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Capítulo 12
La Diputación Provincial durante la Dictadura
de F.Franco (1937-1979)
DR. EDUARDO J. ALONSO OLEA
Puede llamar la atención que este epígrafe alcance hasta 1979 cuando es sabido que el General Franco
murió en 1975, pero la razón es bien sencilla. Hasta 1979 no se celebraron elecciones –de hecho
desde 1923 no se habían elegido mediante urna– para cubrir los puestos de Diputados Provinciales.
Y decimos bien, provinciales, porque hasta 1983 no se va a organizar la Diputación de forma diferente,
foral.
1.LA ABOLICIÓN DEL CONCIERTO ECONÓMICO DE 1937 Y SUS EFECTOS INMEDIATOS
Si hacemos caso a un empleado de la Diputación el 19 de junio de 1937, a las 3 de la tarde entraron en el
Palacio de la Diputación las primeras tropas de las Brigadas de Navarra y lo primero que hicieron fue ondear la
bandera rojigualda, según este testimonio guardada desde 1931 por él mismo. En esta situación bélica, la insti-
tución se reorganizó sobre la marcha con unos diputados nombrados desde el Gobierno Civil.
Dejando aparte el asunto de la depuración, a cuyo apartado remitimos, el principal y más inmediato
problema de la Diputación debería haber sido reconstruir su habitual gestión tributaria y desde aquí conti-
nuar prestando sus servicios. Sin embargo, el 23 de junio, a los cuatro días de la caída de Bilbao, Franco
firmó un decreto que condicionó claramente la existencia de la institución durante las cuatro décadas si-
guientes. Nos referimos al Decreto abolitorio del Concierto Económico de 23 de junio de 19371
. Diremos,
a título anecdótico, que se atribuyó la redacción del decreto a uno de los técnicos del Ministerio de Hacienda
que había participado en la renovación del Concierto de diez años antes, Andrés Amado2
, en 1937 encargado
de los asuntos de Hacienda en la Junta, a la que se había incorporado desde abril José Navarro Reverter,
hijo del ministro que había negociado la renovación del Concierto en 1886, y experto del Ministerio en los
jurados mixtos de Utilidades. En definitiva, ambos conocedores profundos del régimen concertado.
De este texto desconocemos su génesis, y hay varios elementos que todavía habría que aclarar: por qué
se tomó en dos días la decisión de eliminar el Concierto, si era un privilegio por qué se dejó subsistir en
Álava y en Navarra y no en Bizkaia y Gipuzkoa (que desde septiembre de 1936 estaba en manos del ejército
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sublevado y había continuado funcionando), por qué en una situación de guerra como aquélla se tomó esa
decisión.
Los efectos sobre la organización y administración de la Diputación de esta medida fueron demoledores:
pérdida de ingresos y competencias pero lo más grave fue que se perdió todo rastro de autonomía en la
gestión, es decir, desde este punto la Diputación no sólo en su composición –como había ocurrido desde
1926– sino en su gestión va a estar sujeta a los designios del Gobierno y de su liberalidad.
La justificación de ello se encontraba en el preámbulo del Decreto-ley de derogación. Ésta se fundamen-
taba en el agravio comparativo que suponía una menor presión fiscal sobre los contribuyentes vizcaínos y
guipuzcoanos y el fraude fiscal en perjuicio de la Hacienda del Estado. El mal uso hecho de este privilegio
y el que se alzaran en armas, estas dos provincias, contra el Movimiento Nacional (sic), “corres-
pondiendo así con la traición a aquella generosidad excepcional”3
, eran causas de la derogación del Con-
cierto.
No obstante, estos principios de privilegio y causa de fraude fiscal no fueron aplicados a Álava y Navarra,
pues estas dos provincias sí se habían alineado con el golpe militar. Por último, se reconocía la existencia
de vizcaínos y guipuzcoanos patriotas, y así se justificaba la medida como un acto de justicia y no “de mera
represalia”.
En la parte dispositiva se establecía que desde primero de julio de 1937 los impuestos, rentas y contri-
buciones del Estado se realizarían en Bizkaia y Gipuzkoa como en el resto del Estado, y con sus reglamentos.
Sus gastos, pues, serían sufragados como en las demás Diputaciones. Por su artículo cuarto se reconocía la
vigencia del Concierto en Álava; y en el siguiente, que la Junta Técnica del Estado dictaría las instrucciones
necesarias para cumplir con el Decreto.
En efecto, la Junta Técnica del Estado dictó una Orden4
por la que establecía la formación de una Co-
misión mixta Estado-Diputaciones para que propusiera el mecanismo concreto del traspaso de servicios de
las Diputaciones al Estado. Esta Comisión se constituyó en San Sebastián, bajo la presidencia del gobernador
civil de Gipuzkoa “-por tener que realizarse en San Sebastián estos trabajos, dadas las especiales atenciones
que hoy reclama Vizcaya-”5
. Estaba formada, como decimos, por representantes de la Administración estatal
y de las propias Diputaciones, y propondría, en un plazo de treinta días, las normas de traspaso de los ser-
vicios de las Diputaciones.
La representación del Estado, además del gobernador civil de Guipúzcoa6
, estaba formada por un vocal de
la Junta técnica y el delegado de Hacienda de Guipúzcoa, y por cada Diputación uno de sus miembros.
Como secretario actuaría, con voz pero sin voto, un abogado del Estado. Una vez acordadas las medidas
concretas enviaría la propuesta a la Junta Técnica que decidiría en última instancia. Cabía la posibilidad de
que hubiera votos particulares de algún o algunos vocales.
Esta Comisión elaboró el preceptivo informe, que se materializó por Orden del 24 de noviembre de
19377
.
Como consecuencia directa de la abolición del Concierto no sólo hay que contar el paso de la recauda-
ción fiscal al Estado, sino también la eliminación de servicios de las Diputaciones. Especialmente relacio-
nados con la propia guerra se encontraron en posición difícil los miqueletes
guipuzcoanos y los forales vizcaínos.
La Diputación vizcaína, como es lógico reemplazada en sus componen-
tes por personas adictas al nuevo régimen, hizo gestiones para que los
miembros del Cuerpo de Miñones, declarados exentos de responsabilidad
por los Tribunales Militares, pudieran ser destinados por la Corporación
provincial a los servicios que fueran necesarios dentro del propio Cuerpo.
A tal efecto se envió una carta por el presidente de la Diputación, Luis de
Llaguno, al general jefe del VI Cuerpo del Ejército8
. Pero cuando éste estaba
a punto de resolver en sentido positivo esa petición, llegó, también de Bur-
gos, un oficio que contenía una orden del general Dávila, jefe del Ejército
del Norte, por la que “a causa de la participación directa con nuestros ene-
migos de los Cuerpos de Miqueletes y Miñones que como organización Mi-
litar dependían de las Diputaciones de Guipúzcoa y Vizcaya y que se han
distinguido en la rebelión Rojo-Separatista por su olvido completo de sus
deberes militares; he resuelto disolver los mencionados Cuerpos”9
.
Sin embargo, no será hasta 1967 cuando desaparezcan los últimos ves-
tigios de los Cuerpos armados forales de Bizkaia y Gipuzkoa, con la su-
presión total de los consumos provinciales10
.
HISTORIA DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA, 1500-2014
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Andrés Amado Reygondaud de Villebardet
(1886 - 1960). Encargado de los asuntos de ha-
cienda en la Junta Técnica del Estado y luego
Ministro de Hacienda hasta agosto de 1939.
Según testimonios del momento fue el que
ideó el decreto abolitorio del Concierto Econó-
mico.

Otros servicios de la Diputación también pasaron al Estado. Así se transfirieron un total de 398 kilómetros
de carreteras de la Diputación de Guipúzcoa y 652 de la de Vizcaya al Estado, consideradas según la norma,
de interés general11
. La carretera de Orduña a Pancorbo, propiedad de la Diputación de Vizcaya pasó a de-
pender de la Jefatura de Obras Públicas de Burgos. En correspondencia se traspasaban al Estado las chabolas
de los peones, la cantera de Aduna, propiedad de la Diputación guipuzcoana, y del total de la maquinaria
y utillaje se hizo inventario y se repartió por mitades. Por supuesto el personal asignado a las carreteras
transferidas al Estado pasaron a éste. Asimismo se extendía el régimen común del Código de circulación,
Reglamento de Transportes, etc.
De igual modo los gastos de Instrucción Pública también pasaban al Estado (Universidad de Oñate, Es-
cuelas de Ingenieros, Conservatorio de Bilbao, Escuelas de Barriada de Vizcaya y las Escuelas Rurales de
Guipúzcoa), pero el Estado se reservaba el derecho de modificar, e incluso suprimir, los establecimientos
de enseñanza si no encajaran en sus planes sobre educación.
El Estado abonaría a las Diputaciones los gastos efectuados en los servicios, más que traspasados incau-
tados, desde el 1 de julio hasta que se firmaran las actas de entrega de los mismos.
Dentro de las cargas que pasaban desde el 1 de julio de 1937 también se subrogó el Estado en las obli-
gaciones que quedaban por pagar del préstamo del Crédito de la Unión Minera. La Diputación de Guipúzcoa
dejaría de pagar a la de Bizkaia su parte, y la de Álava pagaría la suya al Estado.
Por último, se estableció que el personal de las Diputaciones que so-
brara pasaría a la situación de excedencia forzosa, con el sueldo que fijara
la respectiva Diputación. El Estado podría utilizar, como interino, a este so-
brante de personal mientras que le fuera necesario o no pudiera regresar
a la Diputación.
El apartado 5º. de esta Orden de 24 de noviembre era desde luego in-
dicativo del verdadero expolio que significaba:
5º Si con posterioridad a la publicación de las presentes normas se tu-
viera noticia de la existencia de alguna concesión de ferrocarriles, funicu-
lares, puertos u obras públicas en general, cuyo otorgamiento se encuentre
relacionado con el régimen especial que disfrutaban las provincias de Gui-
púzcoa y de Vizcaya, se procederá a su revisión en cumplimiento de lo
dispuesto en el Decreto-Ley de 23 de junio de 1937.
Es decir, no se dejaba ningún hueco al olvido o a la excepción puesto
que cualquiera de ellos pasarían por el mismo procedimiento que las ca-
rreteras designadas.
Habrá que esperar hasta el 6 de junio de 1968 para que cristalizaran los
intentos de eliminar el preámbulo del Decreto de derogación del Concierto
y hasta 198112
para que Bizkaia y Gipuzkoa recuperaran, ya en unas cir-
cunstancias políticas bien distintas, su régimen fiscal privativo.
En principio podría suponerse que al igual que en 1876, con el fin de
la Guerra Carlista, se producirían protestas por la eliminación del Concierto,
como en aquella ocasión sucedió con los Fueros. Sin embargo hay matices
importantes: Franco no era Cánovas. Por ello más que quejas por la elimi-
nación del Concierto hubo lamentos por los “Rojos” que habían provocado la pérdida del régimen concer-
tado. En la prensa de la época, por supuesto, se trató muy levemente el asunto sólo haciendo referencias
aisladas a los viajes que hubo de hacer Lorenzo Hurtado de Saracho, el encargado de llevar a cabo las con-
versaciones, para tratar el asunto de los traspasos a Madrid13
.
Desde luego la Diputación no hizo nada más que colaborar con el nuevo régimen, del que formaba
parte, para la desmembración de sus competencias. A tal efecto, hasta 1940, la recaudación de las Utilidades,
por ejemplo, estuvo en manos de la Diputación, en cuyas oficinas había funcionarios de la Hacienda central
que hacían los correspondientes estados de ingresos y los transferían de inmediato a la Delegación de Ha-
cienda. Como se estableció en las normas de traspaso de servicios de noviembre de 1937, parte del personal
de las Diputaciones fue transferido de la Diputación a oficinas de la Administración central.
Pero además de la Diputación hubo una entidad muy ligada a ella que también va a cambiar su previa
situación de cierta autonomía. Nos referimos a la Caja de Ahorros Vizcaína.
Pasada la Guerra Civil, la Caja se vio muy afectada por los procesos de depuración14
(que afectaron tanto
a la Diputación como a la propia Caja) directamente en el puesto del director José Gainzarain. En marzo
de 1938 fue nombrado Francisco Greño Pozurama (1901-1971)15
que desde julio de 1937 fue designado por
LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DURANTE LA DICTADURA DE F. FRANCO (1937-1979)
525
Lorenzo Hurtado de Saracho Arregui (1889-
1984). Político conservador de larga trayecto-
ria, ya había sido Diputado provincial en los
años veinte. Fue él el encargado por la Dipu-
tación para formar parte de la Comisión mixta
Estado-Diputaciones para la transferencia de
los servicios. Luego, entre 1959 y 1966, sería
alcalde de Bilbao.

