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1. Capítulo 11
La depuración franquista del funcionariado de la
Diputación Provincial de Bizkaia.1937-1940
ARITZ IPIÑA BIDAURRAZAGA
INTRODUCCIÓN
En una guerra pensamos hoy que lo que más importa son quiénes la sufren, mientras que para el
futuro es seguramente quiénes la recuerdan lo que más relevancia tiene1
. En el aspecto propiamente
técnico de los estudios sobre la represión franquista y los modelos punitivos empleados por el nuevo
régimen para castigar al vencido se ha producido una personalización y territorialización de los mismos, ya
que ésta es la mejor forma de ampliar el conocimiento. Esto nos obliga a considerar que no sabremos
mucho de las víctimas de la guerra hasta que les pongamos nombre, las contabilicemos, sepamos cómo y
por qué fueron reprimidas por las nuevas autoridades e instituciones franquistas.
Este trabajo tiene como objetivo realizar un análisis sobre la depuración llevada a cabo en la Diputación
Provincial de Bizkaia contra su personal laboral a partir de la entrada del ejército sublevado en Bilbao, el
19 de junio de 1937. En el Estado español los estudios sobre las víctimas que sufrieron una violencia física
son cada vez más numerosos y minuciosos2
. Aunque existe una abundante bibliografía sobre otras muchas
formas de represión como la privación de libertad, las depuraciones laborales3
, las incautaciones de bienes
y el control social de los vencidos, aún no han sido estudiadas en su totalidad, por lo que el análisis de la
represión franquista no está agotado. La voluntad de seguir interrogando al pasado sobre cuestiones como
la violencia franquista para profundizar mejor en su comprensión constituye la mejor garantía para seguir
avanzando en la construcción del futuro4
.
De la dureza de la retaguardia republicana y del terror rojo se ocuparon ya los vencedores de una forma
institucionalizada5
, académica y divulgativa, por lo que aquí nos ceñiremos en analizar la violencia sufrida
por los perdedores de la contienda. Este estudio no pretende silenciar a los 56 empleados derechistas que
fueron destituidos por las autoridades legítimas durante los 11 meses de dominio republicanos ni a los siete
trabajadores que fueron asesinados en los asaltos a los barcos-prisiones y a las cárceles bilbaínas6
. Un estudio
comparado de ambas represiones, con sus respectivas metodologías, sus dinámicas y sus objetivos no puede
llevarse a cabo hasta que conozcamos completamente la violencia sufrida por los vencidos, que cuantitati-
vamente es mucho más amplia y más complicada de analizar, ya que el silencio impuesto durante más de
40 años y la destrucción premeditada de documentación por parte de los vencedores complican las inves-
tigaciones.
513

2. 1.LA DEPURACIÓN COMO MODELO REPRESIVO
La depuración ha sido definida por Josefina Cuesta como un proceso preventivo y punitivo, que cons-
tituye una estrategia más de castigo, de control, de selección del personal funcionario y de eliminación de
elementos considerados nocivos para la sociedad que se pretende construir mediante la humillación y el
miedo. Y una herramienta para realizar un nuevo aprendizaje político, social, ideológico y pedagógico7
.
Esta definición se ajusta casi a la perfección a lo que supuso el proceso depurador en la Diputación Pro-
vincial de Bizkaia, ya que como veremos más adelante, el primer objetivo del proceso depurador fue el de
destituir, sancionar y humillar a todo trabajador sospechoso de pertenecer al conglomerado rojo-separa-
tista.
Mediante la depuración sistemática del funcionariado el Nuevo Estado se hacía con el control total de la
Administración, factor de gran importancia para la consolidación y perduración de la dictadura franquista8
.
La política de depuración se caracteriza por su universalidad, ya que afecta a todos los empleados públicos,
ya fuesen de ámbito gubernamental, provincial o municipal. Cuando nos aproximamos a las víctimas de la
depuración de funcionarios en la Diputación Provincial de Bizkaia, podemos encontrar bien a las que fueron
figuras prominentes en el ámbito político, económico o intelectual de la sociedad vizcaína y vasca o bien
a los hombres y mujeres comunes que la sufrieron desde el anonimato9
.
Todos los trabajadores que no fueron destituidos por los republicanos sufrieron una presunción de cul-
pabilidad generalizada, ya que siguieron trabajando a las órdenes de los rojo-separatistas. Este hecho de-
muestra la extrema indefensión del trabajador depurado, al que no le asisten ni las mínimas garantías
procesales, entre otras cosas al ser él mismo el encargado de demostrar su inocencia y no la institución de
probar su culpabilidad. La documentación y las instituciones se inmiscuyen en la vida personal, familiar y
laboral de los trabajadores, en la que no priman tanto los datos y solvencia profesional, como la ideología
política además del comportamiento del encausado y de su familia. Todo se incorpora en ese juicio moral
en el que se convierte el expediente de depuración. Purificación y purga política e ideológica impuesta
para las bases de la nueva sociedad que la dictadura pretende domesticar10
.
