2. 2
INTERNACIONAL
INTERNACIONAL
│Libertad de prensa
En 2020 un número récord de periodistas, por lo menos 274, han sido encarcelados en el mundo,
según el último informe del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en
inglés). A esto se suma también aquellos que han sido arrestados o imputados, así como un
número mucho mayor que han sufrido daños físicos (mayoritariamente a manos de fuerzas
policiales) durante el desempeño de su trabajo. Turquía, China, Egipto y Arabia Saudí, todos ellos
con un poco honroso historial de respeto a la libertad de prensa, son los países con más reporteros
en prisión. Además, Bielorrusia, donde hubo masivas manifestaciones en protestas por la
controvertida reelección de su presidente, y Etiopía, un país que atraviesa un momento
especialmente delicado debido al enfrentamiento armado entre el ejército oficial y las milicias
Tigray, destacan por sufrir el mayor incremento de encarcelamientos. El CPJ encuentra la causa
de esta situación en la “falta de un liderazgo global en cuanto a valores democráticos”,
señalando en particular al presidente Trump en EE.UU., al tiempo que alerta de la preocupante
falta de confianza en los medios de comunicación por parte de la población durante la
pandemia.
│Identificación digital
El impacto que ha tenido la pandemia a nivel económico y social ha acelerado los diversos
programas nacionales de identificación digital de la población, con el fin de facilitar el reparto
de prestaciones sociales a los ciudadanos más desfavorecidos, así como permitir el
establecimiento de un registro fidedigno de población vacunada contra la covid-19. Alrededor
del mundo, 3.400 millones de personas tan solo disponen de un documento de identificación
analógico y más de mil millones de personas no tienen ningún tipo de documento oficial a su
nombre (un 80% de las cuales viven en África Subsahariana y el Sudeste Asiático). Las mujeres, los
habitantes de zonas rurales y los más pobres son las principales afectados por esta situación. Un
paradigmático caso de éxito en ponerle fin a este problema es el de India, que lanzó Aadhaar,
un pionero sistema de identificación biométrica, en 2014, y ha logrado incluir a más de 1.200
millones de personas en su base de datos. Tomándolo como ejemplo, se ha creado MOSIP, una
plataforma de código abierto para el establecimiento de programas nacionales de
identificación, bajo el que Marruecos, Filipinas, Guinea y Sri Lanka, entre otros, están basando sus
planes, apoyados por bancos de desarrollo y asociaciones filantrópicas privadas. No obstante,
todo tipo de países, no solo aquellos en desarrollo, se podrían beneficiar de la implantación de
sistemas similares. Según un estudio de la consultora McKinsey, centrado en siete naciones entre
las que se encontraban Reino Unido y Estados Unidos, la adopción de documentos de identidad
digitales podría tener un impacto económico positivo de entre el 3 y el 13% del PIB.
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LATINOAMÉRICA
LATINOAMÉRICA
│La pandemia asesta un duro golpe a la región
La semana pasada la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) ha publicado
su informe anual en el que examina el comportamiento económico de la región durante el 2020
e incluye previsiones para los próximos años, todo ello duramente impactado por la crisis derivada
de la covid-19. En conjunto, la región ha experimentado una contracción del 7,7% del PIB en el
presente año, en un contexto de masivo desempleo, ya que se han perdido 47 millones de
empleos (equivalente a un aumento de 3 puntos en la tasa de desocupación, hasta el 11%), y de
un retroceso mayúsculo en la lucha contra la extrema pobreza, que ahora afecta a casi 29
millones de latinoamericanos (un 4,4% de la población). En 2021 la economía regional crecerá un
3,7%, un dato positivo pero que no supone sino un “rebote estadístico” y será insuficiente para
recuperar los niveles de actividad económica previos a la pandemia, algo que se estima no se
logrará hasta 2024. Esto aviva los temores a que finalmente se dé una “década perdida”, es decir,
un periodo sin crecimiento económico, ya que al impacto de la pandemia se suma los años
previos de reducidísimos aumentos anuales del PIB (0,3% de promedio entre 2014 y 2019). Según
la CEPAL, hay cuatro factores de los que dependerá la rapidez de dicha recuperación: la
intensidad y propagación de las sucesivas olas de contagios, la distribución de las vacunas, la
permanencia de los estímulos fiscales y monetarios, y las tensiones sociales que puedan surgir. Esta
última es una de las principales preocupaciones de los gobiernos de la región, dada la ola de
históricas protestas que, como se recordará, ha tenido lugar en un amplio número de países
latinoamericanos desde 2019.