los insurrectos subdirector interino. La continuidad anterior se mantuvo con la renovación periódica de los
mandatos de los vocales vecinos y, como novedad, dando la representación de la Caja en las sociedades
participadas a los miembros de la Junta. Por otra parte, al no ser cargos electos (como lo habían sido durante
la Restauración) la continuidad en el cargo de presidente de la Diputación hacía más larga igualmente la de
presidente de la Junta de la Caja.
Ya comentamos más arriba que la vinculación entre la Diputación y la Caja de Ahorros Vizcaína resultaba
cercana a la ósmosis, y uno de los elementos o poros que las intercomunicaba era el funcionamiento del
Cuerpo de Miñones como policía provincial y responsable, en muchos puntos de la provincia, de la gestión
diaria de las sucursales de la Caja. Pues bien, el Cuerpo de Miñones fue sometido a un proceso de depura-
ción como el de todo el personal de la Diputación16
. El problema de la Caja, o mejor uno de los problemas
de la Caja, fue cómo sustituir a este personal que llevaba ya tiempo controlando las libretas en los pueblos
e incluso cómo reemplazar las sucursales por cuanto algunas de ellas, localizadas en cuarteles de Miñones,
o habían sido afectadas por el conflicto bélico (como la de Gernika o Amorebieta) o bien, al ceder los
locales a la fuerza pública que sustituyó a los Miñones, la Guardia Civil, habían dejado de ser utilizables,
como ocurrió en Ondarroa (en donde el cuartel de los Miñones pasó a ser ocupado por la Guardia Civil).
Sin embargo, el propio proceso de depuración y de eliminación del cuerpo foral palió en parte la situación,
por cuanto los Miñones, que dejaron de serlo pero que seguían siendo empleados de una Corporación con
un presupuesto muy reducido y sin competencias policiales, fueron recolocados en otros servicios, y uno
de ellos fue, precisamente, su transferencia a la Caja de Ahorros Vizcaína, con unos haberes pagados, ini-
cialmente, a medias entre Diputación y Caja de Ahorros, aunque finalmente, en un proceso que culminó
en 1939, una veintena larga terminaron prestando sus servicios en la Caja17
. Esta transferencia no le salió
gratis a la Caja por cuanto hasta su incorporación la Caja, anualmente, pagaba una especie de compensación
global directamente al jefe del Cuerpo que luego la repartía entre los Miñones.
Además de la depuración del director José Gainzarain y Corres, los empleados de la Caja también pasaron
por el expediente de depuración oportuno. De entrada supuso el despido de 51 empleados18
de la entidad,
el 23 de agosto de 1937, aunque algunos fueron readmitidos, lo que significó prescindir aproximadamente
de una tercera parte del personal de la Caja.
Por todo ello, como vemos, la vuelta a la “normalidad” fue bastante dificultosa; y una normalidad relativa
en la medida en que la guerra no terminó hasta 1939.
2.COMPOSICIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DURANTE LA DICTADURA FRANQUISTA
Ésta va a ser, por lo tanto, la situación competencial de la Corporación. Ahora vamos a ver la formación
de la Diputación durante estos primeros años del franquismo.
Estas personas eran de probada garantía política, como no podía ser de otra forma, siendo carlistas,
como Llaguno19
o Ildefonso Arrola, o viejos monárquicos pero que en los años treinta habían lindado con
la Falange o Renovación Española, como Hurtado de Saracho, diputado por la Liga de Acción Monárquica
en 1919. Arrola también fue diputado entre 1894 y 1901. Isidoro Delclaux –carlista– no había tenido una ac-
tividad política activa hasta entonces, concentrado en sus negocios en los sectores del vidrio y bancario20
.
Por supuesto, como venía ocurriendo desde el comienzo de la actuación de las gestoras, estos diputados
no discutían los acuerdos, sino que se relacionaban en sus actas. El único síntoma de que un asunto podía
tener algún problema es la referencia a que quedase “encima de la mesa”, lo que no era frecuente ni auto-
máticamente tenía que significar que fuera motivo de discusión, podía obedecer a un problema técnico o
burocrático.
Por debajo de los diputados, se reintegró en su puesto el secretario Mariano de Laita, aunque continuó
como vicesecretario en funciones de secretario Manuel Zorrilla.
Esta nueva Diputación, designada por la autoridad militar, lo primero que hizo fue organizar una función
religiosa en Begoña en desagravio y de acción de gracias por la liberación de Bilbao, además de enviar a
Franco un telegrama de agradecimiento y de adhesión inquebrantable. El mismo día 21 destituyó a todos
los empleados de la Diputación, comenzando el proceso de depuración que se analiza en su capítulo co-
rrespondiente, y repuso a Mariano de Laita como secretario de la Corporación. En el terreno administrativo
recompusieron las comisiones de Museos, Caja de Ahorros Vizcaína y del Sanatorio de Górliz, con el fin
de estudiar el futuro uso de la instalación, ya que los niños ahí ingresados se habían trasladado a Francia
(de donde regresarían en agosto). Para el 23 repusieron a todos los empleados destituidos durante el periodo
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anterior: Ricardo Rivaflecha, Agustín
Zufía, Crescencio Gardeazabal, José
Bengoechea, etc. y a otros funciona-
rios imprescindibles de forma interina.
Dejaron fuera del acuerdo a los Miño-
nes, por cuanto esperaban resolución
de la autoridad militar y a las maestras
de barriada por cuanto estaban de va-
caciones.
El día 30 se reorganizó la Comisión
del Sanatorio de Górliz, pero además de
obediencia a los reglamentos y normas
propias, se les requería el cumplimiento
de las disposiciones del gobernador.
La única reacción al Decreto de 23 de junio fue un escueto acuerdo21
:
Se acordó en relación con el Decreto de 23 de Junio último, promulgado por el Excmo. Sr. Jefe del Estado,
en virtud del cual se suprime el Concierto Económico establecido entre el Estado y las provincias de Vizcaya
y Guipúzcoa a partir del día 1º del actual, y ante las dificultades que han de surgir con su aplicación inmediata,
consultar el parecer de los Sres. Jefes de Sección respecto a qué impuestos o recursos corresponde percibir a
la Diputación, y visto dicho parecer, atenerse a las instrucciones que al efecto pueda dictar el Sr. Gobernador
Civil de la Provincia o autoridades superiores.
Durante las semanas inmediatas, por lo tanto, la Diputación se concen-
tró en organizar el personal (destituir definitivamente o reponerlo) y orga-
nizar las comisiones que con tan corto número de diputados tendieron a
ser unipersonales. Llama la atención cómo en esos momentos, además de
por ejemplo gestionar el regreso de los niños de Górliz, se preocupasen
de recuperar los cuadros robados a la Diputación y al Museo, de lo que se
encargó Lorenzo Hurtado de Saracho, pero la conocida afición del vice-
presidente al arte lo explica. Luego ordenaron pequeños pagos, indemni-
zaciones a viudas e hijos de empleados fallecidos, pero el alcance de sus
acuerdos fueron escasamente trascendentes fuera de estos temas concretos.
En el terreno de los museos Delclaux propuso el 30 de septiembre de 1937,
y fue aprobado, conservar parte del “cinturón de hierro” para un futuro
Museo de la Guerra.
La cortedad del número de diputados explica también cómo los nom-
bramientos en algunas comisiones se hacían en personas ajenas a la Cor-
poración. Por ejemplo para la de la Casa de Expósitos y la Casa de
Maternidad nombraron a Guillermo Barandiarán, Enrique Ornilla o a Ale-
jandro Gaytán de Ayala. En todo caso, hasta marzo de 1938, salvo contadas
excepciones, las comisiones se convirtieron en órganos unipersonales.
Frente a las decenas de comisiones que actuaban hasta la Guerra, ahora se
redujeron a trece.
El efecto cruzado de la abolición del Concierto, con la depuración y/o fuga de funcionarios, hizo que
los cuadros del personal de la Corporación se redujeran hasta tal extremo que se daban casos de reposi-
ciones de empleados porque no había forma de sustituirlos hasta que los aspirantes disponibles pudieran
estar dispuestos a cubrir las bajas. Además, se multiplicaron los acuerdos de suspensión del pago de sub-
venciones a entidades culturales del más variado tipo por la falta de recursos; al igual que se eliminaron las
gratificaciones a personal vinculado a las cátedras de euskera y de taquigrafía. En otra línea, pero también
para ahorrar, se revisaron los antecedentes políticos de caseros que tenían concedidas subvenciones por
roturación de nuevos terrenos22
.
En enero de 1938 se materializó uno de los aspectos de mayor relevancia del Decreto de 1937 y la Orden
de noviembre, como fue el traspaso de los 606 Km. de carreteras hasta entonces propiedad de la Diputación
al Estado, junto con todo su personal y medios materiales. En el total de 36 carreteras se hacía una descrip-
ción de cada una de ellas y su estado, en general bueno23
.
En marzo de 193824
la Diputación gestionó en Burgos, por medio de Delclaux, Arrola y el presidente
Llaguno, el traslado del Ministerio de Industria a Bilbao, a los locales de la propia Diputación, como efec-
527
CUADRO 12.1.
COMPOSICIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VIZCAYA.21 DE JUNIO
DE 1937
Fecha de nombramiento Diputados
21/07/37 Luis de Llaguno Piñera (Pres.)
21/07/37 Lorenzo Hurtado de Saracho (Vicepres.)
21/07/37 Ildefonso de Arrola
21/07/37 Miguel Vega y Haro
21/07/37 Isidoro Delclaux
17/03/38 Pedro María Gaviria
Luis Llaguno Piñera (1878-1975). Carlista, tra-
dicionalista ligado al colegio de Orduña,
donde nació, uno de los focos del carlismo
más conservador y ultracatólico, buen amigo
de Esteban Bilbao.

tivamente sucedió. Esta medida indica claramente el espacio disponible en
el edificio para incluir nuevos empleados, ya que la plantilla se había visto
drásticamente reducida. Sin embargo, en ese mismo mes arrendó a la viuda
de Víctor Chávarri y a las hijas de Benigno Chávarri, el Palacio Chávarri,
de la plaza Moyúa, por 25.000 pts. anuales. Al año siguiente pasaría a una
inmobiliaria que vendería al Estado el edificio donde se instaló el Gobierno
Civil (y hoy es sede de la Subdelegación del gobierno en Bilbao).
A veces, la reasignación de funciones al personal no era fácil, así fue
especialmente costoso hacerlo con los Miñones, varios traspasados a la
Caja de Ahorros, otros a Arbitrios, e incluso al ferrocarril de la Reineta,
pero aquí hubo problemas por no ser duchos en mecánica, por lo que ter-
minaron en Arbitrios la mayoría de ellos25
.
La derogación del Concierto supuso por lo tanto la completa reorgani-
zación de los servicios de la Corporación, no sólo por los menores recursos
sino por los cambios en sus competencias. Pero además, incluso en los
servicios que continuaron en sus manos hubo de realizar cambios para re-
acomodar a su personal. Ya se comentó en su momento que en 1926 se
alcanzó un acuerdo entre el Ayuntamiento de Bilbao y la Diputación para
recaudar de forma mixta los arbitrios en la Villa, pues bien, en 1938 se
tuvo que reformular el acuerdo. En esta ocasión la Diputación cedió la re-
caudación completa al Ayuntamiento, con un premio del 5% pero corría
con los gastos de los salarios de los empleados26
.
Aquí encontramos, por lo tanto, un ele-
mento que ya estaba presente por lo
menos puntualmente en la gestión provin-
cial. Nos referimos al claro reparto espacial
de las competencias, que como indicamos
ahora se va a acentuar todavía más. La Di-
putación se va a ocupar esencialmente de
la provincia, dejando al Ayuntamiento de
Bilbao con la responsabilidad de la gestión
de los asuntos, aunque sean provinciales,
dentro de su propio municipio. El otro –y
este es nuevo– la búsqueda continua de
ahorro en los gastos. Sí que la reducción
competencial (el caso más claro es el de
las carreteras que de un día para el otro ha-
bían dejado de ser responsabilidad provin-
cial, junto con su personal –salarios– y
maquinaria) había reducido los gastos, sí
que la depuración había reducido la nó-
mina, pero aun así la ausencia de recursos, más allá de la coyuntura de guerra del momento, se va a alargar
en el tiempo.
El ahorro, pero también, la clarificación de su propio funcionamiento y gestión determinaron medidas
de evidente trascendencia. Así, con fecha 6 de abril, la Diputación en cumplimiento del Decreto de agosto
de 1937, resolvió cesar el compromiso de los Miñones con la Corporación, “quedando desligados de toda
clase de dependencia para con ésta y definitivamente extinguido todo derecho”27
. Eso sí, se daba un plazo
de 15 días a los ya exmiñones para que solicitasen algún destino en algún servicio de la Diputación. Por
supuesto este acuerdo se aplicaba a los miñones no sujetos a procedimientos de responsabilidad y que es-
taban hasta entonces ocupados de modo provisional en diferentes servicios (porteros, celadores, conducción
de dementes, etc.).
Este ahorro contrasta con otras operaciones de eficacia discutible y desde luego gravosas, como la ad-
quisición de los derechos, bienes y concesiones de la Bilbao River & Cantabrian Railway, en abril de 1938,
por 500.000 pts28
.
Estos meses de guerra, largos meses de guerra, por lo tanto estuvieron centrados en la reorganización
de los servicios que quedaban en sus dependencias, ajustes de personal, y ahorro de recursos.
528
Isidoro Delclaux Aróstegui (1894-1984). Car-
lista, tradicionalista, procedía de una familia li-
gada a los negocios industriales (sobre todo el
vidrio desde la empresa Delclaux y cía.), que
luego ampliaría a los bancarios.
CUADRO 12.2.
COMISIONES DE LA DIPUTACIÓN DE VIZCAYA.JULIO DE 1937-
ENERO DE 1938
Comisión de Gobernación
Comisión de Agricultura
Comisión de Servicio de Montes
Comisión de Servicio Pecuario
Comisión de Museos
Consejo de la Caja de Ahorros Provincial
Comisión de Fomento
Consejo del Ferrocarril de Triano
Comisión de Hacienda
Comisión de Instrucción Pública
Comisión liquidadora del Crédito de la Unión Minera
Comisión Mixta de Patentes de Vehículos de motor mecánico
Comisión encargada de los asuntos del Sanatorio de Górliz

