PROCEDIMIENTOS ESPECIALES EN PROCESAL PENAL

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD YACAMBU
VICERRECTORADO DE ESTUDIOS A DISTANCIA
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO

LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES A LA LUZ DEL
CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL

Participantes:

Profesora

Araure, septiembre 2013
INTRODUCCIÓN

La meta esencial de la ciencia procesal moderna, al menos en los países con
Derecho de estirpe romano francesa, fue por muchos años, y aún lo es, el logro
de un solo cauce procesal para la resolución de todos los conflictos
jurisdiccionales posible. Si bien esto es una meta muy lejana aún en materias
como la civil, la mercantil o el contencioso administrativo, más por las
veleidades de nuestra profesión que por imperativos del objeto del proceso, en
materia penal se puede decir que esta meta está prácticamente lograda, ya que el
enjuiciamiento penal moderno obedece indefectiblemente al mismo esquema de
fase preparatoria, intermedia y juicio oral, con absoluta independencia del tipo
de hechos que sean juzgados o de quienes sean los acusados. Precisamente, son
estos indicadores el tipo de hechos juzgados y la cualidad de las personas
imputadas, los que dan lugar al surgimiento de los llamados procedimientos
especiales.
Cabe señalar que dichos procedimientos se rigen por el Código Orgánico
Procesal Penal, en el cual se distinguen los siguientes procedimientos:
Abreviado; por admisión de los hechos; para juzgar al Presidente de la
República y otros altos funcionarios; para juzgar las faltas; de extradición; para
perseguir los delitos de acción privada, y para la aplicación de medidas de
seguridad. Estos coadyuvan al logro de un solo cauce procesal para la resolución
de todos los conflictos jurisdiccionales posible.
Con el interés de brindar conocimientos a los interesados de la maestría en
ciencias penales y criminológicas, se realiza el presente trabajo; en el mismo se
describen los aspectos más relevantes sobre los referidos procedimientos, esto
permitirá conocer su aplicación.

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Los Procedimientos Especiales en el
Código Orgánico Procesal Penal
Los procedimientos especiales en el Código Orgánico Procesal Penal COPP,
son siete (10); a saber:
El procedimiento para el juzgamiento de delitos menos graves (art 354)
El procedimiento abreviado. (art. 372)
El procedimiento por flagrancia. (art 373)
El recurso especial de apelación (art 374)
El procedimiento por admisión de los hechos. (art. 375)
El procedimiento para juzgar al Presidente de la República.(art. 376)
El procedimiento de extradición. (art. 382)
El procedimiento para juzgar los delitos de acción privada. (art. 491)
El procedimiento para la aplicación de medidas de seguridad. (art. 410)
El procedimiento para la reparación del daño y la indemnización de perjuicios.
(art 413)
El procedimiento para la reparación del daño y la indemnización de perjuicios,
regulado en el artículo 413 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal no
es un procedimiento penal, sino el cauce legal para reclamar la responsabilidad
civil proveniente del delito dentro de la jurisdicción penal.
Los procedimientos especiales en materia penal regulados en el COPP, lo son en
virtud de las regulaciones referentes a la forma del enjuiciamiento (juzgamiento
en flagrancia, admisión de los hechos), al tipo de delito que se juzga
(juzgamiento de delitos menores, de faltas y de delitos de acción privada) y a la
cualidad de las personas juzgadas (juzgamiento en ausencia, juzgamiento del
Presidente de la República y altos funcionarios, la extradición). El Código
Orgánico Procesal Penal coloca en primer lugar la especialidad de las normas de
esos procedimientos pero refrenda el carácter supletorio del procedimiento
ordinario.

OJO OJOOJO ALEXIS TORREALBA
En este espacio hay que agregar lo nuevo sobre el juzgamiento de los delitos
menos graves, ese material lo estoy preparando, esto es una investigación vieja,
la estoy adaptando a la reforma. Hasta hoy 17/09/2013 hora 10:52 pm es lo que
he logrado avanzar, puedes modificar lo que gustes, hay que reducirlo está muy
largo, de todas formas esos profesores ni revisar los trabajos solo hay que
cumplir .

El procedimiento abreviado
Definición
El procedimiento abreviado de conformidad con las disposiciones del
COPP, es una tramitación sólo aplicable a delitos de acción pública y tiene como
finalidad el juzgamiento directo de los imputados por el tribunal de juicio,
obviando la tramitación de la fase preparatoria, lo cual solo es posible cuando
todos los elementos del juzgamiento están disponibles en manos del sujeto
titular de la acción penal.
El procedimiento abreviado en el Código Orgánico Procesal Penal tiene
dos modalidades:
1. El procedimiento por flagrancia, para el juzgamiento por delitos flagrantes (art.
373con relación al art. 372 núm. 1)
2. El procedimientos para delitos menores (art. 375), para el juzgamiento de
delitos con penal no mayor de cuatro años de privación de libertad (art. 372
núm.2) y de delitos que no ameriten pena privativa de libertad (art. 373 núm.3).
El procedimiento abreviado por flagrancia, la flagrancia como fundamento
de la detención del imputado y como base de un procedimiento especial.
El Ministerio Público deberá proponer la aplicación del procedimiento
abreviado cuando se trate de delitos flagrantes, cualquiera que sea la pena
asignada al delito (art. 372 núm. 1). Esto es cónsono con la naturaleza acusatoria
del COPP, ya que la acción penal en los delitos de acción pública únicos donde
cabe este procedimiento, corresponde al Ministerio Público. La aprehensión en
flagrancia y su probable consecuencia: el juzgamiento abreviado, son regulados
en el COPP en sus artículo 248 y 249.
La palabra flagrancia viene de “flagar” que significa literalmente “estar
ardiendo”, lo aplicado figurativamente a un acontecimiento o hecho, da la idea

(carga semántica) de que el asunto está “en pleno desarrollo”. De ahí que los
angloparlantes cuando reportan un delito que se están produciendo, suelen
hablar sobre “a crime in progress”. Por otro lado, también se ha designado la
noción de delito latente con la expresión del latín tardío “in fraganti”, que deriva
de la representación de los efímero de la flagrancia de las flores, que es otra
manera de manejar la carga semántica en punto a la volatilidad de la
constatación del delito. Por ello no yerra el ignorante, que en lugar de usar el
sustantivo “flagrancia”, emplea en cambio el de flagrancia, ya sea por bucéfalo o
por dureza labiodental.
De esto se trata, pues cuando se habla de delitos flagrantes, cualquier
diccionario o manual de Derecho que se consulte, siempre los definirá como
aquellos que se están cometiendo o acaban de cometerse, y eso, claro está, no
resuelve mucho, por lo que a tal definición es necesario añadir “al momento de
intervenir las autoridades o los particulares y sorprender en ello a los
comisores”. Por lo cual la definición de flagrancia podría mejorarse un poco
redefiniéndola así:
Será delito flagrante aquel que es descubierto por las autoridades o por el
público cuando se está cometiendo o acaba de cometerse, y como resultado de
ellos son aprehendidos sus comisores.
Para el estudio de la Teoría General del Delito la definición anterior bastaría,
pues si bien los primeros estudios teóricos sobre la flagrancia provienen
justamente de las elucubraciones acerca del IterCriminis, esta senda fue
abandonada por los estudiosos de la dogmática penal, toda vez que la noción de
flagrancia que no arrojaba especial luz sobre el estudio de ejecución del delito, o
dicho en otras palabras un delito sorprendido “in fraganti” no era
necesariamente un delito imperfecto, como muchos creyeron en un momento,
sino que también podían ser consumado, y lo peor, que la intervención de la
autoridad o de los ciudadanos comunes no determinaba de suyo una cosa o la
otra. Por eso se abandonaron las disquisiciones acerca de la influencia de la
flagrancia delictual en la Teoría del Delito, en la actualidad no es común
encontrar referencias de ella en los Tratados y Manuales del Derecho Penal
General.
De tal manera, desde fines del siglo XIX y principios del siglo XX la
flagrancia fue vista como lo fue en la antigüedad, es decir como un problema
procedimental, como una forma más de la notitiacriminis, y por ende como una
modalidad de inicio del sumario, sin tratamiento diferenciado respectos a los

demás modos de proceder (denuncia, querella, confesión espontánea del
comisor, etc.). Por tanto, esta visión de la flagrancia no tenia tampoco ninguna
practica en el proceso.
Los problemas prácticos con flagrancia, en tanto modo de contratación de la
existencia del delito, comienza cuando, a partir de mediados del siglo XX, en
diversos ordenamientos procesales, como el Código de Procedimiento Penal
Italiano de 1930, modificados por los llamados Decretos del Lugarteniente de
1943 y el Código de Instrucción Criminal Francés, modificados por los célebres
Decretos Dalladier de 1939, se resuelve darle un tratamiento procesal especial.
Este tratamiento consiste en juzgar a los delitos flagrantes por un procedimiento
especial abreviado, que elimina la frase preparatoria, y hace pasar el proceso
directamente a juicio oral, precia una audiencia de calificación de flagrancia por
una autoridad judicial.
La calificación de flagrancia
En los ordenamientos procesales penales que tiene establecido el
procedimiento especial por flagrancia, corresponde por lo general al Ministerio
Público o Fiscalía presentar al aprehendido en flagrancia ante el tribunal
competente a fin de solicitarle que califique la detención efectivamente como
flagrante, y de ser necesario, posible y conveniente, que decrete el
enjuiciamiento del imputado por el procedimiento abreviado. En la audiencia de
calificación de flagrancia, el Ministerio Público tiene que probar que
efectivamente el imputado fue aprehendido in fraganti en la comisión de un
delito.
El juez debe calificar la flagrancia por dos razones esenciales. La primera de
ellas tiene que ver con la legalidad de la aprehensión o detención del presunto
delincuente in fraganti, pues la Constitución de 1999, establece que una persona
puede ser detenida, bien por orden judicial o cuando sea sorprendida en
flagrante delito. De tal manera, el juez tiene que calificar, primero que todo, el
carácter de la detención, pues desconectado que no había orden judicial para
detener a quien se presenta por flagrancia, la aprehensión será ilegal e
inconstitucional si no llena los extremos de la flagrancia.
El segundo lugar, el Ministerio Público debe definir si solicita del juez la
aplicación del procedimiento abreviado o si considera necesario encaminar el
proceso por las vías del procedimiento ordinario, y en su caso, se solicita o no
medidas cautelares contra el imputado, pues, no siempre que exista delito

flagrante podrá juzgarse éste por el procedimiento abreviado y no siempre este
tipo de delito amerita la detención judicial preventiva.
A la hora de determinar todos esos particulares, es cuando resulta
conveniente recordar las enseñanzas de los penalistas clásicos sobre la
flagrancia a los efectos de saber qué es, como se manifiesta y como puede ser
probada. Los doctrinarios de la dogmatica penal establecieron claramente la
existencia de tres tipos fundamentales de la flagrancia.
La flagrancia presunta, la cual presenta dos modalidades claramente
diferenciadas:
La flagrancia presunta o priori: es la situación en que se encuentra una persona,
que hace presumir a las autoridades o al público que se dispone a cometer un
delito, a juzgar por su apariencia o manera de vestir, o por el lugar donde se
halla, o por las herramientas o instrumentos que pudieran portar. La flagrancia
presunta es, pues, una sospecha más o menos fundada. Por esta razón, y por el
indudable hecho de que la doctrina moderna del derecho penal se inclina por la
no punibilidad de los actos probatorios, los ordenamientos procesales penales
democráticos no contemplan la flagrancia presunta como causa de origen de un
proceso penal, y solos los Estados comunistas, o fascistas la han considerado
como índice de la peligrosidad delictual que puede conducir a la aplicación de
medidas de seguridad, advertencias policiales, reseña del sospechoso, etc.
La flagrancia presunta o posterior: consiste en la detención de una persona con
instrumentos o cosas probablemente relacionadas con un delito, recién cometido
y cuya perpetración no fue observada por terceras personas. En este caso podría
presumirse la participación del detenido en el hecho. Si existe la certeza, o al
menos la fundada sospecha, de que los bienes o instrumentos que se encontraron
en su poder provienen del delito en cuestión o facilitaron su comisión. Esta es
una figura muy cuestionada hoy día, por la sencilla razón de que en este caso, lo
único flagrante es la posesión por el sospechoso de los referidos objetos, en
tanto que la participación del aprehendido en el delito principal tiene que ser
probada por la fiscalía, ya que presumir dicha participación equivaldría a violar
principios fundamentales del procedimiento penal, como el indubio pro reo y la
carga de la prueba del acusador (principio acusatorio).
La flagrancia real (in ipsaperpetrationefacinorios), que es la captura e
identificación del delincuente en plena comisión del hecho, bien que lo haya
consumado recién o que resulte frustrado por la intervención del público o de las

