PRÓRROGA DE LA COMPETENCIA TERRITORIAL EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO: Un tema de discusión para el acceso a la justicia en lo contencioso administrativo (AUTOR JOSÉ MARÍA PACORI CARI)

1. LA PRÓRROGA DE LA COMPETENCIA
TERRITORIAL EN LOS PROCESOS
CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS
RESUMEN
/ autor justifica la decisión del Primer Pleno Jurisdiccional en materias
constitucional y contencioso-administrativa de permitir la aplicación de
las reglas delproceso civil sobre laprórroga de competencias en los procesos
contenciosos administrativos. Con esepropósito trae a colación los conceptos
de tutelajudicial efectiva, igualdad procesal y legalidad. Por ello concluye que
el Estado no debe tenerprivilegios en losprocesos en que intervenga y que el
derecho de acción del administrado estáprotegido por la Constitución.
José María PACORI CARI
Catedrático de Derecho Administrativo en la
Universidad José Carlos Mariátegui. Miembro
de la Asociación Argentina de Derecho Admi-
nistrativo.
I. I N T R O D U C C I Ó N
Con la reciente publicación del
I Pleno Jurisdiccional en materias
Constitucional y Contencioso Ad-
ministrativa se ha puesto en actua-
lidad el tema de la competencia te-
rritorial en el proceso contencioso
administrativo. La comprensión de
la competencia territorial debe par-
tir de principios constitucionales
para evitar afectar los derechos de
los administrados, cualquier inter-
pretación normativa que pretenda
restringir el derecho de acción de
los administrados debe estar prohi-
bida. Las interpretaciones que sobre
esta competencia se realicen deben
tener en cuenta la realidad nacional
y la diversidad de culturas que con-
viven con la finalidad de garanti-
zar el derecho de los ciudadanos a
la tutelajudicial efectiva, una inter-
pretación teórica lo único que hace
es alejar al Derecho de la sociedad
a la cual se debe. Permitir que los
administrados puedan controlar las
actuaciones administrativas cons-
tituye el fundamento principal del
contencioso administrativo.
II. LA TUTELA JUDICIAL
EFECTIVA
, El artículo 139, inciso 3, de la Cons-
titución Política del Estado estable-
ce que "[s]on principios y derechos
de la función jurisdiccional: (...)
3.- La observancia del debido pro-
ceso y de la tutela jurisdiccional".
Por su parte, el artículo 4 del Có-
digo Procesal Constitucional esta-
blece que "[s]e entiende por tutela
procesal efectiva aquella situación
jurídica de una persona en la que se
respetan, de modo enunciativo, sus
derechos de libre acceso al órgano
jurisdiccional (...)". De esta mane-
ra, en el ordenamiento jurídico pe-
ruano se garantiza el derecho de
todo ciudadano a acceder a los ór-
ganos jurisdiccionales a través del
derecho de acción; la limitación a
este derecho resulta inconstitucio-
nal, así como cualquier interpreta-
ción que pretenda restringirlo.
Asimismo, toda autoridad jurisdic-
cional tendrá la obligación de in-
terpretar las normas del ordena-
miento jurídico de tal manera que
se respeten los derechos de los ciu-
dadanos, esto conforme al artículo
51 de la Constitución, que indica:
"La Constitución prevalece sobre
toda norma legal; la ley, sobre las
normas de inferior jerarquía, y así
sucesivamente".
De esta manera, cualquier situación
de limitación del derecho de acción
que afecte a los administrados de-
berá ser resuelta teniendo en cuenta
el derecho constitucional a la tutela
judicial efectiva que comprende el
derecho de acción.
III. IGUALDAD PROCESAL
Establecida la necesidad de inter-
pretar las normas del proceso con-
tencioso administrativo conforme a
la Constitución y a los derechos en
ella reconocidos, se hace necesario
establecer la simetría en las relacio-
nes que se dan entre el Estado y los
ciudadanos, que en el Derecho Ad-
ministrativo implicará una relación
entre las administraciones públicas
y los administrados.
El artículo 2, inciso 2, de la Cons-
titución Política del Estado estable-
ce: "Toda persona tiene derecho:
(...) 2.- A la igualdad ante la ley".
En el proceso contencioso admi-
nistrativo encontramos el artículo
2, inciso 2), del Decreto Supremo
N° 013-2008-JUS, que indica: "El
proceso contencioso administra-
tivo se rige por los principios que
se enumeran a continuación (...)