En junio de 1938, en lo que sin duda es
sintomático de los nuevos tiempos que co-
rrían, en La Gaceta del Norte se publicó un
balance de un primer año de gestión de la
nueva Diputación. Se destacó en primer lugar
la reapertura de las Escuelas de Barriada, en
donde se había repuesto el crucifijo e insta-
lado la foto de Franco29
. Se hacía una leve re-
ferencia al traspaso de los 600 kilómetros de
carreteras provinciales al Estado y luego se
destacó la compra de sementales suizos y la
política de repoblación de árboles. En El Co-
rreo Español hubo semejantes mensajes triun-
falistas pero que en realidad ocultaban una
escasa capacidad de gestión.
La paz significó, desde abril de 1939, una
progresiva recuperación de una cierta normalidad. Decimos de una cierta porque esos años no fueron desde
luego fáciles; el régimen estableció unas bases sólidas, y se fue organizando de manera centralizada, todavía
de forma más acusada que lo tradicional en el Estado. En cierta forma, sustituyó legitimidad por legalidad30
.
A falta de legitimidad, o la que le dio la victoria en la guerra, se organizó un Estado no sólo centralizado
sino ultra reglamentado, de forma que nada pudiera escapar a su control.
La paz también trajo una nueva Diputación. Ahora conformada con más personas, en muestra de esa
vuelta a la normalidad.
El 13 de abril de 1939 fueron nombrados por el Gobierno los nuevos diputados provinciales. En este
caso ya fueron doce los nombrados: José Luis de Goyoaga y Escario (Pres.), Ildefonso de Arrola Aqueche
(Vicepres.), Isidoro Delclaux, Miguel Vega y Haro, Antonio González Martínez, Pedro Ampuero Gandarias,
Gabriel Laiseca Allende, José Gaytán de Ayala, Javier Ibarra y Bergé, Jaime Jauregui Epalza, Juan Elorduy
Inza y José Luis Arteche Ortiz de la Riva.
El nuevo presidente de la Corporación no era desde luego novel en las arenas políticas: José Luis de
Goyoaga y Escario31
(Bilbao, 20.06.1883 / Neguri-Getxo, 11.04.1968). Industrial y político, dirigente del mo-
narquismo local –uno de los primeros mauristas vizcaínos–, no en balde fue nombrado por Alfonso XIII
Gentilhombre de Cámara en 1913. Fue uno de los artífices de la unión de las derechas no nacionalistas en
la Liga de Acción Monárquica, lo que le llevaría al escaño parlamentario por Barakaldo en dos ocasiones,
en 1920 y 1923. Además, fue un muy prestigioso abogado en la Villa, llevando algunos casos famosos en
su momento: la acusación particular contra los asesinos del gerente de Altos Hornos de Vizcaya, ocurrido
en 1921, y en 1922 el caso de la terraza del Club Náutico32
, así como asesor jurídico de variadas empresas
e instituciones: Banco Central, Euskalduna, Ayuntamiento de Barakaldo o de la propia Diputación Provincial
de Vizcaya.
Goyoaga al comenzar la guerra se refugió en Mundaka pero finalmente
fue detenido, y tras pasar por diversas cárceles terminó en la de los Ángeles
Custodios, en donde se salvó por poco de ser pasado por las armas, justo
por la llegada de Telesforo Monzón y Astigarraga con la policía motorizada.
Esta experiencia la narró en su libro “Las cárceles euskadianas”33
. Si bien
sonó su nombre para ser alcalde de Bilbao, el 11 de abril de 193934
se le
nombró presidente de la Diputación (y alcalde a José Mª Oriol). El 14 de
abril el gobernador civil Miguel Ganuza dio posesión a los nuevos diputa-
dos, ensalzando sus valores como excombatientes, como José Luis Arteche
Ortiz de la Riva, Javier Ybarra y Bergé35
, Pedro Ampuero Gandarias36
y Juan
Elorduy Inza y un aviador mutilado como Jaime Jaúregui Epalza37
.
Estos hombres, por lo tanto, fueron los encargados de gestionar la nueva
situación que se determinaba directa e indirectamente desde el Ministerio
de la Gobernación, o de otros Ministerios, en Madrid. Un caso, simple pero
significativo, fue el ocurrido con el personal. Además de la depuración o
del simple exilio de los empleados identificados con el bando perdedor
de la guerra, los vencedores establecieron la obligación de preferir a ex-
combatientes en las filas de la administración pública, como garantía aña-
529
Peones camineros de la Diputación. El traspaso de más de 600 Km. de carreteras al Estado
obligó a reorganizar el servicio en muchos de los “trozos” en que se dividía su distribución a lo
largo y ancho de la provincia.
José Luis de Goyoaga y Escario (1883-1968),
prestigioso abogado y con larga trayectoria en
las filas monárquicas, su apoyo a Don Juan le
supuso la “caída vertical”.

dida para contar con una administración fiel al régimen. Hay por lo menos una docena de casos de excom-
batientes propuestos por la Comisión Inspectora de Excombatientes, que la Diputación tuvo que contratar
–en algunos casos con unas pruebas de acceso digamos que sencillas– a pesar del agobiante problema eco-
nómico y de plantillas que tenía. La situación contrasta con la resistencia de la Diputación desde comienzos
de siglo a cumplir la “Ley de Sargentos” que adjudicaba cupos en los destinos civiles a exmilitares. En 1939
no hubo ninguna resistencia, aunque tampoco resulte extraño porque, como hemos indicado, la mitad de
la Diputación estaba formada por excombatientes.
El hecho es que la Diputación tenía en 1939 menos empleados que en 1894.
Se había visto reducida a casi un tercio en su plantilla, además de por los efectos de disolución de los
Miñones o traspaso de las Escuelas de Barriada por la pérdida del personal vinculado a las carreteras per-
didas. Las vacantes se cubrieron por sistema recurriendo a los Cuerpos Nacionales en cada vez más casos;
por ejemplo en 1943 se jubiló el depositario y su plaza se comunicó a la Dirección General de Administración
para ser cubierta por concurso entre los pertenecientes al Cuerpo Nacional de Depositarios.
No hay que perder de vista que esta plantilla de diputados y empleados tuvieron que bregar con una si-
tuación económica muy apurada de la Corporación, inmersa en una situación económica general también
apurada, con racionamiento y una gran carestía de la vida, y por lo tanto con un contrabando y estraperlo
difíciles de calcular pero muy abultado38
.
En 1942, bajo la presidencia de Goyoaga también, se va a renovar la Diputación y el vicepresidente Del-
claux va a ser sustituido por Gabriel Laiseca Allende39
. Algunos nombres se repiten como el de Jaime Jáu-
regui, pero la mayoría fueron nuevos: José Luis de Goyoaga y Escario (Pres.), Gabriel Laiseca Allende
(Vicepres.), Mateo Olaso Andechaga, Antonio Elías Suárez, Jaime Jáuregui Epalza, Ramón Real de Asúa
Arana, Javier Prat Meseger, José María Martínez García-Peñuela, Antonio Barandiarán Ruiz, Demetrio Gutié-
rrez Cañas Fernández, Ricardo Angulo García, Julio Serrano de la Mata, Fernando Oleaga Fullaondo, Alberto
Cobos Vic, Lucio del Álamo Urrutia, Justino Adrada Fernández, Manuel Souto Vilas, José Antonio Renedo
Fornos, Julio Serrano de la Mata y Ramón Goicoechea Aguirre.
Como vemos Isidoro Delclaux había desaparecido de la Diputación pero no las personas vinculadas a
sus empresas, como Mateo Olaso, uno de los fundadores de Villosa en 1934. Hay otros empresarios vincu-
lados a Las Arenas (como Ramón Real de Asúa, Antonio Barandiarán, Gabriel Laiseca o Jaime Jáuregui),
constructores como Justino Adrada, o profesionales como el médico José Antonio Renedo –director del ins-
tituto antituberculoso en Bilbao y depurado por el Gobierno Vasco en 1936– , el periodista jonsista Lucio
del Álamo Urrutia (Amurrio, Álava, 1913-Madrid, 1988) que luego hará carrera en Madrid y llegará a ser
presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid o el profesor gallego Manuel Souto Vilas, procedente
de las JONS, y luego catedrático de Filosofía en el Instituto central de Bilbao. Muchos de ellos, además
serán más tarde concejales en el Ayuntamiento de Bilbao (Manuel Souto o Julio Serrano). Pronto hubo dos
bajas en esta nómina: la de Lucio del Álamo que en 1943 fue nombrado director de Radio Nacional de Es-
paña y de Antonio Barandiarán, fallecido en ese mismo año. En 1944 fueron reemplazados por Vicente
Rojo Cubillo40
y el abogado Juan José Zorrilla de la Gándara.
530
CUADRO 12.3.
PLANTILLA DE LA DIPUTACIÓN DE BIZKAIA (Nº Y %)
1882 1936 1939 1950 1955
Secret. contabilidad y archivo 29 10% 45 5% 35 10% 43 12% 34 11%
Corrección p. 2 1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Comisión en Corte 2 1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Instrucción pública 3 1% 188 19% 1 0% 3 1% 3 1%
Arbitrios 72 24% 105 11% 85 24% 85 24% 96 30%
Portazgos 6 2% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Obras públicas 139 46% 323 32% 126 36% 100 28% 86 27%
Miñones 44 15% 129 13% 0 0% 0 0% 0 0%
Montes y granjas 0 0% 57 6% 21 6% 23 6% 14 4%
Imprenta 0 0% 14 1% 5 1% 17 5% 14 4%
Beneficencia 4 1% 23 2% 10 3% 25 7% 6 2%
Subalternos 0 0% 52 5% 41 12% 39 11% 31 10%
Hacienda 0 0% 64 6% 23 7% 23 6% 33 10%
Total 301 100 1.000 100 347 100 358 100 317 100