│Una recuperación desigual
Tanto su comportamiento ante la pandemia como las perspectivas de recuperación varían
mucho entre las distintas economías de la región. En las grandes zonas la más afectada será el
Caribe, especialmente golpeado por las limitaciones al turismo internacional, que se contraerá
de media un 7,9% en 2020, aunque también tendrá el mejor dato en 2021, un crecimiento del
4,2%. En América del Sur, que en conjunto verá como su economía se reduce un 7,3% en el
presente año, destacan varios países por las fortísimas caídas de sus respectivos PIB: Venezuela
(30%), que arrastra gravísimos problemas económicos y políticos, Perú (12,9%), uno de los más
afectados a nivel sociosanitario por la pandemia y Argentina (10,5%), que ha experimentado un
default de sus obligaciones externas en el 2020. Sin embargo, Perú será uno de los que más rápido
se recuperarán en 2021 (con un crecimiento del 9%) gracias a la aplicación de unos de los
paquetes de estímulos fiscales más generosos de la zona. Le siguen, Panamá (5,5%), Bolivia (5,1%)
y República Dominicana (5%) y Chile (5%). En el caso de la primera economía latinoamericana,
epicentro mundial de la pandemia junto con India y EE.UU, la recuperación será lenta; para el
4. 4
2021 la CEPAL estima un crecimiento de tan solo un 3,2%. Estas diferencias se deben también a la
composición sectorial de las economías y a lo saneadas que estaban sus cuentas en el momento
del impacto de la pandemia. En general, aquellos países con más capacidad para aplicar
paquetes de estímulos monetarios y fiscales experimentarán una reactivación de la actividad
económica más rápida.
COLOMBIA / VENEZUELA
│Se agrava el caos fronterizo
Un informe publicado la semana pasada por la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), un
organismo colombiano especializado en seguridad, alerta del preocupante aumento de la
violencia y deterioro de los derechos humanos en la frontera entre Colombia y Venezuela. Es bien
sabido que en ese territorio de 2.219 kilómetros, con apenas ocho pasos fronterizos y decenas de
caminos informales, proliferan grupos armados, narcotráfico y contrabando. No obstante, en los
últimos meses la situación se ha deteriorado de forma muy preocupante; en los 24 municipios
colombianos que lindan con el país vecino han sido asesinadas este año casi 500 personas, 1.400
tuvieron que desplazarse y se registraron al menos 13 secuestros. En cuanto al lado Venezolano,
se desconocen estas cifras por la falta de información de las autoridades pero todo apunta a que
serán incluso peores. Para la Fundación una de las causas fundamentales detrás de este drama
es el avance del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última guerrilla activa en el país andino,
que busca fortalecer su presencia en ambos lados de la frontera. La guerrilla ha aprovechado
una serie de factores para aumentar su control en la zona este año. Por una parte, el aislamiento
obligatorio producto de la pandemia por la covid-19 le ha permitido realizar avances militares y
aumentar “el control social violento”. En segundo lugar, el informe destaca el fuerte ataque que
las fuerzas militares de Venezuela han desplegado en territorio fronterizo contra grupos vinculados
al paramilitarismo o herederos de este. De hecho, no se descarta incluso la existencia de una
acción conjunta entre el ELN y las fuerzas militares venezolanas en algunas zonas como el territorio
fronterizo de Arauca y Apure. A esa inestabilidad se suma la dificultad generada por un flujo
migratorio sin precedentes. Entre 2012 y 2020, casi 2,8 millones de venezolanos ingresaron en
Colombia, según datos oficiales, huyendo de la crisis humanitaria de su país de origen.
