El concepto de contrataciones orientadas a la realización de adquisiciones públicas se torna estratégico, sometido en los últimos tiempos a una importante evolución, originada por la reconceptualización del papel del Estado en un mundo globalizado, en donde la satisfacción de necesidades de carácter público tiene que ver con resultados eficientes en términos del usuario del servicio público y la competitividad y la eficacia en el logro de los objetivos de las políticas hacia las cuales se asignan los recursos públicos.

1. LAS ADQUISICIONES ESTATALES
Por Ricardo Martin Zamora Moreno
Como política de Estado, el concepto de contrataciones orientadas a la
realización de adquisiciones públicas se torna estratégico, sometido en los
últimos tiempos a una importante evolución, originada por la
reconceptualización del papel del Estado en un mundo globalizado, en
donde la satisfacción de necesidades de carácter público tiene que ver con
resultados eficientes en términos del usuario del servicio público y la
competitividad y la eficacia en el logro de los objetivos de las políticas hacia
las cuales se asignan los recursos públicos. En tal sentido, la Ley de
Contrataciones del Estado tiene como objeto y así lo señala en su artículo
2°, el establecer las normas orientadas a maximizar el valor del dinero del
contribuyente en las contrataciones que realicen las Entidades del Sector
Público, de manera que éstas se efectúen en forma oportuna y bajo las
mejores condiciones de precio y calidad, a través del cumplimiento de los
principios contenidos en dicha ley.
Para definir el concepto de contratación, resulta importante referirnos al
anexo único del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el cual
señala que es la acción que deben realizar las entidades para proveerse de
bienes, servicios u obras, asumiendo el pago del precio o de la retribución
correspondiente con fondos públicos, y demás obligaciones derivadas de la
condición del contratante.