El proceso depurador es totalmente arbitrario, ya que a las mismas acusaciones y delaciones, en las que
la sospecha sustituye a la certeza, no tienen las mismas sanciones por parte de las nuevas autoridades. En
el caso de la Diputación Provincial de Bizkaia este hecho se aprecia con el personal técnico y con una am-
plísima trayectoria laboral, que en una mayor proporción fueron sancionados en vez ser destituidos, como
veremos más adelante.
La metodología empleada en el proceso depurador fue distinta en cada pueblo e institución, ya que las
nuevas autoridades tuvieron una gran autonomía para realizarlo. Los procesos depuradores tenían carácter
retroactivo, ya que se castigó la militancia y/o las simpatías políticas o sindicales cuando era perfectamente
legal desarrollarlas.11
Otra característica del proceso depurador es su prolongación durante los casi 40 años de mandato del
general Franco. A pesar de las normas de revisión dictadas que reflejaban la magnanimidad del Caudillo
las reposiciones laborales de los destituidos en 1937 fueron mínimas, por lo que este tipo de revisiones
eran un instrumento de sometimiento del vencido al que sistemáticamente se le negaba la posibilidad de
trabajar como empleado público.
El proceso depurador es un juego perverso, pero de una gran eficacia, pues completa el castigo y la eli-
minación con la promoción de los simpatizantes derechistas y tradicionalistas y su identificación con el
nuevo régimen12
, al ser necesaria la participación de estos elementos para poder llevar a cabo de una manera
efectiva la purga dentro de la institución. Es indudable que un sector importante de los empleados dere-
chistas participó y colaboró con el régimen en las labores represivas. La intervención de unas personas acu-
sando a otras, amparadas por las autoridades, originó represalias que sin la colaboración de los compañeros
de trabajo no se hubieran podido llevar a producir13
.
2.TRAS LA VICTORIA LLEGA LA PURGA
El 19 de junio de 1937 Bilbao fue conquistada por las armas del Ejército Nacional, después de los com-
bates librados en el Monte Artxanda14
. Las nuevas autoridades no tardaron en poner en funcionamiento su
maquinaria política y tan sólo dos días después, el 21 de junio de 1937, se formó la primera corporación
provincial de la época franquista, con el tradicionalista Luis de Llaguno como presidente de la Diputación.
HISTORIA DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA, 1500-2014
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3. La nueva corporación, al igual que lo hizo el Ayuntamiento de Bilbao, el mismo 21 de junio, ordenó la
destitución general de todos sus empleados y empleadas, quedando obligados éstos a permanecer en sus
puestos laborales en calidad de interinos, disponiendo de cuatro días para realizar por escrito una solicitud
de reingreso15
. La destitución general y la petición individualizada de reingreso fue decretada tanto por ra-
zones coactivas como prácticas. Todos y cada uno de los empleados que no fueron cesados y/o perseguidos
por la gestora republicana eran sospechosos de haber colaborado con ella o de haber mantenido una actitud
pasiva frente a ella, por lo que debían someterse a una purga individualizada en la que a priori no tendrían
ningún apoyo colectivo y en la que debían demostrar su inocencia. La obligación de tener que presentarse
ante las nuevas autoridades suponía una primera criba del personal, porque las autoridades y el personal
afecto a los postulados franquistas conocían de primera mano qué trabajadores habían huido junto con las
autoridades republicanas a Santander o a Francia.
Esta primera medida demuestra que la intención de las nuevas autoridades provinciales, al igual que en
el resto de Bizkaia y el Estado español, era que la depuración debía ser rápida, contundente y sobre todo
ejemplarizante no mostrando el más mínimo síntoma de debilidad a la hora de llevarla a cabo. Para ello, el
mismo 21 de junio de 1937, se acordó dotar de la mayor difusión pública posible a la depuración a través
de la prensa y radio de Bilbao, Donostia y Gasteiz16
.
La destitución general del 21 de junio de 1937 afectó a los 1.144 funcionarios provinciales que a fecha
del 18 de julio de 1936 se encontraban en activo17
. El 30 de abril de 1938 se procedió a privar de la condición
de personal pasivo a todo jubilado, viuda o huérfano de empleado de la Diputación que durante 6 meses
no hubiera cobrado sus haberes personalmente en las dependencias provinciales. Esta medida afectó a 25
jubilados, 8 viudas y 3 huérfanos, que en su mayoría se encontraban huidos en territorio republicano. En
muchos casos no recuperaron el derecho a volver a cobrar sus haberes hasta 1940, suponiendo un castigo
por haber abandonado Bilbao. La depuración también afectó a los labradores que habían solicitado ayudas
económicas para la roturación de sus tierras y remodelación de sus caseríos, de los que más del 50% per-
dieron dicha ayuda por ser desafectos al Movimiento Nacional18
. La depuración político-social afectó a todo
el personal que tuviera el más mínimo vínculo con la Diputación, ya fuese por su condición de funcionario,
de personal pasivo o de perceptor de ayudas económicas.
