Petitti Eva Mara y Contreras Gustavo Nicolás, “El sindicalismo docente en la provincia de Buenos Aires durante el primer peronismo. Organizaciones y estrategias de acción”, V Seminario Internacional de la Red ASTE, 11 al 13 de noviembre de 2015, Rosario.

1. EL SINDICALISMO DOCENTE EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DURANTE EL PRIMER PERONISMO. ORGANIZACIONES Y ESTRATEGIAS
DE ACCIÓN1
Contreras, Gustavo Nicolás (CONICET - UNMdP - GIMSSPAM)
Petitti, Eva Mara (CONICET- UNMdP - GIMSSPAM)
gustavoke@hotmail.com; marapetitti@gmail.com
Resúmen
Las investigaciones sobre las relaciones que se establecieron entre las maestras y el
gobierno peronista, han enfatizado en las estrategias estatales dirigidas a “cooptarlas” y en
los distintos posicionamientos por parte de los docentes respecto a esta intención. Sin
embargo, sus demandas gremiales y sus proyecciones sindicales durante el periodo de
nuestro estudio fueron menos atendidas.
En la presente ponencia nos interesaremos por el devenir de los trabajadores docentes de la
provincia de Buenos Aires durante el primer gobierno peronista. Para conocer algunas
facetas de su historia, en nuestra indagación nos proponemos abordar dos ejes que
consideramos relevantes a los efectos de precisar aspectos sustantivos del recorrido de este
colectivo laboral. Por un lado, nos detendremos en el análisis de sus estructuras
organizacionales, las corrientes político-sindicales que militaban en el sector y en las
relaciones que entablaron con el estado. Por otro lado, haremos referencia a cuestiones
vinculadas a sus demandas gremiales, centrando nuestra atención en temas salariales, de
estabilidad laboral y escalafón.
Una nueva lectura sobre fuentes ya consultadas (revistas de educación, especialmente La
Obra y El Monitor de la Educación Común, prensa nacional y normativa), así como la
incorporación de otros testimonios provenientes de la prensa provincial y local, los diarios
de sesiones del Congreso y las memorias y balances de la CGT, constituyen un primer paso
para abordar esta tarea.
Consideramos que la ausencia de huelgas y la adhesión mayoritaria al gobierno no habrían
implicado necesariamente la cooptación oficialista y la pasividad de la mayoría de los
maestros. Señalaremos, en cambio, una posible participación activa y particular de los
docentes en protestas y acciones propositivas para mejorar las remuneraciones y las
condiciones de vida del sector, reclamos que en ocasiones unificaban a los docentes como
clase o como sector, más allá de sus diferencias políticas. Nos interesa dar cuenta de las
posiciones intermedias, mediadas por la coyuntura política, donde, por ejemplo, la CGT no
resultó ser tan “obsecuente”, ni los no peronistas tan acérrimos opositores
1
Este trabajo continúa y amplía uno anterior presentado en las X Jornadas del Departamento de Historia de la
UNMdP. (Contreras y Petitti, 2012).

2. Introducción
Las investigaciones sobre las relaciones que se establecieron entre el gobierno peronista y
los docentes, han enfatizado en las estrategias estatales para cooptar a estos últimos,
destacándose tanto medidas coercitivas -cesantías, la obligación de jurar la constitución de
1949, la consulta sobre su afiliación partidaria, entre otras- como la creación desde el
gobierno de organizaciones sindicales en el magisterio afines a su política (Escudé, 1990;
Bernetti y Puiggrós, 1997; Balduzzi y Vázquez, 2000; Adamovsky, 2009). En este
panorama general, se han planteado dos tipos de posicionamientos de los docentes ante el
peronismo. Por un lado, estarían aquellos que fueron cooptados o que adhirieron por temor
a perder su empleo e hicieron caso a los llamados oficialistas tendientes a “peronizarse”.
Por otro lado, encontraríamos a quienes a pesar de los intentos del gobierno, mantuvieron
su independencia sindical, política e ideológica (antiperonista). Algunos de ellos fueron
objeto de sumarios y cesantías mientras que otros mantuvieron una oposición discreta al
interior de las aulas (Gvirtz, 1999; Vom Hou, 2009).
Lo cierto es que pese a la relevancia cuantitativa del sector2
y a que se le dedicaron
varios estudios al magisterio durante el primer peronismo, las demandas gremiales y las
proyecciones sindicales de los docentes en el periodo bajo estudio fueron muy poco
atendidas tanto por la historiografía dedicada a la relación del sindicalismo con el primer
gobierno peronista como por las investigaciones sobre el sindicalismo docente.3
2
Las estadísticas del Ministerio de Educación de la Nación señalaban que para 1947 había en el país un total
de 87.970 docentes, es decir más de un 25% del personal dependiente de la administración pública. Torrado
(1991) trabajando con el censo realizado en 1947, logró desagregar “las actividades de estado”, y concluyó
que las personas empleadas específicamente en la “administración pública” eran 349.000. Ver también
Estadística del Ministerio de Educación, año 1948.
3
Una mirada panorámica de los estudios dedicados a la historia de los trabajadores y del sindicalismo durante
el primer gobierno peronista indica, por un lado, que los investigadores centraron su análisis en los orígenes
del vínculo entre ambos actores (Torre, 1990; Di Tella, 2003; Del Campo, 2005), y por otro lado, que los
pocos académicos que abordaron todo el período de la gestión gubernamental del primer peronismo no se
detuvieron en el seguimiento de los maestros, en particular, y de los empleados públicos, en general (Doyon,
2006, Little, 1979). Asimismo, las investigaciones sobre sindicalismo docente generadas en el ámbito de los
estudios sobre educación muestran que, en líneas generales, se ha focalizado la atención en el periodo previo
(Acri, 2012; Pérez, 2012; Gidin, 2010; Ascolani, 1999) y en el posterior al peronismo (Balduzzi y Vázquez,
2000; Gudelevicius, 2011). Aquellos que abordan el peronismo lo hicieron en el marco de indagaciones sobre
un tema (Puiggrós, 1997; Adamovsky, 2009) o periodo un más amplio (Gutiérrez, 2010; Donaire, 2009).
Recientemente, este vació comenzó a ser percibido y se han desarrollado estudios sobre sindicalismo docente
durante el primer peronismo (Segura, 2012, Rodríguez, 2011), constituyéndose en emergentes que nos
permiten establecer un diálogo con la presente investigación. De igual modo, en la última década varios