2.- Principio de Igualdad Proce-
sal.- Las partes en el proceso con-
tencioso administrativo deberán ser
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA & CONTROL N° 26 / FEBRERO 2016 33

2. MU ESPECIAL DEL MES
tratadas con igualdad, independien-
temente de su condición de entidad
pública o administrado". Este prin-
cipio debe guardar relación con el
dicho que la igualdad consiste en
tratar igual a los iguales y desigual
a los desiguales, puesto que el Esta-
do cuenta con los recursos humanos
y materiales suficientes para ejercer
su defensa en un juicio, mientras
que el administrado generalmente
no cuenta con dichos recursos. Esta
situación hace necesario entender
el principio de igualdad en la pers-
pectiva de tratar desigual a los des-
iguales para no afectar el derecho a
la tutela judicial efectiva y el dere-
cho de acción de los administrados.
Por otro lado, el principio de igual-
dad se complementa con la prohibi-
ción de privilegios a favor del Es-
tado en los procesos judiciales en
los que intervenga. El artículo 59
del Código Procesal Civil indica:
"Cuando el Estado y sus dependen-
cias, o las empresas públicas y pri-
vadas con participación económica
determinante de aquel intervienen
en un proceso civil, cualquiera sea
la calificación o ubicación proce-
sal que se les asigne, se someterán
al Poder Judicial sin más privilegios
que los expresamente señalados en
este Código". Asimismo, la sétima
disposición complementaria y final
del Código Procesal Civil indica:
"Salvo disposición distinta de este
Código quedan suprimidos todos
los procesos judiciales especiales
y todos los privilegios en material
procesal civil en favor del Estado,
el Gobierno Central y los Gobiernos
Regionales y Locales, sus respecti-
vas dependencias y demás entida-
des de derecho público o privado,
de cualquier naturaleza". Es así que
las normas procesales no pueden
ser interpretadas de manera que es-
tablezcan privilegios a favor del Es-
tado, más aún cuando dicha inter-
pretación podría afectar derechos
constitucionales de los administra-
dos, como es el derecho de acción.
IV. LEGALIDAD, LIBERTAD Y
A N A L O G Í A
El principio de legalidad se encuen-
tra regulado en el artículo IV, nume-
ral 1.1, de la Ley N° 27444, que in-
dica: "Principio de legalidad.- Las
autoridades administrativas de-
ben actuar con respeto a la Cons-
titución, la ley y al derecho, dentro
de las facultades que le estén atri-
buidas y de acuerdo con los fines
para los que les fueron conferidas".
En este sentido, no podemos limitar
el principio de legalidad al respeto
a la ley, sino que implica también
respetar la Constitución y el Dere-
cho (esto implicaría la jurispruden-
cia). De esta manera, la normativa
del proceso contencioso adminis-
trativo debe aplicarse e interpretar-
se teniendo en cuenta la Constitu-
ción y el Derecho.
En el I Pleno Jurisdiccional en ma-
terias Constitucional y Contencio-
so Administrativa (publicado el
02/02/2016),refiriéndosealTema 3,
sobre la prórroga de competencia
en procesos contenciosos adminis-
trativos, se hace constar el voto de
la señora jueza suprema Rueda Fer-
nández, que indica: "La figura de la
prórroga de la competencia no re-
sulta aplicable al proceso conten-
cioso administrativo, pues al estar
sujeto al principio de legalidad no
pueden establecerse interpretativa-
mente supuestos de habilitación de
competencia". Sin embargo, no es-
tamos de acuerdo con esta respeta-
ble opinión, puesto que, como he-
mos visto, el principio de legalidad
no se limita al cumplimiento de la
ley, sino que se extiende al cumpli-
miento de la Constitución y el De-
recho. Asimismo, se debe tener en
cuenta el principio de libertad pre-
visto en el artículo 2, inciso 24, li-
teral a), de la Constitución, que in-
dica: "Toda persona tiene derecho:
(...) 24. A la libertad y a la segu-
ridad personales. En consecuen-
cia: a) Nadie está obligado a hacer
lo que la ley no manda ni impedido
Permitir que los
administrados
puedan controlar
las actuaciones
administrativas
constituye el
fundamento principal
del contencioso
administrativo.
99
de hacer lo que ella no prohibe".
De esta manera, si no existe nor-
ma expresa que imposibilite la apli-
cación de la prórroga tácita de la
competencia territorial, no es posi-
ble crear esta limitación bajo pena
de inaplicar el principio de liber-
tad. Incluso una interpretación por
analogía que restrinja derechos
de los administrados en el proce-
so contencioso administrativo es-
taría prohibida conforme al artícu-
lo 139, inciso 9, de la Constitución,
que indica: "Son principios y dere-
chos de la función jurisdiccional:
(...) 9.- El principio de inaplicabi-
lidad por analogía de la ley penal y
de las normas que restrinjan dere-
chos". Siendo así, la aplicación de
la analogía para limitar el derecho
de acción de los administrados se-
ría inadmisible.
V. CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
Lo contencioso administrativo se
encuentra constitucionalmente re-
conocido en el artículo 148 de la
Constitución, que indica: "Las re-
soluciones administrativas que
causan estado son susceptibles de
impugnación mediante la acción
contencioso-administrativa". Nóte-
se que la Constitución hace refe-
rencia al derecho de "acción" para
impugnar resoluciones administra-
tivas, esta situación hace ver la im-
portancia del derecho de acción en
lo contencioso administrativo.
Por otro lado, la aplicación suple-
toria de la normativa procesal civil
contenida en el Código Procesal Ci-
vil halla sustento legal a través de lo
dispuesto expresamente en la prime-
ra disposición final del TUO de la
Ley N° 27584, que indica: "El Có-
digo Procesal Civil es de aplicación
supletoria en los casos no previstos
en la presente Ley". Por lo tanto, al
no estar regulada la figura de la pró-
rroga de la competencia territorial
en el TUO de la Ley N° 27584, se
aplicará supletoriamente la norma-
tiva prevista en el Código Procesal
Civil, más aún cuando lo que se pre-
tende es la protección del derecho de
acción del administrado. Hecha esta
aclaración yjustificada la aplicación
legal del Código Procesal Civil, pa-
saremos a analizar el tema de la
34

3. ESPECIAL DEL MES
competencia territorial en el proceso
contencioso administrativo para lue-
go analizar el supuesto de prórroga
de la competencia territorial.
VI. COMPETENCIA
TERRITORIAL EN
LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
La regulación de la competencia te-
rritorial en lo contencioso adminis-
trativo no debe confundirse con la
prórroga de la competencia. El pri-
mer caso se refiere a la verificación
por parte del juez de la existencia
del presupuesto procesal de compe-
tencia por razón de territorio; el se-
gundo caso se trata de un supuesto
en el cual el Estado posteriormente
a la admisión de la demanda cues-
tiona o no la competencia territo-
rial. Sin embargo, para comprender
la prórroga de la competencia nece-
sariamente debe conocer la compe-
tencia territorial.
La competencia territorial en lo
contencioso administrativo se en-
cuentra regulado en el artículo 10
del TUO de la Ley N° 27584, que
indica: "Es competente para cono-
cer el proceso contencioso adminis-
trativo en primera instancia, a elec-
ción del demandante, el Juez en lo
contencioso administrativo del lu-
gar del domicilio del demandado
o del lugar donde se produjo la ac-
tuación materia de la demanda o
el silencio administrativo"0'. Esta
norma sencilla de entender se com-
plica en la realidad nacional, cuan-
do la entidad pública a la que se de-
sea demandar tiene su sede en la
ciudad de Lima y el administrado
está en una ubicación diferente a la
de Lima, además la actuación im-
pugnable se emite en Lima, por lo
que, conforme a la norma indica-
da, el administrado necesariamen-
te tendría que demandar en Lima,
situación que en muchos casos lo
desalentará por el tiempo y los cos-
tos que ello implica, afectándose de
gran manera el derecho de acción.
La competencia territorial ha sido
tema del Pleno Jurisprudencial Su-
premo Contencioso Administrativo
(2008), en el Tema 3, denominado
"Competencia territorial de los jue-
ces yjuezas en lo contencioso admi-
nistrativo" se encuentra lo siguiente:
Cualquier situación de
limitación del derecho
de acción que afecte
a los administrados
deberá ser resuelta
teniendo en cuenta el
derecho constitucional
a la tutela judicial
efectiva.
99
"La idea es delimitar la aplicación
de los artículos 8 y 9 de la Ley
N° 27584(2), Ley que regula el proce-
so contencioso administrativo. Con-
forme a lo establecido en el artículo
8 de la Ley N° 27584, es competente
para conocer el proceso contencioso
administrativo en primera instancia,
a elección del demandante, el Juez
del lugar del domicilio del deman-
dado o del lugar donde se produjo
la actuación impugnable. Toman-
do en cuenta que la competencia por
razón de territorio es prorrogable y
que la misma debe determinarse te-
niendo en cuenta el principio de tu-
tela jurisdiccional efectiva que ma-
terializa el derecho fundamental de
acceso a lajusticia del que goza toda
persona; se puede dirimir el conflic-
to de competencia a favor de Juzga-
do Civil donde se produjo la actua-
ción impugnable". Como se puede
observar, se indica que la competen-
cia por territorio es prorrogable en
atención al principio de tutela juris-
diccional efectiva. En este punto, es
importante tener presente dos casos
especiales y relevantes para el pre-
sente caso:
1. LaONP
El Tema 2 de las conclusiones del
Pleno Jurisdiccional Regional Con-
tencioso Administrativo realiza-
do en la ciudad de Lima el 5 de se-
tiembre de 2009, denominado "La
competencia territorial de los juz-
gados civiles o contenciosos ad-
ministrativos en los lugares donde
funcionan las Oficinas Departa-
mentales de la ONP", se adopta la
siguiente conclusión plenaria: "El
Pleno adopta por MAYORÍA la
primera ponencia que enuncia lo si-
guiente: 'Si, resultan ser competen-
tes porque no solo se debe conside-
rar el domicilio - sede principal de
la demandada, sino también el de
las oficinas departamentales que
tiene en todo el país; toda vez, que
la ONP resulta ser una institución
pública descentralizada del Sector
Economía y Finanzas, con persone-
ría jurídica de derecho público in-
terno'". Como sabemos, la ONP es
una entidad desconcentrada, mas
no es una entidad descentralizada,
por lo que los actos que agotan la
vía administrativa y la sede central
de la ONP se realizan en Lima, si-
tuación que haría que un pensionis-
ta demande en Lima, siendo en mu-
chos casos esto imposible.
