Mediante una reforma en 2011, el artículo 1o de la Constitución Mexicana fue modificado para establecer que todas las autoridades del Estado Mexicano deben respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México es parte, lo que incluye el control de convencionalidad. Anteriormente, solo el Poder Judicial Federal podía ejercer el control de constitucionalidad a través de los mecanismos establecidos en el artículo 103, fracción I. La reforma