3. Es probable que la primacía de este enfoque se deba a la fuerza que cobraron los
conceptos de “politización”, “peronización” y “polarización” a la hora de estudiar el
peronismo y que solo recientemente la historiografía está poniendo en cuestión (Quiroga,
2013). La utilización del término “peronización” para caracterizar las políticas educativas
del período tomó forma en los argumentos “desperonizantes” de la Subcomisión
Investigadora de la Dirección General de Enseñanza Primaria de 1956. Esta tipificación
daba por supuesta tanto la homogeneidad y verticalidad del gobierno peronista como el
consenso pasivo por parte de la sociedad civil. De esta forma, la heterogeneidad y
complejidad, no solo dentro del equipo gobernante sino también de la sociedad, se fue
oscureciendo (Petitti, 2012). Para el caso específico de los docentes, Flavia Fiorucci ha
señalado la dificultad de pensar el magisterio “como aliado o enemigo del peronismo, como
agente de transmisión o como agente de resistencia”, al mismo tiempo que propuso
“pensarlo como el escenario de un conflicto de proporciones y resonancias que iban mucho
más allá de la comunidad escolar.” (2012: 6). En este camino analítico intenta inscribirse
nuestra ponencia, la que se interesa por el devenir de los trabajadores docentes de la
provincia de Buenos Aires durante el primer gobierno peronista y focaliza la mirada
justamente en su relación con el gobierno a partir de la observación de sus estrategias de
acción gremial.
Nos proponemos revisar y repensar algunos supuestos que han primado en el
análisis de los trabajadores de la actividad. Nos referimos en términos generales a la
diferenciación de dos comportamientos gremiales en el sector: los obsecuentes al gobierno
y los acérrimos opositores antiperonistas que resistieron las presiones de los ejecutivos
nacionales y provinciales. Ambas posturas remiten a apreciaciones que ilustran por un lado
la pasividad de la mayoría de los trabajadores de un sector que no realizó acciones de
protesta ni huelgas y que por ello fue caracterizado como cooptado mayoritariamente por el
oficialismo y, por el otro, un activismo restringido a un sector minoritario que se oponía
política e ideológicamente al peronismo y al gobierno.
investigadores han abordado el tema de la dinámica sindical durante el primer peronismo, aportando nuevos
conocimientos a través de estudios de caso e insinuando una necesaria revisión de algunas aspectos de las
interpretaciones sobre el vínculo entablado entre el sindicalismo y el peronismo (Contreras y Marcilese,
2013).

4. Consideramos, en cambio, una posible participación activa, heterogénea, conflictiva
y particular de los docentes en protestas y acciones propositivas para mejorar las
remuneraciones y las condiciones laborales del gremio; reclamos que en ocasiones
unificaban a los docentes como clase o como sector, más allá de sus diferencias político-
sindicales y político-partidarias. Nos interesa especialmente, dar cuenta de las posiciones
intermedias en el plano gremial, mediadas por la coyuntura política, donde, por ejemplo,
ciertos sectores del peronismo no resultaron ser tan “obsecuentes”, ni los no peronistas tan
acérrimos opositores. La dinámica sindical de los docentes tendría así también sus propios
registros y posicionamientos, complejizando nuestra apreciación sobre la relación entablada
entre el estado y las organizaciones representativas de los docentes.4
Para conocer algunas facetas de aquella historia, nuestra indagación se focalizó en la
observación de cuestiones vinculadas a sus demandas gremiales. Así, a los efectos de
precisar aspectos sustantivos del recorrido de este colectivo laboral, centraremos nuestra
atención en el análisis de las disputas entre el gobierno y los militantes gremiales en torno a
la estabilidad laboral y el escalafón, teniendo en cuenta, a su vez, las reivindicaciones
salariales que se suscitaron en ese marco. Para ello analizamos documentación producida
por la Dirección General de Escuelas y el Ministerio de Educación, la Revista de
Instrucción Primaria, La Obra y prensa comercial de carácter provincial, El Día de la Plata
y de carácter loca, La Capital, de Mar del Plata. Cabe aclarar que a lo largo del texto
usamos el masculino genérico a pesar de que la mayoría de los docentes estaba integrada
por mujeres.
Un breve perfil del gremio docente
4
Consideramos imprescindible avanzar en el conocimiento del cuadro de las fuerzas político-sindicales en
disputa para una comprensión más profunda de aquel proceso. La multiplicidad de asociaciones que actuaban
en el magisterio bonaerense promueve positivamente la percepción de esta necesidad, al mismo tiempo que
nos invita a pensar en la organización sindical de un sector con más de una entidad representativa de la rama
de actividad, heterogeneidad que contrasta con los tan mencionados sindicatos únicos por actividad así como
con las interpretaciones que analizaron la aplicación de la Ley de Asociaciones Profesionales desde una óptica
netamente corporativista. En un trabajo actualmente en curso nos estamos ocupando del tema. El mismo
puede ser pensado en sintonía con los avances obtenidos en recientes investigaciones (Contreras, 2010) sobre
la dinámica sindical de los obreros y empleados públicos. Un avance al respecto puede encontrarse en
Contreras y Petitti (2012).

5. Nos resulta interesante señalar algunas particularidades del sector para evaluar con mejores
elementos su devenir. En primer lugar, los docentes, así como los empleados públicos,
militaban en un segmento singular del sindicalismo que tenía vedada legalmente la
posibilidad de realizar huelgas. Pero no solo legalmente. Adrián Ascolani al referirse a la
huelga docente de 1921 en Santa Fe señala que “solo el increíble atraso en el pago de los
salarios impidió que la condena moral fuera explícita.” (2011: 28).5
Además continúa, “la
táctica de la huelga era habitualmente mal vista por la condición obrera de quienes la
desarrollaban pero cuando esta acción era realizada por mujeres pesaba además la
consideración de que se trataba de algo impropio de su sexo.” (Ascolani, 2011: 28). Como
nos muestra Paula Caldo las maestras, “además de educar con sus conocimientos
pedagógicos y disciplinares, debían hacerlo con sus prácticas y con su imagen.” (Caldo,
2013: 24).
Sostendremos sin embargo, que esta situación no necesariamente les impediría
impulsar reclamos gremiales ya que sus fuertes vínculos con el estado les facilitaban la
canalización de sus demandas sindicales por vías legislativas y por medio de la negociación
con los gobiernos de turno, abriéndose de este modo la posibilidad de militar en el interior
de las estructuras del poder público para lograr la sanción de leyes, reformas y aumentos
salariales.
En segundo lugar, el colectivo laboral docente se diferenciaba internamente entre
una minoría que se empleaba en el sector privado y una abrumadora mayoría conchabada
por el estado. A su vez, este último grupo se volvía a diferenciar entre aquellos que eran
contratados por el estado nacional y quienes dependían laboralmente de las
administraciones provinciales.6
Esta heterogeneidad, que no era privativa del gremio de la
5
También la demora de meses en el cobro de los salarios impulsó movimientos similares en San Luis (1881)
Mendoza (1919) y Corrientes (1939). Ver Acri (2012) y Crespí (1997). Una excepción sería la huelga de
1912 en la ciudad de Buenos Aires, encabezada por la Liga Nacional de Maestros. Mannocchi (2013) señala
que se trató más de una acción política que de una contienda económica por el cobro de sueldo en tiempo y
forma. Según plantea la autora finalmente fracasó debido a la identidad del docente en tanto empleado público
decoroso y de buenas costumbres.
6
En el caso bajo estudio, la proporción de escuelas dependientes del gobierno nacional era escasa en relación
a las escuelas provinciales, pero de todas formas, la cercanía con la Capital Federal, ponía a la luz la
desigualdad existente entre docentes que desempeñaban las mismas tareas. Las estadísticas del Ministerio de
Educación de la Nación señalaban para 1946 que de los 85.310 docentes del país, 19.180 pertenecían a la
provincia de Buenos Aires. Es decir, el magisterio del primer estado argentino representaba aproximadamente
el 22% del total, dejando notar su importancia cuantitativa. Estadística del Ministerio de Educación, año
1948. Hacia 1947, aproximadamente, en la provincia de Buenos Aires los docentes provinciales representaban