2. E1INDECOPI
Una situación contraria es el caso
de INDECOPI, el artículo 3 del
Decreto Legislativo N° 1033 es-
tablece: "El INDECOPI tiene su
sede institucional en la ciudad de
Lima, pudiendo establecer Ofici-
nas Regionales en el territorio de
la República. El establecimiento de
Oficinas Regionales no altera la de-
terminación de su domicilio real en
la ciudad de Lima para los fines de
su emplazamiento en procesos ju-
diciales". Conforme a esta norma,
aunque INDECOPI tenga una ofi-
cina regional, igualmente deberá
ser demandada en Lima. Sobre esto
encontramos dos posiciones:
- El Tribunal Constitucional so-
bre este punto ha indicado lo si-
guiente: "Al respecto, se aprecia
(1) Consideramos valioso observar el proceso contencioso administrativo laboral que se sigue ante losjuzgados
especializados de trabajo, en efecto, el artículo 2, inciso 4 de la Ley N° 29497 establece: "Los juzgados es-
pecializados de trabajo conocen de los siguientes procesos: (...) 4.- En proceso contencioso administrativo
conforme a la ley de la materia, las pretensiones originadas en las prestaciones de servicios de carácter per-
sonal, de naturaleza laboral, administrativa o de seguridad social, de derecho público; así como las impugna-
ciones contra actuaciones de la autoridad administrativa de trabajo". SI bien no es aplicable al proceso con-
tencioso administrativo laboral, resulta interesante ver la regulación de la competencia territorial en la Ley
N° 29497, que en su artículo 6 indica: "A elección del demandante es competente eljuez del lugar del domi-
cilio principal del demandado o el del último lugar donde se prestaron servicios. (...) La competencia por ra-
zón de territorio solo puede ser prorrogada cuando resulta a favor del prestador de servicios".
(2) La referencia a los artículos 8 y 9 de la Ley N° 27584 es de cuando todavía no se había emitido el Texto Úni-
co Ordenado de la Ley N° 27584, razón por la cual actualmente estos artículos hallan su equivalencia en el
artículo 10 del referido TUO.
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA & CONTROL N° 26 / FEBRERO 2016 35

4. !•• ESPECIAL DEL MES
que la resolución cuestionada se
encuentra suficientemente moti-
vada, toda vez que según lo esta-
blecido por el artículo 3, inciso 1,
del Decreto Legislativo 1033,
que aprueba la ley de organiza-
ción y funciones del INDECOPI,
este tiene su sede en Lima pu-
diendo establecer otras ofici-
nas regionales en el país, preci-
sándose además, en el inciso 2,
que el establecimiento de ofici-
nas regionales no altera la deter-
minación de su domicilio real en
la ciudad de Lima para los fines
de su emplazamiento en procesos
judiciales, criterio que es reafir-
mado en el artículo 18, que señala
que la competencia territorial en
los casos en que el INDECOPI,
sus funcionarios o servidores
públicos o alguno de sus órganos
funcionales sean demandados o
denunciados, se determinará en
función del domicilio de la sede
institucional ubicado en la ciu-
dad de Lima, con lo cual queda
claro que losjueces competentes
para conocer los procesos judi-
ciales contra el INDECOPI son
los de la Corte Superior de Jus-
ticia de Lima, por aplicación de
la norma preferente ante cual-
quier otra norma" (Expediente
N°01075-2012-PA/TC).