El 25 de junio de 1937, Francisco Franco, Gobernador General del Estado, comunicó a Miguel Ganuza,
Gobernador Civil de Bizkaia, que debía dar comienzo la depuración de las distintas instituciones de la pro-
vincia y bajo qué normativa jurídica debía de producirse19
. En el primer punto de la misiva manifestaba que
se instruirían ligeros expedientes conforme al Decreto nº 108 de la Junta de Defensa Nacional20
y al De-
creto-Ley del 5 de diciembre de 193621
, además de oír al interesado. Lo que a primera vista parece una
ligera garantía procesal, en la amplísima mayoría de los casos conllevó que el acusado no fuera ni siquiera
escuchado, ya que las acusaciones de compañeros e instituciones pesaban más que cualquier alegación del
depurado.
El segundo hacía referencia al personal huido y que no se había reintegrado a su puesto laboral una vez
producida la liberación de la población. A éstos debía aplicárseles el Decreto nº 93 del 3 de diciembre de
193622
, por el cual quedaban destituidos inmediatamente por haber abandonado su puesto laboral y supo-
nérseles huidos en territorio controlado por la República o en el extranjero. Las nuevas autoridades tuvieron
un grave problema a la hora de fijar un plazo con la fecha del reingreso del trabajador ya que toda Bizkaia
no fue liberada el mismo día, y muchos de los funcionarios de la Diputación se encontraban trabajando en
territorio controlado todavía por el Gobierno Vasco.
La Diputación gozaba de una total autonomía para informarse sobre el trabajador y decretar la corres-
pondiente resolución del expediente, pero en el caso que el destituido o sancionado interpusiese un recurso,
éste pasaba al Gobierno General acompañado de un informe de la Diputación para que desde Burgos, y
según lo escrito por el correspondiente instructor, se decretase una resolución definitiva. Esta medida tam-
bién supone una total indefensión del acusado, ya que su destino laboral y social quedaba en manos del
informe enviado por el instructor desde Bilbao.
Las instrucciones recibidas por Miguel de Ganuza fueron remitidas a la Diputación el 3 de julio de 1937,
pero el proceso depurador ya había comenzado con la reposición del personal destituido por la gestora re-
publicana durante la Guerra, los trabajadores de comprobada afección al Movimiento Nacional, y la desti-
tución del personal huido hacia territorio republicano. El 21 de junio de 1937 fue repuesto Mariano de Laita
y de la Rica, secretario de la Diputación sin ningún tipo de expediente, al igual que el resto de trabajadores
destituidos por los republicanos, ya que dicha destitución certificaba su afección.
El 8 de julio de 1937 la Diputación acordó abrir expediente de depuración a todo el personal, cuyos ex-
pedientes estuviesen pendientes. En ellos se investigaría si habían tenido alguna relación con la Junta de
LA DEPURACIÓN FRANQUISTA DEL FUNCIONARIADO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BIZKAIA. 1937-1940
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4. Defensa de Bizkaia, el Gobierno Vasco o el Gobierno de Valencia (sic); si se les había conocido actuaciones
antipatrióticas antes o después del 19 de julio de 1936 y si se les había conocido ideas o filiación en algún
partido político o sindicato que estuviesen prohibidos por el ordenamiento jurídico franquista. Una de las
primeras medidas derivadas del Bando de Guerra del 17 de julio de 1936 y sobre todo del 28 de julio de
1936 fue la inmediata supresión del sistema democrático representativo y del pluralismo político expresado
por los partidos políticos23
. Por último se debía investigar la conducta y actuación como empleado del fun-
cionario provincial24
.
Este acuerdo conllevó la apertura de un expediente de depuración a todo trabajador que no hubiera
sido destituido por los republicanos, ya que también sufrieron la apertura de dicho expediente conocidos
derechistas y tradicionalistas que en un primer momento fueron repuestos. El proceso depurador al que
fue sometido el personal completamente afecto al Movimiento Nacional fue más laxo si lo comparamos
con el de los trabajadores sancionados o destituidos. Pero esto implicaba que todos aquellos que no hubieran
sufrido a favor del Movimiento Nacional debían dar las oportunas explicaciones a las nuevas autoridades,
colaborar en la delación contra compañeros o padecer ahora el castigo por haberse mantenido a favor de
legalidad republicana o haber militado en partidos y sindicatos completamente legales en el ordenamiento
jurídico republicano antes y después del 18 de julio de 1936.
3.EL PROCESO DEPURADOR
Entre el 21 de junio de 1937 y el 8 de julio de 1937, fecha de la destitución general la primera y fecha
del acuerdo de la Diputación para proceder a la apertura formal de un expediente de depuración la segunda,
566 empleados solicitaron individualmente y por carta la reposición en el cargo. El proceso de solicitud no
terminó el 8 de julio, sino que se alargó hasta febrero de 1938 al solicitar sus puestos de trabajo varios mi-
ñones que fueron condenados a 6 meses de cárcel, alcanzando las solicitudes de reingreso a fecha febrero
de 1938 las 678. Entre los 310 trabajadores que no solicitan dicho reingreso hay dos grupos, los empleados
que abandonaron sus puestos de trabajos que llegaron a 213 y los 56 destituidos por los republicanos.