6. educación, se profundizaba con la distinción de maestros de diferentes categorías, lo que
implicaba desiguales normas y salario, generando numerosos reclamos.7
Esta diversidad,
junto a la militancia de distintas corrientes político-gremiales, probablemente sustentaba la
existencia de diferentes sindicatos que activaban al mismo tiempo en el sector. A ello se
sumaban las variadas y coexistentes condiciones que portaban los maestros: trabajador,
profesional, funcionario estatal, apóstol; identidades y expectativas que portaban los
maestros, situación que producía múltiples tensiones y contradicciones (Ascolani, 2011: 3)
Por otra parte, la condición remunerativa del magisterio, al igual que en el caso de
los bancarios, parece indicar que “la idea de que se trataba de un gremio de clase media
estaba contrariada por lo reducidos que eran sus salarios.” (Acha, 2008). Además, el salario
docente era irregular y era pensado por el patrón estado como un complemento de los
ingresos provistos principalmente por un jefe de hogar masculino, lo que explica que se
trataba de una ocupación proyectada para una composición mayoritariamente femenina.8
En tercer lugar, vale citar que, a pesar de haber sido sancionada una renovada ley de
Asociaciones Profesionales de Trabajadores en octubre de 1945, diversas entidades
gremiales representaban al magisterio de la provincia cuando asumió la gobernación
Domingo A. Mercante. En ese entonces actuaban: a) la Federación de Maestros y
un 82.5%, los nacionales un 8.8% y los privados un 8.7%. Estos promedios variaban ampliamente según la
provincia de que se tratase.
7
Tampoco fue singular la insistencia por lograr igual paga por el mismo trabajo ni la intención de alcanzar la
unidad de los asalariados de la rama de actividad. Así, las quejas contra algunas de las disparidades señaladas
podían seguirse en las páginas de La Obra, “constituye una evidente injusticia el hecho de que funcionarios
que desempeñan la misma función, en idénticas condiciones, con las mismas exigencias y las mismas
responsabilidades, perciban retribuciones completamente diversas por la sola circunstancia de depender unos
del Estado nacional y otros del Estado provincial”, “El sueldo de los maestros provinciales.” La Obra,
10/10/47, p. 507. La Obra era el órgano de difusión del magisterio nacional. Nació como iniciativa de un
grupo de maestros, ex alumnos de la Escuela Normal Mariano Acosta. Si bien en los primeros tiempos la
cultura normalista y positivista tenía profunda vigencia, asumió rápidamente los postulados del movimiento
de la escuela nueva. (Finoccio, 2009: 93). Desde 1952, mostraba una importante concordancia con el gobierno
peronista en lo que respecta a los cambios en los contenidos. Cuando cayó el peronismo, sostienen Puiggrós y
Bernetti “Los maestros socialistas, demócratas y progresistas volvieron a la superficie e impulsaron una
revivificación de la escuela activa, pero laica y científica.” (1997: 30).
8
La política oficial alentaba la inserción de las mujeres en la docencia alegando entre otras razones su “costo
más barato.” (Donaire, 2009: 78). Los docentes de la provincia de Buenos Aires, al igual que en el resto del
país estaban conformados mayoritariamente por mujeres. Lionetti ha señalado que “el estímulo para formar a
las jóvenes como educadoras, y la pronunciada deserción de los varones de las filas del normalismo, generó lo
que ha sido presentado como la feminización del magisterio.” (2007: 181). Incluso, indica la autora,
Argentina fue el país de América Latina con mayor presencia de las mujeres como maestras. Paradójicamente,
pese a su importancia numérica fueron pocas las que ingresaron a la elite normalista como referentes del
movimiento pedagógico argentino (Lionetti: 2007). Para un período posterior se ha mostrado como a medida
que avanzaba el nuevo siglo, se consolidaba la tendencia a la mayor participación femenina entre los docentes
de nivel primario, elevándose de un 58% en 1890, a un 84.3% en 1940 y 89% en 1960 (Donaire, 2009: 31).

7. Profesores Católicos9
, b) la Corporación Nacionalista de Maestros,10
c) la Asociación de
Maestros de la provincia de Buenos Aires,11
d) el Sindicato de Educadores de la provincia
de Buenos Aires12
y e) el Sindicato Argentino de Maestros de la provincia de Buenos
Aires.13
Las variadas entidades representativas se mantuvieron, por lo menos, hasta la
segunda presidencia de Perón, habilitando múltiples organizaciones demandantes y activas,
lo que generaba un entramado heterogéneo y, en ciertos aspectos, contencioso.
Estabilidad y Escalafón: sindicatos docentes, partidos y gobierno en disputa
El golpe de estado de 1930 marcaría un punto de inflexión en la situación de los docentes,
los que rápidamente se vieron perjudicados por la reducción de sus salarios y el deterioro
de su estabilidad laboral a partir del incremento de las atribuciones de la Dirección General
de Escuelas (DGE) respecto a la provisión de cargos.14
Ante este escenario, la Asociación
de Maestros de la provincia centró sus reclamos en la estabilidad y el escalafón. En enero
de 1938, durante la gobernación de Manuel Fresco, los docentes obtuvieron la sanción de la
9
Creada en 1946 y patrocinada por la Acción Católica local, cumplió un papel muy importante en lo que
autodenomino cruzada por “catolizar” la sociedad. Regularmente organizaba cursos y conferencias sobre
pedagogía católica (Bruschi y Gallo, 2006).
10
Creada durante el gobierno bonaerense de Manuel Fresco, se trataba de una federación provincial con la
ambición finalista de representar a los docentes en actividad de toda la provincia, elevar el bienestar espiritual
y realizar una campaña de exaltación del sentimiento nacional.
11
La Asociación agrupaba a la mayor parte de los docentes de Buenos Aires, siendo incluso una de las
entidades más importantes del país. La misma se había conformado junto al nuevo siglo y dos años después
obtuvo personería jurídica. Según Gindin (2010), la Asociación de Maestros era una entidad heredera del
liberalismo de final de siglo XIX, promovida por las capas privilegiadas de los docentes. Para 1930 tenía 4200
socios y 92 comisiones locales. Hacia 1949, contaba con alrededor de cinco mil quinientos afiliados, lo cual
representaba casi un 30% del magisterio dependiente del gobierno provincial. Ver PBADSCS, 1949, p. 1852.
12
El Sindicato de Educadores fue organizado en abril de 1946. Un año después La Obra, señalaba que se trata
de un sindicato de escaso volumen gremial, apenas conocido en el magisterio. Ver, La Capital 21/4/46 y La
Obra, 25/4/47.
13
La delegación bonaerense del Sindicato Argentino de Maestros obtuvo en 1947 su personería gremial.
Hacia fines de 1950, era el único organismo gremial con personería reconocida por el Ministerio de
Educación para representar al magisterio bonaerense, y en 1952 estaba adherido a la CGT. Ver
www.trabajo.gov.ar. La Capital, 8/11/50 y El Día, 3/7/52.
14
Las resoluciones de los gobiernos radicales tendientes a dar una mayor garantía al magisterio, a partir de la
sanción de un nuevo régimen para el nombramiento de docentes en establecimientos públicos, incluía:
“inmovilidad del personal docente, tribunal de clasificación para ascensos y escalafón automático de sueldos
sobre la base del tiempo de servicios, la jerarquía del cargo y la categoría del establecimiento” (Donaire,
2009: 95). Estas disposiciones fueron modificadas con la reforma constitucional de 1934 que establecía en su
artículo 190 que “corresponde al director general de Escuelas el nombramiento y remoción de todo el
personal técnico, administrativo y docente.” [En línea] http://www.hcdiputados-
ba.gov.ar/includes/const_1934.html.