También se aprecia una relativa
vuelta a la normalidad por cuanto
se recupera el número de veinte
miembros de la Diputación (en
proporción a la Ley provincial de
1882), por lo que la composición
de las comisiones también se pudo
regularizar e incluso aumentar. En
todo caso continuó funcionando la
Comisión permanente, formada
por el presidente Goyoaga, el vice-
presidente Laiseca y seis vocales:
Ramón Real de Asúa, Antonio Ba-
randiarán, Mateo Olaso, Antonio
Elías, Ramón Goicoechea y Justino
Adrada. Esta Comisión fue el ver-
dadero órgano ejecutivo por
cuanto en ella se decidían los asun-
tos urgentes o de trámite, aunque
luego tuvieran que ir al pleno
donde les dieran el visto bueno.
Sin embargo, la aparente nor-
malidad que se pretende dar en la
marcha habitual de la Corporación
choca con ciertos problemas debidos a la falta de adaptación. Así la reglamentación interna en sus procedi-
mientos continuaba siendo la previa a la guerra41
y además quedaban muchos flecos de los traspasos efectuados
que no se habían resuelto, lo que requería continuos viajes a Madrid de una comisión nombrada ex profeso
para ello. Luego tenemos los problemas de las medidas que tomaban otros organismos y que la afectaban di-
rectamente como la cesión a Renfe del Ferrocarril de Triano, en 1941, y la venta del Ferrocarril de Galdames.
La Diputación en esencia lo que hizo fue concentrarse en sus labores puramente reglamentadas: bene-
ficencia de ancianos y niños pobres (no bilbaínos) reforzando las medidas contra el fraude, a lo que se
achaca el descenso de personas atendidas desde 1939 y 194342
.
En el sector educativo, ya sin gastos asignados a las Escuelas de Barriada o Escuelas Superiores (como
la de Ingenieros), se dedicaron algunos recursos a las Escuelas de Artes y Oficios o al Conservatorio Vizcaíno.
También asignaban pequeñas partidas a instituciones culturales: Museo de Bellas Artes, Moderno, Junta de
Cultura de Vizcaya, Museo de Reproducciones y a la Sociedad Coral de Bilbao.
La Diputación continuó también pagando las estancias de los vizcaínos pobres en hospitales (tanto ge-
nerales como psiquiátricos), pero así como desarrolló su propia infraestructura de atención en los segundos,
con la ampliación del de Zaldivar, limitó, reforzando el control, los pagos para las estancias en el Hospital
de Bilbao. Igualmente amplió la Casa de Maternidad (incluyendo una zona separada para solteras) o mejoró
la dotación del Sanatorio de Górliz, aunque lo hizo a costa de aumentar las cantidades a abonar por las fa-
milias ya que estableció un sistema de pago complementario a su cargo en proporción con los ingresos fa-
miliares. Aquí encontramos uno de los efectos perversos de la propaganda: para la Diputación era un mérito
atender a más niños (se recibieron en 1943 un record de demandas de ingreso de niños, 1.574 y sólo in-
gresaron 259), pero la tuberculosis era una enfermedad que en ese momento (no hay que olvidar que desde
1940 se acentuó) se estaba extendiendo hasta alcanzar niveles inusuales, pero no se podía decir. Otro ele-
mento novedoso en Bizkaia con la nueva gestión sin Concierto es que la beneficencia, que era un funda-
mento básico de las Diputaciones de régimen común fue igualmente creciente en el caso de la Diputación;
es decir, al girar recibos a familiares y/o ayuntamientos por la atención a asistidos la beneficencia se convirtió
en un ingreso creciente para la Corporación. En 1938 ingresó 40.000 pts. por este concepto, pero en 1943
ingresó 140.000 pts. por las aportaciones familiares. Se gastaba más, pero no todo el gasto gravitaba sobre
las arcas provinciales, sino que lo hacía sobre los recursos municipales y familiares.
Frente a la contención de gastos en muchas partidas tradicionales no se escatimó tanto en subvenciones
al Frente de Juventudes o a la Iglesia para la renovación de templos dañados o la construcción de nuevos.
Además de las labores en esa beneficencia reglamentaria o en educación y cultura, la Diputación participó
en las primeras medidas encaminadas a solucionar un problema crónico sobre todo de Bilbao y el valle del
531
Los años inmediatos de la posguerra fueron especialmente difíciles para los vizcaínos; dificultades frente a las
que la Diputación poco pudo hacer por una creciente falta de medios y nula autonomía para aplicar políticas que
pusieran en evidencia las ineficiencia del sistema político.

Ibaizábal, pero que se agravó en las siguientes décadas de una forma exponencial: nos referimos al problema
de la vivienda43
.
No era la primera vez que la Diputación atendía a asuntos de vivienda, puesto que ya hemos visto cómo
ayudó a financiar diversas operaciones de Casas Baratas, e incluso la Caja de Ahorros Vizcaína tuvo como
una de sus primeras misiones ocuparse de ellas. Pero sobre todo desde 1950 la cuestión varió en la medida
en que el incremento demográfico fue casi explosivo por el fuerte crecimiento de la inmigración, atraída
por el desarrollo de la industria vizcaína. El déficit de vivienda crónico y galopante determinó el igualmente
crecimiento del chabolismo en los alrededores de Bilbao y las localidades industriales de la Ría44
.
Pues bien, en 1943 se creó el Patronato Social de Viviendas Protegidas de Vizcaya al que dotó de 750.000
pts. para la construcción de viviendas, pero por iniciativa del Gobierno Civil sobre todo en la zona minera
y margen izquierda. Todavía no se había constituido lo que será Viviendas de Vizcaya, pero ya comenzaba
su labor. Por iniciativa de Justino Adrada se propuso la construcción de 1.020 viviendas de protección oficial
–acogidas a la Ley de 19 de abril de 1939 por la que se estableció un sistema de promoción de viviendas
de renta reducida y se creó el Instituto Nacional de la Vivienda– con una aportación de 3.000.000 de pts.
Pronto se buscó el apoyo de la Caja de Ahorros para conseguir terrenos en la zona de Bilbao.
Cantidades más modestas se dedicaban al servicio agropecuario y forestal, con el funcionamiento de la
Granja de Derio o de Zalla que eran utilizadas para aportar víveres a los sanatorios y casas de acogida de
la Diputación, con lo que se conseguía ahorrar recursos. Otro servicio que daba pequeños beneficios era
el Funicular de La Reineta (en 1943, 19.301 pts.), pero con una política tarifaria muy limitada por la necesidad
de permiso ministerial. Lejos estaban desde luego los tiempos de los ingresos millonarios del Ferrocarril mi-
nero de Triano, que pasó a ser propiedad del Estado con la constitución de Renfe en 1941.
Una parte de los gastos de la Diputación que desde la abolición del Concierto va a crecer es la subven-
ción a obras municipales (como ocurría con las de régimen común) y otros servicios como el del Aeropuerto
de Sondica (cuyas obras de excavación acabaron en 1943, gracias al trabajo de penados).
El personal empleado, debido a la carestía de la vida que se aceleró desde los primeros años cuarenta,
solicitó y consiguió una serie de pagas extraordinarias compensatorias que junto con complementos de dis-
tinto jaez no sólo hacían incrementar la nómina de personal, sino que complicaba su gestión.
En octubre de 1944 tomó posesión del cargo el nuevo gobernador civil, Genaro Riestra Díaz, que lo fue
hasta su muerte en 1957. Riestra va a ser “el” gobernador y controló todos los mecanismos del poder político
desde su cargo. Asturiano emigrado muy joven a América, pasó la guerra en Cuba, donde había apoyado
a la Falange enviando de contrabando suministros, y luego premiado con el cargo de cónsul general en La
Habana45
.
En 1945 se promulgó por Franco una Ley de Bases de Régimen Local46
, verdadero núcleo organizador
de la vida local durante el Franquismo, de la que no va a ser una excepción la Diputación vizcaína.
532
CUADRO 12.4.
ANCIANOS Y NIÑOS ACOGIDOS POR LA BENEFICENCIA PROVINCIAL.1943
ANCIANOS ACOGIDOS POR LA BENEFICENCIA PROVINCIAL 1943
ESTABLECIMIENTOS 1939 1940 1941 1942 Varones Mujeres Total
Asilo Elorduy 7 6 10 10 4 9 13
Casa de Misericordia 7 8 6 6 1 4 5
Asilo de Orduña 2 2 2 2 1 1
Asilo de Begoña 1 1 0
Totales 16 16 19 19 19
NlÑOS ACOGIDOS POR LA BENEFICENCIA PROVINCIAL 1943
ESTABLECIMIENTOS 1939 1940 1941 1942 Varones Mujeres Total
Asilo de Huérfanos 14 15 15 14 8 3 11
Casa de Misericordia 59 60 78 75 66 6 72
Amor Misericordioso 103 113 78 50 19 28 47
Asilo de Gordejuela 3 1 2 2 1 1
Totales 179 189 173 141 93 38 131
Fuente: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VIZCAYA. Memoria 1943. Bilbao: Diputación Provincial de Vizcaya, 1944.

Dejando aparte los ayuntamientos y el papel rector en la provincia del gobernador civil, tradicional en
el sistema municipal español pero que ahora se acentuaba, a la Diputación, por su Base 38, le correspondía
“la administración de los intereses peculiares de la provincia”. Los diputados se elegían mediante compro-
misarios de los municipios, en igual número que los partidos judiciales, entre los alcaldes y concejales. En
el caso de Bilbao se aplicaba una medida que le daba una cierta proporcionalidad a la representación pu-
diendo nombrar un diputado más por cada 500.000 habitantes o fracción. Para completar la Diputación
corporaciones o entidades económicas o culturales elegían sus representantes–sin poder superar la mitad
de los diputados elegidos por los partidos judiciales– entre los nombres –en número triple a las vacantes,
por lo menos– propuestos por el gobernador civil. Los propuestos entre concejales y alcaldes cesarían en
la Diputación cuando perdían su condición original en los municipios. Las Diputaciones se renovaban por
mitades cada tres años.
Además de los diputados la Corporación contaba con un presidente nombrado directamente por el mi-
nistro de la Gobernación. El reemplazo del presidente no coincidía con la renovación del resto sino que
obedecía a un nombramiento que dependía o bien de la pérdida de confianza o renuncia por causas per-
sonales o profesionales.
Las obligaciones de las Diputaciones eran muy variadas, pero se fijaban unos mínimos a cumplir por
todas47
:
• Instalación y sostenimiento de establecimientos:
– Hospital médico-quirúrgico.
– Hogar infantil.
– Hospital psiquiátrico.
– Hogar de ancianos y desvalidos.
– Instituto de maternología.
• Red de caminos vecinales que ponga en comunicación a todos los núcleos poblados de su territorio
que excedan de 75 habitantes.
• En toda población superior a 500 habitantes la provincia instalará, si ya no estuviesen establecidos,
los servicios de alumbrado eléctrico.
• Cuando el servicio municipal contra incendios no estuviese suficientemente organizado, a juicio del
Ministerio de la Gobernación, la provincia lo tomará a su cargo como servicio obligatorio.
• La Diputación organizará un servicio provincial contra incendios, que atenderá a todos aquellos mu-
nicipios que no lo tengan establecido.
• En toda provincia habrá granjas agrícolas, paradas de reproductores y centros técnicos de información
gratuita a ganaderos.
Estas obligaciones se sufragaban con diversos recursos propios o cedidos por el Estado, pero como ve-
remos, fueron siempre insuficientes.
Sobre estas bases, por lo tanto, el 2 de enero de 1946 tomó posesión una nueva Diputación, también
presidida por Goyoaga, en la que se incorporaron diputados nuevos: José Luis Goyoaga (Pres.), Gabriel
Laiseca Allende (Vicepres.), Ricardo Urquieta Chopitea, Mateo Olaso Andechaga, Ramón Real de Asúa Arana,
Julio Serrano de la Mata, José Antonio Renedo Fornos, Fernando Echegaray Echegaray, Ramón Goicoechea
Aguirre, Manuel Souto Vilas, Fernando Oleaga Fullaondo, Miguel Loredo Viguera, José Orbegozo Gangoiti,
Ricardo Angulo Saenz de Santamaría, Francisco de Igartua, Gabriel Chávarri Poveda, Justo Uribarrena Er-
doiza, Vicente Rojo Cubillo, Anastasio Agustino Gómez y Sebastián Sotomayor Gispert.
Nos volvemos a encontrar con empresarios (Gabriel Chávarri Poveda, nieto de Víctor Chávarri y Marqués
de Triano), José Orbegozo (consejero del Banco de Bilbao como el anterior), junto con alcaldes (Urquieta
de Markina, Uribarrena de Durango, Rojo de Gernika, Agustino de Balmaseda y Sebastián Sotomayor, con-
cejal de Bilbao), u otros profesionales como el abogado portugalujo Miguel Loredo.
Goyoaga, que como indicamos tenía directa relación con la Monarquía recibió la enhorabuena de Alfonso
XIII en una carta fechada en Roma el 2 de mayo de 193948
. Sus simpatías con la monarquía no eran ningún
secreto, pero en abril de 1947 presentó una enmienda en las Cortes (al ser presidente de la Diputación de
Vizcaya era también procurador en Cortes), en los trabajos que estaba realizando una Comisión para el es-
tudio del proyecto de Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado. En esta enmienda proponía asignar la Je-
fatura del Estado, con arreglo a las leyes hereditarias a Juan de Borbón y Battenberg. En otros artículos se
reconocía que mientras que no se efectuase la transmisión de poderes la Jefatura del Estado la seguiría des-
empeñando Francisco Franco. Esta transmisión debía hacerse en un plazo que se fijaría por las Cortes, unas
Cortes, por cierto, electas. El 13 de mayo de 1947 fue sustituido en el cargo por Javier de Ybarra y Bergé,
mutilado permanente, académico de la Historia y consejero delegado de El Correo Español-El Pueblo Vasco
533