autoridades. Esta es la verdadera flagrancia, conocida desde antaño y de ahí su
nombre.
La flagrancia ex post facto o cuasiflagrancia, que es la aprehensión del
sujeto, perfectamente identificado o identificable, inmediatamente después de
haber cometido el delito, como producto de una persecución ininterrumpida de
las autoridades o del público, que no lo haya perdido de vista.
Es oportuno mencionar, que el COPP, como ordenamiento procesal
avanzado, y moderno solo acoge, en su artículo 248, la flagrancia real, la
cuasiflagrancia o la flagrancia presunta a posteriori, pero no recoge para nada la
flagrancia presunta o posteriori. Dicho artículo expresa:
Definición. Para los efectos de este Capítulo, se tendrá como delito flagrante el
que éste cometiendo o el que acaba de cometerse (flagrancia real). También se
tendrá como delito flagrante aquel por el cual el sospechoso se vea perseguido
por la actualidad policial, por la victima o por el clamor público
(cuasiflagrancia), o en lo que se le sorprenda a poco de haberse cometido el
hecho, en el mismo lugar o cerca del lugar donde se cometió, con armas
instrumentos u otros objetos que de alguna manera hagan presumir con
fundamento que él es el autor (flagrancia presunta o posterior)
Flagrancia, Verdad Material y Verdad Procesal en el COPP
El Código Orgánico Procesal Penal contempla la posibilidad de juzgar los
delitos flagrantes por un procedimiento especial, que tiene como fundamentos la
celeridad y economía procesal. La idea es, en principio, que los casos de
flagrancia se tramiten por un procedimiento abreviado que suprime las fases
preparatoria e intermedia. Al respecto, el artículo 249 del COPP expresa:
Procedimiento Especial. En los casos de flagrancia se aplicará el procedimiento
especial previsto en el Titulo II del Libro Tercero.
Y en dicho procedimiento se concreta en los siguientes artículos 372 y 373 del
COPP, los cuales disponen:
Artículo 372. Procedencia. El Ministerio Público podrá proponer la aplicación
del procedimiento abreviado previsto en este Titulo, en los casos siguientes:
Cuando se trate de delitos flagrantes, cualquiera que sea la pena asignada al
delito; (omissis).
Artículo 373. Flagrancia y Procedimiento para la presentación del aprehendido.
El aprehensor dentro de las doce horas siguientes a la detención, pondrá al
aprehendido a la disposición del Ministerio Público, quien dentro de las treinta y
seis horas siguientes, lo presentará ante el Juez de control y expondrá como se

produjo la aprehensión, y según sea el caso, solicitara la aplicación del
procedimiento ordinario o abreviado, y la imposición de una medida de
coerción personal, o solicitará la libertad del aprehendido. En este último caso
sin perjuicio del ejercicio de las acciones a que hubiere lugar. El juez de control
decidirá sobre la solicitud fiscal, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes
desde que sea puesto el aprehendido a su disposición. Si el juez de control
verifica que están dados los requisitos a que se refiere el artículo anterior
siempre que el fiscal del Ministerio Público lo haya solicitado, decretará la
aplicación del procedimiento abreviado, y remitirá las actuaciones al tribunal
unipersonal, el cual convocará directamente al juicio oral y público para que se
celebre dentro de los diez días a quince días siguientes. En este caso, el Fiscal y
la víctima presentarán la acusación directamente en la audiencia del juicio oral y
se seguirán, en los demás, las reglas del procedimiento ordinario. En caso
contrario, el Juez ordenará la aplicación del procedimiento ordinario y así lo
hará constar en el acta que levantará al efecto.
El problema esencial de la flagrancia en los ordenamientos procesales
que le confieren un tratamiento por procedimiento abreviado es el procedimiento
que se aprueba, es decir, probar que efectivamente el imputado fue sorprendido
infraganti. Para poder explicar cómo debe proceder el Ministerio Público en
caso de flagrancia es necesario desmenuzar exegéticamente el artículo 373 del
Código Orgánico Procesal Penal.

Como se observa de la redacción del mencionado artículo, el Ministerio
Público tiene la función del pivole central en el procedimiento abreviado por
flagrancia diseñada en el COPP, pues, por una parte, la fiscalía debe recibir el
aprehendido de la policía o de los particulares aprehensores y proceder a
levantar las actuaciones sumarias que den sustento a la solicitud de
procesamiento por flagrancia y, por otra parte, el Ministerio Público con base en
esas actuaciones sumarias y considerando las circunstancias del caso, debe decir
si efectivamente solicita la aplicación del procedimiento abreviado, o si abre el
procedimiento ordinario mediante la correspondiente orden o auto de inicio de la
fase preparatoria, o si considera que no hay mérito para proceder y solicita la
desestimación de la causa.
De tal manera, el fiscal, cuando traigan a su presencia a alguien que
supuestamente haya sido aprehendido in fraganti, dicho fiscal del Ministerio
Público tiene varias opciones:

1º. Presentar al aprehendido ante el juez de control dentro del plazo de ley y
solicitarle que califique la detención el aprendido como flagrante si estiman que
están cubiertos los requisitos legales del artículo 248 del COPP, y pedirle la
aplicación del procedimiento abreviado, si considera que efectivamente la forma
en que se produjo la aprehensión reúne las condiciones de autonomía fáctica y
autosuficiente probatoria, necesarias para ello, entendiendo por tales el que el
hecho flagrante no tenga vinculaciones evidentes con otros, para cuyo
esclarecimiento no sea necesaria la apertura la investigación de fase preparatoria
y que la constatación del hecho flagrante haya aportado por si misma los medios
probatorios suficientes para el enjuiciamiento. En este caso, si el juez de control
estime que ciertamente concurren las circunstancia de la flagrancia y visto el
pedimento del fiscal de aplicación del procedimiento abreviado, así lo acordara
y remitirá las actuaciones a un tribunal unipersonal de juicio (artículo 64,
numeral 3), el cual convocara directamente al juicio oral y público para que se
celebre dentro de los diez a quince días siguientes. Por consiguiente, el juez de
control no puede decretar la aplicación del procedimiento abreviado, cuando el
Ministerio Público no lo hubiere solicitado.
2º. Presentar al aprehendido ante el juez de control dentro del plazo de ley y
solicitarle que califique el carácter flagrante de la detención conforme al artículo
248 del COPP y comunicarle que optará por la aplicación del procedimiento
ordinario, aun cuando la constatación del delito haya sido efectivamente en
grado de flagrancia, cuando por las características del hecho sea necesario abrir
una investigación de fase preparatoria. Y nótese que se usa aquí deliberadamente
el verbo “comunicar” en lugar del verbo “solicitar” que impropiamente usa el
legislador en el artículo 373 del COPP, pues siendo el procedimiento abreviado
de carácter especial y menos garantistas respecto al imputado, su aplicación
debe ser excepcional, por solicitud del fiscal y autorización del juez, en tanto
que el procedimiento ordinario, siendo el de aplicación preferente y natural; no
necesita autorización expresa del juez. Si el fiscal o el juez no hacen
pronunciamiento expreso en la audiencia sobre el tipo de procedimiento a
aplicar, debe necesariamente entenderse que se aplicará el ordinario. De tal
manera, el juez no puede imponerle al fiscal que lleve la causa por
procedimiento abreviado, pues ello sería invadir la esfera de la acusación y
violar el principio acusatorio, ni tampoco el imputado tiene derecho a que se le
juzgue por el procedimiento especial de flagrancia, como han alegado algunos
defensores avispados, ante la notaria insuficiencia de prueba de la acusación,
olvidando que la sociedad tiene derecho al mejor esclarecimiento de los hechos
punibles.

3º. Dictar la orden de inicio de la investigación de fase preparatoria del
procedimiento ordinario, si encuentra que el hecho no reúne las características
de la flagrancia, pero existen fundados elementos de convicción que hacen
suponer que el aprehendido se encuentra incurso en un delito concreto. Como
quiera que en este caso se puede estar ante una detención que no cumple los
requisitos constitucionales, es decir no ha sido realmente flagrante, el fiscal
deberá sopesar cuidadosamente la necesidad de solicitar la detención judicial por
la fórmula de urgencia que prevé el artículo 250 del COPP, pues en aquellos
casos donde la detención ha sido manifiestamente ilegal, pero hay serios
fundamentos contra el aprehendido, tal ilegalidad podrá ser causa de una sanción
disciplinaria para los funcionarios actuantes, pero nunca de la liberación del
imputado.
4º. Establecer que no hay merito para proceder y dejar el libertad al aprehendido
por imperativo del artículo 44, ordinal 1º de la Constitución, si no se dan los
supuestos de la flagrancia o cuando, definitivamente los hechos que motivaron
la aprehensión no son constitutivos de delito. En este punto es obvio, que el
Fiscal del Ministerio Público no tiene porque solicitar la libertad del
aprehendido del juez, pues la libertad de es un derecho constitucional y la regla
en el proceso penal, por lo cual no tiene que ser decretada por nadie, sobre todo
teniendo en cuenta que solicitar la detención judicial de una persona es uno de
los contenidos básicos del ejercicio de la acción penal y corresponde
exclusivamente al Ministerio Público. La prisión provisional la excepción y
constituye una derogación singular del derecho a la libertad del imputado y por
eso debe ser decretada y por ello corresponde al fiscal, en tanto parte de buena fe
, preservarla cuando corresponda.
Eventualmente, el fiscal también puede, en los casos de flagrancia,
solicitar al juez de control la aplicación del llamado principio de oportunidad,
previsto en los artículos 37 al 39 del Código Orgánico Procesal Penal.
Igualmente, en los casos de flagrancia, desde el momento mismo de la
aprehensión, la víctima y el imputado están en plena libertad de arribar a
acuerdos reparatorios, siempre y cuando el delito conocido sea de los que caben
en el enunciado del artículo 40 del Código Orgánico Procesal Penal.
Por otra parte, obsérvese que el artículo 373 expresa que los aprehensores
pondrán al aprehendido a disposición del Ministerio Público en el brevísimo
lapso de doce horas. El Ministerio Público es el único Órgano instructor de la
flagrancia. Es decir, que el fiscal del Ministerio Público Tiene que escuchar
directamente a los aprehensores, sean policías o particulares, levantar por si las

actuaciones a que haya lugar, generalmente declaraciones y valorar los objetos
que se hayan ocupado al aprehendido (instrumentos, bienes sustraídos, etc.). En
ningún caso el Ministerio Público puede admitir que la policía le traiga actas
levantadas por sus funcionarios. La policía solo debe llevar al aprehendido, a la
víctima o a los testigos, si los hubiere, así como los objetos o instrumentos del
delito, en su caso, a la sede del Ministerio Público, el cual obviamente tiene que
tener establecidas guardias permanentes y necesita, muchos, pero muchos
funcionarios.
Sólo si los funcionarios del Ministerio Público los que instruyen la
flagrancia, podrán valorar adecuadamente los hechos y escoger la variante de
conducta procesal adecuada. Solo así podrá el fiscal del Ministerio Público
proponer válidamente el procesamiento abreviado por flagrancia ante el juez de
control respectivo.
El juez de control es llamado a calificarla y a autorizar la aplicación del
procedimiento abreviado en este caso. Pero para eso es menester que el primer
que el primer convencido sea el fiscal que va a presentar el caso. Es necesario
recordar, una vez más, que en los establecimientos establecidos por el COPP,
donde el Ministerio Público es investigador, instructor y acusador, la
displicencia y la dejadez no pueden estar presentes en el trabajo de este órgano
que es hoy la columna vertebral del proceso penal venezolano.
La flagrancia procesal sirve para juzgar delitos menores que, consumados
o no, se agotan en el acto mismo de la flagrancia y por tanto no hay allí
cómplices, ni motivaciones anteriores, ni modus operandi escabroso, ni
finalidades ocultas, ni autores intelectuales, ni delitos de medio a fin, ni
receptores, etc., pues si flora algo de eso y hay que averiguarlo, adiós al
procedimiento por flagrancia. El procedimiento especial por flagrancia
realmente debe existir para casos tales como los arrebatadores, el carterismo, los
hurtos frustrados en supermercados o tiendas por departamento y para los
altercados en la vía pública. Así lo conciben casi todas las legislaciones que lo
tienen establecido. Pero el legislador venezolano cometió el terrible
desaguisado, la barbaridad se diría, de someter al procedimiento abreviado por
flagrancia a cualquier clase de delito, cualquiera sea la pena que tenga asignada
(art. 372 numeral 1), lo cual, de paso, además de privar de las garantías de
defensa establecidas en la fase preparatoria, somete a los acusados por delitos
graves a un tribunal unipersonal, lo que disminuye aún más aquellas garantías.