8. ley de Escalafón y Estabilidad del Magisterio que permanecería vigente hasta 1951.15
En
efecto, la estabilidad se trató de un logro importante para la época ya que aquellos docentes
que dependían del gobierno nacional tendrían que esperar hasta 1954 para que se
sancionara el Estatuto del Docente Argentino. La ley provincial de Escalafón y Estabilidad
del Magisterio de 1938 regulaba el salario y las bonificaciones, el ingreso a la carrera
docente, las promociones y los ascensos, organizaba los jurados para los concursos de
oposición, creaba el Tribunal de Clasificaciones (compuesto por altos funcionarios) e
imposibilitaba la sanción de los maestros sin la realización de un sumario previo.
Aunque fue reglamentada cinco meses después, en la práctica la letra de la ley no se
cumplía y, en efecto, el salario básico no se mantuvo. Si bien establecía un sueldo básico de
$150, lo cual era inferior a los $170 que ganaba un ayudante mayor, al año siguiente fue
disminuido a $140, cantidad que se mantuvo hasta 1945 cuando fue elevada a $170 y se
prorrogó para 1946. La suma contrastaba con el salario de los docentes nacionales que era
de $250. Ese mismo año, el salario medio anual era de $204 en la Capital Federal y de $187
en el resto del país.16
Frente a esta situación, en marzo de 1946, La Obra expresaba que los
maestros “constituyen una de las contadas excepciones en el festín de los salarios
aumentados y los sueldos mejorados por virtud de órdenes y medidas dictadas desde la
famosa Secretaría de Trabajo y Previsión…”17
Por otra parte, a las quejas salariales del sector se le sumaba el reclamo sobre una
estabilidad laboral que no siempre era respetada. Si bien la ley establecía en su artículo 31
que “ningún maestro podrá ser exonerado, declarado cesante o suspendido, sin que proceda
la instrucción de un sumario administrativo”, ni “tampoco podrá ser trasladado sin que
medien razones de orden técnico o administrativo comprobadas por la Inspección”, otro
tipo de medidas, como los traslados (“por razones de orden técnico”) a establecimientos de
menor jerarquía o las jubilaciones obligatorias, continuaban ofreciendo un contexto de
incertidumbre para el docente bonaerense. Así, a comienzos de 1946, por ejemplo,
amparándose en un artículo de la Ley de Escalafón y Estabilidad, la DGE dejó cesantes a
15
Ver ley 4675 [en línea] http://www.gob.gba.gov.ar/dijl/DIJL_buscaid.php?var=6626. Un antecedente en
este sentido lo encontramos en el caso de Santa Fe, en el cual los docentes obtuvieron su estatuto en 1922
(Ascolani, 2011).
16
Servicio Estadístico Oficial: “Salario medio obrero en la Capital Federal”, en Boletín Diario Secreto N°
441, Ministerio de Asuntos Técnicos – Presidencia de la Nación, 30 de noviembre de 1951.
17
“La situación del magisterio” La Obra, 25/3/46.

9. aquellos maestros que tenían más de 30 años de servicios sin haber llegado a cumplir la
edad estipulada para acogerse a los beneficios de la jubilación, cuyo monto quedaba
reducido de manera significativa.18
Esta medida provocó el reclamo por parte del Sindicato
de Educadores de la provincia de Buenos Aires para que se modificara la ley de
jubilaciones en vigencia, cuya aplicación perjudicaba a los docentes. Hasta que no fuera
revisada pedía que se suspendieran las cesantías.19
En este reclamo, en algunas
oportunidades, se iniciaron demandas a la Corte Suprema de Justicia. Podemos mencionar
al menos dos casos, citados en la Revista de Instrucción Primaria, que tuvieron un fallo
positivo para las maestras implicadas.20
Las luchas por la estabilidad y el escalafón durante la gestión de Greca (1946-1947)
Desde su asunción en el cargo de Director General de Escuelas de Buenos Aires, Alejandro
Greca21
tuvo una relación conflictiva con los docentes.22
Un punto central en los conflictos
radicó en la dificultad para lograr un acuerdo respecto a Ley de Escalafón y Estabilidad
vigente. Poco después de iniciada la nueva gestión, en agosto de 1946, Greca presentó una
18
Teniendo en cuenta que la edad del ingreso al magisterio era a los 15 años, muchos de los maestros
debieron jubilarse a los 45 años de edad. Sin embargo, la ley 4656 (inciso 1º del Art. 8º) establecía que “Sólo
podrán acogerse a los beneficios de la jubilación los empleados y funcionarios que hayan cumplido 55 años
de edad o 53 si se tratara de mujeres, y computen no menos de 30 años completos de servicios. El monto de la
jubilación será igual al 88 por ciento del promedio mensual que arroje el total de los sueldos que el interesado
hubiese percibido durante todo el tiempo de la prestación de sus servicios. A los que tuvieran menos edad de
la establecida en el párrafo anterior y más de 30 años de servicios computables, se les bonificará un año en la
edad por cada año de servicio que exceda a los 30.” [en línea]
http://www.gob.gba.gov.ar/dijl/DIJL_buscaid.php?var=6609.
19
Ver “El Sindicato de Educadores de la Provincia solicitó al Director General de Escuelas la no aplicación
de la actual ley de jubilaciones.” La Capital, 9/5/46.
20
Ver Revista de Instrucción Primaria, 16/10/47. La revista era el órgano de difusión del magisterio de la
provincia de Buenos Aires. Fue fundada en 1905 por Francisco Brunet y su jefe de redacción y
posteriormente su director fue José Castillo, hasta 1948 inclusive, cuando se interrumpió definitivamente. La
revista incluía artículos, noticias, información oficial, reseñas de libros, consultas y propuestas de trabajo. A
partir de 1946 se incorporó la publicación del calendario y escolar y las guías para la enseñanza. Analizando
el caso de los empleados municipales, Joel Horowitz (2007) mencionó que los empleados públicos con los
cambios de gobierno sufrían cesantías y nuevos nombramientos enmarcados en las disputas políticas de la
coyuntura. Los docentes no parecían ser la excepción, ni la práctica era exclusiva del gobierno peronista
21
Como ya ha sido señalado por la historiografía el conflicto latente en las filas peronistas entre los hombres
del Laborismo y de la UCR-Junta Renovadora durante la campaña electoral, estalló una vez asegurado el
triunfo. En este contexto la Dirección General Escuelas cuya máxima autoridad era Alejando Greca, abogado
santafecino proveniente de las filas del radicalismo y luego vinculado a FORJA, no estuvo exenta del mismo.
(Petitti, 2014).
22
Por ejemplo, durante su gestión se puso freno a la reagrupación familiar, medida establecida por la gestión
anterior que daba lugar a un antiguo reclamo docente. Por otra parte, las maestras adscriptas debían justificar
causa de enfermedad para poder continuar sin cumplir funciones docentes. A esto cabe agregar que
continuaron las cesantías de los docentes con más de 30 años de ejercicio.