y hasta ese momento teniente alcalde del Ayuntamiento de Bilbao, además
de exdiputado provincial. Don Juan, desde Estoril, agradeció el gesto a
Goyoaga que tuvo cierta repercusión en la prensa extranjera del mo-
mento49
. Goyoaga continuó con su ejercicio profesional hasta su falleci-
miento y se alejó de la política pública.
Javier de Ybarra y Bergé, hijo de Gabriel de Ybarra, había sido ya di-
putado provincial y contaba con experiencia en la política municipal. Ade-
más, era un excombatiente mutilado de una conocida y poderosa familia,
por lo que estaba fuera de toda duda su vinculación al régimen. Sin em-
bargo, no estuvo en el cargo mucho tiempo, como veremos.
Ybarra fue un gran aficionado a la historia50
y esto se aprecia en su
gestión. Una de sus primeras iniciativas fue trasladar el Archivo del Corre-
gimiento a los locales del antiguo Museo de Arte Moderno, trasladado al
nuevo Museo en el parque, y llevar a cabo una completa catalogación
del mismo51
. En agosto de ese mismo año de 1947 se acordó invertir
500.000 pts. en la restauración de los edificios de Avellaneda52
.
El 30 de enero de 1948 se renovó parte de la Corporación, con Ybarra
como presidente pero abandonando la vicepresidencia Laiseca y siendo sus-
tituido en el cargo por el Marqués de Triano. Estaban formando la Diputa-
ción: Javier Ybarra y Bergé (Pres.), Gabriel Chávarri Poveda (Vicep.), José
Antonio Renedo Fornos, Fernando Echegaray Echegaray, Ramón Goicoe-
chea Aguirre, Fernando Oleaga Fullaondo, José Orbegozo Gangoiti, Ricardo
Angulo Saenz de Santamaría, Vicente Rojo Cubillo, Anastasio Agustino Gómez, José Julián Zabala Mintegui,
Sebastián Sotomayor Gispert, Hilario Bilbao Eguía, Bernardo Bureba, Eduardo Echevarria Victoria de Lecea,
Genaro Lagarra, Aureliano López Becerra, Ricardo Urquieta Chopitea, Eduardo Lastagaray García y José Eiza-
guirre.
En este plantel se incorporan periodistas como Aureliano López Becerra, compañero en el Consejo de
El Correo Español-El Pueblo Vasco, Eduardo Lastagaray, o el hermano del Marqués de Villagodio, y socio
suyo en la ganadería, Eduardo Echevarría. Pero sin duda lo que llama la atención en mayor medida es la
presencia de Hilario Bilbao, hermano del ya presidente de Las Cortes y expresidente de la Corporación Es-
teban Bilbao. No era la primer vez que era diputado provincial porque ya lo había logrado en 1917, parti-
cipando activamente en los debates sobre la fallida autonomía de esa época desde las filas carlistas, en ese
momento aliados de los nacionalistas.
Poco más de un año después, en abril de 1949, se cambiaron algunos diputados, pero el cambio más
significativo fue que Hilario Bilbao pasó a la vicepresidencia de la Corporación, pero Ybarra poco tiempo
iba a estar en la presidencia.
Ya comentamos que en 1938 la Diputación ofreció sus locales para instalar en ellos la sede del Ministerio
de Industria, trasladado posteriormente desde Burgos a Bilbao, donde hasta 1939 estuvo radicado. Pues
bien, en 1949, con motivo del décimo aniversario del definitivo traslado del Minis-
terio a Madrid, una vez acabada la guerra, se hizo un acto en el Palacio de la Di-
putación53
. Pues bien, en uno de los discursos del evento, Javier Ybarra reclamó la
derogación del Decreto de 1937 de abolición del Concierto Económico. Ya comen-
tamos más arriba que la derogación del Concierto fue aceptada sin protesta en Biz-
kaia54
, aunque de vez en cuando, aquí y allá, se deslizan algunos acuerdos u
observaciones que dan lugar a pensar que se hacían gestiones para volver a la si-
tuación previa a 1937. Un ejemplo de ello fueron los lamentos vertidos en un acta
de la Corporación55
sobre la penosa situación económica de los pueblos más pe-
queños de la provincia derivada de la pérdida de ingresos, o la petición al Gobierno
para que reactivase el Decreto Cortina56
, es decir, que pudiesen acudir a la vía con-
tencioso-administrativa si entendían que se tomaban medidas contrarias al Concierto
en los expedientes todavía vivos (sobre todo los pendientes de las recaudaciones
del Impuesto de Utilidades en los Jurados Mixtos57
). En todo caso no dejaba de ser
significativo la multitud de casos y asuntos en que se tenían que desplazar a Madrid
los diputados, comenzando por Goyoaga, para ser resueltos. Los más espinosos los
derivados, como indicamos, de los afectos al Concierto por cuanto significaban re-
cursos, a veces cuantiosos recursos que tan necesarios eran. Hay que tener en
534
Javier Ybarra y Bergé (1913-1977). Uno de los
miembros más influyentes del “clan Ybarra” du-
rante el franquismo. Ex preso, ex combatiente,
heredero de los negocios de su padre, fue pri-
mero Presidente de la Diputación y años más
tarde Alcalde de Bilbao.
Franco recibió infinidad de con-
decoraciones y honores durante
su largo gobierno. Uno de ellos
fue la Medalla de Brillantes de
Vizcaya en 1950, retirada en 2012.

cuenta que en 1945, por ejemplo, por efecto de las liquidaciones pendien-
tes del Concierto se ingresaron casi diez millones de pesetas, y se gastaron
dos millones, cuando la liquidación del presupuesto ordinario alcanzó
unos ingresos de 22 millones58
.
El hecho es que Ybarra fue a su vez cesado en noviembre de 1950.
Sus opiniones sobre el Concierto fueron las que aparentemente provoca-
ron su cese, aunque aquí no terminó su carrera política59
.
En todo caso este suceso no impidió que se le concedieran extraordi-
narios honores, en ese año, a Franco desde la Diputación. Con ocasión
de su próxima visita, pues se le esperaba para los festejos del 19 de junio
por el 13º aniversario de la toma de Bilbao, se acordó concederle, el día
5 de ese mes, la Medalla de Brillantes de Vizcaya, así como reservar el
primer asiento del Libro de Oro donde se escribió su nombramiento como
Primer Vizcaíno de Adopción y Honor. El 23 de marzo de 1962 se acordó
en el pleno de la Diputación hacerle entrega de un tríptico en el que fi-
guraba, en relieve y esmalte de color, los diversos escudos de todos los
Ayuntamientos de la provincia, con la reproducción de la firma autógrafa
de los respectivos alcaldes y en cuya contra figuraba el escudo de Vizcaya.
La entrega se hizo el 12 de diciembre de 1962. A lo largo de estos años se
encargaron diversos retratos y fotografías de Franco para decorar los sa-
lones del Palacio y de otras dependencias de la Diputación. Pasados 62 años del primer acuerdo, el 21 de
febrero de 2012, la Diputación Foral acordó revocar estos acuerdos60
.
El sucesor de Ybarra en el cargo fue un conocido y prestigioso abogado nacido en 1908 en Gallarta. Nos
referimos a José Mª Ruiz Salas, con el que la Corporación entró en una nueva fase, con una cierta mejoría
de su situación económica, gracias también al paulatino cambio de condiciones de la provincia.
Ruiz Salas procedía de una familia liberal (un abuelo materno había luchado en la última guerra carlista
en el ejército liberal). Su padre había nacido en Valverde del Camino pero se estableció en Gallarta primero,
donde fue director de la Escuela de Artes y Oficios y luego en Bilbao donde lo hizo ya como abogado. Esta
carrera fue la que siguió Ruiz Salas. Estudió el bachiller en Bilbao, siendo condiscípulo de Fernando Mª
Castiella. Se licenció en Derecho en 1926 en Salamanca y comenzó a ejercer en Bilbao en 1929. Además
del ejercicio profesional también fue un fecundo autor de escritos jurídicos (en 1932 tradujo un manual de
Derecho Mercantil inglés), y conferenciante.
Al estallar la guerra defendió ante Tribunales Populares a varios militares profesionales de los cuarteles
de Bilbao y San Sebastián. Al caer Bilbao, deja la abogacía e ingresa en diciembre de 1937 en la Academia
de Tenientes Provisionales y combate en los frentes de Aragón, Cataluña y Centro. En julio de 1939 pide la
licencia y vuelve a Bilbao a su ejercicio profesional.
Su carrera política comienza en 1948 cuando es nombrado segundo teniente alcalde del Ayuntamiento
de Bilbao, puesto que deja cuando el 28 de octubre de 1950 es nombrado presidente de la Diputación. Es-
tuvo en el cargo hasta 1958 en que dimitió para volver a su dedicación como abogado, ya que su situación
económica –no procedía de una familia adinerada y vivía de su ejercicio profesional– no le permitía subsistir
con el sueldo de la Diputación y como procurador en Cortes61
El 2 de abril de 1952 se renovó parcialmente la Diputación, aunque continuaron los principales nombres.
Sus diputados eran: José María Ruiz Salas (P), Hilario Bilbao Eguia (Vicep.), José Olano Rodríguez, Braulio
Ibarreche Arriaga, José Manuel Berastegui, Tirso María Amusategui, José Luis Azpiroz, Antonio Díaz Romero,
Francisco Pérez Pons, Aureliano Urruticoechea, Eduardo Lastagary García, Gervasio Guezuraga Urizar, José
María Llaneza Zabaleta, Cesáreo Sainz Nieva, Alejandro Gómez Omar, Bernardo Bureba Muro, Anastasio
Agustino Gómez, Wenceslao Bernaola Lili y Agustín Chávarri Zuazo.
En esta relación encontramos verdaderos pesos pesados de la política provincial, como el alcalde de Ba-
rakaldo y procurador en Cortes Llaneza, su sucesor en el escaño, Braulio Ibarreche, junto con profesionales
como el veterinario titular de Carranza, Cesáreo Sainz Nieva, o el médico Bernardo Bureba Muro.
En todo caso el problema era que, por una parte, la Diputación tenía escasos recursos y, por otra, las nece-
sidades se incrementaban en la medida en que la falta de vivienda que en la década anterior se apuntaba fue
cada vez más evidente en los años cincuenta. Es por ello que en el mandato de Ruiz Salas se organizó definiti-
vamente Viviendas de Vizcaya, como una herramienta para aumentar el parque de viviendas en la provincia.
Viviendas de Vizcaya, formalmente constituida en 1949 se organizó desde un patronato en el que parti-
cipaba la Diputación (cuyo presidente lo era también del Patronato) y además el Obispo y representantes
535
José Mª Ruiz Salas fue otro prestigioso abogado
al que se encargó la presidencia de la Diputa-
ción durante casi diez años. Sin embargo, el es-
caso sueldo que percibía le hizo volver a su
prestigioso bufete.

