La Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito no tomó una decisión final sobre la demanda por los sucesos de octubre de 2003 en Bolivia y no estableció responsabilidad para ninguno de los demandados. Ordenó a la Corte de Distrito determinar si hay evidencia de violaciones al derecho internacional o de una conexión entre los demandados y las muertes bajo responsabilidad de comando, lo cual no existe. También ordenó un nuevo juicio sobre el reclamo de homicidio culposo bajo la ley boliviana. Los demandados confían en que

1. Declaración en nombre del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada
y el exministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín
La Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito ha optado hoy, 3 de agosto, por no tomar una
decisión final en relación a la demanda por los sucesos de Octubre 2003 y no establece
responsabilidad para ninguno de los demandados. Lo que ha hecho ha sido anular las
decisiones de la Corte que atendió el caso y devolver el expediente para procedimientos
adicionales.
Los procedimientos posteriores son dos: primero, la Corte de Apelaciones ordenó a la Corte de
Distrito que atendió el caso que determinara si hay alguna evidencia que demuestre que las
muertes fueron violaciones al derecho internacional, y también si hay alguna evidencia que
conecte a los demandados con cualquiera de las muertes bajo las responsabilidades de
comando. No hay tal evidencia, de hecho, los demandantes ya admitieron que los demandados
no dieron órdenes de disparar y matar a civiles desarmados. En segundo lugar, dictaminó que
debería haber un nuevo juicio sobre el reclamo de los demandantes por homicidio culposo bajo
la ley boliviana.
Estamos convencidos de que no hay ningún sustento que responsabilice a Gonzalo Sánchez de
Losada y Carlos Sánchez Berzaín por las trágicas muertes que ocurrieron cuando se trató de
preservar el Estado de Derecho en el marco de la ley frente a violentas protestas que fueron
instigadas por Evo Morales, entre otros, para derrocar a un gobierno legal y democráticamente
elegido de Bolivia.
Confiamos en el proceso y creemos que los demandados serán exonerados cuando este caso
llegue a su fin.
Washington DC, 3 de agosto 2020