10. iniciativa para suspender la ley 4675, exceptuando lo referente a sueldos mínimos y
bonificaciones, hasta que se sancionaran las reformas sugeridas por la DGE.23
Antes de que el proyecto de suspensión ingresara en la Cámara de Diputados, la
medida fue objeto de diversas críticas por parte de diferentes representantes de las
organizaciones gremiales de los docentes de la provincia de Buenos Aires. Tanto la
Asociación de Maestros como el Sindicato de Educadores de la provincia de Buenos Aires
manifestaron su absoluto desacuerdo y constituyeron una comisión Pro Defensa de la ley
4675. Sin embargo, el Sindicato Argentino de Maestros de la Provincia de Buenos Aires,
luego de entrevistarse con el Director General para manifestarle “sus temores por la
supresión de la ley 4675”, presentó un comunicado en el que prestaba su apoyo a la medida
oficial.24
El proyecto ingresó en la cámara de diputados el 14 de agosto de 1946. La crítica
ante tal propuesta tuvo una amplia repercusión en los periódicos y en la prensa educativa.
La Revista de Instrucción Primaria, por ejemplo, pronunciaba que los maestros
ya directamente o por intermedio de sus organismos gremiales, han puesto el grito en
el cielo, justamente alarmados… La detención de la ley pone en manos de la más alta
autoridad escolar de la provincia un recurso que llevará el desasosiego a los hogares
de los maestros…25
Apuntalando la protesta, una directora renunciaba a su cargo como acto simbólico,
por haber sido designada en 1938 previamente a la sanción de la ley 4675.26
A su vez, la
oposición a la supresión de la ley recibió el apoyo de organizaciones de Córdoba y Santa
Fe.27
Si bien tanto el Secretario General de la DGE, Emilio Ogando, como Greca
expresaron que se elaboraría una nueva ley donde se contemplarían las aspiraciones del
23
Greca argumentaba la necesidad de la reforma cuestionando la aplicación intencionada de la ley, el régimen
de ascensos entonces vigente y las funciones atribuidas al Tribunal de Clasificaciones en el decreto
reglamentario. Ver “Nota de la Dirección General de Escuelas, solicitando la supresión de la Ley 4675, de
Escalafón y Estabilidad del Magisterio.” PBADSCD, 1946, p. 1333/4.
24
En el comunicado, el sindicato expresaba que “hace saber al magisterio que debe permanecer tranquilo y
que estima conveniente la medida que se ha tomado.” El Día 8/8/46.
25
“Los maestros de la provincia de Buenos Aires en peligro.” Revista de Instrucción Primaria 1/9/46.
26
“Una renuncia” Revista de Instrucción Primaria 1/9/46.
27
Ver “La Asociación del Magisterio de Santa Fe, solicita no se suspenda la Ley 4675 de Escalafón y
Estabilidad del magisterio.” (PBADSCD, 1946 p. 2268) y “La federación del Magisterio de Córdoba y otras
entidades solicitan el rechazo del proyecto de suspensión del Escalafón del Magisterio.” (PBADSCD, 1946, p.
2576).

11. gremio, el proyecto debió ser retirado ante la presión de los docentes, quienes recibieron el
apoyo de la prensa y la oposición parlamentaria. En la Cámara de Diputados, tanto el
radicalismo como el sector laborista se opusieron al mismo, no contando el oficialismo con
la mayoría necesaria para su aprobación.
Ante la efectividad de la negativa de los docentes, a fines de septiembre, la DGE
sometió a consideración del Poder Ejecutivo Provincial (PEP) las reformas que proponía
introducir a la ley 4675, sin cuestionar su vigencia.28
Al mes siguiente, el PEP elevó el
proyecto a la Cámara de Diputados, donde sería tratado en sesiones extraordinarias.29
A
diferencia de la ley que continuaba en vigor, el proyecto de reforma era menos específico
acerca de las garantías de los docentes, aunque establecía un incremento salarial. El PEP
argumentó que el texto respondía a las gestiones realizadas por el Sindicato Argentino de
Maestros de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, este proyecto tampoco fue
aceptado por el resto de las organizaciones sindicales del magisterio que presentaron
modificaciones al mismo. Una síntesis de las principales críticas fue presentada en uno de
los editoriales del diario El Día, donde se expresaba que:
En modo alguno cabe aceptar que a favor de un justificado y necesario aumento en
las retribuciones, se deroguen garantías expresas y se facilite la entrada en el
discrecionalismo (…) si se habló de perfeccionarlo, bajo cuyo argumento conviniese
en admitir la revisión, no es dable aceptar ahora que todo se reduzca, en la práctica a
eliminar las cláusulas que al fijar ciertas condiciones, requisitos y límites, eran para
los maestros prenda de objetividad y garantía.30
.El 27 de noviembre de 1946, la Asociación de Maestros de la provincia de Buenos
Aires elevó un estudio del anteproyecto de la Ley de Escalafón y Estabilidad del
Magisterio, mientras que el 18 de diciembre, la Federación de Maestros y Profesores
Católicos elevó conclusiones referidas al proyecto de Ley de Escalafón y Estabilidad del
Magisterio. A comienzos de abril de 1947, el Sindicato de Educadores se reunió para
28
Según señalaba El Día esta medida “nos permite afirmarnos en nuestra opinión de que para llevarlo a la
práctica no es preciso suspender la ley en vigor, desde que la reforma no requiere soluciones de continuidad
en un estatuto que, entretanto se lo perfecciona, puede ser aplicado con beneficio para el cuerpo docente.” El
Día 28/9/46.
29
El proyecto fue presentado el 25 de octubre de 1946, PBADSCD, 1946, pp. 2926-2930.
30
El Día 30/10/46. La revista de Instrucción Primaria, publicaba una nota de Rodolfo Pérez Duprat, quien
tuvo importantes cargos en la DGE entre 1940 y 1943 como Sub-inspector y Secretario General, en la cual
formulaba una crítica similar a la citada.

12. considerar el proyecto, insistiendo en la inclusión de representantes gremiales en sus
organismos.31
Dos días después, el PEP solicitó a la Cámara de Diputados de Buenos Aires
su devolución para poder introducir las reformas.32
Sin embargo, a comienzos de julio de
ese año, en la cúspide del conflicto político en la DGE, poco antes de que el Senado
provincial solicitara la renuncia de Alejandro Greca,33
el PEP elevó nuevamente el
proyecto en el cual, sólo se modificaban algunas cuestiones formales que no afectaban al
contenido.34
Una vez reemplazado Greca, el Sindicato Argentino de Maestros de la
provincia de Buenos Aires elevó sugestiones al proyecto de escalafón, estabilidad y
jubilación del magisterio.35
Otro punto de conflicto residió en la cuestión salarial. Asumido el gobierno de
Mercante, se presentaron en la legislatura diversos proyectos, que proponían elevar los
salarios a $250, en el caso del oficialismo y del bloque radical y a $275 por parte de los
laboristas que tomaban el reclamo docente de equiparación de salarios con los docentes
nacionales.36
En noviembre de ese año se sancionó una ley que elevaba a partir de ese
entonces el salario mínimo a $250 mensuales.37
Sin embargo, en diciembre la DGE abonó los sueldos sin el aumento. Ante la
repercusión en la prensa que tuvieron los reclamos, el PEP emitió un comunicado en el que
explicaba que el aumento se haría efectivo durante el transcurso del mes.38
Asimismo, el
hecho de que la ley incrementara el salario mínimo y no el básico, implicaba que el
aumento no repercutiera en las bonificaciones por jerarquía y antigüedad sobre el personal
docente que cobraba más de $250. Así un maestro recién ingresado a la docencia cobraría
lo mismo que uno con más de 15 años de antigüedad. Los docentes insistirían. Luego de
una serie de gestiones por parte de la Asociación de Maestros de la provincia ante el
Director de Escuelas, los bloques legislativos y el autor del proyecto, se incorporaron los
31
“Celebró reunión la junta central del sindicato de educadores.” La Capital, 9/4/47.
32
PBADSCD, 1946, p. 3709.
33
El desencadenante del conflicto fue un cruce de acusaciones entre un sector del laborismo de la Cámara de
Senadores y Alejando Greca que concluyó con la dimisión de éste último.
34
“Mensaje y proyecto del Poder Ejecutivo relativo a la estabilidad y escalafón del magisterio” del 25 de
octubre de 1946 (PBADSCD 1946, pp. 2926-30).
35
PBADSCD 1947, p. 1230.
36
PBADSCS, 1946, p. 879.
37
Ley 5106. [En línea] http://www.gob.gba.gov.ar/intranet/digesto/PDF/05106.pdf.
38
El Día, 7/12/46 y 8/12/46.