Lo cierto es que resulta poco probable y hasta inconveniente para los
intereses de la sociedad, que el Ministerio Público representa, que los delitos
graves puedan juzgarse por el procedimiento abreviado por flagrancia, aun
cuando formalmente, una persona haya sido sorprendido cometiendo en
flagrante delito. En los casos de delitos graves es mejor siempre investigar por el
procedimiento ordinario, ya que el hecho in fraganti puede ser sólo la punta de
un iceberg y puede existir un conjunto de otros delitos y de otros implicados,
que el principio de unidad del proceso (art. 73 COPP) obliga a juzgar
conjuntamente. Por eso, aun cuando ciertos hechos graves pudieran revelarse
como flagrantes, hay que examinarlos con la lupa de la suspicacia y la
desconfianza, para no dejar cabos sueltos. Por esta razón, los órganos de
investigación de países con gran desarrollo y experiencia suelen hacer
seguimientos de años a los casos de delincuencia organizada, que siempre son
los más complejos y en los cuales, si se actúa intempestivamente, nunca se
llegará al tronco.
Procedencia de la detención judicial y de medidas sustitutivas de ésta en el
procedimiento por flagrancia
Desde siempre ha existido la creencia de que en los casos de delitos
flagrantes debe decretarse la prisión provisional como única medida de
aseguramiento posible frente a un reo bellaco que desafía a la opinión pública y
a la justicia con un actuar desembozado.
Sin embargo, esa tesis es absolutamente insostenible a la luz del Derecho
Procesal Moderno, cuyos principios de privado de la libertad consagra el Código
Orgánico Procesal Penal con meridiana claridad. También se debe considerar
que no todos los delitos flagrantes son delitos graves, no todos los que los
cometen son realmente personas peligrosas o antisociales desalmados. Por ello,
es incuestionable que sería excesivo que a todo aprehendido en flagrancia se le
dejara detenido a resultas del juicio oral.
De conformidad con el artículo 371 del Código Orgánico Procesal Penal,
las reglas del procedimiento ordinario se aplicarán a los procedimientos
especiales siempre que no se opongan a las disposiciones establecidas
específicamente para cada uno de ellos.
En los casos de flagrancia todo se reduce a comprobar la existencia de
los supuestos del artículo 248, en la forma en que se explica en los epígrafes
anteriores, y una vez establecido esto, inicialmente por el fiscal del Ministerio

Público como instructor y legitimado activo penal en el procedimiento por
flagrancia y, luego, por el juez de control, como autoridad jurisdiccional, se
produce la materialización de la consecuencia efectiva de este procedimiento
especial, vale decir, la calificación o no del hecho como flagrante y la
escogencia del procedimiento a seguir. Toda la especialidad de ese trámite se
resume en un solo artículo del COPP (373), y no existe allí disposición alguna
respecto a la imposición de medidas cautelares. Por tanto, es necesario concluir,
que para el procedimiento por flagrancia establecido en el COPP, rigen
plenamente las normas del régimen ordinario del aseguramiento del imputado,
regulado en los artículos 243 al 264 ejusdem.
Siendo esto así, todo individuo sorprendido en flagrante delito,
cualquiera sea la modalidad de la flagrancia procesal de que se trate, tiene que
ser tratado bajo los principios generales que rigen la imposición de las medidas
de coerción personal, previstas en los artículos 243, 244, 246 y 256 del COPP.
Por ello, no está negada la posibilidad del procedimiento en libertad y de la
imposición de medidas sustitutivas y en el procedimiento especial por flagrancia
regulado en el Código Orgánico Procesal Penal.
Sin embargo, tampoco debe olvidarse, que la flagrancia, de ser
verdaderamente tal, brinda directamente los elementos esenciales a que se
refieren los numerales 1 y 2 del artículo 250 del Código Orgánico Procesal
Penal, que es la norma rectora de la detención judicial, por lo cual la labor del
tribunal al cual corresponda conocer y decidir de una solicitud de detención
judicial en el procedimiento por flagrancia, se debe circunscribir solamente a
determinar si existe el peligro de fuga u obstaculización de la investigación a
que se contrae el numeral 3 del referido precepto, en relación con los artículos
251 y 252, y teniendo siempre en cuenta lo establecido en el artículo 253, todos
del Código Orgánico Procesal Penal.
Por tanto, cuando exista verdaderamente flagrancia, los tribunales podrán
decretar la prisión provisional siempre y cuando se trate de delitos con pena
superior a los tres años de privación de libertad en su límite máximo, o cuando,
en todo caso, el comisor tenga antecedentes penales, y valorando siempre, en la
motivación de la decisión, la forma en que se manifiestan en el caso, las
circunstancias que no existe peligro de fuga ni de obstaculización de la
investigación, debe decretar una medida sustitutiva y no gravar al imputado con
la prisión provisional.
Sin embargo, según el artículo 374 del Código Orgánico Procesal Penal,
cuando en el caso anterior, el juez de control decrete la libertad del imputado, ya

sea libertad plena o con medida sustitutiva, el fiscal podrá interponer, en el
mismo acto de la audiencia y nunca después, un recurso de apelación contra esa
decisión, el cual el legislador le confiere efecto suspendido, es decir, que su
interposición impide que sea ejecutada la decisión del juez de poner en libertad
al aprehendido, el cual quedara detenido a resultas de la apelación.
El establecimiento de este efecto suspensivo en contrario al espíritu del
Código Orgánico Procesal Penal por dos razones esenciales. La primera porque
contraviene la forma en que el Código Orgánico Procesal Penal trata el
problema de la libertad decretada en audiencia, en los artículos 250, 366, 458 y
469, se observará que la libertad del imputado, acordada por el juez luego de una
audiencia, se hace efectiva de inmediato; y la segunda, porque debidamente
fundamentados en los artículos 448 y 453 del COPP, por lo que difícilmente
podrá ser bien motivado un recurso que debe presentarse en el mismo acto
donde se notifica la decisión que se pretende recurrir. Esta forma bizarra tendrá
efectos grotescos en la práctica, pues bien los fiscales no recurrirán en absoluto,
o sus recursos serán desestimados por inmotivados, o los jueces determinarían
desaplicándola por inconstitucional, ya que, una interpretación a fortiori él a
complitudine del artículo 374 del Código Orgánico Procesal Penal y que se
entendería así:
Solo la autoridad judicial puede decidir sobre la libertad del sorprendido in
fraganti y por lo tanto, no puede el legislador ordinario disponer que la
manifestación de voluntad de otro funcionario no judicial, haga nugatoria la
disposición del juez de dejar en libertad al aprehendido
Por otra parte, cuando en una audiencia de flagrancia, promovida, como
es natural, por el Ministerio Público, el juez de control considere que no se dan
los supuestos de flagrancia, el juez podrá, en cambio, decretar la prisión
provisional sí, no obstante considerar que no hay flagrancia, estima que se
cumplen las circunstancias excepcionales a que se refiere el último aparte del
artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal. En este caso, la audiencia del
artículo 373 valdrá a los efectos de los artículos 130 y 250 del mismo cuerpo.
De tal manera, puede decretarse la flagrancia y no disponerse la prisión
provisional del imputado, pero también es posible que no sea decretada la
flagrancia y que, en cambio, sí se decrete la prisión provisional del imputado,
siempre a solicitud del Ministerio Público.
Acción y jurisdicción respecto a las medidas cautelares en el procedimiento de
flagrancia

La acción o legitimación activa para solicitar la imposición de medidas
cautelares respecto a los imputados, tanto el procedimiento ordinario, como en
el procedimiento especial de flagrancia, corresponde al Ministerio Público. Ello
es una manifestación particular del monopolio de la acción penal pública que
tiene ese órgano en virtud de los artículos 11 y 24 del Código Orgánico Procesal
Penal. Aquí no debe olvidarse que nunca un tribunal de la República puede
disponer la prisión judicial preventiva de un ciudadano, si el Ministerio Público
no lo solicita, según el claro texto del artículo 250 del Código Orgánico Procesal
Penal
Entonces, debe resultar claro que, en el sistema del Código Orgánico
Procesal Penal, el único sujeto procesal legitimado para solicitar la imposición
de medida cautelar en los procedimientos por delitos perseguibles de oficio es el
Ministerio Público y no así el querellante. En cambio, el imputado está facultado
para solicitar en todo momento la revisión de a medida de presión provisional y
su cambio por una medida sustitutiva (art. 264).
Autoridad que debe decretar o revisar las medidas cautelares
En el procedimiento por flagrancia, en la decisión que pone fin a la
audiencia de calificación (artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal), el
juez de control vendrá obligado a pronunciarse siempre sobre si impone o no
medidas cautelares al imputado y qué tipo de medida le impondrá; lo cual es
absolutamente lógico, porque en la audiencia de calificación de flagrancia ante
el juez comparecen siempre individuos aprehendidos, y es necesario que el juez
decida motivadamente qué hacer con dichas personas.
Ahora bien, después de que el juez de control ha autorizado la aplicación
del procedimiento abreviado por flagrancia, cualquiera haya sido su decisión
sobre medidas cautelares, su jurisdicción se agota, por lo cual el caso nunca
podrá volver a sus manos, a menos que la Sala de Casación Penal decida
reponer (artículo 467 COPP) si se hubiere cometido violación procesal
inexcusable al declararse la procedencia de la flagrancia. De tal manera, una vez
que el juez de control ha decidido abrir el procedimiento especial por flagrancia
y el caso ha pasado al juez de juicio, es a este último al que corresponde resolver
sobre cualquier solicitud de cambio de medida cautelar que se le haga,
sencillamente porque se trata de un incidente y de conformidad con la doctrina
procesal universalmente consagrada y largamente asentada en Venezuela
(artículo 607 del CPC de 1986), el tribunal que conoce de la cuestión principal
debe resolver las cuestiones incidentales que se susciten durante ese
conocimiento. Por tanto no es permitido al juez de juicio, que ya tiene el

expediente en las manos para la celebración del juicio oral, devolver el caso al
juez de control para que este decida sobre el cambio de medida. El juez de juicio
debe decidir sobre el asunto, bien por auto que dicte antes del juicio oral, bien
por auto que dicte antes del juicio oral, valorando para ello todas las
circunstancias que rigen la imposición y el cambio de las medidas cautelares, o
bien en el mismo juicio oral, mediante decisión que deberá asentarse en el acta
del juicio o formar parte de la sentencia.
Lo mismo ocurrirá cuando el cambio de medida cautelar sea solicitado
ante la Corte de Apelaciones que ya sea abocado al conocimiento del recurso de
apelación o ante el supremo Tribunal en casación. Es claro que, como correlato
de todo lo anterior, el cambio de medida sólo puede solicitase por ante el
Tribunal que esté conociendo de la causa en un momento dado.
La prueba, la acusación y la defensa en los juicios por flagrancia
Los elementos probatorios del hecho flagrante son exclusivamente los
que dimanan del propio hecho flagrante; es necesario recordar que el hecho
flagrante, en cualquiera de las variantes de flagrancia aceptadas por nuestro
legislador, debe ser de naturaleza tal que, por si solo, debe aportar los elementos
suficientes para considerar acreditada la comisión de un hecho punible y para
estimar que la persona del aprehendido es su autor. Justamente por eso el hecho
flagrante equivale de suyo a una fase preparatoria, a un sumario.
En ese sentido, la única prueba de que puede valerse el Ministerio
Público, si decide llevar el hecho por flagrancia, debe acusar con esos elementos
de prueba y no con otros, pues eso equivaldría a abrir una fase preparatoria. Si el
Ministerio Público pretende obtener otras pruebas adicionales a las que ha
aportado al hecho flagrante y no da igual oportunidad a la defensa y el equilibrio
procesal, que podría ciertamente dar lugar a la reposición de la causa para que se
tramitara por el procedimiento ordinario.
Por esta razón el Ministerio Público debe ser sumamente responsable a la
hora de promover el procedimiento abreviado por flagrancia, pues si se le
quedan cabos sueltos entonces esos malos manejos podrían conducir a la
absolución de un imputado verdaderamente responsable. El procedimiento por
flagrancia no es la panacea para el Ministerio Público, sino más bien un arma de
doble filo o boomerang, que es necesario manejar con suma cautela.
En este orden de ideas, la acusación que presente el Ministerio Público
en el procedimiento especial por flagrancia debe recoger como hecho imputable,