de la Cámara de Comercio, Cámara Minera, del Centro Industrial de Vizcaya y empresas relevantes, más
tres diputados provinciales y dos funcionarios de la Corporación. Esta Junta del Patronato delegaba las fun-
ciones en un Comité Ejecutivo, presidido por el presidente de la Diputación, el director de la Caja de Ahorros
Vizcaína, y cinco vocales. Para la gestión contaba con un administrador.
Realmente la combinación era a tres bandas, la Diputación gestionaba, la Caja de Ahorros concedía cré-
ditos y participaba en la gestión, y las empresas colaboraban en la financiación62
. En abril de 1949 recibió
el estatuto de Entidad Benéfica Constructora y pudo emitir obligaciones para constituir su reserva social,
obligaciones que fueron adquiridas por las empresas que estaban obligadas a la promoción de viviendas,
y así cumplían parte del trámite. La construcción de las viviendas se hacía por dos vías. La primera consistía
en construir y entregar las viviendas en amortización (hipoteca), de forma que con el tiempo fueran plenos
propietarios, gracias a la intervención de la Caja de Ahorros; luego Viviendas de Vizcaya gestionaba las ayu-
das en el Instituto Nacional de la Vivienda (anticipos sin interés, beneficios tributarios, etc.). La otra moda-
lidad consistía en que las viviendas se levantaban para los obreros y empleados de las empresas, que eran
las propietarias. Sus empleados abonaban un alquiler mensual y tenían derecho a vivir en la vivienda mien-
tras fueran empleados de la empresa. Así se hicieron promociones para Altos Hornos de Vizcaya, Babcock
Wilcox, Papelera Española, FAES, Franco Española de Cables, etc.
Otros cambios tuvieron que ver con las medidas que se tomaban en Madrid, como el cambio en las Ha-
ciendas locales de ese mismo año de 1953. Así se pone en marcha el Servicio de Cooperación con los Ayun-
tamientos, por el que se financiaban obras municipales para abastecimientos de agua, redes de distribución,
lavaderos, alcantarillado, alumbrado, cementerios, mataderos o parques de bomberos, planes de urbanización,
campos escolares, etc. Las cantidades no solían ser grandes, aunque se concedían cantidades a fondo perdido
y anticipos de las posibles subvenciones del Estado que la Diputación ayudaba a gestionar.
Ya comentamos más arriba que el fundamento de los recursos de las Diputaciones eran los procedentes
de las cesiones del Estado. En 1950 se promulgó un texto articulado de la Ley de Régimen Local, en cuyo
libro cuarto se trató de las Haciendas Locales63
, en el que se detallaron los tributos cedidos y los fondos
que se transferían en los casos de excesos de recaudación. Fondos suprimidos en la reforma de 1953, en
que se reorganizaron las Haciendas locales64
, desarrollando y ampliando los arbitrios provinciales.
En el terreno de las obras se construye el Hostal de la Emperatriz, en Lekeitio, se adquirió y restauró la
Torre de Muñatones, con la idea de instalar el servicio de Escuelas Provinciales de Barriada, que se intentó,
con escaso éxito, recuperar restaurando y reorganizando muchas de las Escuelas de Barriada.
En diciembre de 1952 la Diputación aprobó un acuerdo por el se publicaría un boletín o revista semestral,
con título Vizcaya, en el que además de incluir las actividades de la Corporación se incluirían trabajos li-
terarios o de investigación histórica. Esta revista gratuita se enviaría además de a las diferentes secciones de
la Corporación a “las altas jerarquías ministeriales relacionadas con la Provincia de Vizcaya, autoridades,
Centros y Organismos de Bilbao”. Esta iniciativa nos muestra varias cosas: primera, la preocupación de la
Diputación en hacer publicidad de su actividad –que se limitaba mucho a la provincia que no a Bilbao– ;
segundo, que esa publicidad debía de extenderse además de a los lectores locales a los Ministerios, en
donde se decidían muchos asuntos en los que era competente, y en tercer lugar, es una muestra de una
cierta mejoría de su salud económica. Al año siguiente se publicó el número 1, y constituye una magnífica
fuente para seguir los pasos de la institución en un ámbito público. Por supuesto sus contenidos estaban
en total consonancia con la ortodoxia política del momento. De hecho en su primer número el primer
retrato es el del ministro de la Gobernación, Blas Pérez, el segundo el del director general de Administración
Local, José García Hernández –ministro de la Gobernación entre 1974 y 1975 y colaborador de Camilo
Alonso Vega– y el tercero, el de Genaro Riestra, gobernador civil de la provincia. Tampoco es casual que
el primer artículo publicado, tras una ofrenda a la Virgen de Begoña, se titule “Los problemas económicos
de la Diputación de Vizcaya” escrito por el secretario de la corporación, Antonio Martínez Díaz, en el que
se pide una reforma de las haciendas locales que permitiera a las Diputaciones flexibilizar sus ingresos para
poder hacer frente a las crecientes demandas sociales.
Desde esta plataforma por lo tanto se van a publicitar las actividades de la Corporación, como por ejemplo
la ampliación de la granja de Derio con la instalación de un centro de inseminación artificial de ganado vacuno.
En esta década se inauguraron algunas infraestructuras de evidente impacto, aunque estaban lejos de
ser las que el fortísimo crecimiento demográfico65
de la provincia demandaba realmente. Así en 1955 se in-
auguró el Hospital de Cruces, o en 1958 la nueva Escuela de Ingenieros, junto a San Mamés, construida por
el Estado pero con una aportación económica de la Cámara de Comercio (40%), de la Diputación (30%) y
del Ayuntamiento de Bilbao (30%) para adquirir los 40.000 m2 del proyecto inicial, con un coste superior
a los diez millones de pesetas.
536

537
Ya al final del mandato de Ruiz Salas se inauguró la nueva Feria de Muestras, junto a San Mamés, en co-
laboración con el Ayuntamiento de Bilbao y la Cámara de Comercio, y la construcción de la Facultad de
Ciencias Económicas de Sarriko. La Feria era una vieja aspiración de la Cámara de Comercio, que en 1941
comenzó su andadura por medio de una comisión formada por la Cámara de Comercio, la Diputación, el
ayuntamiento de Bilbao y la Delegación provincial de Sindicatos. Desde ese año se celebraron unas peque-
ñas ferias en el patio del Instituto de Enseñanza Media –arrendado al Estado por la Diputación– y Escuela
de Estudios Mercantiles. El Decreto de 26 de mayo de 194366
que reguló las Ferias y Exposiciones Comer-
ciales, consideró la de Bilbao como una de las Ferias básicas (junto con las de Barcelona, Valencia y Zara-
goza). En todo caso el espacio del Instituto no era adecuado y, por lo tanto, se buscaron nuevos terrenos
donde levantar la feria permanente. El terreno de San Mamés, de unos 60.000 m2 era propiedad pro-indiviso
de la Cámara de Comercio, Diputación y Ayuntamiento, con iguales proporciones que en la cercana Escuela
de Ingenieros (40-30-30%). Tras unas largas obras se inauguró el recinto en 1957, con una primera feria ce-
lebrada entre el 11 y el 31 de agosto. Un año más tarde Franco visitaba el recinto.
Genaro Riestra muere el 28 de julio de 1957, sustituido por José Macián, un viejo militante de Unión Patriótica
y que sería gobernador de Córdoba, Oviedo y director general de Regiones Devastadas de 1951 a 1957.
Otro de sus logros, en combinación con el Ayuntamiento, aunque no se inauguró durante su mandato
sino en 1959, fue la construcción de los nuevos Juzgados, liberando el viejo edificio de María Muñoz por
lo menos parcialmente.
En la Diputación su principal colaborador no fue otro que el secretario Antonio Martínez Díaz.
Durante la presidencia de Ruiz Salas la Diputación se renovó parcialmente en 1955 y en 1958. Posible-
mente los mayores cambios cualitativamente hablando se producen en 1958, puesto que entran a formar
parte de la Diputación significados empresarios: José María Ruiz Salas (Pres.), Plácido Careaga de la Hormaza
(Vicepr.), Hilario Bilbao Eguia (Vicepr.), José María Llaneza, Anastasio Agustino, Vicente Varillas, Victor Díez
Cantera, Manuel Ilarri, Isaías Zabala, Valeriano Gurtubay, José María Espinosa Elías, Jesús de Haya González,
Agustín Churruca Arellano, Pedro Altuna Unzueta, Alberto Iza Cortazar, Aniceto Uriarte Garay, Juan Manuel
Aguirre Madariaga, Ramón Plaza y Díez de Sollano y Juan Manuel Zubiría Uhagón.
Junto a nombres que continúan como el de Llaneza, encontramos otros nuevos como el de Agustín Chu-
rruca, nieto de Fermín Calbetón y de Ricardo Arellano, y sobre todo los de Juan Manuel Zubiría (IV Conde
de Zubiría) y Plácido Careaga de la Hormaza, que sustituyó a Hilario Bilbao como vicepresidente.
El 16 de diciembre de 1958 dimitió Ruiz Salas para poder dedicarse plenamente a su profesión de abo-
gado, ya cansado también de la actividad pública, según declaró treinta años más tarde67
.
Su sustituto fue Plácido Careaga de la Hormaza (1909-1995), nacido en
Bilbao pero de familia portugaluja, estudió Derecho en Deusto y se doc-
toró en la Central. Entre 1948 y 1954 fue concejal y teniente alcalde del
Ayuntamiento de Bilbao. Como dijimos había entrado en ese año de 1958
como diputado y vicepresidente, ocupando la presidencia a la marcha de
Ruiz Salas hasta 1966 en que pidió ser reemplazado.
Entre los diputados encontramos a algunos expertos en temas relacio-
nados con las traídas de aguas, Vicente Varillas (que llegaría a ser secretario
general gerente del Consorcio de Aguas y Saneamiento de la comarca del
Gran Bilbao) y Ángel Galíndez Celayeta (que llegaría a ser presidente del
Banco de Vizcaya), que estaba en el equipo municipal con Hurtado de
Saracho68
, sobre todo concentrado en la solución del acuciante problema
del suministro de agua que la población vizcaína, y sobre todo bilbaína,
estaba sufriendo, solución que se encarriló durante la alcaldía de Hurtado
de Saracho aunque el Consorcio de Aguas no sería constituido hasta marzo
de 1967. Junto a éstos encontramos otros perfiles profesionales como el
veterinario Ricardo Jorge Rueda, el pintor (y alcalde de Balmaseda) Ro-
berto Rodet o el responsable de personal de la empresa Astra, Unceta y
cía. de Gernika, Augusto Unceta Barrenechea Azpiri, y que como veremos
llegó a ser presidente de la Corporación.
Luego había otros diputados con perfiles políticos más marcados como
Andrés de la Quadra Salcedo, alcalde de Gueñes, comandante de infante-
ría, camisa vieja de la Falange y veterano de la División Azul.
En esos años finales de los cincuenta y primeros años sesenta no sólo
se estaba multiplicando la llegada de inmigrantes con un ritmo acelerado,
Plácido Careaga de la Hormaza (1909-1995).
Fue presidente de la Diputación entre 1961 y
1967, años en que se acentuaron cada vez más
tanto el crecimiento de la economía y la pobla-
ción vizcaína, como sus problemas de falta de
equipamientos públicos, a los que la Diputación
poca respuesta pudo dar por falta de recursos.