13. aumentos a las bonificaciones en disposiciones anexas.39
De esta forma, se mantenía una
diferencia con el sueldo anual promedio para el año 1947, pero de menor cuantía.40
Las luchas por la estabilidad y el escalafón durante la gestión de Maldones (1947-
1949)
Asumida la gestión del nuevo Director de Escuelas, Estanislao Maldones,41
el PEP volvió a
solicitar la substracción del proyecto que se encontraba en tres comisiones, pero que aún no
se había comenzado a tratar.42
Este nuevo retiro, si bien fue aceptado, dio lugar a la crítica
de esta práctica política por parte del radicalismo y del laborismo que durante el mes de
octubre, presentaron proyectos a partir de las sugerencias de los docentes,43
como así
también propusieron incluir en la Ley de Escalafón y Estabilidad a las visitadoras de
higiene, los bibliotecarios y los miembros de los consejos escolares.44
Lo cierto es que en los primeros años del gobierno peronista se hicieron notar las
demandas sindicales que tenían por objetivo que el gobierno legisle sobre aspectos
estructurales de las relaciones laborales. Los pedidos a favor de legislar estabilidad,
escalafón y estatutos por parte de diferentes gremios enmarcaron una profunda
conflictividad que no sólo involucró a laboristas, radicales y peronistas en las cámaras, sino
39
El Día, 12/12/46 y 16/12/46.
40
El sueldo anual promedio para el año 1947 en la Capital Federal fue de $287 y en el resto del país de $264.
Servicio Estadístico Oficial: “Salario medio obrero en la Capital federal”, en Boletín Diario Secreto N° 441,
Ministerio de Asuntos Técnicos – Presidencia de la Nación, 30 de noviembre de 1951.
41
En agosto de 1947 el Senado otorgó su acuerdo al PEP para designar a Estanislao Maldones (1947-1949), al
igual que Greca nacido fuera del territorio provincial, específicamente perteneciente a una familia tradicional
de Catamarca. Su gestión coincidió con la disminución de la conflictividad política y la reestructuración de la
DGE.
42
“La Honorable Cámara accede al retiro del mensaje y proyecto del Poder Ejecutivo sobre reformas a la ley
4675” Según argumentaba Mercante “Motiva este pedido el facilitar a las autoridades escolares la revisión del
proyecto con motivo de las gestiones efectuadas en tal sentido por entidades representativas del gremio del
Magisterio.” PBADSCD, 1947, p. 1595.
43
En septiembre de 1947, la Cámara de Diputados aprobó el retiro y en el mes de octubre fueron presentados
dos nuevos proyectos. Ver “Proyecto de los diputados Montes, Calvo y Romariz Elizalde sobre Estabilidad y
Escalafón del Magisterio” PBADSCD 1947, pp. 2370-5 y “Proyecto de ley del Diputado Iza sobre Estabilidad
y Escalafón del Magisterio”. PBADSCD 1947 p. 4026 y ss.
44
Ver “Proyecto de Calvo y Vera por el que se declara función docente a las desempeñadas por los
bibliotecarios de las instituciones acogidas por la ley 4688” PBADSCD 1947 pp. 4022/3; “Proyecto de
Zamundio por el que se establece la estabilidad y escalafón para los ayudantes principales de la DGE.”
PBADSCD 1946, pp. 2745/6; “Proyecto de los senadores laboristas Benito Ferro y Ángel Merlo en base al
petitorio presentado por a las visitadoras de higiene escolar, maestras normales, que solicitan se las restituya
a los beneficios de la estabilidad el escalafón establecidos en la ley 4675”, PBADSCS, 1947, p. 414;
“Proyecto del Diputado Curusack de estabilidad y escalafón del personal de consejos escolares” PBADSCD
1947, pp. 2178/80.

14. que su discusión provocó diferenciaciones al interior de los propios sindicatos que se
reconocían en el peronismo. El caso de los trabajadores frigoríficos fue sintomático en este
sentido, pero se reprodujo también en los gremios ferroviarios y gráficos, por ejemplo
(Contreras, 2012).45
La cuestión central de los diferendos radicaba en que el oficialismo
estaba dispuesto a conceder mejoras salariales pero era algo reacio a sancionar legislación
sobre cuestiones más estructurales del proceso de trabajo, la estabilidad laboral y la
clasificación del personal, aspectos sobre los que perseveraban los sindicatos.
Más allá de que la huelga no estaba permitida para los empleados del estado, y menos
aún para los docentes, a partir de otros mecanismos de presión (que en este caso
consistieron en buscar apoyo en la oposición a la gestión de Greca, así como en
entrevistarse con dirigentes, tanto en la prensa como en la legislatura), el magisterio
consiguió que no se suprimiera la ley 4675 ni que se efectuaran reformas que pudieran dar
lugar a una mayor discrecionalidad por parte de la DGE. Así, si bien sus iniciativas no
fueron expedidas por las comisiones y hasta 1951 no se volvería a presentar un proyecto de
reforma de la ley 4675, es posible reconstruir las diferencias entre las propuestas
presentadas por el oficialismo, el laborismo y el radicalismo, aunque por el momento no
logramos precisar las diferentes propuestas de cada uno de los sindicatos del sector. El
proyecto de los radicales tenía mucho en común con el presentado por el oficialismo,
aunque incorporaba la participación de un docente en ejercicio al Tribunal de
Clasificaciones. Los laboristas, en cambio, definían con mayor precisión la legislación y
elevaban el sueldo básico a $400. En materia del Tribunal de Clasificaciones avanzaban
aún más al especificar que estaría integrado por un director y dos representantes gremiales.
En 1948, se sancionaron dos leyes que contenían parte de las demandas docentes. La
ley 5423, además de elevar el salario mínimo a $325 y afectar con ello las bonificaciones,
incorporaba a la ley de Estabilidad 4675 a las maestras de los jardines de infantes y a las
Visitadoras de Higiene Escolar con título de maestra al mismo tiempo que regulaba los
traslados y las jubilaciones, estableciendo que los docentes que fueren jubilados de oficio a
45
En el año 1946, por ejemplo, reclamaban sanción de Estatuto los bancarios, los petroleros, el personal de la
aviación civil, los periodistas y el personal de YPF. Los laboristas de Buenos Aires ya habían tenido una
destacada labor en el impulso del Estatuto del Trabajador de la Carne, logrando la media sanción en la cámara
de Diputados, aunque no prosperaron en el Senado. Su campaña por el Estatuto fue central en su prédica
política encabezada por la figura de Cipriano Reyes y a través de ella marcaron sus diferencias con el
peronismo. Ver Laborismo, N°3, junio de 1947.