a los efectos del numeral 2 del artículo 326 del COPP, solamente el hecho
flagrante y no otros, anteriores o posteriores, y que no hayan sido objeto de
constatación en el momento de la flagrancia, ni incluir como imputados a
personas que no hayan sido sorprendidas en el hecho flagrante.
De la misma manera respecto a la calificación jurídica, el Ministerio
Público no puede calificar jurídicamente al hecho flagrante más que por aquello
que se hubiere constatado. Así, por ejemplo, si a alguno se le sorprende
escondiendo o maquillando un vehiculo que aparece como robado o hurtado, lo
único que puede imputársele por flagrancia es el aprovechamiento de cosa
proveniente del delito. Ahora, que si lo que se quiere es agarrar el ovillo por la
punta, entonces no se lleve al individuo por flagrancia y sígase el procedimiento
ordinario.
De manera consecuente con los antes expresado, la defensa en los casos
de flagrancia, en primer lugar, en combatir el que exista realmente flagrancia.
Dado que el procedimiento por flagrancia es ampliamente desfavorable al reo,
por cuanto no hay contradictorio de las fases preparatoria e intermedia y por
cuanto cualquiera sea la pena, el juzgamiento se producirá por un tribunal
unipersonal (artículo 372, numeral 1). Las pautas que debe seguir el defensor
para controvertir la existencia de flagrancia son las que se han expuesto
procedentemente al estudiar las bases procesales de la flagrancia.
En segundo lugar, el defensor debe estar muy atento a las tentativas del
Ministerio Público de alterar el equilibrio procesal, ya sea porque trata de incluir
en la acusación hechos que no hayan sido constatados “in fraganti”, o porque
intenta buscar evidencias fuera del hecho flagrante y su entorno, o porque
califica jurídicamente los hechos fuera de lo que estrictamente indica el hecho
flagrante.
Lógicamente no esta excluida la posibilidad de que pueda defenderse al
aprehendido en flagrancia sobre la base de una tesis de no participación, es
decir, de completa inocencia o no vinculación con el hecho perseguido, por ello
sólo será posible cuando de trate de casos de falsa flagrancia y se haya cometido
errores en la presentación y la admisión de la solicitud de procesamiento.
Obviamente, el derecho a la defensa no está negado en el procedimiento de
flagrancia, pero no hay dudas de que si la flagrancia es real y probable, entonces
la defensa deberá buscar atenuaciones por otras vías.
La admisión de los hechos en el procedimiento por flagrancia

Según el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal la oportunidad
procesal para que el imputado admitan lo hechos que se le imputan y solicite la
imposición inmediata de la pena, es la audiencia preliminar, en el caso del
procedimiento abreviado. De tal manera, no hay dudas acerca de que si es
posible la admisión de los hechos en el procedimiento abreviado y de cuál es la
oportunidad para hacerlo.
De esta manera, se salvaguardan los principios fundamentales sobre los
que se asienta la admisión de los hechos en el sistema acusatorio, es decir, 1)
que ésta debe producirse después de formulada la acusación y conocida por el
imputado y su defensor (certeza) y 2) se produzca de boca del mismo imputado
y en presencia del tribunal (oralidad e inmediación).
En cuanto a sí es posible la admisión de los hechos en la audiencia de
calificación de flagrancia, la opinión personalísima de este comentarista, en la
más pura ortodoxa es que no es posible, pues no existe allí la acusación que
concrete los hechos imputados y que deban ser admitidos (garantía del principio
de certeza). Sin embargo, sí se enfoca el asunto desde la perspectiva de la
celeridad procesal y se tiene en cuenta que el hecho flagrante tiene ribetes más o
menos precisos y que debe ser objeto de una precalificación jurídica por parte de
la fiscalía, entonces quizás pudiera admitirse dicha tesis.
Procedimiento abreviado por delitos menores
En los casos de los delitos perseguibles de oficio con pena privativa de
libertad no mayor de cuatro años en su límite máximo, o en el caso de los
llamados delitos no detentivos, o sea, aquellos que no tienen señalada pena de
privación de libertad (art. 372 numerales 1 y 2 en relación con el artículo 375),
el Ministerio Público podrá solicitar ante el juez de control la admisión del
procedimiento abreviado dentro de los quince días siguientes del primer acto de
procedimiento podría ser la denuncia o la querella (o su admisión por el juez)
que son actos que pueden dar inicio al proceso.
El Ministerio Público, una vez que haya recibido la denuncia o la
querella, o por cualquier otro medio hubiere recibido la noticia del delito,
verificará si están presentes allí todas las evidencias necesarias para acreditar el
delito y la responsabilidad de todas las personas señaladas como autores o
participes, de manera que se haga innecesaria la investigación de fase
preparatoria. Si esto es así, en lugar de dictar la orden de inicio de la
investigación, podrá solicitar al juez de control el enjuiciamiento abreviado. El
juez de control convocará a una audiencia y escuchará la intervención del
representante del Ministerio Público y examinara los recaudos que obren en su

poder y oirá también al imputado, luego de lo cual dictará la resolución que
corresponda, sin más tramite (artículo 375). Si el juez de control acuerda la
apertura del procedimiento abreviado, el Ministerio Público y la victima
presentarán sus acusaciones ante el juez de juicio quien conocerá del
procedimiento abreviado. Esta decisión del juez de control es apelable por el
imputado en virtud del artículo 447 numeral 5.
En todo caso, el juez de control, antes de aprobar la aplicación del
procedimiento abreviado comprobará si tal decisión afecta o no el derecho del
imputado a la defensa, o el derecho de la víctima a hacer valer sus reclamos.
Si el juez no admite la aplicación del procedimiento abreviado, ordenará
la continuación del proceso ordinario y ello, según nuestra opinión, debe ser
inapelable, ya que el procedimiento ordinario es la regla (debido proceso) y no
supone agravio o lesión de ningún tipo para los intereses que representa el
Ministerio Público.
El procedimiento por admisión de los hechos
Definición y Fundamentos
Si el procedimiento abreviado se caracteriza por la supresión de la fase
preparatoria, el procedimiento por admisión de los hechos se distingue por
ahorrarse el juicio oral (COPP artículo 376). El procedimiento de admisión de
los hechos se presenta en el Código Orgánico Procesal Penal bajo dos garantías
o principio fundamentales: 1) que exista una acusación formal que fije los
hechos imputados y que la admisión se produzca de viva voz ante el juez. En
este sentido, en la Exposición de Motivos del Código Orgánico Procesal Penal
se lee lo siguiente:
Dado que la no celebración del juicio oral afecta garantías básicas, sólo puede
aplicarse este procedimiento especial cuando el consentimiento del imputado
haya sido prestado con total libertad con total libertad, en tal virtud se prevé un
control judicial a fin de evitar que presiones indebidas puedan distorsionarlo.
Como beneficio para el imputado por la aceptación de este procedimiento se
dispone de una rebaja en la pena aplicable al delito desde un tercio a la mitad,
atendidas todas las circunstancias y tomando en consideración el bien jurídico
afectado y el daño social causado, (p.--)
La admisión de los hechos, como forma de proceder que resuelve la
primera instancia sin necesidad de juicio oral, tiene lugar, cuando llegada la
audiencia preliminar en el proceso ordinario o una vez presentada la acusación
en el juicio oral seguido por procedimiento abreviado, el imputado, en ese caso,

solicita al juez de control la imposición inmediata de la pena, previo
reconocimiento de los hechos de la acusación. En este caso, el juez deberá
rebajar la pena aplicable al delito que hayan corporificado los hechos
administrados, desde un tercio a la mitad, tomando en cuenta para fijar el monto
de la rebaja, el bien jurídico afectado y el daño social causado.
Sin embargo, cuando se trate de delitos donde haya habido violencia
contra las personas o de delitos contra el patrimonio público, o de delitos
relacionados con estupefacientes con pena superior a ocho años de privación de
libertad en su límite máximo, el juez sólo podrá rebajar la pena aplicable hasta
un tercio, sin que nunca pueda aplicar una pena por debajo del limite de la pena
mínima establecida por la ley para el delito en cuestión.
En todo caso de admisión de los hechos el imputado tendrá derecho a
una rebaja de pena como premio a su colaboración con la justicia, aun cuando en
los delitos graves resulte no ser atractiva esa rebaja.
Hechos Admisibles. Forma y efecto de la admisión
Los hechos que pueden admitir el imputado son los que aparecen de la
acusación y ningunos otros. Por tanto, el juez no puede forzar al imputado a que
admita hechos no incluidos en la acusación, ni condicionarle de forma alguna las
rebajas que la ley establece. Éste es el único caso en el COPP donde una
sentencia condenatoria puede ser pronunciada por un distinto del juez de juicio y
la sentencia por admisión de los hechos tiene que reproducirse textualmente en
su parte narrativa. Los hechos de la acusación, pero el juez no queda obligado
por la calificación que el fiscal les haya dado. En otras palabras, el juez de
control no puede variar los hechos de la acusación, admitidos por el imputado,
pero puede calificarlos según su prudente arbitro, y en este punto la sentencia es
apelable, tanto por el imputado como por el fiscal y la víctima.
2) Por otra parte, para que haya admisión de los hechos, en el sentido
regulado en el artículo 376, es menester que el imputado admita los hechos de la
acusación de pura y simple, sin pretensiones de otra solución procesal que no
sea su condena con las rebajas mencionadas. Si el imputado pretende que se les
apliquen eximentes o atenuantes o que sus acciones no son punibles, deberá
alegar esas razones en la misma audiencia preliminar, como insuficiencias de la
acusación o en el juicio oral, en su día, pero no puede pretender que tales
circunstancias sean valoradas en una sentencia por admisión de los hechos.

El legislador dice que la admisión de los hechos procede después de
presentada la acusación, y nunca antes, pues a partir de ese momento es cuando
existe una incriminación formal y definitiva que establece con fijeza los hechos
imputados, que son los mismos que debe admitir el imputado y no otros.
La admisión de los hechos como requisito para el otorgamiento de otros
beneficios
En el Código Orgánico Procesal Penal, la admisión de los hechos está
establecida como condición al imputado para la obtención de determinados
beneficios procesales, tales como la aprobación de acuerdos preparatorios
después de presentada la acusación (artículo 40, última parte), y la suspensión
condicional del proceso (artículo 42), en todo caso. Asimismo, el Código
Orgánico Procesal Penal establece que si el imputado que recibe cualquiera de
estos beneficios no cumple con las obligaciones que de ellos se derivan se les
sancionara con fundamento en la admisión de los hechos realizada sin necesidad
de audiencia preliminar, y sin las rebajas que se conceden en la admisión pura y
simple (artículo 40 última aparte y 46 numeral 1, en relación con el último
aparte del artículo 376).
Los procedimientos para juzgar al Presidente de la República y otros altos
funcionaros del Estado
Este procedimiento tiene dos particularidades:
La exigencia de un enjuiciamiento de mérito ante el Tribunal Supremo de
Justicia (COPP artículo 377, CRBV artículo 266 numeral 2 y 3) para poder
enjuiciar al Presidente de la Republica, al Vicepresidente de la República y a los
Diputados de la Asamblea Nacional, los Magistrados del Tribunal Supremo de
Justicia, los Ministros, El Fiscal General, el Procurador General, el contralor
General de la República, el Defensor del Pueblo, los gobernadores, los
Generales y Almirantes, y los Jefes de Misiones Diplomáticas de la República
(COPP artículo 382 y CRBV 266 numeral 3).
El hecho del que el Presidente de la República será juzgado por el
Tribunal Supremo de Justicia en Pleno, lo cual es ejecución de un mandato
constitucional (CRBV, artículo 266 ordinal 2), y arrastra en ese juzgamiento a
sus coimputados a su fuero personal, en tanto que los otros altos funcionarios,
sino concurren como coacusados del Presidente de la República, son juzgados si
se encuentra mérito para ello, por los tribunales ordinarios, pero esto no resulta
claro dado el texto confuso de la parte final del numeral 266, que pareciera
cambiar la regla tradicional.