Estos datos indican que los empleados que no habían huido y que tampoco habían sido perseguidos por
los republicanos solicitaron en masa y dentro del plazo establecido por la Diputación su petición de reingreso,
por lo que la gran mayoría de ellos pasó la primera criba, que consistía en solicitar dicho reingreso.
El porcentaje de trabajadores huidos es importante ya que roza el 20% de la plantilla en activo. Las ra-
zones por las que no se presentaron en la Diputación a reclamar su puesto laboral son variadas. Muchos
participaron de forma activa en las acciones bélicas como voluntarios o movilizados, otros desempeñaron
importantes cargos en la Junta de Defensa de Bizkaia y el Gobierno Vasco mientras que otros muchos par-
tieron lejos de los bombardeos y de la guerra debido al miedo. Para los directamente implicados en la
guerra o en el Gobierno Vasco presentarse en Bilbao a solicitar el trabajo podía suponer una condena de
cárcel segura y una posible pena capital, ya que otros empleados que no tuvieron dicha actividad sufrieron
la represión física impuesta por los tribunales militares.
A partir del 8 de julio de 1937 la Diputación nombró por lo menos a 14 jueces instructores de expedientes
para que iniciasen el proceso depurador. Además de haber demostrado ser completamente afectos a los
postulados franquistas, 9 de ellos fueron
trabajadores destituidos por los republi-
canos, por lo que la indefensión de los
presuntos culpables era todavía mayor al
ejercer de juez una persona totalmente
parcial. Cada juez instructor se encargó
de los expedientes de los trabajadores
que habían servido en su cuerpo, por lo
que en la mayoría de los casos juez y juz-
gado se conocían de primera mano, por
lo que este hecho imprimía a la depura-
ción un grado más de crueldad.
El trabajo de los jueces consistía en re-
cabar información sobre los encausados
en un corto espacio de tiempo, para poder
seguir avanzando con el proceso. La dis-
HISTORIA DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA, 1500-2014
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CUADRO 11.1.
NÚMERO DE SOLICITUDES DE REINGRESO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA
DIPUTACIÓN ENTRE JUNIO DE 1937 Y FEBRERO DE 1938
Solicitudes de reingreso Nº %
Solicitud de reingreso con fecha 678 59,27%
Solicitud de reingreso sin fecha 62 5,42%
No solicitan reingreso 269 23,51%
Desconocemos si solicitan reingreso 135 11,80%
Total 1.144 100,00%
Fuente: Elaboración a través del análisis de los expedientes de de-
puración del AHFB/BFAA, AADFB y AGA.

5. persión geográfica de los funcionarios por toda la provincia de Bizkaia supuso un problema para los instruc-
tores, ya que tuvieron que solicitar información a los ayuntamientos, delegaciones de F.E.T. y de las J.O.N.S.
y párrocos donde trabajaban, como en el caso de los miembros del Cuerpo de Miñones, Cuerpo de Camineros,
Maestros de Barriada y el Cuerpo de Arbitrios. Pero no todos los empleados trabajaban fuera del palacio pro-
vincial, ya que la gran mayoría de los jefes de sección, personal de Hacienda, oficiales de otros cuerpos, or-
denanzas y personal de limpieza trabajaban allí. La metodología para realizar la purga en estos casos fue
distinta, ya que no hizo falta recurrir a otras instituciones porque se citó a personal de derechas para que in-
formase sobre el individuo que estaba siendo depurado.
La información solicitada por los instructores a las instituciones y a compañeros era siempre la misma,
aunque a las instituciones se les enviaba un pequeño cuestionario con cuatro puntos para que plasmasen
allí los informes, mientras que a los compañeros citados a declarar se les leían las preguntas. El primer
punto solicitaba información sobre si el encartado había pertenecido a la Junta de Defensa de Bizkaia o al
Gobierno Vasco. El segundo hacía referencia sobre si había realizado alguna actuación antipatriótica o con-
traria al Movimiento Nacional. En ningún momento se concretan cuáles son dichas actuaciones, por lo que
se da vía libre a la interpretación de los acusadores y jueces instructores, identificándolas con una amalgama
de acciones que en ningún ordenamiento jurídico democrático supondría infracción alguna, como por ejem-
plo: amigo de Prieto y se le supone socialista25
. El tercer punto versaba sobre la filiación política y sindical
del encausado. Las respuestas aquí plasmadas en muchos casos son contradictorias y se confunde la mili-
tancia en partidos políticos con la ideología del purgado. Este tipo de hechos no son motivo de preocupación
para los instructores ya que poco importa que fuese nacionalista vasco o izquierdista, militante o no, ya
que estaba comprendido dentro del conglomerado rojo-separatista. El cuarto y último punto hacía referencia
a su conducta moral y laboral.