15. partir de 1945, gozarían de una jubilación mínima de $ 200.46
La ley 5425 que creaba el
Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires incrementaba los haberes
jubilatorios de los docentes al tomar el promedio mensual de sueldos que resultara de los
cinco años calendarios que más convinieran al afiliado y otorgaba jubilación por cesantía,
retiro voluntario o invalidez.
De todas formas, la equiparación salarial realizada en 1948 quedó acotada a los
sueldos básicos, por lo cual los docentes siguieron reclamado que se extendiera a las
bonificaciones. El salario mínimo de $325 a su vez estaba por debajo de la media nacional
que era de $361 y más aún respecto al salario promedio de la Capital Federal que era de
$391.47
Fue recién durante la gestión de César Avanza, en el año 1950, cuando se
incrementaron las bonificaciones por antigüedad y se redujeron los plazos para percibirlas
de 5 a 3 años.
La sanción del Estatuto del Docente durante la gestión de Avanza (1949-1952)
Finalmente, en 1951, durante la gestión de Julio César Avanza como Ministro de
Educación de la provincia,48
se promulgó la Ley de Estatuto del Docente que derogaba la
anterior ley número 4675.49
Si bien la oposición realizó críticas respecto a la
intencionalidad política de nueva legislación, la misma fue aprobada por la mayoría de los
sectores.50
En lo que respecta al salario docente, establecía que estaría determinado por la
ley del presupuesto y que las bonificaciones periódicas corresponderían tanto a los titulares
como a los suplentes; y sobre los ascensos, especificaba que los cargos superiores a
vicedirector de primera categoría se designarían a través de concurso de oposición. A su
vez, los docentes consiguieron integrar el tribunal de clasificaciones. Por otra parte,
mientras que en la ley anterior, el tribunal estaba compuesto por un Consejero General de
Educación, el Inspector General, el Sub-Inspector General y dos inspectores seccionales; el
decreto reglamentario de la nueva ley establecía que formarían parte del tribunal por un
46
Ley 5423 [En línea] http://www.gob.gba.gov.ar/dijl/DIJL_buscaid.php?var=7135. Ley 5425 [en línea]
http://www.gob.gba.gov.ar/dijl/DIJL_buscaid.php?var=7137.
47
Servicio Estadístico Oficial: “Salario medio obrero en la Capital Federal”, en Boletin Diario Secreto N°
441, Ministerio de Asuntos Técnicos – Presidencia de la Nación, Bs. As., 30 de noviembre de 1951.
48
En 1949 un nuevo dirigente de militancia política forjista fue colocado al frente del área educativa. Julio
César Avanza, abogado oriundo de Bahía Blanca, pertenecía al entorno político más cercano al gobernador.
Su gestión emprendió una intensa política en materia educativa que marcaría la impronta del período.
49
Ley 5651. [En línea] http://www.gob.gba.gov.ar/dijl/DIJL_buscaid.php?var=7320.
50
Sobre el debate del Estatuto Docente, ver Panella (2005).

16. período de un año, dos inspectores representantes de los distintos cuerpos de inspectores y
dos docentes, uno con categoría de director y otro de maestro. Los inspectores serían
designados por el Ministro a propuesta del Director General de Enseñanza; el director, por
elección directa de los directores de las distintas escuelas de la ciudad de La Plata; y el
docente por el ministro, a propuesta en terna de los distintos sindicatos que en ese entonces
actuaban en la provincia de Buenos Aires.51
Ahora bien, ¿cuáles fueron las reacciones frente a la sanción del Estatuto del Docente
de 1951? El Sindicato Argentino de Maestros venia apoyando buena parte de las medidas
oficiales. Por ejemplo, en 1946 fue el único que no se opuso a la supresión de la ley 4675 y
en 1952 adhirió a la medida del gobierno de la provincia de Buenos Aires que establecía
como texto oficial La Razón de mi Vida.52
Sin embargo, en el marco de la sanción de la ley
tuvo un conflicto con las autoridades del Ministerio. Un grupo de docentes por intermedio
del Sindicato publicó una circular con el título “Sepa el maestro lo qué significa el Estatuto
del Docente” en la que elevaban su protesta porque la nueva norma no contemplaba la
equiparación de los sueldos y bonificaciones con el magisterio dependiente del gobierno
nacional. Según argumentaba la oposición, a partir de dicha circular cuyos autores eran
docentes adscriptos, se dictó una resolución por la cual algunos docentes, fueron
despojados de sus funciones de adscriptos y regresados a sus cargos anteriores en sus
respectivas escuelas.53
Por su parte, el Sindicato de Educadores si bien no contaba con personería gremial,
se entrevistó en varias oportunidades con el Ministro de Educación, César Avanza. Así,
poco tiempo después de que asumiera su cargo de ministro, una delegación compuesta por
más de cien docentes, encabezada por Adolfo Col, solicitó “que el sueldo básico y la escala
de bonificaciones del personal docente de la provincia, sea equiparado al del personal
docente de la nación.”54
Al año siguiente, a este reclamo se sumaba el de
51
Decreto reglamentario 719/52, Art. 121. Ver Registro Oficial de la provincia de Buenos Aires, p. 145-166.
52
“El Sindicato Argentino de Maestros aplaude una resolución del gobierno” El Día 3/7/52.
53
El Día del viernes 27 de julio de 1951 titulaba “Docentes adscriptos al Ministerio de Educación han sido
reintegrados a sus cargos”. Se especificaba que entre ellos, Elvira Frías, presidenta del Sindicato Argentino de
Maestros, sería reintegrada al cargo de vicedirectora de la Escuela 11 de General San Martín. Así también
Sofía Volpe, secretaria de la Escuela número 7 de Bahía Blanca y presidenta de la delegación bahiense del
Sindicato. Se enumeran otros docentes que probablemente participaron en la elaboración de la nota.
PBADSCD, 1951, p. 880-1.
54
“Una delegación del Sindicato de Educadores entrevista a Avanza” El Argentino, 16/7/49.