Según el artículo 377 del Código Orgánico Procesal Penal, corresponde
al Tribunal Supremo de Justicia en pleno declarar si hay o no mérito para el
enjuiciamiento del presidente de la república o de quien haga sus veces y de los
altos funcionarios del Estado, previa querella del Fiscal General de la República.
El hecho de que exista el enjuiciamiento de mérito no impide que cualquier
ciudadano pueda denunciar o querellarse contra el Presidente de la República o
cualquier otro alto funcionario ante cualquier fiscal o ante cualquier juez de
control, respectivamente. El fiscal que reciba la denuncia, pondrá los hechos
denunciados en conocimiento del Fiscal General de la República, y el Juez de
Control remitirá la querella al mismo funcionario a fin de que decida si investiga
el hecho y promueve o no el correspondiente antejuicio de mérito.
Reciba la querella del Fiscal General de la República promoviendo el
antejuicio de mérito, el tribunal supremo de Justicia en Pleno convocará a una
audiencia a oral y pública dentro de los treinta días siguientes para que el
imputado de respuesta a la querella. El imputado estará en cuanta del contenido
de la querella desde que sea citado, pero es de observar que el artículo 379 del
Código Orgánico Procesal Penal es imperfecto porque cuenta los treinta días, a
partir de la presentación de la querella y no desde la citación del imputado es
citado con escasas horas de antelación a la audiencia.
Abierta la audiencia para decidir el antejuicio de mérito, el Fiscal
General de la República explanará la querella y seguidamente el defensor
expondrá los alegatos correspondientes. En esta audiencia se admitirán replica y
contrarréplica de las partes, pero el imputado tendrá la última palabra. Luego de
concluido el debate la Corte declarará, en el termino de cinco días siguientes, si
hay o no mérito para el enjuiciamiento (artículo 379).
Cuando el Tribunal Supremo de Justicia declare que hay mérito para el
enjuiciamiento del Presidente de la República, previa autorización del Senado,
continuara conociendo de la causa hasta sentencia definitiva, pero cuando se
trate de los otros altos funcionarios del Estado y se declare que hay lugar al
enjuiciamiento, el Tribunal Supremo de Justicia deberá pasar los autos al
Tribunal ordinario competente si el delito fuere común o continuará conociendo
de la causa hasta la sentencia definitiva, cuando se trate de delitos políticos,
salvo lo dispuesto en el artículo 200 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela respecto del allanamiento de la inmunidad de los
miembros de la Asamblea Nacional, que tendrá que proceder a todo
enjuiciamiento de cualquier parlamento (artículo 378)
El procedimiento para juzgar las faltas

El procedimiento de faltas es una forma de juzgamiento sumarisimo, o
sea brevísimo, que consiste en que el funcionario que haya tenido conocimiento
de alguna de las faltas establecidas en el Código Penal o en alguna ley especial,
o que por la ley venga obligado a perseguirlas, solicitará el enjuiciamiento
directamente ante el juez de juicio, actuando unipersonalmente (artículo 382),
mediante un escrito en el que indicará lo siguiente:
La identificación del imputado y su domicilio o residencia;
Una descripción resumida del hecho imputado, indicando tiempo y lugar;
La disposición legal que considere infringida;
El señalamiento de los datos pertinentes para el juzgamiento, agregando
los documentos y los objetos entregados por el infractor o que se incautaron;
La identificación y firma del solicitante.
Obsérvese que el funcionario actuante puede ser el fiscal del Ministerio
Público, pero puede ser un prefecto, jefe civil, o funcionario de sanidad o de
ingeniería municipal, a quien la ley también encomienda perseguir ciertas contra
versiones (faltas). Este mismo funcionario actuante o la persona legitimada, con
el auxilio de la policía, citará a juicio al contraventor, con expresión del tribunal
y del plazo dentro del cual deberá comparecer (artículo 383).
Una vez que el presunto contraventor esté presente ante el juez de juicio,
manifestará si admite su culpabilidad o si solicita la celebración de un juicio oral
para esclarecer la situación. Si el contraventor admite su culpabilidad y no
fueren necesarias otras diligencias, el tribunal dictará la decisión que
corresponda en el acto (artículo 385 y 177). Pero si el imputado solicita la
celebración de juicio oral, el juez señalara inmediatamente la fecha del juicio,
dejando citados en el acto al imputado y al solicitante; igualmente, en el mismo
acto librará las ordenes necesarias para incorporar en el debate los medios de
prueba cuya producción dependa de la fuerza pública. El día de juicio, las partes
comparecerán a la audiencia con todo los medio probatorios que pretendan hacer
valer y el imputado, si lo desea, podrá hacerse defender por un abogado, pero
ello no es obligatorio (artículo 389). El tribunal oirá brevemente los
comparecientes y apreciará los elementos de convicción presentados,
absolviendo o condenando en consecuencia. Si no se incorporan medios de
prueba durante el debate, el tribunal decidirá sobre la base de los elementos
acompañados con la solicitud. Si nadie comparece, dictará la decisión sin más
trámite (artículo 386), lo cual podría ser colidente con el artículo 49 numeral 3
de la Constitución. Contra las decisiones dictadas en este tipo de procedimiento
no cabe, en ningún caso, recurso alguno.

El procedimiento de extradición
Fuentes
El Código Orgánico Procesal Penal declara como fuentes en materia de
extradición, las normas comprendidas en los artículos 391 al 399 del Código
Orgánico Procesal Penal, los tratados, convenios y acuerdos internacionales
suscritos por Venezuela.
Se distinguen los trámites a seguir en caso de extradición activa o pasiva.
Extradición Activa: el trámite para la extradición activa; esto es, cuando
Venezuela interviene como Estado requirente, solicitando a otro la entrega de
una persona que se encuentre en su territorio, bien para juzgarla o para que
cumpla la pena que le ha sido impuesta, se inicia con la solicitud del juez de
control a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, cuando se
tuviere noticias de que un imputado respecto del cual el Ministerio Público ha
presentado la acusación y el Juez de Control ha dictado una medida cautelar de
privación de libertad, se halla en país extranjero.
En caso de fuga de quien esté cumpliendo condena, prevé el Código
Orgánico Procesal Penal que el trámite debe iniciarlo el Juez de Ejecución, lo
cual es lógico pues con base en las previsiones de este instrumento legal,
corresponde al juez de ejecución, entre otras atribuciones, velar por la ejecución
de las penas y medidas de seguridad impuestas mediante sentencia firme, por
ello debe ser ese funcionario judicial el legitimado para solicitar el inicio del
trámite de extradición si se requiere el cumplimiento de la pena impuesta no
ejecutada o la pena cuyo cumplimiento se hubiere quebrantado.
El plazo para que el Tribunal Supremo de Justicia decida sobre la
procedencia o no de la solicitud de extradición, es de treinta (30) días, contados
a partir del recibo de la documentación pertinente. En caso de que la declarare
procedente debe remitir copia de lo actuado al Ejecutivo Nacional.
Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores que es el órgano
encargado de tramitar por vía diplomática la solicitud de extradición, debe
certificar y hacer las traducciones cuando corresponda, y presentar tal solicitud
ante el gobierno extranjero en el plazo máximo de sesenta (60) días.
Medidas precautelativas en el extranjero
El Ejecutivo Nacional, con fundamento en la solicitud hecha ante el
Tribunal Supremo de Justicia, puede solicitar al Estado requerido la detención
preventiva de la persona solicitada y la retención de los objetos concernientes al

delito. Si se efectuaren tales diligencias la petición de extradición deberá
formalizarse dentro del lapso previsto en la convención, tratado o normas de
derecho internacional aplicable.
Extradición Pasiva: el procedimiento de extradición pasiva, es decir, el
requerimiento que un Estado de la comunidad internacional efectúa a Venezuela
a fin de que entregue a una persona que se encuentra en este territorio, se inicia
con la solicitud que el gobierno extranjero presenta al Poder Ejecutivo, solicitud
que este debe remitir al Tribunal Supremo de Justicia con la documentación
recibida.
Medida Cautelar
En caso de que la solicitud de extradición se presenta sin la
documentación judicial necesaria, pero con el ofrecimiento de producirla
después, y con la petición de que mientras se produce se aprehenda al imputado,
el Poder Ejecutivo puede ordenar, según la gravedad, urgencia y naturaleza del
caso, la aprehensión de aquél, señalando un término perentorio, que no excederá
en ningún caso los sesenta (60) días continuos, para la presentación de la
documentación
Libertad del Aprehendido
Una vez vencido el lapso, el Poder Ejecutivo ordenará la libertad del
aprehendido si no se produjo la documentación ofrecida, sin perjuicio de acordar
nuevamente la privación de libertad si posteriormente recibe dicha
documentación.
Abogado de los Gobiernos Extranjeros
Procedimiento
Para decidir, el Tribunal Supremo de Justicia debe convocar a una
audiencia oral dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación del
solicitado. A esta audiencia deben concurrir el imputado y su defensor. Visto
que los gobiernos extranjeros pueden designar un abogado para que defienda sus
intereses en este procedimiento, si aquél hubiere sido designado, también deberá
concurrir a la audiencia. En esa oportunidad todos expondrán sus alegatos.
Concluida la audiencia, el Tribunal Supremo de Justicia debe decidir en un
plazo de quince (15) días.
El procedimiento para perseguir los delitos de acción privada
El Procedimiento en los delitos de acción dependientes de instancia de parte
Procedencia. Formalidades de la Querella (Artículo 400 y 401 COPP)

El enjuiciamiento por delitos de acción dependiente de instancia de parte
agraviada, sólo puede iniciarse por acusación privada de la víctima presentada
ante el tribunal de juicio. En la acusación debe indicarse la identificación y
domicilio o residencia del acusador y el acusado; la indicación del delito
imputado y una relación especificada de todas las circunstancias esenciales del
hecho; los elementos de convicción en los que se funda la atribución de la
participación del imputado en el delito; la justificación de la condición de
víctima; la firma del acusador o de su apoderado con poder especial. Si el
acusador no supiere o no pudiere firmar, debe concurrir personalmente ante el
juez y en su presencia, estampar la huella digital.
En todo caso el acusador debe concurrir personalmente ante el juez para
ratificar su acusación y el Secretario debe dejar constancia de este acto procesal.
El Código Orgánico Procesal Penal admite la posibilidad de intervención
de más de un acusador, no así la admisión de más de una acusación privada, por
tanto, si varias personas pretenden ejercer la acción penal con respecto a un
mismo delito, deben ejercerla conjuntamente por sí o por medio de una sola
representación.

La acusación privada deberá formularse por escrito directamente ante el
tribunal de juicio y deberá contener:
1.
El nombre, apellido, edad, estado, profesión, domicilio o residencia
del acusador privado, el número de su cédula de identidad y sus relaciones
de parentesco con el acusado;
2.
El nombre, apellido, edad, domicilio o residencia del acusado;
3.
El delito que se le imputa, y del lugar, día y hora aproximada de su
perpetración;
4.
Una relación especificada de todas las circunstancias esenciales del
hecho;
5.
Los elementos de convicción en los que se funda la atribución de la
participación del imputado en el delito;
6.
La justificación de la condición de víctima;
7.
La firma del acusador o de su apoderado con poder especial;
8.
Si el acusador no supiere o no pudiere firmar, concurrirá
personalmente ante el juez y en su presencia, estampará la huella digital.