- Por suparte, la Sala Civil Transi-
toria de la Corte Suprema de Jus-
ticia de la República, en la Ape-
lación N° 572-2007, Arequipa,
refiriéndose al caso de INDE-
COPI, indica en su sexto con-
siderando lo siguiente: "[P]or
lo que la competencia territo-
rial establecida por el deman-
dante se encuentra arreglada a
ley, considerando fundamental-
mente que Arequipa es el lugar
donde se ha originado el hecho
cuestionado administrativamen-
te, lo que guarda concordancia
con el contenido del acto im-
pugnable y que ha sido refleja-
do posteriormente en la sanción
administrativa impugnada aten-
diendo a la observancia del de-
recho de defensa del justiciable
y, al principio de igualdad pro-
cesal, en cuanto a que 'las par-
tes en un proceso contencioso
administrativo deberán ser tra-
tadas con igualdad, indepen-
dientemente de su condición de
El principio de
legalidad no se limita
al cumplimiento
de la ley, sino que
se extiende al
cumplimiento de la
Constitución y el
Derecho.
99
entidad pública o administrado'
a tenor del acápite dos del ar-
tículo segundo de la ley (...)".
Como se puede apreciar, el cri-
terio de esta Sala Civil tiene en
cuenta el principio de igualdad
para proteger el derecho de ac-
ción del administrado.
VILLA PERSONA JURÍDICA
DEL ESTADO
Conforme al artículo 43 de la Cons-
titución: "El Estado es uno e indi-
visible", situación que, aunque de
manera restringida, la indica el ar-
tículo 6 del Decreto Legislativo
N° 276 al decir: "Para los efectos
de la Carrera Administrativa y el
Sistema Único de remuneraciones,
la Administración Pública consti-
tuye una sola institución". Consi-
derar que el Estado es uno e indi-
visible nos sirve para afirmar que
cualquier oficina del Estado ubi-
cada a lo largo de nuestro territo-
rio nacional tiene la representativi-
dad misma del Estado, facilitando
la demanda en contra del Estado en
el domicilio de una de sus oficinas.
Ahora, en el entendido de que las
normas del Código Procesal Civil
son de aplicación supletoria al pro-
ceso contencioso administrativo, es
importante remitirnos a las normas
procesales civiles que se refieren a
la competencia judicial respecto del
Estado.
1. Persona jurídica general
El Estado y cada una de las admi-
nistraciones públicas que lo com-
ponen son personas jurídicas de
Derecho Público para diferenciar-
las de las personas jurídicas de De-
recho Privado como son las aso-
ciaciones, comités o fundaciones.
El artículo 17 del Código Procesal
Civil regula de manera genérica la
competencia territorial para el caso
de las personas jurídicas indicando:
"Si se demanda a una persona jurí-
dica, es competente el Juez del do-
micilio en donde tiene su sede prin-
cipal, salvo disposición legal en
contrario. En caso de contar con su-
cursales, agencias, establecimien-
tos o representantes debidamente
autorizados en otros lugares, pue-
de ser demandada, a elección del
demandante, ante el Juez del do-
micilio de la sede principal o el de
cualquiera de dichos domicilios en
donde ocurrió el hecho que motiva
la demanda o donde sería ejecuta-
ble la pretensión reclamada". Es así
que si una entidad del Estado cuen-
ta con agencias debidamente auto-
rizadas, el demandante puede ele-
gir entre demandar ante el juez del
domicilio de la sede principal o de
una de las agencias dentro del terri-
torio nacional.
2. Competencia del Estado
Sin embargo, si seguimos el prin-
cipio de especialidad, la norma que
regula la competencia territorial del
Estado en el Código Procesal Ci-
vil es el artículo 27, que indica: "Es
Juez competente el del lugar don-
de tenga su sede la oficina o repar-
tición del Gobierno Central, Regio-
nal, Departamental, Local o ente de
derecho público que hubiera dado
lugar al acto o hecho contra el que
se reclama. (...) Las mismas re-
glas se aplican cuando la demanda
se interpone contra órgano consti-
tucional autónomo". De esta mane-
ra, esta norma cautela el derecho de
acción de los justiciables por cuan-
to establece la posibilidad de de-
mandar al Estado en el territorio
donde se ubica una repartición del
mismo(3). Esta norma complemen-
ta el artículo 10 del TUO de la Ley
N° 27584.
(3) Un caso particular es la pretensión contencioso administrativa de indemnización por daños y perjuicios, si
bien no lo indica expresamente la norma, por la aplicación supletoria del Código Procesal Civil, será de apli-
cación el artículo 24, inciso 5, del Código Procesal Civil, que indica "Además del Juez del domicilio del de-
mandado, también es competente, a elección del demandante: (...) 5.- El Juez del lugar en donde ocurrió el
daño, tratándose de pretensiones indemnizatorias por responsabilidad extracontractual".