La información proporcionada por los compañeros era más extensa ya que en muchos casos el depurado
y el acusador habían trabajado en la misma oficina durante años. Que la información fuese más extensa no
llevaba implícito que fuese cierta, ya que en multitud de declaraciones el informante incurría en vaguedades
y suposiciones, como por ejemplo: He oído que no bautizó a sus hijos por orden de su marido26
; he oído a
los demás compañeros que simpatizaba con los nacionalistas vascos27
. Estas acusaciones prevalecían sobre
las alegaciones del acusado, ya que para algo uno era el vencedor y el otro el vencido.
Una vez recogidos los informes de las instituciones y las declaraciones de compañeros, en las se reco-
pilaban datos sobre su vida pública y privada, el instructor citaba al encausado mediante una carta para
que éste escuchase las acusaciones que se habían vertido hacia su persona. Este cara a cara con el instructor
suponía una humillación para el trabajador porque muchos de ellos para mantener su trabajo, del que en
multitud de ocasiones dependía una familia entera, renegaban de su ideología política28
e intentaban justificar
sus preferencias de nacionalistas vascos por ser buenos católicos o de izquierdistas por ser buenos españoles
y no separatistas. Además del arrepentimiento, el acusado se veía obligado por las duras circunstancias a
tener que recurrir a derechistas para obtener certificados de buena con-
ducta y de afección al movimiento, con lo que muchas veces también se
ponía en peligro al avalista.
Tras haber oído al trabajador, que pocas veces era escuchado, el juez
instructor emitía un informe en el que realizaba un resumen con las acu-
saciones o los comentarios favorables recabados sobre el encausado. Al fi-
nalizar el informe el juez solicitaba la reposición, una sanción, la jubilación
o la destitución del purgado, pero no era quien firmaba la sentencia defi-
nitiva. El encargado de firmar la propuesta del juez instructor era Luis de
Llaguno, presidente de la Diputación. En pocas ocasiones cambiaba el
laudo del juez instructor, aunque a veces se volvía a ordenar la instrucción
del expediente y se aumentaba o rebajaba la sanción, volviéndose todavía
más arbitrario el proceso al tener Luis de Llaguno la última palabra.
Este procedimiento depurador se mantuvo hasta la creación de la Ofi-
cina Depuradora del Personal, situada en la 2ª planta del palacio provincial,
el 5 de octubre de 1937. Los expedientes que en aquel momento estaban
siendo incoados por los demás instructores se detuvieron momentánea-
mente ya que la función de la Oficina fue la de incoar, tramitar, informar
sobre los expedientes de depuración y terminar los que estaban en pro-
ceso. A partir de esta fecha se centralizó toda la labor depuradora de la Di-
putación en dos instructores, Félix Rodríguez Aguillo, maestro de barriada
LA DEPURACIÓN FRANQUISTA DEL FUNCIONARIADO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BIZKAIA. 1937-1940
517
Juan Carlos Iturri Soroa. Oficial 2º de la Oficina
de Intervención. Natural de Gernika, nació el
30 de marzo de 1889. Fusilado el 3 de agosto
de 1937 en la Carcel de Larrinaga.

6. y Florencio Amador Carrandi, archivero de la Casa de Juntas de Gernika, ambos tradicionalistas y destituidos
por los republicanos. Su función fue la de recoger la información procedente de las instituciones y compa-
ñeros, y tomar declaración al acusado. El tradicionalista Fernando Echegaray y Echegaray tomó posesión
como jefe de la Oficina Depuradora el 7 de octubre de 1937, con un sueldo mensual de 625 pesetas29
. Eche-
garay no era trabajador de la Diputación, por lo que no tenía ninguna vinculación con los trabajadores y
fue el encargado de realizar los informes finales además de proponer las sanciones oportunas a Luis de Lla-
guno. El 31 de marzo de 1938, cuando todavía no había finalizado el proceso depurador, Fernando Eche-
garay30
abandonó el cargo y Florencio Amador Carrandi fue nombrado jefe interino.
El objetivo de la Oficina Depuradora fue centralizar todo el proceso en unos pocos jueces instructores
que debían imprimir velocidad al proceso y liberar de cargas a los jueces anteriores, que desempeñaban
importantes cargos administrativos en la Diputación. El proceso debía de ser rápido y no podía consumir
demasiados recursos a la institución, que se encontraba en plena remodelación al haber sido abolido el
Concierto Económico y haber perdido la capacidad de recaudación fiscal que paso al Estado31
, además de
varios servicios, como el Cuerpo de Miñones, las Escuelas de Barriada y la mitad de su red viaria.
4.CONSECUENCIAS DE LA DEPURACIÓN
El proceso depurador inmediato a la victoria franquista podemos darlo por finalizado para junio de 1938,
un año después de la promulgación de la destitución general, ya que para esa fecha todos los empleados
tienen una sentencia repositoria, sancionadora o destituyente en firme. Una de las características de la de-
puración franquista es su duración en el tiempo, ya que duró hasta el fallecimiento del general Francisco
Franco en la cama de un hospital, por lo que el calvario que sufrieron los trabajadores destituidos y sancio-
nados no terminó tras ser sentenciados en 1937 o 1938.