Auxilio Judicial (Articulo. 402 COPP)
Dado que la víctima carece del poder de investigación que se otorga al
fiscal respecto de los delitos de acción pública, si fuere necesario llevar a cabo
una investigación preliminar para identificar al acusado, determinar su domicilio
o residencia, para acreditar el hecho punible, o para recabar elementos de
convicción, la víctima puede solicitar a un juez de control la práctica de una
investigación preliminar, es lo que se conoce como Auxilio Judicial. La solicitud
que formule la víctima debe contener:
1.
Su nombre, apellido, edad, domicilio o residencia y número de
cédula de identidad.
2.
El delito por el cual pretende acusar, con una relación detallada de
las circunstancias que permitan acreditar su comisión, incluyendo, de ser
posible, lugar, día y hora aproximada de su perpetración.
3.
La justificación acerca de su condición de víctima, y,
4.
El señalamiento expreso y preciso de las diligencias que serán
objeto de la investigación preliminar.
Si el Juez de Control considera que se trata efectivamente de un delito de
instancia privada, y luego de verificada la procedencia de la solicitud, ordenará
al Ministerio Público la práctica de las diligencias expresamente solicitadas por
quien pretenda constituirse en acusador privado.
Una vez concluida la investigación preliminar, sus resultas serán
entregadas en original a la víctima, dejando copia certificada de la misma en el
archivo. La decisión del Juez de Control que niegue la práctica de la
investigación preliminar, puede ser apelada por la víctima dentro de los cinco
días hábiles siguientes a su publicación.
Inadmisibilidad de la Querella
El tribunal de juicio deberá declarar inadmisible la acusación cuando: el
hecho no reviste carácter penal, en concordancia con lo previsto en el Artículo
318, debe entonces decretarse el sobreseimiento; la acción esté evidentemente
prescrita, en concordancia con el Artículo 108 del Código Penal, es decir, opere
la prescripción del delito bien sea por prescripción ordinaria o bien por
prescripción judicial (Artículo 871 CRBV); verse sobre hechos punibles de
acción pública; o falte un requisito de procedibilidad, en concordancia con lo
previsto en el Artículo 401 del Código Orgánico Procesal Penal. En caso de que
los requisitos fueren subsanables, el juez debe dar un plazo de cinco días para
corregirlos. En caso contrario debe archivar la acusación.

La declaratoria de inadmisibilidad no impide que la víctima pueda
proponer nuevamente la acusación privada, por una sola vez, corrigiendo sus
defectos, si fuere posible, con mención de la desestimación anterior.
Audiencia de Conciliación
Si la acusación fuere admitida, el tribunal debe fijar la celebración de
una audiencia de conciliación para un plazo no menor de diez días ni mayor de
veinte. En caso de que ésta no prospere, continuará el juicio oral y público.
Admitida la acusación privada, con la cual el acusador será tenido como
parte querellante para todos los efectos legales, el tribunal de juicio ordenará la
citación personal del acusado mediante boleta de citación, para que designe
defensor, y, una vez juramentado éste, deberá convocar a las partes, por auto
expreso y sin necesidad de notificación, a una audiencia de conciliación, que
deberá realizarse dentro de un plazo no menor de diez días ni mayor de veinte,
contados a partir de la fecha de aceptación y juramentación del cargo por parte
del defensor del acusado.
Transcurridos cinco días desde la comparecencia del acusado al tribunal
para imponerse de la admisión de la acusación, y cuando el acusado requiera un
defensor de oficio, el tribunal le asignará uno.
A la Boleta de Citación se acompañará copia certificada de la acusación y de su
auto de admisión.
Todo juicio es una litis, un conflicto de intereses. Un juicio nace como
consecuencia directa de la negación que hace el acusado de los hechos que se le
atribuye haber cometido.
De no prosperar la conciliación debe dejarse constancia en acta, de forma
expresa, ya que las decisiones futuras del Juez se darán en virtud del hecho de
no haber llegado a ningún acuerdo.
El Juez debe pronunciarse sobre las pruebas que admite, todas y cada
una de ellas, ya que a partir de ese momento es que adquieren la cualidad de
prueba.
De no prosperar la conciliación, el juez pasará inmediatamente a
pronunciarse acerca de las excepciones opuestas, las medidas cautelares y la
admisión o no de las pruebas promovidas. En caso de existir un defecto de

forma en la acusación privada, el acusador, si ello fuere posible, podrá
subsanarlo de inmediato.
La decisión que declare sin lugar las excepciones opuestas o declare
inadmisible una prueba, sólo podrá ser apelada junto con la sentencia definitiva.
Si se hubiere declarado con lugar la excepción o se hubiere decretado una
medida de coerción personal, el acusador o el acusado, según sea el caso, podrán
apelar dentro de los cinco días siguientes.
El recurso de apelación, en caso de decreto de una medida de coerción
personal, no suspenderá el procedimiento.

Trámite por Incomparecencia del Acusado (Artículo 410 COPP)
En caso de no lograrse la citación personal del acusado, el tribunal,
previa petición del acusador, y a su costa, ordenará su citación, mediante la
publicación de tres (3) carteles en la prensa nacional, en caso de que la
acusación haya sido incoada en la Circunscripción Judicial del Área
Metropolitana de Caracas, y de dos (2) carteles en la prensa nacional y uno (1)
en la prensa regional, en caso de que la acusación haya sido incoada en otra
Circunscripción Judicial, con tres días de diferencia entre cada cartel, que
deberán contener mención expresa acerca de todos los datos que sirvan para
identificar al acusado, la acusación incoada en su contra, la fecha de admisión de
la misma, el delito imputado y la orden de comparecer al tribunal a designar
defensor dentro de los diez días siguientes a la fecha en la cual conste en autos la
consignación del último de los tres carteles publicados.
Si transcurrido este lapso aún persiste la incomparecencia del acusado, el
tribunal de juicio, previa solicitud del acusador, podrá ordenar a la fuerza
pública su localización y traslado a la sede del tribunal para que, el juez lo
imponga de la acusación en su contra y del derecho que tiene de designar
defensor
Facultades y Cargas de las partes (Artículo 411 COPP)
Tres días antes del vencimiento del plazo fijado para la celebración de la
audiencia de conciliación, el acusador y el acusado podrán realizar por escrito
los actos siguientes:

1.
Oponer las excepciones previstas en el Código Orgánico Procesal
Penal (en concordancia con Artículo 28 COPP), las cuales sólo podrán
proponerse en ésta oportunidad;
2.
Pedir la imposición o revocación de una medida de coerción
personal;
3.
Proponer acuerdos reparatorios o solicitar la aplicación del
procedimiento por admisión de los hechos; y
4.
Promover las pruebas que se producirán en el juicio oral, con
indicación de su pertinencia y necesidad.
Celebración del Juicio Oral y Público (Artículo 413 COPP)
Caso de no haber prosperado las excepciones, o cuando éstas no
hubieren sido interpuestas, el juez convocará a las partes a la celebración del
juicio oral y público, que deberá celebrarse en un plazo no mayor de diez días,
contados a partir de la celebración de la audiencia de conciliación.
Procedimiento por admisión de los hechos (Artículo 414 COPP)
En caso de que el acusado solicite la aplicación del procedimiento por
admisión de los hechos, el juez procederá conforme a lo establecido en el
Código Orgánico Procesal Penal (Artículo 376 COPP)
Poder para representar al querellante en el proceso
El poder para representar al acusador privado en el proceso debe ser
especial, y expresar la persona contra quien se dirija la acusación y el hecho
punible de que se trata. Debe además constituirse con las formalidades de los
poderes para asuntos civiles.
Desistimiento
Acorde a lo establecido en el artículo 416 Código Orgánico Procesal
Penal se tiene que si el acusador, mediante escrito, manifiesta su voluntad de
desistir del procedimiento, entonces se estará en presencia de un desistimiento
voluntario.
De igual forma se establece en este artículo responsabilidad para el
acusador privado cuando los hechos en que funda su acusación privada sean
falsos o cuando litigue con temeridad, respecto de cuyas circunstancias deberá
pronunciarse el juez motivadamente.
Fuera de acto expreso, la acusación privada se entenderá desistida, con
los mismos efectos señalados anteriormente, cuando el acusador no promueva

pruebas para fundar su acusación, o, sin justa causa no comparezca a la
audiencia de conciliación o a la del juicio oral y público.
La acusación privada se entenderá abandonada si el acusador o su
apoderado deja de instarla por más de veinte días hábiles, contados a partir de la
última petición o reclamación escrita que se hubiese presentado al juez,
excepción hecha de los casos en los que, por el estado del proceso, ya no se
necesite la expresión de voluntad del acusador privado. El abandono de la
acusación deberá ser declarado por el juez mediante auto expreso, debidamente
fundado, de oficio, o a petición del acusado.
Declarado el abandono, el juez tendrá la obligación de calificar
motivadamente, en el mismo auto que la declare, si la acusación ha sido
maliciosa o temeraria. Contra el auto que declare el abandono y su calificación,
y el que declare desistida la acusación privada, podrá interponerse recurso de
apelación dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su publicación.
Muerte del querellante
Si el acusado fallece antes de concluir el juicio oral y público, cualquiera
de sus herederos, quienes a tenor de lo dispuesto en el Art. 119 del COPP
también tienen la condición de víctima, pueden asumir el carácter de acusadores
si comparecen dentro de los treinta días siguientes a la muerte.
Sanción para el que ha desistido de una querella o la ha abandonado
Como sanción para el acusador que insta al aparato jurisdiccional y
posteriormente desiste o abandona el proceso, se le conmina al pago de las
costas que haya ocasionado. Ese desistimiento puede ser expreso si el acusador
manifestare su voluntad en ese sentido o tácito. Esta última posibilidad se
concreta cuando el acusador sin justa causa, no comparece al juicio oral y
público. El desistimiento o abandono de la acusación privada impide intentarla
de nuevo.
El procedimiento para la aplicación de medidas de seguridad
Procedencia
En lo atinente al derecho penal, de acuerdo al derogado Código de
Enjuiciamiento Criminal, se tenían dos circunstancias posibles ante la comisión
de un hecho punible:
1.
Que la persona podía ser imputada, entendiendo imputación como
el sometimiento de esta persona a un proceso penal, para que, de resultar
culpable, se le aplicara una sanción.

2.
Que la persona que hubiere cometido un hecho punible, bien por la
edad o algún impedimento mental, fuese declarada inimputable.
En este caso, al ser declarado inimputable hacía imposible la realización
proceso penal alguno en su contra. Ante estas circunstancias estos delitos,
pasaban a engrosar las listas de los delitos que no se sancionaban y las víctimas
de los mismos no tenían oportunidad alguna de poder recibir siquiera
indemnización.
Regula el Código Orgánico Procesal Penal entre los artículos 419 y 421,
el trámite a seguir cuando el Ministerio Público estime que la persona que
ejecutó la conducta penal prohibida es inimputable y, por tanto, sólo puede
hacerse merecedora de una medida de seguridad. En este caso deberá solicitar la
aplicación de este procedimiento especial; tal solicitud debe contener, en lo
pertinente, los requisitos de la acusación.
Este procedimiento tiene como finalidad, en primer término, que quien
cometió un hecho punible, independientemente de su capacidad mental, sea
sancionado; en segundo lugar, también persigue que esa persona que reviste
cierta peligrosidad sea apartada de la sociedad, esto para evitar que esta persona
reincida y cometa un hecho de igual o mayor entidad; y por último, que su
representante legal indemnice a la víctima.
En resumen, anteriormente, no se puede hablar de un proceso penal
contra alguien que fuese inimputable, la inimputabilidad era causa eximente de
responsabilidad penal; ahora, con el Código Orgánico Procesal Penal, esta
situación es procesable, enjuiciable y susceptible de que se le otorgue, no una
pena pero si una sanción, que en este caso específico viene a ser la Medida de
Seguridad.
Instauración del procedimiento
En este procedimiento, ante la comisión de un hecho punible la fase
investigativa será exactamente igual que en el procedimiento ordinario, por lo
tanto, en esta primera fase del proceso el ente llamado realizar las
investigaciones es el Ministerio Público, quien es el que da la orden de inicio
comisionando al órgano policial, que generalmente es el CICPC, a los fines de
determinar la comisión del hecho es cierto, si es punible, identificar los objetos y
el autor o autores o partícipes.