36

5. ESPECIAL DEL MES
3. Acumulación subjetiva pasiva
Ahora, qué pasa cuando dos o más
entidades del Estado son demanda-
das (por ejemplo, un Tribunal Ad-
ministrativo, una Gerencia Central y
una Gerencia Departamental), en es-
tos casos, consideramos que será de
aplicación el artículo 15 del Código
Procesal Civil, que indica: "Siendo
dos o más los demandados, es com-
petente el Juez del lugar de domici-
lio de cualquiera de ellos".
VIII. PRÓRROGA DE
COMPETENCIA
TERRITORIAL
1. En el proceso civil
El artículo 35 del Código Procesal
Civil establece: "La incompetencia
por razón de materia, cuantía, gra-
do, turno y territorio, esta última
cuando es improrrogable, se decla-
ra de oficio al calificar la demanda
o excepcionalmente en cualquier
estado y grado del proceso, sin
perjuicio de que pueda ser invoca-
da como excepción"*4'. Por lo tan-
to, salvo disposición legal expresa, .
la competencia territorial siempre
será prorrogable. Prorrogar sig-
nifica continuar, dilatar, extender
algo por un tiempo determinado; la
competencia es la capacidad de ad-
ministrar justicia para un caso es-
pecífico; territorio es la jurisdic-
ción física sobre la cual ejerce su
competencia el Juez; por lo tanto,
prórroga de competencia es con-
tinuar en el tiempo con la compe-
tencia territorial*5'. Según el Có-
digo Procesal Civil la prórroga de
competencia territorial puede ser
de dos tipos:
- Prórroga convencional de la
competencia territorial, que
según el artículo 25 del Código
Procesal Civil, consiste en que
"las partes pueden convenir por
escrito someterse a la compe-
tencia territorial de un Juez dis-
tinto al que corresponde, salvo
que la ley la declare improrro-
gable". Esta prórroga no es apli-
cable para el Estado, salvo dis-
posición expresa en contrario.
- Prórroga tácita de la compe-
tencia territorial, que, según el
artículo 26 del Código Procesal
La prórroga de la
competencia territorial
prevista en el CPC
es de aplicación
supletoria al TUO de
la Ley que regula el
Proceso Contencioso
Administrativo.
99
Civil, establece: "Se produce la
prórroga tácita de la competen-
cia para el demandante por el
hecho de interponer la demanda
y para el demandado por com-
parecer al proceso sin hacer re-
serva o dejar transcurrir el plazo
sin cuestionar la competencia".
Realizada la ubicación de las nor-
mas sobre la prórroga de la com-
petencia en el proceso civil que es
de aplicación supletoria, veamos
cómo se trata la prórroga en lo con-
tencioso administrativo
2. En lo contencioso adminis-
trativo
Recientemente, se ha emitido el
I Pleno Jurisdiccional en materias
constitucional y contencioso admi-
nistrativa, publicado el 2 de febre-
ro del 2016, que en su tema 3 "La
prórroga de competencia en proce-
sos contencioso administrativos, el
Pleno acordó por mayoría absolu-
ta: Las reglas del proceso civil so-
bre la prórroga de competencia son
aplicables, en lo que resulten perti-
nentes, al proceso contencioso ad-
ministrativo, siempre que se tra-
te de casos donde se pueda poner
en riesgo los derechos fundamen-
tales de los justiciables a la tute-
la jurisdiccional que contiene el
derecho de acceso a los tribuna-
les y para preservar su derecho a la
igualdad y debido proceso". Consi-
deramos que, luego de todo lo in-
dicado anteriormente, ahora es
posible comprender el espíritu de
este acuerdo, los problemas y su
sustento. Este pleno ha sido emiti-
do por la Corte Suprema de Justicia
de la República y, entendemos, tie-
ne por objeto garantizar el derecho
de acción de los administrados.
Sin embargo, este tema de la pró-
rroga ya fue tocado en el año 2011,
a través del Pleno Jurisdiccional
Nacional Contencioso Administra-
tivo del 19 de noviembre del 2011
en la ciudad de Trujillo, que en su
Tema 1 trata sobre la "prórroga de
la competencia territorial en el pro-
ceso contencioso administrativo",
siendo la conclusión plenaria la si-
guiente: "La competencia territo-
rial en el proceso contencioso ad-
ministrativo es improrrogable, sin
embargo interpretando extensiva-
mente el domicilio del demandado
a que alude el artículo 10 de la Ley
del Proceso Contencioso Adminis-
trativo, es competente el Juez del
domicilio de la dependencia admi-
nistrativa de la entidad demandada
o el Juez donde se produjo la ac-
tuación materia de la demanda, o
el silencio administrativo; decisión
que debe tomar el demandante"*6'.
Si bien no tiene el contenido garan-
tista de los derechos fundamenta-
les de los administrados, resulta ser
un texto interesante para el análisis
de la prórroga de competencia te-
rritorial en el proceso contencioso
administrativo.