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sino que el crecimiento económico también lo estaba haciendo (aunque en los ingresos de la Diputación
se notara escasamente), lo que provocó un triple problema: el de la vivienda, el del suministro de agua y
el de las infraestructuras de transporte. Si el primero podía provocar descontento social, los dos siguientes,
además, provocaban el descontento de las empresas. Y estos tres problemas eran patentes en Bilbao y su
zona de influencia. De hecho, parece que el impulso para la construcción de un barrio como Otxarkoaga,
entre 1959 y 1960, fue que el propio Franco, en su visita a la Feria de Muestras, había podido ver en los
montes circundantes de Bilbao (Banderas) las txabolas. Esto es clara muestra de que la solución a estos
problemas, como estaba organizado el sistema administrativo y tributario, dependía, básicamente, de que
el Estado quisiera invertir en una obra; todo lo demás eran planos y maquetas.
Algo sin embargo sí se hizo, aunque la Diputación, como indicamos, tuvo un papel marginal –quizá no
por gusto– como es la nueva entrada a Bilbao por Begoña, con la construcción de los túneles bajo la Basílica
de Begoña, o la traída de aguas desde los pantanos alaveses. Los proyectos de carreteras y variantes existían,
pero la carencia de medios los hacía inviables. Respecto a la vivienda, aunque en los años sesenta ya Vi-
viendas de Vizcaya actuó en Bilbao, no deja de ser significativo que como muestra de la intervención de la
Diputación en el problema, en la revista Vizcaya de 1959, nº 13, se trate de los esfuerzos hechos por la Di-
putación para solucionarlo con ejemplos tales como las promociones del Barrio de la Cruz (de 1910-1912),
Solokoetxe (1918) o las viviendas de la Unión Begoñesa (1923). Es decir, no se abordaba el problema en
ese momento. Otra prueba de la limitada capacidad de la Diputación en estos momentos la tenemos en
que en 1962, al hacer balance de los 25 años de actuación (desde 1937), se destacaban multitud de pequeñas
obras y como ejemplo incluía el Sanatorio de Górliz, un puente en Miravalles, la Granja de Derio y la nueva
Feria de Muestras. Escaso bagaje teniendo en cuenta que el Sanatorio y la Granja de Derio eran anteriores
a 1937 (la granja sí se había ampliado a estación reproductora). Finalmente, señala el incremento de presu-
puestos ordinarios de gastos y en efecto marcaba el fuerte aumento de ingresos desde 1953, pero ya veremos
cómo no deja de ser un espejismo debido al fuerte proceso inflacionario experimentado en esos años.
En definitiva, las grandes obras se tenían que hacer por el Estado (que derivaba a la Diputación o al
Ayuntamiento de Bilbao la gestión de expropiaciones o captación de terrenos) sin el que no se podía em-
prender ninguna iniciativa de entidad. Esta realidad obligaba a los responsables políticos vizcaínos a pere-
grinar a Madrid para conseguir recursos para sus proyectos, cuando no tenían que limitarse a cumplir con
las instrucciones de planeamiento que venían de los Ministerios. La situación la describió Hurtado de Saracho
certeramente cuando dijo que “Bilbao es una ciudad de ricos pero es una ciudad pobre”69
. El paso del
tiempo no hizo más que agravar la situación por cuanto las competencias de la Diputación eran muy limi-
tadas, su financiación igual de limitada y, por lo tanto, se producía un creciente proceso de descapitalización
social. Y cualquier iniciativa de mediana ambición dependía de un endeudamiento –previa autorización
gubernativa– creciente que a su vez disminuía en términos efectivos las cantidades disponibles.
Lo demás eran desfiles, procesiones, discursos y alguna que otra medida, como la constitución del nuevo
municipio del Valle de Atxondo (que unía a los Ayuntamientos de Axpe y Marzana, Apatamonasterio y Arrá-
zola) en 1962 “conforme a las normas que señala la Ley de Régimen Local”.
Además de los asuntos meramente administrativos en los que realmente se concentraba la Diputación,
hay otro factor como el político que no se puede olvidar. En esos comienzos de los años sesenta el clima
político en Bizkaia se comenzó a caldear, con las huelgas de 1962 y el creciente descontento que ponían
de manifiesto. De hecho, en 1961 el puesto de gobernador civil recayó en Antonio Ibañez Freire, pero en
enero de 1963 fue reemplazado por el general de la Guardia Civil y antiguo jefe superior de policía de Bar-
celona, Guillermo Candón Calatayud, es decir militares y guardias civiles disciplinados y con experiencia
en la gestión del orden público.
En 1964 se renovó parte de la Diputación formada por: Plácido Careaga de la Hormaza (Pres.), Fernando
María de Ybarra y López Doriga, Marqués de Arriluce de Ybarra (Vicep.), Ángel Galíndez Celayeta, Augusto
Unceta Barrenechea Azpiri, Justo Arrieta Martínez, Roberto Rodet Villa, Ricardo Jorge Rueda, Andrés de la
Cuadra Salcedo Arrieta Mascarua, Francisco Hurtado de Saracho y Epalza, Valentín Eguidazu Acha, Alberto
Iza Cortazar, Pedro Fernández Arrien, Jesús Sainz Planillo, Francisco Ocamica Goitisolo, José María Espinosa
Elías, Ángel Zaldumbide Fernández y Pilar Careaga (y Basabe) de Lequerica. Sin duda lo más llamativo de
esta relación de nombres es encontrar por primera vez el de una mujer: Pilar Careaga Basabe70
, elegida por
las corporaciones y entidades económicas, primera mujer en ser diputada provincial (y primera mujer inge-
niero, al igual que primera mujer conductora de locomotoras en España), tía del vicepresidente, Fernando
de Ybarra –alcalde de Getxo–, porque estaba casado con su sobrina, Concepción Careaga y Salazar, y
cuñada de José Félix de Lequerica. Otro nombre interesante es el de Francisco Hurtado de Saracho, arqui-
tecto e hijo de Lorenzo Hurtado de Saracho, concejal de Bilbao igual que José Mª Espinosa, que fue teniente

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alcalde y alcalde en funciones entre la dimisión de Zuazagoitia y el nombramiento de Hurtado de Saracho
en 1959.
En definitiva encontramos personas con experiencia administrativa, e incluso Pilar Careaga contaba con
amplia experiencia en el terreno de la beneficencia por ser miembro de la Asociación Vizcaína de la Caridad,
uno de cuyos patronos era precisamente la Diputación Provincial, además de presidenta de las Damas de
la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer y vocal de la Junta de Protección de Menores. Esta ex-
periencia se tradujo, sin duda, en su elección como presidente de la Comisión de Beneficencia y Obras So-
ciales de la Diputación.
Ciertos cambios ya se barruntaban, por tímidos que fueran, cuando en 1965, se publicó en la revista
Vizcaya, que como hemos indicado era el órgano oficial de la Diputación, un largo artículo de José María
de Areilza sobre Sabino Arana71
. No era un artículo áulico desde luego, pero sí hacía énfasis en su “evolución
españolista”, como no podía ser de otra manera. En todo caso, era un signo de cierta apertura a un personaje
hasta entonces maldito. Quizás no sea casualidad que en el mismo número se aludiese a una reciente visita
del ministro de Información y Turismo Manuel Fraga, que en el verano del año siguiente ya anunció, sine
die, la derogación del preámbulo del Decreto abolitorio del Concierto de 1937. El presidente Plácido Careaga
había dirigido en febrero de 1964 una carta al ministro de la Gobernación, en su calidad de presidente de
la Diputación Provincial de Vizcaya, en la que destacó los perjuicios que había ocasionado a Bizkaia la su-
presión del Concierto Económico como consecuencia de la guerra, que “constituyó para esta provincia una
sanción que todos los vizcaínos confían ver cancelada en breve”. Sin embargo, no solicitaba la vuelta sin
más del Concierto sino un régimen especial72
articulado por medio de una Ley Especial. En esta ley especial
había algunos puntos interesantes. El gobierno de la provincia correspondería al presidente (de la Diputa-
ción), a la Diputación provincial, a los delegados de Servicios y a la Comisión provincial de Servicios Téc-
nicos73
. El texto tiene un marcado cariz, por lo tanto, presidencialista, aunque sí figuraba un mandato de
seis años, renovable, eso sí dependiente de un nombramiento por parte del Ministerio de la Gobernación.
En cuanto a sus funciones, además de las que ya venían ejerciendo desde la Ley de Bases del Régimen
Local, se incluía la aprobación de presupuestos y ordenanzas de exacciones, además de los convenios eco-
nómicos amparados por la Ley de 26 de diciembre de 1957, que no se deben confundir con el régimen na-
varro, sino que se corresponden con la aprobación de instituciones metropolitanas. Como fundamento
económico proponía la adjudicación a la Diputación de un arbitrio sobre el tráfico de empresas, pero que
ella gestionaría y liquidaría “con independencia del impuesto estatal del mismo nombre”.
Pero a corto plazo no fueron más que leves síntomas, la Diputación seguía con su estrechez de medios,
y esencialmente colaborando en la política municipal con pequeñas obras. Viviendas de Vizcaya, básica-
mente con el apoyo de la Caja de Ahorros continuó con sus iniciativas ya con viviendas construidas además
de en Getxo (Villamonte), en Bilbao (Begoña), pero no dejaban de ser un escaso bagaje.
En enero de 1967 dimitió Plácido Careaga y fue nombrado en su lugar el vicepresidente Fernando de
Ybarra y López-Dóriga, tercer marqués de Arriluce de Ybarra. Fue un importante empresario con asientos
en diversos consejos de administración: Iberduero, Banco de Vizcaya, El Correo Español, Air Liquide, etc.
Había sido alcalde de Getxo, y todavía tendrá puestos de importancia como la Dirección General de Admi-
nistración Local y la Subsecretaría de Planificación y Desarrollo.
El fuerte crecimiento económico que estaba experimentando Bizkaia en ese momento se corresponde
con la importante presencia de estos grandes empresarios en la Diputación, que si son fieles al régimen
también comienzan a plantear ciertas demandas más allá de la habitual peregrinación a Madrid para captar
recursos y permisos. El caso de las comunicaciones es el más claro, con obras que dependían de la “gene-
rosidad” del Estado o de permisos para el endeudamiento y que cada vez más claramente mostraban su in-
suficiencia. Así, en 1967 se aprobaron las bases para la construcción de la autopista Bilbao-Behobia o se
planificó lo que se conocerá como super-puerto, pero en ambos casos van a ser las empresas las financia-
doras (la concesionaria en el primer caso y Petronor en el segundo). Otro problema grave era el del sumi-
nistro de agua, que afectaba a población y empresas, que comenzó a estar en vías de solución desde 1963
en que se comenzaron las obras (por medio de la Junta Administrativa del abastecimiento de Agua de la
Comarca del “Gran Bilbao”) de traída de aguas desde los pantanos de Álava. En marzo de 1967 se autorizó
la constitución por 19 ayuntamientos de un Consorcio con la Corporación Administrativa Gran Bilbao para
el establecimiento y explotación de los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento de la comarca.
En este Consorcio la Diputación tuvo un papel marginal, por cuanto sólo tenía un representante, el presi-
dente de la Corporación, aunque se diese la casualidad que el sucesor de Careaga, Fernando de Ybarra
fuera el presidente y delegado del Gobierno en la Junta Administrativa.
En ese año de 1967 también correspondió renovar a la mitad de la Diputación, excepción hecha del
presidente. Formado por: Fernando María de Ybarra y López Doriga (Pres), Álvaro Delclaux Barrenechea

(Vicepr.), Pilar Careaga de Lequerica, Alberto Iza Cortazar, Pedro Fernández Arrien, José María Espinosa
Elías, Francisco Hurtado de Saracho, Jesús Sainz Planillo, Francisco Ocamica Goitisolo, Ángel Zaldumbide
Fernández, Ceferino Uríen Goiricelaya, Pedro Arístegui Bengoa, Francisco Amorrortu Bilbao, José Ramón
Azcunaga Sarricolea, Roberto Rodet Villa, Ricardo Jorge Rueda, Juan María Gómez Alonso de Celada, José
Arambarri Garmendia y Pedro Serra Echevarria.
Las elecciones se organizaban por medio de compromisarios nombrados por los ayuntamientos, agru-
pados por partidos judiciales, y ayuntamientos principales, así el diputado por el Ayuntamiento de Bilbao
fue Ceferino Uríen Goiricelaya, primer teniente alcalde de Bilbao, por el partido judicial de Bilbao fue
elegido Pedro Arístegui Bengoa, por el partido judicial de Durango Francisco Amorrortu, por el de Gernika
José Ramón Azcunaga, por el de Markina José Arámbarri Garmendia (alcalde de Ondarroa), por el de Bal-
maseda Roberto Rodet Villa y Ricardo Jorge Rueda (que repetían). Por la representación sindical fue elegido
Juan María Gómez y Alonso de Celada, y por las entidades profesionales lo fueron Alvaro Delclaux Barre-
nechea (sobrino de Isidoro Delclaux) y Pedro Serra Echevarría.
Esta Corporación contó con algunos recursos más debido a un cambio en los ingresos por la eliminación
de los arbitrios provinciales, efectiva desde 1 de enero de 1967, lo que generó un problema con el personal,
ya que hubo que reasignar a los empleados de los extintos arbitrios a otras labores, y como no se pudo
hacer con todos ellos, un nutrido grupo de empleados de arbitrios pasaron a situación de excedencia.
En 1968 se inauguró por Camilo Alonso Vega el Instituto Neuro-psiquiátrico “Nicolás Achúcarro” en Za-
mudio. Lo interesante, además de la modernización y ampliación de los servicios de asistencia psiquiátrica
que representó, fue que en los discursos de inauguración ya se traslucen los primeros signos de que desde
el régimen se percibía el peligro de una oposición creciente, incluida la violenta74
. Pero volviendo al Instituto
contaba con 100 camas, y departamentos de rayos X, laboratorios y un nuevo concepto que hoy conocemos
como “hospital de día”, con talleres ocupacionales e instalaciones deportivas. Este Instituto se debía de
complementar con otras instalaciones de la Diputación, como el Consultorio neurosiquiátrico de Bilbao o
la atención a la psiquiatría infantil en el Sanatorio de Górliz. Este Sanatorio fue variando su especialización
inicial hacia la poliomielitis y luego hacia el tratamiento de malformaciones, enfermos necesitados de reha-
bilitación y diversas formas de parálisis cerebral. Estas nuevas atenciones supusieron cambios en las insta-
laciones: piscina (1957), sala de magnetoterapia (1961), terapia ocupaciones y logopedia (1964). En 1968
se inauguró un nuevo pabellón de balneoterapia, un departamento específico para la escoliosis, nuevos
quirófanos, laboratorios, unidad de cuidados intensivos, etc. Otros proyectos fueron mucho menos afortu-
nados, como el Hospital Civil a construir cerca de La Avanzada, donde se debería haber trasladado el Hos-
pital de Basurto.
La cierta expansión que experimentaron los servicios provinciales a raíz del aumento de ingresos que
supuso la derogación de los arbitrios, no sólo se significó en la modernización o ampliación de servicios
sanitarios, sino en la definitiva organización de un Servicio provincial de Extinción de Incendios, por acuerdo
de 23 de febrero de 196875
. Hasta entonces la Diputación, que como vimos desde las Bases de 1945 tenía
competencias en el asunto, había dotado de medios de extinción a los principales municipios (de nuevo
excluyendo a Bilbao que contaba con su propio Cuerpo de Bomberos), pero no había personal experto
que lo utilizara. De hecho, eran los bomberos de Bilbao los que acudían en muchas ocasiones a cubrir los
servicios que deberían haber sido competencia provincial. Esta situación provocó que finalmente se creara
un servicio específico por la Diputación. El plan inicial consistió en construir un parque provincial, seis
principales y otros seis auxiliares. Los primeros serían los de Trapaga, Gernika y Durango, que fueron in-
augurados en 1970, con un total de 50 bomberos, dos sargentos y un jefe de servicio. En una segunda fase,
se construyeron los parques de Getxo, Galdakao y Zalla (que en el plan inicial debería estar instalado en
Balmaseda), operativos ya en 1974. Los parques auxiliares de Orduña, Carranza, Mungia, Markina, Ermua
y Ugao-Miraballes, se levantaron más tarde o en otros pueblos; Markina y Mungia en 1986, Lekeitio, Orduña,
Karranza y, finalmente, el de Otxandio en 1993.
La financiación del servicio no corría a cargo de la Diputación por completo, sino que aportaba poco
más del 64%, con el 25% a cargo de los ayuntamientos (excepto Bilbao) y poco más del 11% por las com-
pañías de seguros. La aportación provincial, para comenzar con el servicio, se obtuvo de la venta a Viviendas
de Vizcaya de los antiguos terrenos de la Cárcel de Larrínaga, y para el año 1969 de un crédito del Banco
de Crédito Local. Es decir, no contaba con recursos ordinarios para su mantenimiento.
En ese mismo año de 1968 le llegó la edad de jubilación a Guillermo Candón, por lo que se nombró
nuevo gobernador civil, el 11 de octubre de 1968, a Fulgencio Coll San Simón, general de Infantería, por lo
que el perfil del gobernador civil estaba claramente vinculado al mantenimiento del orden público, más
que a una gestión política.
540