Una vez determinado que el hecho es cierto, que es punible, se ha
determinado al autor y que ésta persona efectivamente tiene un problema mental
y que ese problema mental es permanente y no transitoria (ya que cuando es
transitoria la persona presenta momentos de lucidez), entonces se procede a
pasar las actuaciones al ministerio público, quien solicitará la aplicación de una
Medida de Seguridad.
Bajo estas premisas, para la fase investigativa, no existe ningún
impedimento para que la persona, aun cuando posea una enfermedad como la
descrita, sea sometida a reconocimiento en rueda de individuos, por ejemplo, ya
que no existe ninguna especialidad en este procedimiento. De igual forma
pueden utilizarse todos los procedimientos investigativos previstos para el
procedimiento ordinario, siempre y cuando no sean obtenidos mediante tortura,
etc.
Una vez reunidos todos los elementos de investigación recabados por el
cuerpo policial y verificada la situación especial del autor del hecho, entonces
procede el ministerio público a solicitar la realización de una Experticia Médico
Forense que determine la enfermedad mental del autor. Esa experticia es
fundamental, de esa experticia dependerá que el Juez de Control admite o no la
solicitud de aplicación de medida de seguridad.
Cubiertos estos requisitos el Fiscal del Ministerio Público a través de un
escrito que reúne los mismos requisitos de la acusación fiscal con la única
diferencia que en vez de en el petitorio solicitar que se admita la acusación y se
ordene el pase a juicio se va a solicitar que en vez de aplicar una pena se aplique
una medida de seguridad.
Tribunal Competente
En lo que respecta a la solicitud de la aplicación de una Medida de
Seguridad es competente para recibir dicha solicitud el Tribunal de Control.
No determina el COPP cuál es el tribunal competente para la aplicación el
procedimiento. Se estima que debe ser el tribunal de juicio unipersonal en razón
de que las consecuencias a imponer no sería una pena.
Al igual que en el procedimiento ordinario, una vez admitida la
acusación, en este procedimiento se realizará una audiencia, que aún cuando no
está definida en el código, pero por lo que se analiza de las normas que regulan
este procedimiento pareciera que esta audiencia es la audiencia preliminar, en

virtud de que si el juez considera que esta persona no es inimputable, admitirá la
acusación como una acusación normal y se seguirá el procedimiento ordinario.
Oportunidad procesal para la Admisión de la Acusación
En el procedimiento ordinario la oportunidad procesal para que el juez
admita la acusación no es otra que la audiencia preliminar; y, en este
procedimiento, la oportunidad procesal para que el juez determine si se admite o
no esta acusación es la audiencia, que aun cuando el código no la define como
preliminar, debe entenderse en estos términos como la audiencia preliminar que
se fija para la presentación de la acusación del fiscal del ministerio público, a
diferencia que en este procedimiento no se denomina acusación fiscal, aún
cuando tiene los mismos elementos de ésta, sino que se denomina Solitud de
Aplicación de Medida de Seguridad.
Procedimiento
Presentada la solicitud al Juez de Control puede decidir de tres formas:
1.
Admite la solicitud y ordena el pase a juicio
2.
Admite la solicitud pero como una acusación ordinaria
3.
No admite la solicitud y decreta el sobreseimiento
En el primer supuesto el Fiscal del Ministerio Público presenta el escrito
al Juez, el cual fijará la audiencia en la que deberán estar presentes el autor con
su defensor y la víctima. El Juez verifica que efectivamente se encuentra
acreditada la condición de inimputabilidad, determinado a través de la experticia
médico forense, establecidos que se está en presencia de una persona que es
inimputable, presentes y determinados el hecho cierto que constituye delito y
que hay elementos de convicción suficientes que hacen inferir que esta persona
ha sido el autor de ese hecho punible, el Juez de Control admite la solicitud para
la aplicación de una medida de seguridad, dicta el auto de apertura a juicio
correspondiente, y, al igual que en el procedimiento ordinario, lo remite a juicio
que dónde se aplicará la medida de seguridad.
En el segundo supuesto, se presenta la solicitud, y como ésta debe reunir
los mismos requisitos que la acusación fiscal ordinaria, si el Juez considera que
no hay determinación precisa que se está en presencia de una persona
inimputable, bien porque el juez considere que la experticia médico forense no
establece claramente la condición mental de la persona, o indique que el
trastorno mental no es permanente, etc.; en todo caso el Juez se valdrá de lo que
el informe médico forense establezca para considerar si es o no inimputable, y
puede, si están cubiertos todos los requisitos de la acusación, admitirla, dicta el

auto de apertura a juicio y remite al tribunal de juicio para que se siga el
procedimiento ordinario.
Si el Juez no está totalmente convencido de la condición de
inimputabilidad puede admitirla y remitir para que se siga el procedimiento
ordinario, de igual forma ante la duda sobre dicha condición puede no admitirla
e informarle al Ministerio Público para que este ordene la realización de otras
experticias y así poder decidir con más convicción; pero lo que no puede el Juez
es ordenarlas directamente, en primer término porque estaría usurpando las
funciones de investigación inherentes al Ministerio Público y además estaría
ordenando un acto de investigación fuera de la fase correspondiente ya que, toda
vez sea admitida la acusación, esta pone fin a esa primera fase del proceso,
como acto conclusivo que pone fin a la misma.
Y como último supuesto, pudiera el Juez no admitirla, por considerar que
no hay elementos suficientes para hacerlo, ni como solicitud de medida de
seguridad ni como acusación, decretando, o bien el sobreseimiento o
señalándole al Ministerio Público que continúe la investigación.
Reglas Especiales
Art. 419 COPP. Cuando el Ministerio Público, en razón de la
inimputabilidad de una persona estime que sólo corresponde aplicar una medida
de seguridad, requerirá la aplicación de este procedimiento. La solicitud
contendrá, en lo pertinente, los requisitos de la acusación.
El procedimiento en cuestión debe regirse por las reglas previstas en el artículo
420 Código Orgánico Procesal Penal:
1.
Cuando el imputado sea incapaz será representado, para todos los
efectos por su defensor en las diligencias del procedimiento, salvo los
actos de carácter personal;
2.
En el caso previsto en el ordinal anterior, no se exigirá la
declaración previa del imputado para presentar acusación; pero su
defensor podrá manifestar cuanto considere conveniente para la defensa
de su representado;
3.
El procedimiento aquí previsto no se tramitará conjuntamente con
uno ordinario;
4.
El juicio se realizará sin la presencia del imputado cuando sea
conveniente a causa de su estado o por razones de orden y seguridad;
5.
No serán aplicables las reglas referidas al procedimiento abreviado,
ni las de suspensión condicional del proceso;
6.
La sentencia absolverá u ordenará una medida de seguridad.

El tribunal debe ordenar la aplicación del procedimiento ordinario si
estima que el investigado no es inimputable, esto es, que no tiene capacidad de
entender o querer, situación que podría presentarse en caso de enfermedad
mental suficiente que prive al sujeto de la conciencia o libertad de sus actos o en
el supuesto de que el hecho se hubiere cometido bajo los efectos del alcohol o
sustancias estupefacientes o psicotrópicas y tal ingestión tuvieren el efecto de
una enfermedad mental.
Es sabido que en toda investigación se requiere que el investigado rinda
declaración y allí se determina si se le imputa o no. El defensor puede asistirlo y
rendir declaración en nombre de su representado, pero esta representación cesa
cuando se está en presencia de actos personalísimos, algún acto en el que no
pueda ser suplida su presencia, tal es el caso de los actos de investigación tales
como reconocimiento en rueda de individuos, pruebas de sangre, de semen, etc.,
en estos casos no puede ser sustituido por el defensor, ya que se trata de actos
personalísimos.
Se puede capturar a una persona y realizar posteriormente la imputación,
pero si la acusación es presentada previa a que conste en auto la imputación, esta
acusación es nula.
Cuando el Código Orgánico Procesal Penal señala que este
procedimiento no puede tramitarse conjuntamente con el procedimiento
ordinario, se refiere a que en el caso de tener a dos imputados por un mismo
delito y uno presentar la circunstancias que lo hacen inimputable y otro no, no
pueden ser incluidos ambos casos en la misma acusación ya que son dos
procedimientos distintos y las condiciones especiales que deben seguirse en la
aplicación de una medida de seguridad no son aplicables en un procedimiento
ordinario, caso contrario uno de los dos estará viciado de nulidad aun cuando se
trate de un mismo hecho, debe llevarse por procedimientos separados.
En el supuesto previsto en el numeral cuarto del Art. 420 se encuentra
una diferencia con el juicio ordinario, ya que si el juez considera que no es
posible la realización de la audiencia por ser riesgosa la presencia del imputado,
el Juez puede ordenar que se realice la audiencia sólo con la presencia del
defensor.
En este procedimiento no pueden ser aplicadas las reglas del
procedimiento abreviado ni de suspensión del proceso en virtud de que es

indispensable que se determine a través de la experticia médico forense la
condición de inimputable y para ello debe desarrollarse la fase de investigación,
y en el caso de la suspensión condicional del proceso como beneficio procesal
que es, debe, cumplirse la pena bajo ciertas condiciones, tales como régimen de
presentación, etc., pero en este caso no procede en virtud de que el individuo no
posee discernimiento y por tanto no puede comprometerse a cumplir dichas
condiciones que el tribunal establezca.
Por último se establece que la sentencia pudiera absolver u ordenar la
medida de seguridad, si no se comprueba la culpabilidad el juez debe declararlo
no culpable y por tanto absuelve, caso contrario, es decir, si se comprobaron los
hechos plasmados en la acusación del fiscal y procede la aplicación de la medida
de seguridad.
Ejecución de la Medida de Seguridad
Por las circunstancias de la persona y su condición de enfermo mental la
medida aplicable es la de internar al condenado en un Centro Médico controlado
por un personal especializado.
El Juez competente para la ejecución de la Medida de Seguridad es el
Juez de Ejecución.
Cabe destacar que ante estas circunstancias y en concordancia con lo
previsto en el Art. 1.185 Código Civil Venezolano ante la condenatoria pudiera
proceder la indemnización en virtud de que toda persona que cause un daño a
otro está obligada a repararlo.
El Procedimiento para la Reparación del Daño y la Indemnización de Perjuicios
Este procedimiento a pesar de ser naturaleza netamente civil se lleva a
cabo ante el Juez de la Jurisdicción Penal que dictó la decisión condenatoria.
Para que proceda la acción debe existir sentencia condenatoria definitivamente
firme y ejecutoriada que es la prueba fundamental.
Legitimados para ejercer la acción
Puede intentar esta acción la víctima siempre y cuando haya sido
acreditada como tal en el proceso penal, en el entendido de víctima a todas
aquellas personas que el mismo código establece como tal; pero no todas las
víctimas pueden hacerse parte en la acción.
Contra quien se puede interponer la acción

En lo relativo al sujeto pasivo de esta acción el Código Orgánico
Procesal Penal y la jurisprudencia establecen dos cosas totalmente distintas.
Según lo que prescribe el Código Orgánico Procesal Penal esta acción puede
interponerse en primer lugar contra el condenado y contra el tercero responsable
civilmente. Acorde a lo previsto en el artículo 1.185 Código Civil Venezolano,
relativo al hecho ilícito: "El que con intención, o por negligencia o por
imprudencia, ha causado un daño a otro, está obligado a repararlo.
Debe igualmente reparación quien haya causado un daño a otro, excediendo, en
el ejercicio de su derecho, los límites fijados por la buena fe o por el objeto en
vista del cual le ha sido conferido ese derecho".
El Código Civil comprende todas las formas de comisión del delito:
intención, culpa, negligencia, inobservancia (omisión), etc.
En resumen el Código Orgánico Procesal Penal establece que puede
interponerse la acción contra el condenado y los terceros responsables
civilmente, incluyendo entre estos a: Incapaces; Inimputables; Empleados y
subalternos; Curadores especiales; Personas sometidas a interdicción; Menores,
etc.
Por criterio de la Sala Constitucional por demanda de nulidad del
artículo del Código Orgánico Procesal Penal y se establece que no puede
condenarse a una persona que no ha tenido la oportunidad de defenderse, y que
si esa persona nunca fue llamada al proceso penal a hacer los alegatos que
tuviese que hacer con respecto a la conducta de su dependiente es injusto,
ilógico e ilegal que se le pretenda condenar por un hecho cometido por otro y
sobre el cual a él nunca se le dio la oportunidad de ser oído, por esa violación
del principio de ser oído, la Sala Constitucional eliminó la posibilidad de ir
contra el tercero, por tanto la jurisprudencia elimina la vía del tercero civilmente
responsable para el procedimiento de reparación de daños e indemnización, sólo
admite que se demande por la vía civil, salvo que el tercero haya sido llamado al
proceso, si en la acusación penal se incluye al tercero responsable civilmente y
la sentencia es condenatoria, si cabe la demanda contra ese tercero civilmente
responsable, por vía penal.
Tribunal Competente
El tribunal competente para interponer la acción es el de primera
instancia que produjo la sentencia condenatoria, es decir que por regla general es
el tribunal de juicio, salvo que se produzca la admisión de hecho, en cuyo caso,
y por vía de excepción es competente el tribunal de control, cuando haya dictado
la sentencia bajo el procedimiento de admisión de hechos.