17. bonificaciones a maestros rurales con más de un grado, a directores sin casa
habitación, por aula a las escuelas que no tienen portero, y a los directores y
a los maestros que por falta de personal deben trabajar con horario adicional;
refuerzo de la partida de eventuales para limpieza; subvención a las
cooperadoras; partidas para porteros suplentes; Casa del Magisterio en cada
distrito; habitación para el maestro con la financiación del Estado, provisión
a las escuelas de material didáctico (…).55
Para el radicalismo, el sindicato de educadores era un sindicato “poco oficial”. De
hecho, en 1950 presentó una serie de denuncias sobre los ascensos de jerarquías realizados
en aquella fecha, solicitando que se dejaran sin efecto por “importar importantes
violaciones a la Ley de Estabilidad y Escalafón del Magisterio”. De igual modo, se quejaba
por los actos de presión ejercidos por los superiores jerárquicos sobre el personal docente
“con el fin de obtener su afiliación a determinada entidad que usa esa forma de
proselitismo.” Estas denuncias fueron llevadas a la Cámara de Diputados por el sector
radical.56
Sin embargo, en el marco de la sanción del Estatuto Docente, a diferencia del
Sindicato Argentino de Maestros, el Sindicato de Educadores presentó su apoyo al proyecto
de ley y al año siguiente solicitaron a los docentes que presentaran sus propuestas a la
convocatoria presidencial para el envío de sugerencias con motivo del Segundo Plan
Quinquenal.57
A modo de conclusión
En la introducción de la ponencia adelantábamos nuestra insatisfacción con aquella
diferenciación maniquea que visualizó en los maestros u obsecuentes al gobierno o
acérrimos opositores antiperonistas que resistieron las presiones de los ejecutivos
55
“Mejoras para el magisterio gestiona el Sindicato de Educadores de la Provincia” La Capital, 25/7/50.
56
PBADSCD, 1950, p. 1513. Se referían, muy probablemente, a la presión que ejercían ciertos funcionarios a
favor de la Confederación del Personal Civil de la Nación (Contreras, 2010; Contreras y Petitti, 2012).
57
Ver “Realizó su asamblea general la filial La Plata del Sindicato de Educadores de la Provincia, con
asistencia del diputado Rubén Mercado y todos los miembros de la Junta Central. Sobre la actividad
desarrollada en el último período informó el secretario, Sr. Julio César Morán y el secretario general Adolfo
Col, desarrolló un amplio temario ocupándose acerca de la posición de la entidad con respecto al Estatuto del
Docente, categoría de las escuelas, reglamento general de licencias, ley de jubilaciones, aumento de sueldos
en escuelas profesionales y fábricas, suspensión de la clases los días sábados y adhesión y forma práctica de
realizar el Plan Económico de 1952.” El Día 3/5/52. Ver también “En una reunión de maestros se trató el
proyecto del estatuto del docente en Gral. Sarmiento” La Capital, 26/6/51 y “Los maestros de Buenos Aires
apoyan el Segundo Plan Quinquenal. Resolución del Sindicato de Educadores.” La Capital, 16/12/51.
“Renovó autoridades la filial del Sindicato de Educadores de la Provincia.”

18. nacionales y provinciales, al mismo tiempo que proponíamos prestar atención a ciertas
posiciones intermedias, contradictorias y contenciosas, mediadas por la coyuntura política,
donde, por ejemplo, los que apoyaban las políticas del gobierno no resultaron ser tan
“obsecuentes”, ni los no peronistas tan acérrimos opositores. La dinámica sindical
mostraría sus particularidades. Nos inclinamos entonces por avanzar en una distinción más
precisa de los comportamientos de los trabajadores docentes y sus organizaciones
sindicales para complejizar y repensar las interpretaciones que inicialmente han
caracterizado su participación gremial durante el primer gobierno peronista. En este camino
es que señalaremos algunas reflexiones que se desprenden de la investigación que estamos
desarrollando.
La ponencia aporta elementos para poner en duda la presunción que indica, por un
lado, que la ausencia de huelgas corresponde a la inexistencia de conflictos laborales dada
la “cooptación” de los trabajadores por parte del peronismo, y, por el otro lado, que las
escasas acciones de oposición y resistencia nacían de los militantes políticos antiperonistas
que impulsaban “hechos políticos” contra el gobierno. Lo cierto es que durante el período
en cuestión se desarrollaron múltiples reclamos laborales referidos a salarios, estabilidad y
clasificación, por lo menos. Estas demandas de carácter gremial fueron canalizadas
institucionalmente por parte de los sindicatos docentes y pretendieron ser dirimidas en ese
ámbito. El petitorio, los preproyectos, la coordinación con grupos parlamentarios, los
pedidos de reunión con el gobierno, la llegada a la prensa, la publicación de opiniones, etc.,
se convirtieron en los medios elegidos para motorizar las demandas gremiales.
En este entramado, los distintos sindicatos docentes se convirtieron en actores
centrales de los reclamos, las disputas y las resoluciones y, dada la opción de canalizar sus
demandas por vías institucionales, activaron sus proclamas por este sendero, vinculándose
necesariamente con el oficialismo, la oposición parlamentaria y la prensa. Dentro de estas
coordenadas se movieron las distintas organizaciones gremiales de los docentes, mostrando
cada una sus particularidades político-sindicales y su afán por representar a los maestros. Es
probable que las disputas entre las organizaciones por dirigir el gremio estimulara, a su vez,
el impulso de distintos reclamos sindicales, los cuales no cesaron ni siquiera cuando la
sanción de la Ley de Estatuto del Docente de 1951 fue percibida como positiva por la
mayoría de las organizaciones del sector. Siempre alguna de las asociaciones de los

19. docentes sugería modificaciones por vía institucional referidas a los salarios, las
clasificaciones, etc. Así, la ausencia de huelgas no puede traducirse como inexistencia de
conflicto laboral ni como pasividad obrera. En todo caso, es necesario analizar las
características propias por las que transitó el sector.
Louise Doyon (2006) afirmó que el reformismo del gobierno peronista fue
acompañado en sus primeros años por una intensa movilización del movimiento obrero.
Los docentes no habrían sido la excepción, más allá de sus particularidades. De hecho su
activación por mejoras salariales, por la defensa o mejora de la Ley de Escalafón y
Estabilidad o por integrar los Tribunales de Clasificaciones, por citar los ejemplos
analizados en la ponencia, emparenta a los docentes con el resto del movimiento obrero y
pone en tensión aquellas percepciones que los ubicaron en la clase media. Los retrasos en
los montos de sus salarios hablan en el mismo sentido. En este marco, los distintos
sindicatos que militaban en el sector pujaron por encabezar las demandas de los maestros
tanto para hallar su satisfacción como para imponerse a sus entidades competidoras. Sin
desconocer esta disputa, también fueron lo suficientemente flexibles al momento de
impulsar reclamos en conjunto. Así, por ejemplo, las demandas salariales o la comisión Pro
Defensa de la ley 4675 encontraría a varias de las organizaciones en la misma vereda,
expresando momentos de unidad de carácter clasista o sectorial frente al patrón-estado y a
la fractura político-ideológica peronismo-antiperonismo.
Resulta interesante destacar, incluso, la importancia de la insistencia de los docentes
y sus organizaciones respecto a los salarios, la estabilidad, el escalafón y la integración de
los Tribunales de Clasificaciones dado que su activación se convirtió en una de las causas
que explican muchos de los aspectos del proceso. La lucha docente: revela, por lo menos,
una parte sustancial del fracaso del proyecto de Greca de anular la ley de 1938, brinda
claves para entender las sucesivas modificaciones infructuosas de la citada ley hasta su
nueva formulación en 1951, enmarca la sanción del Estatuto del Docente de 1951,
contextualiza la incorporación de representantes docentes en los Tribunales de
Clasificaciones, permite entender las discusiones y resoluciones sobre el salario que se
daban en el parlamento, etc. Las mejoras en el salario y en la redacción del Estatuto del
Docente deben contarlos como participes activos y no sólo como beneficiarios pasivos de
las políticas del gobierno. De igual modo, los docentes son responsables, en cierta medida,

20. de los límites que portaba la vía elegida para realizar sus demandas, la cual por ejemplo,
acarreo un constante retraso salarial respecto a los docentes nacionales y a la media salarial
nacional y de la Capital Federal, que aunque fue menguando no pudo ser saldado por medio
de petitorios y gestiones parlamentarias. Todo parece indicar que los sindicatos docentes
aceptaron (o padecieron) los límites institucionales que el gobierno impuso para el
desarrollo de sus demandas, pero no por ello dejaron de impulsar sus reclamos.
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