Como demuestran los datos obtenidos tras el análisis de los cientos de expedientes de depuración, la
violencia franquista también fue empleada fuera de las tapias de los cementerios y cárceles32
. Afectó en
modo de destitución con pérdida de todos los derechos adquiridos por los trabajadores, jubilación y casa
en dependencias provinciales incluidas, a un 43,53% de la plantilla. En muchos de los casos, estos funcio-
narios estaban casados y tenían hijos, además de tener familiares mayores e impedidos a su cargo, por lo
que la depuración no afectó directamente a los 500 trabajadores, sino que golpeó a sus familiares por lo
que la cifra podría elevarse a más de 1.000 personas. Los motivos de las destituciones fueron variadas, pero
las que más aparecen en los informes de los instructores son: el haber abandonado el puesto de trabajo,
haber realizado actos de propaganda en contra del Movimiento Nacional, haber deseado el triunfo rojo-se-
paratista y lo que legalmente constituye una aberración jurídica al punir conductas y acciones que en 1936
eran completamente legales
pero que el bando sublevado a
partir de julio de 1936 declaró
ilegales, como el haber militado
o simpatizado con partidos
fuera de la ley y el haber vo-
tado en las elecciones de 1936
a partidos políticos contrarios al
Movimiento Nacional, cuando
todavía el Golpe de Estado no
se había producido.
El caso de los trabajadores
repuestos pero sancionados es
significativo si se analiza más
allá de las cifras. La gran mayo-
ría de ellos son funcionarios
que desempeñan su labor en
puestos técnicos y con muchos
años de servicio en la Diputa-
ción, siendo la mayoría de ellos
nacionalistas vascos, aunque
también encontramos izquier-
HISTORIA DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA, 1500-2014
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CUADRO 11.2.
RESULTADOS DE LA DEPURACIÓN DEL PERSONAL ACTIVO DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE VIZCAYA EN 1937
Nº %
Repuestos 431 37,67%
Repuestos con sanción 178 15,56%
Destitución con pérdida de todos los derechos 498 43,53%
Destituciones con derechos 2 0,17%
Destitución y colocación en el cuerpo de aspirantes 2 0,17%
Jubilados por depuración 6 0,52%
Seguir como pasivos al haber sido jubilados entre
1936 y 1937
13 1,14%
Muertos sin depurar 7 0,61%
Archivar su expediente 1 0,09%
Desconocidos 6 0,52%
Total 1.144 100%
Fuente: Elaboración a través del análisis de los expedientes de depuración
del AHFB/BFAA, AADFB y AGA.

7. distas, algún derechista afiliado a algún partido prohibido por los naciona-
les para evitar persecuciones, y apolíticos. No debemos olvidar que para
las nuevas autoridades el apoliticismo y el derechismo no declarado públi-
camente también eran punibles, ya que su actitud pasiva demostraba que
no habían actuado a favor del Movimiento Nacional. Las razones por las
que estos trabajadores fueron sancionados en vez de ser destituidos en
muchos casos son confusas ya que algunos militaban en partidos naciona-
listas o izquierdistas, pero todas ellas tienen varios denominadores comu-
nes. El primero es el puesto relativamente importante y técnico que
desempeñan y el segundo son los largos años de servicio que llevan tra-
bajando en la Diputación. Esto demuestra que las nuevas autoridades con-
sideraron que era más práctico para el funcionamiento de la Diputación
castigar y humillar a un número importante de trabajadores en vez de des-
tituirles, ya que sus conocimientos técnicos eran difíciles de sustituir por
excombatientes o por alguien sin la debida preparación.
Los repuestos sin ningún tipo de sanción alcanzan el 37,67% de la plan-
tilla, por lo que demuestra lo ideológicamente dividida que estaba la plan-
tilla de la Diputación en 1937 y la existencia de un número considerable
de derechistas y tradicionalistas en la Diputación. No podemos olvidar que
este número también indica que la mayoría de los trabajadores de la Di-
putación fueron sancionados de una u otra manera, por lo que demuestra que la minoría derechista salió
totalmente victoriosa, reforzada y cohesionada al haber participado muchos de ellos en la depuración, mien-
tras que una mayoría de nacionalistas vascos e izquierdistas fueron apartados de la institución o humillados
para seguir desempeñando sus trabajos con algún tipo de sanción económica.
Los datos que disponemos hasta ahora, en los que falta importante información sobre el personal huido,
acreditan que la mayoría de los funcionarios de la Diputación Provincial de Bizkaia eran ideológicamente fa-
vorables al nacionalismo vasco y al Frente Popular, alcanzando éstos más del 52% de la representación política.
Entre los trabajadores nacionalistas vascos predominan ampliamente los afines al Partido Nacionalista
Vasco, alcanzando los 309 trabajadores, mientras que los empleados calificados como nacionalistas vascos
de izquierda llegan a 19, siendo 16 los afiliados a Acción Nacionalista Vasca.