GUYANA
│Respuesta contundente
El número total de contagiados de covid-19 en Guyana es excepcionalmente bajo (6.125 casos
a 21 de diciembre, un 0,75% de la población total) si bien todo apunta que estas cifras
probablemente estén por debajo de las reales a causa de la falta de medios materiales para
hacer un adecuado seguimiento de la epidemia. El gobierno de Irfaan Ali, en el cargo desde
agosto tras una larga pugna con el PPP de Bharrat Jagdeo, ha adoptado numerosas medidas de
contención tales como el confinamiento domiciliario, el cierre de comercios y el de fronteras así
como la suspensión de las clases en centros educativos. En el plano económico, con el fin de
impulsar la recuperación, el ejecutivo amplió en septiembre el presupuesto con un gasto adicional
5. 5
de emergencia por 1.600 mill.$ destinado principalmente a apoyar a los sectores industriales, de
infraestructuras, a la educación y la sanidad. Como resultado se prevé que el déficit público se
duplique este año con respecto a 2019 hasta alcanzar el 5,6% del PIB, si bien el desequilibrio no es
muy preocupante gracias a la baja deuda pública (33% del PIB a finales de 2019) y a las
prometedoras perspectivas de la industria petrolera. Entre las medidas fiscales destacan la
eliminación temporal del IVA al material sanitario, al agua, a la electricidad, a los equipos
industriales y a los viajes aéreos domésticos y la distribución de 120$ por hogar para aliviar la falta
de ingresos. Además, la Corporación Azucarera de Guyana, el buque insignia del sector, será
recapitalizado. En cuanto a la política monetaria, el Banco de Guyana ha reducido los requisitos
de reservas en 2 puntos porcentuales y los de liquidez en 5 al tiempo que ha concedido una
moratoria a los bancos para la clasificación de créditos impagados como morosos. Además, los
bancos comerciales realizarán préstamos a tipos concesionales para financiar tanto el fondo de
maniobra de las empresas como los créditos al consumo hasta una determinada cuantía.
│El petróleo: la gran esperanza
Como se recordará, durante una exploración submarina, Exxon Mobile, el gigante del petróleo
estadounidense, descubrió en 2016 inmensos yacimientos bajo el suelo marino de Guyana. Este
descubrimiento se ha convertido en el motor de la política guyanesa actual y en la gran
esperanza del futuro del país. Sin apenas haber comenzado la explotación, y pese la caída del
petróleo a raíz de la pandemia (el Brent llegó a valer menos de 20$ en abril), El FMI prevé que la
economía guyanesa crecerá nada menos que un 26,2%. Con uno de los puntos de equilibrio más
bajos del mundo dentro de los yacimientos offshore, estimado por debajo de los 40$ por barril, se
espera una producción diaria de 750.000 barriles a partir de 2025. Igualmente, las reservas suponen
unos 8.000 millones de barriles en la actualidad, si bien se espera que aumenten a medida que
avance la exploración. Esta combinación de factores implican que Guyana pasará a ser uno de
los países referentes de la industria: en 2028 se convertirá en el undécimo productor mundial con
una extracción de 1 millón de barriles al día. Ahora bien, la situación no es tan idílica como
parece. Como viene siendo habitual cuando comienza las actividades de prospección y
explotación del oro negro, ya han surgido las primeras disputas con Exxon sobre el reparto de las
rentas petroleras. De acuerdo al contrato firmado en 2016, la empresa estadounidense obtendrá
un retorno de su inversión que excede con creces lo que viene siendo habitual en el sector lo que
ha generado cierto malestar entre amplios sectores de la población. Guyana se quedará con el
52% de todos los ingresos mientras que, de acuerdo al FMI, lo habitual suele ser entre un 65 y un
85%. Por tanto, aunque la situación del país invite al optimismo, el desarrollo de estos nuevos
recursos es un desafío que pondrá a prueba la capacidad de Guyana de lograr que la riqueza
petrolera se traduzca en tasas de crecimiento mayores y mejoras en el bienestar de la población
a medio-largo plazo.
