magistrado de primera instancia para fundar su decisión.
Por otra parte, no se considera que la resolución atacada
contenga una fundamentación aparente, omisiva, global y contradictoria, como
indica la quejosa para justificar la incomparecencia a las referidas citaciones
en el Uruguay, toda vez que, frente a la existencia de varios procesos seguidos
en su contra en la Argentina y ante la supuesta imposibilidad de salir del país,
Vandenbroele debió hacer conocer a la justicia nacional tales citaciones y
solicitar autorización para salir del país a esos fines (más aún considerando su
condición de abogado), circunstancias que no acreditó en el presente pedido
excarcelatorio.
El hecho de que Vandenbroele se haya presentado a
derecho y colaborado con las investigaciones de procesos judiciales seguidos
en Argentina no justifica la incomparecencia a la justicia uruguaya, no siendo
suficiente la presentación por intermedio de su abogado defensor, porque lo
cierto es que su presencia personal ante la Justicia Uruguaya es indispensable
para el desarrollo de los actos procesales para los que ha sido citado.
En consecuencia, estimo que existen suficientes
circunstancias objetivas y personales que evidencian el peligro que significaría
concederle a Vandenbroele el beneficio solicitado, entre las que se resalta
especialmente la demostrada conducta evasiva de sometimiento al proceso en
el vecino país, impidiéndole a la justicia uruguaya asegurar los fines del
procedimiento –descubrimiento de la verdad objetiva y actuación del derecho
y entorpeciendo su normal desarrollo. No resulta procedente que el nombrado

FMZ 1832/2015/1/CA1
pretenda valerse de los beneficios que el derecho le otorga cuando ha
demostrado un claro desprecio por el llamado a la justicia, al no someterse
voluntariamente al proceso.
         Por los fundamentos expuestos, considero que no debe
hacerse lugar al recurso de apelación deducido a fs. sub 65/74 vta. y, en
consecuencia, confirmar la decisión de fs. sub 60/62 vta., que deniega la
excarcelación de Alejandro Paúl Vandenbroele.
         Tal es mi voto disidente.
En virtud de lo expuesto, esta Sala, por mayoría,
RESUELVE: 1º). HACER LUGAR al recurso de apelación planteado por la
defensa a fs. sub 65/74 y vta. y, en consecuencia, revocar el resolutivo
segundo de la decisión de fs. sub 60/62 y vta.. 2º). CONCEDER LA
EXCARCELACION a Alejandro Paúl VANDENBROELE ESCARAY, bajo
la caución real de PESOS CUATROCIENTOS MIL ($ 400.000), debiendo el
Juez Instructor ordenar las medidas precautorias dispuestas en el considerando
V del voto del señor Juez de Cámara Subrogante Dr. Carlos A. Parra
(preopinante), sin perjuicio de aplicar otras medidas que estime pertinentes.
        COPIESE. NOTIFIQUESE.
FIRMADO: Dres. Parra Cortés (con ampliación de fundamentos) González
Macías (en disidencia).

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