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Economía de las Penas

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Publicado en: Derecho
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Economía de las Penas

  1. 1. (Pequeña) Reflexión Sobre la Economía de las Penas La cuestión de las penas monetarias frente a las no monetarias – así como el tema de la jurisdicción administrativa para delitos o faltas frente a la judicial – siempre genera ciertas dudas en cuanto a su aplicación; puesto que muchas veces, al postular este tipo de teorías se deja de lado el fin que se pretende alcanzar, desnaturalizando así la institución de la pena en base a criterios economicistas (no económicos). La acción antisocial puede ir de los actos más simples a los más complejos, y, por tanto, a cada acto ilícito debe corresponderle una reacción social de la misma magnitud. Sin embargo, el fin de la pena no es la reparación del daño causado a la víctima – no obstante ello puede concederse por tribunales penales si es que no se ha pedido su trámite en la vía idónea para ello, es decir, la vía civil – sino la protección de los bienes jurídicos especialmente importantes, los mismos que no deben ser trasgredidos por nadie, salvo causa suficiente que lo justifique. El derecho penal tiene como finalidad el proteger los aspectos más relevantes de la sociedad en la que opera, lo que no significa proteger los valores morales más valorados por la misma. El derecho penal cumple, en gran parte, el rol de seguridad jurídica a la que está obligado el Estado, por lo tanto, sus sanciones van dirigidas a retribuir y dar mayor garantía a la sociedad de que la tentativa o el acto ilícito no se volverá a cometer, he ahí lo fundamental de las penas. Siendo así, se pretende implementar un marco de mayor aplicación para las penas no monetarias. En nuestro ordenamiento se prevé expresamente la pena de multa, la cual constituye ya la pena principal en el Código Penal peruano en razón del carácter residual o de ultima ratio del derecho penal. La naturaleza de la multa no debe ser confundida con la de la indemnización, ya que la primera no tiene como fin la reparación civil, sino que lo recaudado o fijado como monto va directamente a las arcas del Estado (directo beneficiario). En el derecho administrativo, muchas veces se ordena que parte de la multa sea otorgada al denunciante (el que descubrió el delito), pero ello no cambia la naturaleza de la pena pecuniaria. La pena de multa es una de muchas que existen en nuestro sistema penal, converge junto con otras como: la pena de muerte, internamiento, penitenciaria, expatriación, inhabilitación, hasta la pérdida de la nacionalidad del victimario. Cada una de las penas antes mencionadas respondiendo a la proporcionalidad de la pena, atendiendo a la simplicidad o complejidad del ilícito.
  2. 2. Es impresionante como muchos de los así llamados “iuseconomistas” o derecho- economistas de diversos países hayan postulado en gran medida la utilización de la pena pecuniaria, ya no solo como pena principal, sino como la más adecuada para los fines del derecho penal, relegando así las demás penas señaladas líneas atrás – incluso tratándose de delitos no económicos o no patrimoniales –. Para determinar la utilidad de las penas no pecuniarias, necesariamente hay que analizarlas en base a sus consecuencias respecto del imputado. Lo más resaltante de la multa es – como tajantemente señalaba el reconocido penalista peruano, Raúl Peña Cabrera – su carácter intimidante,que, en palabras del referido jurista: “Lógicamenteconlamulta no se persiguela reforma del condenado.Se trata de conminar con la privación del bien jurídico”. Es este carácter el que parecen haber olvidado ciertos abogados que deciden postular la teoría económica en donde lo que está en juego no solo es el patrimonio de la gente, sino la seguridad e integridad de la sociedad en general. “La pena es un medio para prevenir, corregir y curar” (Belbey) y con una multa, por más elevada o confiscatoria que sea, no se logran dichos objetivos. No se puede tratar el delito como si fuera un servicio comerciable en un mercado, su misma antijuricidad y su naturaleza economicista o antieconómica la hacen incompatible con el sistema de libre mercado. Por lo demás, la multa puede ser efectiva tratándose de delitos patrimoniales menores como el hurto simple o robo sin agravantes, entre otros, atendiendo al contexto en el que sucedieron los hechos. También es útil al momento de penar las faltas y otros delitos comunes no tan graves. Lo crítico es tratar de penar un homicidio o una violación por medio de multas, alegando – por ejemplo – que “la pena de encarcelamiento no causará ningún beneficio a la víctima”, nada más errado ni ofuscado que dicho argumento falaz y carente de razonamiento económico. La lógica económica que se originará, si es que se ese argumento – al igual que muchos otros parecidos – se tomara en serio, sería que un sujeto puede delinquir siempre y cuando tenga dinero para abonar al Estado por su crimen. Con sus artilugios y argumentos huecos se trata de legalizar para ciertos sectores los delitos más graves, o sea, los no patrimoniales, de la misma manera en que se logró legalizar los impuestos progresivos y gravar todo lo no derivado directamente del consumo. Adicionalmente, hacer saber que existen otras herramientas económicas – mucho más lógicas, adecuadamente interpretadas y encajadas en el sistema – que bien podrían ser impulsadas para la rehabilitación del imputado, como lo es la “Redención de la Pena por el Trabajo y Educación”, con el objeto de que el delincuente sea útil y provechoso para la sociedad que traicionó.
  3. 3. Finalmente, recordar que no se trata de simplemente transferir la riqueza que tenga el condenado sino de otorgar seguridad jurídica mediante la debida protección de los bienes jurídicos principales de la sociedad frente a sujetos transgresores de los mismos, mediante la aplicación de la pena justa que corresponda en cada caso concreto.

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