6. 6
ASIA
MALASIA
│Aprobación in extremis de los presupuestos generales
Por un escasísimo margen de solo tres votos a favor (111 frente a 108), el gobierno que dirige el
Primer Ministro Muhyddin Yassin, consiguió, el pasado día 15 de diciembre, aprobar en la cámara
baja los Presupuestos Generales correspondientes al año 2021. La pérdida de la votación hubiera
tenido los mismos efectos que una derrota en una moción de censura y Yassin, quien sólo lleva
nueve meses en el poder apoyado en una muy exigua mayoría parlamentaria, hubiera tenido
que presentar su dimisión. La agencia de calificación Fitch degradó, el pasado día 5 de
diciembre, el rating crediticio de Malasia (de A- a BBB+), basándose en las dificultades futuras del
gobierno para sacar adelante las medidas económicas debido a su limitada mayoría en el
parlamento. Por lo tanto, el resultado de la votación del pasado día 15 quizás haga a Fitch
replantearse ese argumento. La citada agencia de rating también justificó su decisión en el riesgo
de que se produzca un aumento sustancial de la deuda pública en los próximos ejercicios. En
Malasia la deuda pública no puede, por ley, sobrepasar el 55% del PIB. Sin embargo, y en atención
a las necesidades especiales ocasionadas por la pandemia, el gobierno ha sido autorizado por
el parlamento para sobrepasar ese umbral máximo en 2021, ejercicio en el que se prevé que la
deuda pública se eleve hasta el 67% del PIB. Según Fitch, se trata de un nivel que ya empieza a
ser alto para un país como Malasia, donde una quinta parte de sus ingresos públicos procede de
los hidrocarburos y que cuenta con una base impositiva que se ha limitado desde que en 2018 se
decidió suprimir el IVA introducido unos pocos años antes. En el lado positivo, el país cuenta con
uno de los mercados nacionales de deuda más profundos y desarrollados del Sudeste Asiático,
gracias a lo cual un porcentaje muy importante de la misma está denominado en moneda local,
el ringgit. Malasia cuenta también con una economía bastante diversificada, en la que, además
del petróleo, destacan el aceite de palma, del cual es, tras Indonesia, segundo productor
mundial, así como una industria electrónica y de componentes informáticos competitiva y muy
integrada en las cadenas mundiales de valor.
EUROPA DEL ESTE - CEI
GEORGIA
│Del ejemplo a la protesta
A comienzos de año, la gestión de la pandemia del gobierno del partido Georgian Dream (GD)
fue, en líneas generales, satisfactoria. Algo que convirtió al país caucásico en un ejemplo de
7. 7
gestión. Sin embargo, desde agosto se ha producido un pronunciado deterioro. Hasta el
momento, se han registrado 2.140 fallecimientos y algo más de 200.000 contagiados. Unas cifras
que obligaron al gobierno a introducir contundentes medidas el pasado 28 de noviembre,
revirtiendo la apertura gradual puesta en marcha el pasado mayo. Estas van desde el toque de
queda nocturno, pasando por el cierre del transporte público en las principales ciudades del país,
y hasta el cierre de negocios no esenciales e instituciones educativas. En el aspecto económico,
los pronósticos del FMI esperan una contracción del 5% del PIB, si bien es posible que acabe siendo
incluso mayor. Ante este escenario, el gobierno ha aprobado varias iniciativas en un intento de
mitigar el impacto de las nuevas medidas restrictivas de la actividad y que supondrán un gasto
equivalente al 2% del PIB. En cuanto a la política monetaria, el Banco Central ha llevado a cabo
medidas para potenciar el capital y la liquidez disponible en el sistema bancario al tiempo que
ha realizado importantes inyecciones de divisas para evitar una depreciación violenta del Lari,
cuyo valor ha descendido un 16,7% frente al dólar desde marzo. Las medidas para aliviar los
dramáticos efectos de la pandemia han sido bien valoradas por la ciudadanía y explican su
victoria en las elecciones parlamentarias de 2020 por el 48,15% de los votos, en un contexto de
fuerte polarización social. La oposición, que ha lanzado acusaciones de fraude, no parece
dispuesta a aceptar los resultados y reclama una repetición o un nuevo recuento de los votos.
Unas acusaciones que, sin embargo, no comparten los observadores internacionales que
monitorizaron las elecciones. De hecho, los partidos de la oposición, que suman mayoría en el
parlamento, han firmado un acuerdo en el que se comprometen a no aceptar los resultados lo
que ha desatado una fuerte oleada de protestas. La población demanda una reforma de la ley
electoral para hacerla más proporcional. Además, exige también al partido en el poder que
endurezca su actitud frente a Rusia, un actor internacional con mala reputación en el país.