Los simpatizantes del Frente Popular, excluyendo los de ANV que han sido englobados dentro del grupo
nacionalista porque las propias fuentes franquistas así los clasificaban, alcanzan los 199 miembros, predo-
minando los socialistas y los republicanos entre sus filas. Los trabajadores afiliados a Izquierda Republicana33
llegan a los 62, entre los que se encontraban varios jefes de sección y oficiales de la Diputación. Los comu-
nista y anarquistas representan un porcentaje muy bajo de los trabajadores, ya que únicamente hemos lo-
calizado a un anarquista y tres comunistas declarados, aunque dentro del grupo de los englobados como
izquierdistas en general puede haber más.
Dentro de los trabajadores calificados como de-
rechistas, que suponen casi el 46% del personal,
englobamos a los tradicionalistas, que suponen la
mayoría con 118 simpatizantes, a los monárquicos
y a falangistas, siendo estos últimos una ínfima mi-
noría, ya que había tres afiliados a Falange.
Estos datos de filiación política contribuyen a
explicar el alto porcentaje de destituciones y san-
ciones que se produjeron por la depuración, ya
que la mayoría de los funcionarios provinciales
eran contrarios a los postulados franquistas, al
militar y simpatizar con el nacionalismo vasco y
el Frente Popular.
5.LOS RECURSOS Y LA LUCHA POR LOS DERECHOS PASIVOS
El personal destituido con pérdida de todos los derechos pasivos, disponía de un mes para interponer
un recurso, que en la mayoría de los casos era remitido por carta a la Diputación. Ésta, a su vez enviaba la
LA DEPURACIÓN FRANQUISTA DEL FUNCIONARIADO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BIZKAIA. 1937-1940
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CUADRO 11.3.
IDEOLOGÍA POLÍTICA DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE BIZKAIA EN 1937
Ideología Nº %
Nacionalistas vascos 328 32,48%
Izquierdistas/Republicanos 199 19,70%
Derechas 462 45,74%
Apolíticos 21 2,08%
Total 1.010 100,00%
Fuente: Elaboración a través del análisis de los expedien-
tes de depuración del AHFB, AADFB y AGA.
Juan Antonio Bravo Goenechea. Oficial 3º del
servicio Agro-pecuario. Natural de Bilbao. Fa-
llecido en combate en Villareal de Alava, Legu-
tio el 5 de diciembre de 1937.

8. petición de recurso al Gobierno Civil34
y éste al Gobierno General. Desde
Burgos y posteriormente Madrid, se otorgaba permiso para reabrir el ex-
pediente y recabar más información. El proceso de la primera revisión en
la gran mayoría de los casos se alargó hasta 1939 o 1940, debido al gran
volumen de expedientes que en Madrid tenían que revisar las autoridades
franquistas al recibir recursos desde toda la geografía española.
El proceso es idéntico al empleado en 1937, pero en éste hay una serie
de particularidades. Las instituciones participan en mayor medida que los
compañeros en la revisión de los expedientes, ya que éstos al ser expul-
sados de la Diputación no frecuentan la institución, además desde la vic-
toria franquista en Bizkaia las nuevas autoridades se habían consolidado y
fortalecido así que sus estructuras represivas e investigadoras gozan de me-
jores medios humanos y técnicos que en la inmediata victoria. Las institu-
ciones que más participaron enviando sus informes político-sociales fueron
los Ayuntamientos y las delegaciones de FET y de las JONS locales, aunque
a partir de 1938 aumentaron los informes remitidos por la Comisaría de In-
vestigación y Vigilancia de Bizkaia, la Guardia Civil y los curas locales.
El volumen de recursos interpuestos por los trabajadores destituidos,
sancionados y jubilados por depuración es de 239. No es muy elevado si
lo comparamos con el nivel de sancionados en general que se sitúa en 686 empleados, el 59,97% de la
plantilla, por lo que 477 trabajadores sancionados no presentan ningún recurso. El primer motivo de no
presentar recurso es debido a que muchos de ellos se encontraban huidos fuera del territorio, en un largo
exilio35
que les llevaría a morir en los países de acogida, como en el caso de José Luis Olivares Larrondo,
“Tellagorri”, Francico Arregui Fernández o Andrés Arzadun en Argentina. El segundo motivo tal vez fuera
el miedo del trabajador a solicitar una revisión, debido a lo traumático del proceso y a la paralización por
medio del terror que habían conseguido las autoridades franquistas y que era uno de los objetivos a con-
seguir a través de la violencia empleada contra el vencido36
.
El resultado de los recursos indica que 16 de los expedientes, el 6,69%, se resolvieron de forma positiva,
pero este hecho no conllevaba una completa readmisión, ya que fueron sancionados con la pérdida de los
haberes dejados de percibir durante el tiempo de su destitución. A otros 10 trabajadores, el 4,18%, se les
revocó la sanción impuesta en 1937, al entender que había sido excesiva. El porcentaje de expedientes fa-
vorables, el 10,87%, es ínfimo si lo comparamos con los que se resolvieron negativamente, que suponen el
89,13%. Desde Burgos o Madrid, a pesar de denegar la reposición se concedió el derecho a cobrar la opor-
tuna jubilación, siempre que el trabajador cumpliese los requisitos de cada montepío correspondiente.
