El XXVI Congreso Nacional de Derecho Procesal se llevó a cabo en Santa Fe y produjo declaraciones científicas para innovar los procesos legales. El congreso abordó el derecho procesal civil, penal, laboral y otros temas, con un enfoque en revisar los principios que fundamentan el derecho procesal. Además, se discutió la necesidad de ampliar la formación de abogados para enfrentar los conflictos en la sociedad y garantizar procesos justos que protejan los derechos fundamentales. Finalmente, el

1. INFORME DE PRENSA
APORTES DEL CONGRESO DE DERECHO PROCESAL
Algunas consideraciones que dejó el Encuentro
El XXVI Congreso Nacional de Derecho Procesal llevado a cabo en la Ciudad de Santa Fe los
días 8, 9 y 10 de junio de 2011, produjo una serie de declaraciones científicas para que sean
recogidas por quienes corresponda y traducidas en innovaciones procesales. La importancia
de asistir a estos Congresos reside en tomar conocimiento de las nuevas corrientes procesales,
e insertarse en el contexto general de las diversas realidades judiciales del país.
El Congreso giró en torno al Derecho Procesal Civil, Penal, Familia-Niñez y Adolescencia,
Laboral, Constitucional y Concursal, donde cada rama del Derecho tenía una comisión. Más
allá de las diversas disciplinas abordadas, el denominador común en todas ellas fue el
abordaje de "Para repasar el proceso revisemos los principios", tal como lo indicó el lema
del Congreso. Ese no fue un tema menor porque constituye la base o esencia en la que se
asienta el Derecho Procesal, el cual debe guardar correspondencia con los principios
consagrados en la Carta Magna, para garantizar la constitucionalidad del enjuiciamiento. Hoy
el acceso a la justicia en sentido amplio ha adquirido singular intensidad a partir del retorno a
la democracia –en especial con la Reforma Constitucional de 1994-, oportunidad en que se
incorporan con jerarquía constitucional instrumentos internacionales.
Por otra parte, según lo expresado en el libro de ponencias del XXVI Congreso Nacional de
Derecho Procesal, la formación del abogado, y los operadores del Derecho en general, debe
ampliarse –en una sociedad desbordada de conflictos- generando una cultura encaminada a
hacer justicia sin perder de vista la paz social a través del diálogo, la composición, etc. Debe
evitarse, en definitiva, que la nueva visión de los derechos humanos y la tutela efectiva para
todos, se vayan vaciando de contenido. Garantizar el proceso justo, pues con él se hacen y

2. reconocen los derechos. Hallar procedimientos que alcancen consenso y permitan construir un
sistema jurídico previsible, normal y seguro.
Una justicia viva, activa, que superando los corses formales –propios de tiempos pretéritos-,
orientada a la plena vigencia de los derechos fundamentales, se transforme en uno de los
pilares fundante- garantes del Estado Constitucional Social y Democrático de Derecho
En lo que refiere específicamente a materia procesal penal “puede decirse que en la actualidad
existe una corriente muy fuerte de encausar el procedimiento al sistema acusatorio, e incluso
al adversarial para ser coherentes en generar correspondencia con los lineamientos
establecidos por la Constitución Nacional (Art. 18 y cctes.), y los Tratados Internacionales
incorporados a la Carta Magna (Art. 75, inc. 22, CN)”, afirmó el Dr. Fernando De Viana
quien participó de dicho encuentro.
(Colaboración del Dr. Fernando De Viana – Juez de la Cámara Penal Nº 2 de San Luis)
Informe de Prensa Nº 405 San Luis, 22 de junio de 2011
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