UCRANIA
│Choque institucional
Ucrania se encuentra, desde hace meses, sumida en una grave crisis política. El origen es la
sentencia que emitió el pasado mes de octubre el Tribunal Constitucional que anulaba parte de
la legislación contra la corrupción que había adoptado el parlamento ucraniano en 2019. En
concreto, calificaba de anticonstitucional el requisito de que todos los funcionarios públicos
hiciesen una declaración electrónica de sus bienes y consideraba excesivo que falsear la
declaración de sus ingresos fuese castigado con la cárcel. La sentencia supuso un duro mazazo
para el presidente Volodimir Zelenski quien está llevando a cabo enormes esfuerzos por reformar
el país en materia anticorrupción. Además, el dictamen del Tribunal ponía también en peligro un
nuevo desembolso del programa de asistencia acordado con el FMI el pasado mes de junio.
Ahora, la Rada ha respondido reintroduciendo de nuevo las partes más polémicas de la
legislación anticorrupción para, de esta forma, asegurar la financiación internacional que las
autoridades esperan en el primer trimestre de 2021 y que resulta vital para hacer frente al
apretado calendario de amortizaciones de deuda que le espera el próximo año.
8. 8
NORTE DE ÁFRICA – ORIENTE MEDIO
ARABIA SAUDÍ / EAU / ESTADOS UNIDOS
│Preocupación ante el próximo cambio en la Casa Blanca
Conforme se va acercando la fecha de la investidura de Joe Biden como nuevo presidente de
los EE.UU, va creciendo también la preocupación en Arabia Saudí y en los EAU sobre cuál será la
actitud ante Oriente Medio del futuro inquilino de la Casa Blanca. En una reciente entrevista
concedida al New York Times, Joe Biden afirmó que la única forma de traer estabilidad a la región
pasaba por una revitalización del acuerdo nuclear de 2015 con Irán. Dicho acuerdo, auspiciado
por el Presidente Obama, fue abandonado unilateralmente tres años después por el Presidente
Trump, quien lo sustituyó por la política conocida como de “máxima presión” sobre Irán,
consistente en la imposición de toda una batería de sanciones económicas con las que intentar
asfixiar al régimen de los Ayatolás. La respuesta iraní a esa actitud mucho más hostil de los EE.UU.
fue comenzar a incumplir de forma gradual el citado tratado, llevar a cabo una política regional
cada vez más agresiva e impulsar el desarrollo de su programa de misiles de largo alcance. El
peor escenario tanto para Riyad como para Abu-Dhabi sería que las futuras negociaciones entre
los EE.UU e Irán se centrasen en exclusiva en el acuerdo nuclear, con la agravante añadida de
que éste último pudiera verse recompensado con un levantamiento parcial de las sanciones si
optara por acogerse al mismo.
│Los derechos humanos, la otra manzana de la discordia
Aunque es evidente que los EE.UU. tienen todo el interés en preservar sus buenas relaciones
históricas con las Monarquías del Golfo Pérsico, el mayor énfasis de Joe Biden en el respecto a los
derechos humanos puede colocar en una posición muy incómoda a los autócratas que
gobiernan en esos países, comenzando por el Príncipe heredero saudí, Mohamed Bin Salman. La
imagen internacional de éste último se ha visto en los últimos tiempos muy deteriorada por el
crimen de Estado ordenado hace dos años contra el periodista disidente Kashogghi y por la
desastrosa campaña militar del Yemen, con bombardeos masivos sobre la población civil de ese
país. Para tratar de mejorarla, el Príncipe Heredero saudí está intentando “venderse” como un
hombre de paz, para lo cual ha iniciado conversaciones con su homólogo catarí que podrían
acabar dando lugar a un levantamiento del bloqueo diplomático y comercial impuesto por la
propia Arabia Saudí, los EAU, Bahréin y Egipto hace ya algo más de tres años. El mediador en estas
conversaciones, que todavía se hallan en un estado muy incipiente, está siendo el propio Donald
Trump, quien pretende poner término a su mandato presidencial con un éxito diplomático de
relieve en la región. Un éxito que, al mismo tiempo, permitiría a MBS mejorar su imagen a ojos del
futuro inquilino de la Casa Blanca.