Por último, ya la Sala de Derecho
Constitucional y Social Permanen-
te de la Corte Suprema de Justicia
de la República se pronunció so-
bre el tema en la Casación N° 2422-
2008-Amazonas, emitida el 11 de
diciembre del 2008, que en su séti-
mo considerando indica lo siguien-
te: "Que, con relación al tema de la
competencia territorial en los pro-
cesos contencioso administrati-
vos en los que se demande al Es-
tado, conviene dejar claramente
4 El artículo 446, inciso 1 del Código Procesal Civil establece: "El demandado solo puede proponer las si-
guientes excepciones: 1.- Incompetencia".
5 La competencia puede ser absoluta o relativa, es absoluta cuando no admite prórroga, es relativa cuando ad-
mite prórroga, este es el caso de la competencia territorial, puede revisar el artículo 451, inciso 6 del Código
Procesal Civil.
6 Este acuerdo motivó la modificacióndel texto original de la competencia territorial en la LeyN° 27584 - Ley
que regula el Proceso Contencioso Administrativo, siendo que actualmente este artículo fue modificado en
el TUO de la Ley N° 27584.
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA & CONTROL N° 26 / FEBRERO 2016 37

6. • • • ESPECIAL DEL MES
establecido que este Colegiado, en
reiteradas ocasiones, ha sostenido
que según el artículo 8 de la Ley
Ñ° 27584, es competente para cono-
cer el proceso contencioso adminis-
trativo, a elección del demandante,
el Juez del lugar del domicilio del
demandado o del lugar donde se
produjo la actuación impugnable; y
que lo previsto en la norma in fine,
con relación a la competencia terri-
torial, debe ser interpretado, en el
sentido de que es competente para
conocer este tipo de procesos el
Juez del lugar en que se produjeron
las actuaciones administrativas im-
pugnables que dieron lugar al acto
administrativo, que es materia de la
demanda; pues interpretar en senti-
do contrario esta norma, conduci-
ría al absurdo de que casi todos los
procesos contenciosos administra-
tivos, se tramitan ante los jueces y
tribunales de Lima, lugar donde tie-
ne su sede los organismos públicos
y en donde culminan, por lo gene-
ral, todos los procedimientos admi-
nistrativos". De esta manera, po-
demos encontrar una justificación
adicional para permitir la aplica-
ción de la prórroga de la competen-
cia territorial a los procesos conten-
ciosos administrativos.
IX. CONCLUSIONES
La prórroga de la competencia te-
rritorial prevista en el Código Pro-
cesal Civil es de aplicación supleto-
ria al TUO de la Ley que regula el
Proceso Contencioso Administrati-
vo, esta supletoriedad se deriva de
la aplicación de la primera dispo-
sición final del TUO de la Ley N°
27584. Asimismo, esta posibilidad
de aplicación se sustenta en prin-
cipios de igualdad procesal, tute-
la judicial efectiva y el derecho de
acción. Por lo tanto, el acuerdo in-
dicado en el I Pleno Jurisdiccional
en materias Constitucional y Con-
tencioso administrativa resulta un
avance en la mejora de la regula-
ción de lo contencioso administra-
tivo en el Perú.
Referencias
- Casación N° 2422-2008-Amazo-
nas (2008). 11 de diciembre del
2008. Sala de Derecho Constitu-
cional y Social Permanente de la
Corte Suprema de Justicia de la
República.
- Constitución Política del Estado
de 1993.
- Decreto Legislativo N° 1033
(2008). Decreto Legislativo que
aprueba la Ley de Organización y
Funciones del Instituto Nacional
de Defensa de la Competencia y
de la Protección de la Propiedad
Intelectual-INDECOPI.
- Decreto Legislativo N° 276
(1984). Ley de Bases de la Carre-
ra Administrativa.
- Decreto Supremo N° 013-2008-
JUS (2008). Aprueban el tex-
to Único Ordenado de la Ley N°
27584, Ley que Regula el Proceso
Contencioso Administrativo, mo-
dificado por el D. Leg. N° 1067.
- I Pleno Jurisdiccional en mate-
rias Constitucional y Conten-
cioso administrativa (2016).
2 de febrero del 2016. Corte Su-
prema de Justicia de la República
Salas de Derecho Constitucional
y Social, Lima.
- Ley N° 27444 (2001). Ley del
Procedimiento Administrativo
General.
- Ley N° 28237 (2004). Código
Procesal Constitucional.
- Ley N° 29497 (2010). Nueva Ley
Procesal del Trabajo.
- Pleno Jurisdiccional Nacional
Contencioso Administrativo (2011).
19 de noviembre del 2011,
Trujillo.
- Pleno Jurisdiccional Supremo
Contencioso Administrativo (2008).
Lima, 27 y 28 de octubre de 2008.
