Este documento hace un análisis comparativo de las disposiciones sobre arraigo en la Ley de Procedimientos Penales de Aguascalientes y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Señala que el arraigo en Aguascalientes es anticonstitucional porque involucra mantener al inculpado en una "casa de arraigo", mientras que la ley solo permite la vigilancia del inculpado en su domicilio. Propone defenderse de esto mediante un amparo para suspender el arraigo y luego denunciar a los