Esta muestra de magnanimidad del Caudillo, dejaba en manos de la Diputación el derecho a percibir
la jubilación del personal que la solicitase y que cumpliese los requisitos requeridos para ello. Las nuevas
autoridades provinciales ciñéndose al 2º punto del artículo 8 del Reglamento del Montepío Provincial de
192937
, denegaron sistemáticamente la jubilación a los empleados destituidos hasta 1941, fecha en la que el
Tribunal Contencioso Administrativo de Bizkaia fue aceptando las demandas individuales interpuestas por
varios trabajadores para que les fueran otorgados sus derechos pasivos38
. El artículo esgrimido para castigar
nuevamente al trabajador destituido y privado del derecho a la jubilación hacía referencia a que ninguno
obtendría la pensión de jubilación, orfandad o viudedad si hubieran sido destituidos o separados del servicio
por su mal comportamiento. El equiparar las destituciones promovidas por razones exclusivamente políticas
con destituciones por mal comportamiento es un despropósito, pero resulta lógico si se analiza el discurso
franquista impregnado de venganza39
, que buscaba cualquier resquicio para castigar al vencido. Ya que
estos trabajadores fueron acusados de alinearse con la antiespaña y de ser desafectos al Movimiento Nacio-
nal, entre otras muchas cosas, por lo que para las autoridades provinciales ello llevaba asemejado a un mal
comportamiento.
6.CONCLUSIONES
Lo primero que hay que destacar es que la depuración política no fue la única modalidad represiva que
sufrieron los trabajadores de la Diputación Provincial de Bizkaia, que debido a la extensión del capítulo es
imposible analizarla en su totalidad, pero sí la única que afectó a todos ellos.
HISTORIA DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA, 1500-2014
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Pantaleón Egurrola Acha. Oficial 3º de puertos
de la Oficina de Caminos y Puertos. Natural de
Ondarroa nacido el 19/07/1912. Muerto en
combate el 31 de mayo de 1937. Comandante
del Batallón ANV nº 1 Olabarri.

9. Catorce funcionarios provinciales fueron fusilados por los franquistas, trece de ellos, tras ser encarcelados
y condenados por un tribunal militar y el restante fue asesinado extrajudicialmente en Huesca donde la
guerra le sorprendió.
Por lo menos 249 empleados de la Diputación sufrieron un consejo de guerra, algunos de ellos en re-
beldía por haber huido. Esto fue debido a que fueron detenidos por haberse alistado voluntariamente en
milicias, haber sido movilizados, o debido a la importancia de su cargo o a denuncias de vecinos y compa-
ñeros. No todos fueron condenados ya que por lo menos 110 de ellos fueron absueltos, pero muchos su-
frieron penas de cárcel y traslado a batallones de trabajadores. Todos, penados o no, tuvieron que someterse
también a las autoridades militares, que volvieron a humillarles y a demostrar el omnipresente poder coactivo
y represor franquista.
La purga y limpieza del funcionariado fue uno de los objetivos de la violencia franquista, ya que el
control de la Administración fue necesario para la consolidación del nuevo régimen.
Durante los casi 40 años que perduró la dictadura del general Franco, la depuración de 1937 siguió vi-
gente y los destituidos y sancionados al igual que sus familias continuaron portando el estigma de haber
sido castigados como desafectos. Por mucho que éstos siguiesen las normas políticas y morales impuestas
por el régimen no consiguieron -salvo contadas excepciones- recuperar sus puestos de trabajo. La respon-
sabilidad de este hecho no puede ser únicamente achacada a las autoridades civiles y militares franquistas,
ya que el proceso depurador no hubiera podido desarrollarse sin la colaboración, gustosa en unos casos o
motivada por el miedo en otros, de vecinos y compañeros de trabajo.
Al principio del capítulo he hecho referencia a los 56 trabajadores destituidos por las autoridades repu-
blicanas y a los siete asesinados a raíz de la quiebra del orden gubernamental y a los asaltos producidos a
los barcos-prisión y las cárceles, que fueron recordados y homenajeados durante 40 años. A través del pre-
sente texto hemos señalado que casi 500 trabajadores fueron destituidos y 179 sancionados por las nuevas
autoridades franquistas, mientras que 14 fueron asesinados y decenas encarcelados.
El olvido y la desmemoria ayudan a mantener la idea de que la memoria acompaña al rencor y sólo el
olvido permite la reconciliación. De este modo hacemos que las víctimas y las responsabilidades se dividan
a partes iguales. No podemos aceptar la impunidad equitativa, como si la culpa fuese colectiva40
. Pero la
historia nos muestra que mientras unos fueron yunque otros fueron martillo41
.
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