Ya hemos indicado que en 1966 Manuel Fraga adelantó que se había tomado la decisión por el gobierno
de derogar el preámbulo del Decreto de 23 de junio de 1937.
En junio de 1966, se entrevistó un delegación de la Diputación guipuzcoana con el ministro de Gober-
nación (Camilo Alonso Vega) para pedirle la derogación del Decreto abolitorio (semejantes peticiones cur-
saron el Ayuntamiento de Tolosa y la Delegación en Guipúzcoa de Excombatientes Requetés). Alonso Vega
les dio la seguridad de que sus peticiones se llevarían adelante, pero sin fijar plazos ni formas. Estos primeros
intentos públicos tuvieron el apoyo, además de órganos de prensa como El Correo Español, La Gaceta del
Norte, Hierro o La Vanguardia, de la propia Diputación de Vizcaya. Incluso en foros tan reputados como
la Sociedad Bilbaína, delante del ministro de Justicia (Antonio María de Oriol y Urquijo) se hicieron públicas
defensas del Concierto y del efecto de «castigo» que había supuesto su abolición. En el Hierro, órgano de
prensa del Movimiento en Bizkaia, Gabriel Aresti escribió en su favor76
en 1967.
La simpatía con que se recibió en algunos ámbitos la petición tiene que ver, no hay que olvidarlo, con
unos momentos en que se había vuelto en ciertos foros al viejo debate sobre la descentralización adminis-
trativa y sus ventajas, dentro del cual se encontraba la recuperación del Concierto. Ahora bien, tampoco es
que se pueda decir que esta visión favorable al Concierto o a los Fueros fuera mayoritaria. Una cosa, se
decía, era la derogación de un preámbulo redactado en tonos poco agradables –enmarcado en la situación
de guerra que se vivía–, y otra volver hacia atrás: plantear de nuevo el problema de los Fueros en su
totalidad con los problemas de convivencia que podría tener con un régimen, como era aquél, de centra-
lismo y autoritarismo administrativo y, por supuesto, político.
En el seno de la Diputación vizcaína el asunto fue poco discutido, por lo menos en público. Se limitó,
en una sesión plenaria, a confirmar las gestiones iniciadas más de dos años antes. Sin embargo se percibe
una diferente postura de las dos Diputaciones afectadas. Por una parte, la de Gipuzkoa, pedía la derogación
del Decreto y la vuelta al Concierto, pero la de Bizkaia aspiraba a la derogación del preámbulo y conseguir
un régimen de Carta provincial. Un cierto status administrativo diferenciado para provincias que superasen
cierto volumen de población o que lo aconsejase “la importancia de sus problemas municipales” estaba ya
contemplado en la norma municipal77
.
Pocos días más tarde llegaba al Consejo de Ministros, por información de los encargados de Gobernación
y Hacienda. Parece que sí hubo acuerdo en la derogación del preámbulo, con su eliminación total de los
textos legales; “pero debo dejar perfectamente claro –declaró el 29 de junio de 1966 Manuel Fraga, ministro
de Información y Turismo–, para que no haya lugar a dudas, que se trata de revisar el preámbulo y no de
cambiar la disposición. La historia es irrepetible y el principio de unidad política administrativa y de esta-
blecimiento de una total igualdad de los españoles ante la ley, es incuestionable. El Gobierno no piensa,
en ningún modo, volver la vista atrás, aunque quiere dar plena satisfacción moral a estas provincias”78
.
Llegados a estas alturas del proceso, se muestra el reverso de la abolición del Concierto. Si hasta 1937
la cantinela era el inexistente gasto del Gobierno en las provincias concertadas, ahora se calculaba la tre-
menda disimilitud entre los ingresos para la Hacienda en Bizkaia y Gipuzkoa, y sus ridículas inversiones –
lo que ahora se conoce como balanza fiscal– (entre 1958 y 1964 el gasto del Erario público en Bizkaia osciló
entre el 10 y el 15% de su ingreso en la propia provincia, en 1957 el Estado invirtió en Gipuzkoa el 20% de
lo que recaudó). De hecho, los principales motivos que justificaban esas confusas demandas de recupera-
ción del Concierto79
se basaban en la escasa inversión del Estado en una provincia, como Bizkaia, que apor-
taba un 8% de los ingresos totales del Estado (en 1959) – Gipuzkoa aportaba el 3%– mientras que sus
infraestructuras de transporte estaban bajo mínimos y la escasa inversión estatal no satisfacía las necesidades
de la economía provincial (puertos, aeropuerto, carreteras). Así que es lógico el contraste de situaciones,
frente a unos momentos, previos a la abolición del Concierto en que la Diputación, gracias a sus propios
recursos proveía de carreteras o subvenciones al transporte, otros en los que era escasa, escasísima, la in-
versión del Estado, mientras la Diputación con sus escasos recursos propios, no podía intervenir o muy es-
casamente en el desarrollo provincial. No hay que olvidar (Vid. cuadro 7.14) que durante los años cincuenta
y sesenta el crecimiento de la economía de la provincia fue vertiginoso, en 1959 al 4,78%, un punto por en-
cima de la segunda provincia, Barcelona, manteniendo el primer puesto en el ranking provincial de renta
per cápita. Que este fuerte desarrollo interno no estuviera acompañado con una mayor inversión fue criti-
cado incluso públicamente por particulares e instituciones (Cámara de Comercio).
Todas las manifestaciones aireadas por la prensa del momento –mediados de 1966– no fueron muy bien
acogidas en determinados centros gubernamentales. Una cosa era que se pidiera la eliminación de alusiones
a la “traición” de dos provincias, pero otra muy distinta que se volviera a la discusión sobre los Fueros. A
tal efecto, para dejar las cosas en su sitio, el gobernador civil de Vizcaya (Guillermo Candón) envió una cir-
cular a la Diputación vizcaína en el sentido de que, sabido ya que el Gobierno pensaba –sine die– derogar
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el preámbulo no convenía discutir en su seno, ni
dar publicidad a las posibles reivindicaciones fora-
les. Y en el caso de que así lo hiciera, advirtió a la
Diputación, ejercería sus facultades suspensivas de
acuerdos de la Corporación.
Tras casi dos años de aparente inacción de las
Diputaciones sobre la derogación del Decreto abo-
litorio, en la primavera de 1968, M. Fernández Pa-
lacio, procurador en Cortes por Bizkaia, redactó un
escrito para pedir al Gobierno que eliminara las
alusiones a las provincias de Gipuzkoa y Bizkaia
en el Decreto de abolición del Concierto.
A continuación de variadas gestiones, en parte
públicas pero también privadas, se discutió en Con-
sejo de Ministros la demanda de las Diputaciones y,
por fin, se tomó el acuerdo de modificar la redacción
del Decreto de 23 de junio de 1937, en el sentido
de eliminar su preámbulo. Tal derogación no afec-
taba a la parte dispositiva, que seguía plenamente
vigente. La vuelta del Concierto quedaba todavía le-
jana. Manuel Fraga, portavoz del Gobierno, adelantó
la posibilidad de que se pudiera llegar a alguna fór-
mula descentralizadora de la Administración que pronto dio pie a nuevas demandas de ir más allá que la
mera eliminación de unos párrafos. El BOE de 7 de junio de 196880
publicó un Decreto ley, con fecha del 6,
por el que se modificaba el preámbulo del Decreto de 23 de junio de 1937. Se limitaba, previa aclaración de
que el tono de tal preámbulo no correspondía con la “laboriosidad que ha caracterizado siempre a dichas
provincias dentro de la unidad nacional”, a eliminar los párrafos segundo al quinto, por lo que las condiciones
básicas de la abolición del Concierto seguían vigentes.
Los tímidos intentos de una vuelta al sistema de Concierto para Bizkaia y Gipuzkoa se estrellaron con
las reticencias ministeriales, e incluso de técnicos avezados en su estudio. El planteamiento básico era sen-
cillo. Si se admitía la vigencia del Concierto de Álava y el Convenio navarro era por sus derechos adquiridos
(en la época se evitaba la expresión derechos históricos), no por la bondad estricta del sistema. Por ello ha-
bría que solucionar el problema de las provincias costeras de otra manera. Además, dentro de ciertos círculos
gubernamentales se apuntaba a la situación delicada en que podían quedar Álava y Navarra en sus regíme-
nes forales si se discutía mucho el asunto. Incluso algunos acérrimos centralistas del Ministerio de la Go-
bernación aseguraron que el camino más sencillo para arreglar la cuestión era la eliminación del Concierto
con Álava.
La Diputación Provincial de Vizcaya, además de agradecer a Franco el
gesto por la derogación del preámbulo, comenzó a prepararse para un
cierto proceso de descentralización, por ello convocó un concurso de mo-
nografías sobre el tema del desarrollo y la descentralización, dotado con
100.000 pts., cantidad realmente importante81
.
Esta necesidad de descentralización se veía cada vez más clara, aunque
quizá no tanto los mecanismos para alcanzarla y sobre todo hasta dónde
debía de llegar. Hay que tener en cuenta que en ese momento, 1968, ade-
más de ambiciosos proyectos empresariales como la refinería de Petronor,
también se había concedido la Facultad de Medicina a Bilbao y la creación
de la Universidad de Vizcaya, que luego sería la Universidad de Bilbao (y
actualmente la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea).
Evidentemente las primeras facultades a instalar serían las de ciencias (no
hay que olvidar que en la Universidad de Deusto no se impartían estos es-
tudios y muchos de los dirigentes del momento, comenzando por el pre-
sidente de la Diputación que era miembro de la Junta del Patronato, habían
cursado sus estudios en esa Universidad).
En efecto, el 22 de mayo de 1968 se aprobó el Decreto de creación de
varias universidades entre ellas la de Bilbao. La Diputación, junto con el
Ayuntamiento de Bilbao pronto se puso manos a la obra para proporcionar
542
CUADRO 12.5.
PRIMEROS PUESTOS DEL RANKING PROVINCIAL DE INGRESOS POR
HABITANTE.1955-1981
Provincia 1955 1960 1971 1975 1981
Madrid 4 4 5 1 1
Barcelona 3 3 6 5 2
Baleares 12 15 4 8 3
Álava 5 5 3 4 4
Gerona 14 12 7 6 5
Gipuzkoa 2 2 1 3 6
Bizkaia 1 1 2 2 7
Zaragoza 9 13 13 14 8
Santander 8 7 9 12 9
Navarra 10 9 8 9 10
Valencia 13 6 16 11 11
Fuente: elaboración propia sobre Carreras, Albert
(Coord.). Estadísticas históricas de España. Siglos XIX-
XX. Madrid: Banco Exterior, 1989, p. 567.
Escudo de la Universidad de Bilbao sobre un
tapiz conservado actualmente en el Museo de
la Medicina de la UPV/EHU.

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