9. 9
IRÁN
│Previsiones optimistas
Hace cuatro años, la producción de petróleo iraní ascendía a casi 4 mill.b/d y sus exportaciones
a 2,6 mill.b/d. Sin embargo, a raíz del inicio, en mayo de 2018, por Donald Trump de la política
conocida como de “máxima presión” sobre la República Islámica, esas cifras se desplomaron a
algo menos de 2 mill. b/d la primera y a unos exiguos 133.000 b/d las exportaciones. La República
Islámica casi da por hecho que, con Joe Biden en la Casa Blanca, las sanciones serán
parcialmente suavizadas, lo que le permitirá empezar a aumentar gradualmente su producción
de crudo a partir del próximo 21 de marzo, fecha del inicio del nuevo año conforme al calendario
persa, con el objetivo de alcanzar los niveles de producción y exportación de crudo previos al
establecimiento de las sanciones en el transcurso de los doce meses siguientes, es decir, a finales
de marzo de 2022. Lo más probable, sin embargo, es que el futuro presidente de los EE.UU.
condicione cualquier levantamiento, siquiera parcial, de las sanciones a que previamente Irán
“mueva ficha” antes y acepte someterse sin condiciones a la disciplina del acuerdo nuclear de
2015. Por otro lado, el respeto a los derechos humanos, una cuestión secundaria para Donald
Trump, ha vuelto de nuevo al primer plano con un demócrata en la presidencia, lo que puede
colocar en una situación embarazosa al régimen iraní, que ya tiene a su propio “Khashoggi”
desde que hace pocas semanas enviara a la horca a un periodista disidente al que previamente
los “pasdaranes” habían raptado en el vecino Irak. Por todo ello, las previsiones iranís de un retorno
de la producción de crudo a los niveles previos a las sanciones son quizá demasiado optimistas, y
habrá que “esperar y ver”.
ÁFRICA SUBSAHARIANA
KENIA/ SOMALIA
│Crisis diplomática, de nuevo
La tensión entre los dos países africanos ha vuelto a agravarse. El último episodio ha sido la reunión
mantenida la semana pasada entre el presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, y los líderes de la
región separatista de Somalilandia. En dicha reunión ambas partes acordaron reforzar las
relaciones bilaterales y establecer vuelos directos. En respuesta, el gobierno de Somalia ha
acusado a Kenia de interferir en sus asuntos internos y ha decidido cortar las relaciones
diplomáticas. La relación entre los dos países africanos nunca se ha caracterizado por la sintonía.
El pasado año, Nairobi expulsó al embajador somalí, después de que supuestamente Mogadiscio
subastara los derechos de explotación sobre unas reservas petroleras ubicadas en una zona
marítima en disputa. Como se recordará, Somalilandia es una región situada al oeste de Somalia
que abarca el territorio que correspondía al antiguo protectorado británico. Poco después de
10. 10
alcanzar la independencia, en 1960, Somalilandia se unificó con la antigua Somalia italiana,
dando lugar a la actual Somalia. Desde entonces, las fricciones entre los representantes de
Somalilandia y Mogadiscio han sido una constante, enraizada en la rivalidad entre los distintos
clanes.
NIGERIA
│Fin del secuestro
El grupo yihadista, Boko Haram, reivindicó, en un vídeo difundido la semana pasada, la autoría
del masivo secuestro de niños en la Escuela Secundaria de Ciencias del Gobierno, en la ciudad
de Kankara, en el noroeste del país. Se cumplen, pues, los peores temores del ejecutivo. Hasta
ahora, el radio de actuación del grupo fundamentalista se limitaba a la región del noreste del
país, en las proximidades del lago Chad. Las autoridades barajan la posibilidad de que el
atentado responda a una colaboración de Boko Haram con los grupos armados que siembran el
terror en esta región del país desde hace años. Precisamente, la ONG, Amnistía Internacional,
advirtió en el mes de agosto que estos grupos habían provocado la muerte de más 1.000 personas
tan solo en los ocho primeros meses del año. En cualquier caso, este trágico episodio dificulta aún
más la lucha antiterrorista. Aunque las ofensivas de las fuerzas armadas nigerianas han logrado en
los últimos años debilitar al grupo yihadista, su erradicación resulta muy complicada, debido a la
dificultad orográfica, la amplia extensión de territorio, y la elevada pobreza de la población, algo
que Boko Haram ha sabido capitalizar extraordinariamente para ganar adeptos a su causa.