- Resolución de Apelación (2008).
Apelación N° 572-2007. 2 de
abril del 2008. Corte Suprema de
Justicia de la República - Sala Ci-
vil Transitoria.
- Resolución del Tribunal Cons-
titucional (2012). Expediente
N° 01075-2012-PA/TC-Arequipa
- Javier Antonio Uberto Alvarez
Núñez. 18 de junio de 2012. Tri-
bunal Constitucional.
- Resolución Ministerial 010-93-
JUS (1993). Texto Único Or-
denado del Código Procesal
Civil.»
38

7. ESPECIAL DEL MES
LA PRÓRROGA DE LA COMPETENCIA TERRITORIAL EN LOS PROCESOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS
I Pleno Jurisdiccional en materias constitucional y contencioso-administrativa
(Publicado el 02/02/2016)
PRINCIPIOS
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
REGULACIÓN SUPLETOR1EOAD
PRÓRROGA DE LA COMPETENCIA
TERRITORIAL
TUTELA JUDICIAL EFECTIVA.
Art. 139, inciso 3, Constitución
Política del Estado establece:
"Son principios y derechos de
la función jurisdiccional: (...)
3.- La observancia del debido
proceso y de la tutela jurisdic-
cional".
Art. 148 de la Constitu-
ción indica: "Las reso-
luciones administrativas
que causan estado son
susceptibles de impug-
nación mediante la ac-
ción contencioso-admi-
nistrativa".
COMPETENCIA TERRITORIAL
EN LO CONTENCIOSO ADMI-
NISTRATIVO. Art. 10 del TUO
de la Ley N° 27584: "Es com-
petente para conocer el proce-
so contencioso administrativo
en primera instancia, a elec-
ción del demandante, el Juez
en lo contencioso administra-
tivo del lugar del domicilio del
demandado o del lugar donde
se produjo la actuación mate-
ria de la demanda o el silencio
administrativo".
Primera disposición
final del TUO de la
Ley N° 27584 indica:
"El Código Procesal
Civil es de aplicación
supletoria en los ca-
sos no previstos en la
presente Ley".
I Pleno Jurisdiccional en materias Cons-
titucional y contencioso administrativa,
publicado el 2 de febrero del 2016, Tema
3 "La prórroga de competencia en proce-
sos contencioso administrativos, el Ple-
no acordó por mayoría absoluta: Las re-
glas del proceso civil sobre la prórroga de
competencia son aplicables, en lo que re-
sulten pertinentes, al proceso contencio-
so administrativo, siempre que se trate de
casos donde se pueda poner el riesgo los
derechos fundamentales de los justicia-
bles a la tutela jurisdiccional que contiene
el derecho de acceso a los tribunales y
para preservar sus derecho a la igualdad
y debido proceso".
IGUALDAD PROCESAL. Art. 2,
inciso 2), del TUO de la Ley
N° 27584: "El proceso con-
tencioso administrativo se
rige por los principios que se
enumeran a continuación (...)
2.- Principio de Igualdad Pro-
cesal.- Las partes en el pro-
ceso contencioso administra-
tivo deberán ser tratadas con
igualdad, independientemente
de su condición de entidad pú-
blica o administrado".
Art. 148 de la Constitu-
ción indica: "Las reso-
luciones administrativas
que causan estado son
susceptibles de impug-
nación mediante la ac-
ción contencioso-admi-
nistrativa".
COMPETENCIA DEL ESTADO.
Art. 27 del CPC indica: "Es
Juez competente el del lugar
donde tenga su sede la ofici-
na o repartición del Gobierno
Central, Regional, Departa-
mental, Local o ente de dere-
cho público que hubiera dado
lugar al acto o hecho contra el
que se reclama. (...) Las mis-
mas reglas se aplican cuando
la demanda se interpone con-
tra órgano constitucional au-
tónomo".
Primera disposición
final del TUO de la
Ley N° 27584 indica:
"El Código Procesal
Civil es de aplicación
supletoria en los ca-
sos no previstos en la
presente Ley".
I Pleno Jurisdiccional en materias Cons-
titucional y contencioso administrativa,
publicado el 2 de febrero del 2016, Tema
3 "La prórroga de competencia en proce-
sos contencioso administrativos, el Ple-
no acordó por mayoría absoluta: Las re-
glas del proceso civil sobre la prórroga de
competencia son aplicables, en lo que re-
sulten pertinentes, al proceso contencio-
so administrativo, siempre que se trate de
casos donde se pueda poner el riesgo los
derechos fundamentales de los justicia-
bles a la tutela jurisdiccional que contiene
el derecho de acceso a los tribunales y
para preservar sus derecho a la igualdad
y debido proceso".
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA & CONTROL N° 26 / FEBRERO 2016 39