El documento describe el origen y desarrollo de la educación universitaria privada en Venezuela. Las dos primeras universidades privadas se fundaron en 1953 bajo el gobierno militar de Pérez Jiménez. Una era laica y empresarial, la otra católica. Aunque inicialmente marginal, el sector privado ha ido creciendo para absorber la demanda creciente y complementar al sector público, permitiendo la transición de una educación superior de élites a una de masas. La regulación y autonomía del sector privado se ha basado principalmente en la Ley de Universidades

1. La universidad privada en Venezuela (I)1
Claudio Rama 2
Las dos primeras universidades privadas en Venezuela, nacen
prácticamente juntas bajo el gobierno militar de Pérez Jiménez en 1953 en
cuya época se aprueba el primer marco normativo que permite su existencia.
La primera, la Universidad Santa María, laica de tipo empresarial, se forma bajo
iniciativa de Lola Fuenmayor, quién preocupada por la existencia de sólo
instituciones de educación superior pertenecientes al Estado y ante un
gobierno represivo, visualizó la necesidad de más opciones para que los
jóvenes del país se formaran “libremente como profesionales”. La segunda
institución creada, la Universidad Católica Andrés Bello, fue promovida por el
Episcopado Venezolano y confiada a la Compañía de Jesús para su
administración. Esta es una derivación del cambio político producido con el
golpe de Estado militar al Gobierno de Rómulo Gallegos, uno de cuyos temas
centrales fue la confrontación entre ése gobierno y la Iglesia católica ante el
intento de regulación sobre la educación religiosa por parte del Estado. En el
2004 sobre este tema escribimos “Una nueva confrontación se produjo entre el
sector privado, fundamentalmente religioso, y el sector público sobre el rol
regulador del Estado en materia de educación a propósito de la aprobación del
Decreto 321 del 30 de mayo de 1946 (…) en el cual la educación privada se
presentaba como de segunda categoría al estar sujeta al control oficial”.
El Decreto fue finalmente derogado por el Gobierno que evaluó así
claramente el peso de la Iglesia en la educación privada y su capacidad de
movilización política. (…) Los enfrentamientos con la Iglesia fueron los más
significativos en esa época. Por detrás no era sólo un problema de laicidad y
religión. En ese sentido, la tesis opuesta a considerar la educación como
función esencial del Estado la sintetizó Rafael Caldera quien para entonces era
diputado, al afirmar que “nosotros queremos intervención del Estado en la
enseñanza pero no orientación del Estado en la misma. (Rama, Claudio. 2006)
El gobierno militar no alteró el modelo universitario de una educación
superior pública de élite que lentamente se fue masificando sobre la base de la
gratuidad y de una economía altamente dinámica a través del gasto público
como redistribuidor del ingreso petrolero. Con la reinstauración de la
democracia y el regreso de alguna de las bases del modelo de Estado Docente
y la aprobación de la Ley de Autonomía Universitaria en 1958, el sistema
público aumentó su proceso de lenta masificación al tiempo que el sector
privado se mantenía como un sector marginal de élites asociado a los
crecientes ingresos de las familias.
Tal dinámica universitaria desde los ochenta comenzó a cambiar,
asociada a las restricciones de financiamiento, a una mayor orientación hacia la
calidad y al continuo aumento de las demandas de acceso. Se aumentaron las
restricciones de acceso que por su parte derivó en un incremento del sector
privado, tanto sobre la base de un sector de elites, como de absorción de
demanda o de ofertas no universitarias de bajo costo. Ello fue la base que
permitió el pasaje desde una educación superior de élites a una educación
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El Nacional, Caracas, 15 de marzo, 2011
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Ex Director UNESCO–IESALC
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2. superior de masas en el país, gracias al aporte creciente de la educación
privada junto a la pública.
La expansión institucional y de cobertura se dio sobre la base de una
relativa autonomía y de una relativa regulación sistémica establecida en la Ley
de Universidades de 1970 que establecía que el Consejo Nacional de
Universidades era el ámbito que aprobada la creación de programas e
instituciones tanto para el sector privado como al sector público.
La dinámica se basaba en una educación gestionada por Asociaciones
Civiles o Fundaciones sin fines de lucro que la propia Constitución de 1999,
siguiendo la tradición, dispuso también en su Artículo 106 que “Toda persona
natural o jurídica, previa demostración de su capacidad, cuando cumpla de
manera permanente con los requisitos éticos, académicos, científicos,
económicos, de infraestructura y los demás que la ley establezca, puede
fundar y mantener instituciones educativas privadas bajo...”.
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