Afortunadamente, horas después de que la banda fundamentalista publicase el vídeo, las
autoridades nigerianas anunciaron la liberación de los niños secuestrados, después de alcanzar
un acuerdo ─se desconoce los términos─ con los terroristas. El atroz acto recuerda al secuestro
de 276 niñas en un internado en Chibok, en 2014, también perpetrado por Boko Haram. A día de
hoy se desconoce el paradero de casi la mitad de ellas.
REP. CENTROAFRICANA
│Riesgo de conflicto armado
A escasos días de la celebración de las elecciones presidenciales, el próximo 27 de diciembre, la
República Centroafricana vive un momento de máxima tensión, donde el riesgo de un conflicto
bélico se ha disparado. Los principales grupos armados anunciaron la semana pasada que
participarán en los comicios formando un frente común, la denominada Coalición de Patriotas
por el Cambio (CPC), aparentemente alineada con el ex presidente François Bozizé, inhabilitado
de la vida política debido a las acusaciones de crímenes de lesa humanidad durante su estancia
en el poder, entre 2003 y 2013. La unión de las milicias en contra del gobierno ha estado
acompañado de rumores sobre el desplazamiento de numerosos grupos de hombres armadas
hacia las proximidades de la capital, Bangui. En este contexto, el ejecutivo, liderado por Faustin-
Archange Touadéra, ha acusado a Bozizé de estar preparando un golpe de Estado. La Misión
Unidimensional Integrada de las Naciones Unidas para la Estabilización de la República
11. 11
Centroafricana (MINUSCA) ha alertado del sustancial incremento de los incidentes violentos en
las últimas semanas. La ONU, que cuenta con más de 11.000 cascos azules en el país, ha
anunciado que reforzará el contingente desplegado en el oeste de la República Centroafricana,
para reforzar la seguridad de los comicios. Todo ello supone un enorme paso atrás que
prácticamente entierra el histórico acuerdo de paz firmado en febrero de 2019 entre el gobierno
y la miríada de grupos armados. Desde la independencia, en los años 60, la República
Centroafricana ha vivido en un permanente escenario de violencia, con numerosos golpes de
Estado, donde se entremezcla la lucha sectaria con la actividad de grupos armados interesados
en explotar los recursos minerales. El último episodio fue el levantamiento de los rebeldes
musulmanes de Séléka para derrocar al presidente Bozizé, en 2013, lo que provocó la respuesta
armada de las milicias cristianas, los denominados anti-Balaka. Se calcula que los numerosos
grupos armados controlan cerca de dos tercios del territorio del país.
OCDE
REINO UNIDO / UNIÓN EUROPEA
│A la prórroga
El domingo 20 de diciembre se cumplía el plazo acordado por la presidenta de la Comisión, Úrsula
van der Leyen y el primer ministro británico, Boris Johnson, para tener un acuerdo comercial
definitivo entre la UE y Reino Unido. Recordemos que las negociaciones siguen encalladas en tres
aspectos: las condiciones de competencia, también denominado “level playing field”, la
gobernanza del propio acuerdo y lo relacionado con el acuerdo de pesca. Hasta el momento,
se han producido notables avances en las cuestiones de competencia y gobernanza, sin
embargo las diferencias en cuanto al acuerdo de pesca siguen sin resolverse. Reino Unido quiere
que se establezcan unas cuotas de pesca en sus aguas que se revisen anualmente, mientras que
la UE pretende que esa revisión se haga en un plazo de tiempo más amplio. Además, como
medida de represalia Bruselas quiere incluir restricciones de acceso al mercado europeo para los
productos británicos si Londres limita aún más las capturas de la flota pesquera comunitaria.
Londres, por su parte, reclama el derecho soberano a decidir sobre sus aguas una vez que
concluya el período transitorio. De hecho, dicho período termina el próximo 31 de diciembre y, a
menos de 10 días ambas partes ya dan por descontado que, de llegar a un acuerdo, tendría que
ser de forma provisional y dejaría la ratificación pendiente en ambos parlamentos. En el escenario
más desfavorable, se pondrían en marcha las medidas de contingencia aprobadas la semana
pasada que garantizan la libre circulación de vehículos. En este segundo escenario se esperan
importantes disrupciones comerciales y que las relaciones entre ambos se vean notablemente
perjudicadas.