Contenido de la Demanda (Artículo 423 COPP en Concordancia con el 340 Del
CPC por Tratarse de una demanda netamente civil)
Si los legitimados para ejercer la acción civil, esto es, los afectados
civilmente por el delito, demandaren ante el tribunal penal, la reparación de los
daños y la indemnización de perjuicios, deberán incluir en su demanda:
1.
Los datos de identidad y el domicilio o residencia del demandante
y, en su caso, los de su representante;
2.
Los datos necesarios para identificar al demandado y su domicilio o
residencia; si se desconoce alguno de estos datos podrán solicitarse
diligencias preliminares al juez con el objeto de determinarlos;
3.
Si el demandante o el demandado es una persona jurídica, la
demanda deberá contener la denominación o razón social y los datos
relativos a su creación o registro;
4.
La expresión concreta y detallada de los daños sufridos y la relación
que ellos tienen con el hecho ilícito;
5.
La cita de las disposiciones legales en que funda la responsabilidad
civil del demandado;
6.
La reparación deseada y, en su caso, el monto de la indemnización
reclamada;
7.
La prueba que se pretende incorporar a la audiencia.
Así pues se identifica al demandante o su representante si se actúa
mediante representación; los datos de identificación del demandado y si se
incluye en la demanda a un tercero también se identifica a éste; debe
establecerse la relación de causalidad, esto es, qué relación existe entre el hecho
penal y la acción civil en concordancia con lo establecido en el Art. 1.185 CCV;
cuando se habla de cita de las disposiciones legales que fundan la
responsabilidad civil se refiere a establecer la legitimación acorde al 422 Código
Orgánico Procesal Penal; en lo que se refiere al numeral 6 de este artículos se
presentan los siguientes supuestos: si se puede, el condenado reparará el daño
causado, o repondrá, pero si no es susceptible ni de reparación o reposición
entonces deberá proceder a la indemnización. Por ejemplo, en caso de
homicidio, no se puede ni reponer ni reparar, pero si puede indemnizarse por
daño moral, y para efectuar la estimación del daño moral se procede a establecer
un promedio de vida de la víctima, sus condiciones salariales, etc. y lo que
hubiere percibido desde el momento del deceso hasta lo que se estimó acorde a
ese promedio de vida establecido que hubiese vivido, para así cuantificar el daño
moral.

En lo atinente a las pruebas no se incorporan al proceso para demostrar
ningún delito, las incorporación de las pruebas tienen como finalidad corroborar
o sustentar la cuantía de la reparación o indemnización que se pretende.
Procedimiento
Admisión (Art. 425 COPP)
Una vez presentada la demanda ante el Juez Competente el plazo para
que el juez se pronuncie sobre la admisibilidad o rechazo de la demanda es de
tres días siguientes a su presentación. Para tal pronunciamiento debe examinar:
1.
Si quien demanda tiene derecho a reclamar legalmente la reparación
o indemnización;
2.
En caso de representación o delegación, si ambas están legalmente
otorgadas; en caso contrario, fijará un plazo para la acreditación
correspondiente;
3.
Si la demanda cumple con los requisitos señalados en el artículo
416. Si falta alguno de ellos, fijará un plazo para completarla.
Si faltare alguno de los requisitos el juez deberá declarar inadmisible la
demanda, pero tal declaratoria no impide su nueva presentación, por una sola
vez, sin perjuicio de su ejercicio ante el tribunal civil competente.
Contenido de la Decisión
Si el juez admite la demanda, debe ordenar la reparación del daño o la
indemnización de perjuicios. La decisión debe contener:
1.
Los datos de identificación y domicilio o residencia del demandado
y del demandante y, en su caso, de sus representantes;
2.
La orden de reparar los daños, con su descripción concreta y
detallada, la clase y extensión de la reparación o el monto de la
indemnización;
3.
La intimación a cumplir la reparación o indemnización o, en caso
contrario, a objetarla en el término de diez días;
4.
La orden de embargar bienes suficientes para responder a la
reparación y a las costas, o cualquier otra medida cautelar, y la
notificación al funcionario encargado de hacerla efectiva.
En caso de que el demandado fuere el condenado, éste sólo puede objetar
la legitimación del demandante para pedir la reparación o indemnización, u
oponerse a la clase y extensión de la reparación o al monto de la indemnización
requeridas conforme se dispone en el primer aparte del artículo 427 del Código
Orgánico Procesal Penal, el tercero civilmente responsable, puede agregar a esas
objeciones las basadas en la legalidad del título invocado para alegar su

responsabilidad, sin embargo, tal aparte fue anulado por la Sala Constitucional
del TSJ mediante decisión de fecha 21 de Septiembre de 2004 por considerar
que tales limitaciones para el tercero civilmente responsable que no ha
intervenido en el proceso penal infringirían su derecho a la defensa. En dicha
decisión la Sala Constitucional declaró conforme a la Constitución el resto de las
disposiciones que desarrollan este procedimiento especial y cuya nulidad había
sido solicitada por los accionantes. Las objeciones deben formularse por escrito,
indicándose la prueba que se pretende incorporar a la audiencia.
Objeciones
De acuerdo a lo establecido en el Art. 427 que prescribe lo siguiente: "Si
el demandado es el condenado, sólo podrá objetar la legitimación del
demandante para pedir la reparación o indemnización, u oponerse a la clase y
extensión de la reparación o al monto de la indemnización requeridas.
Si se trata de un tercero, podrá agregar a esas objeciones aquellas
basadas en la legalidad del título invocado para alegar su responsabilidad.
Las objeciones serán formuladas por escrito indicando la prueba que se
pretende incorporar a la audiencia".
Deben hacerse las siguientes aclaratorias:
1.
En único que puede ser demandado es el condenado, el tercero
civilmente responsable sólo podrá ser demandado por este procedimiento,
de acuerdo al criterio jurisprudencial, si es llamado al proceso penal.
2.
El legitimado para interponer la acción es la víctima que ha
quedado acreditada como tal en el proceso penal
3.
Pueden hacerse 3 requerimientos: la reparación, la restitución o la
indemnización.
En este procedimiento las objeciones o el escrito de oposición se puede
asimilar al escrito de contestación de la demanda del procedimiento civil, tan es
así que en el procedimiento civil, una vez citado y no comparece el demandado
queda confeso.
Aunque el Código Orgánico Procesal Penal no lo establece, si no se
hacen las objeciones se da como aceptación de las pretensiones. Puede
establecerse como diferencia con el proceso civil que no hay lapso probatorio,
sino que conjuntamente con el escrito de objeciones deben presentarse las
pruebas que contradigan la pretensión.

Audiencia de Conciliación
Si se hubieren formulado objeciones, el juez deberá citar a las partes a
una audiencia dentro de los cinco días siguientes al vencimiento del término
para la objeción. En esta oportunidad debe procurar la conciliación de las partes
y dejar constancia de ello. Si no se produjere la conciliación, el juez debe
ordenar la continuación del procedimiento y fijar la celebración de la audiencia
oral en un término no menor de diez días ni mayor de treinta.
Si el demandante o su representante no comparezcan a la audiencia de
conciliación, se tendrá por desistida la demanda y deberán archivarse las
actuaciones. En este caso la demanda no podrá volver a proponerse en sede
penal, sin perjuicio de su ejercicio en la jurisdicción civil. Si quien no
comparece es el demandado, la orden de reparación o indemnización valdrá
como sentencia firme y podrá procederse a su ejecución forzosa. En caso de que
fueren varios los demandados y alguno de ellos no comparece, el procedimiento
seguirá su curso.
La audiencia se celebrará con las partes que comparezcan, quienes
tendrán la carga de incorporar los medios de prueba ofrecidos, salvo que
hubieren solicitado auxilio judicial. En la audiencia los medios de prueba deben
incorporarse oralmente.
La audiencia de conciliación tiene consecuencias jurídicas distintas a la
audiencia oral, en la audiencia de conciliación, de llegarse a un acuerdo pone fin
al proceso toda vez que el Juez la homologue.
Consecuencias de la no asistencia a la audiencia de conciliación y a la audiencia
oral
Si el demandante no comparece a la audiencia de conciliación se
considera que ha desistido de la acción y si el juez la declara desistida ya no se
podrá intentar nuevamente la acción por la vía penal, pero si podrá intentarla por
la vía civil con una demanda de indemnización de daños y perjuicios.
Si es el demandado quien no comparece a la audiencia de conciliación se
toma como admisión de todo lo que el demandante solicita, es decir se tiene por
confeso.
En lo que respecta a la audiencia oral y pública si no comparece el
demandante el artículo 430 Código Orgánico Procesal Penal establece que aun
cuando no comparezca el proceso continúa para que se incorporen las pruebas.

En principio pareciera que no hay sanción alguna ante la no comparecencia del
demandante, ya que el COPP indica que se realizará esta audiencia oral "con las
partes que comparezcan", a este respecto pueden hacer algunas observaciones, si
se compara con lo que establece el procedimiento civil, laboral, etc., se tiene
como desistido, es ilógico pensar entonces que no se deba aplicar ninguna
sanción si el demandante no asiste a la audiencia oral y pública, toda vez que la
no comparecencia a la audiencia de conciliación se sanciona como desistimiento
de la acción. Hay un criterio sostenido de la Sala Constitucional del TSJ que
establece que los procedimientos que se realizan en la Corte de Apelaciones a
través de los Recursos, la Corte puede fijar una audiencia oral en el caso de
apelación de autos, y en el caso de ser apelación de sentencia definitiva es de
carácter obligatorio la realización de dicha audiencia. Ahora bien, es ilógico
pensar que toda vez que se active el aparato de justicia para intentar una acción
y luego no se da impulso no exista ninguna sanción, en virtud de todo lo antes
expuesto, la Sala Constitucional determinó, en el caso de las Cortes de
Apelaciones, que si no asiste el demandante a la audiencia fijada para la
apelación, este desiste del recurso. Así pues, pudiera aplicarse el criterio de la
Sala Constitucional respecto de la Corte de Apelaciones a este procedimiento, en
todo caso, no es de obligatoria aplicación, dependerá del criterio de cada juez, si
aplica la no sanción ante la incomparecencia del demandante o, al contrario,
sanciona acorde al criterio jurisprudencial establecido para las Cortes de
Apelaciones.
Una vez concluida la audiencia debe sentenciar declarando con o sin
lugar la demanda; el Código Orgánico Procesal Penal, se refiere a admitir o
rechazar, no obstante es claro que de lo que se trata es de pronunciarse
declarando con o sin lugar la demanda propuesta, pues la oportunidad de
admisión ya tuvo lugar; y, en su caso, ordenando la reparación o indemnización
adecuada e imponiendo las costas.
El Código Orgánico Procesal Penal establece que contra esta sentencia
no admite recurso alguno, pero a este respecto existe pronunciamiento de la Sala
Constitucional que establece que en virtud del principio de la doble instancia
previsto en la Constitución, toda persona que hubiere sido condenada tiene
derecho a que su sentencia sea revisada. Si bien el Código Orgánico Procesal
Penal establece que no se admite recurso contra esta sentencia esta norma colide
con lo previsto en la constitución y por el control difuso y aplicando la norma
constitucional con preferencia a lo previsto en el Código Orgánico Procesal
Penal, se admite recurso contra esta decisión, por tanto quedó modificado el

artículo 430 por esta sentencia con carácter vinculante de la Sala Constitucional
que establece que sí admite recurso de apelación.

Ejecución (Art. 431 COPP)
El Código Orgánico Procesal Penal establece que si el interesado lo
solicitare el juez procederá a la ejecución forzosa de la sentencia, según lo
dispuesto en el CPC; este artículo también sufrió modificación en virtud de que
pareciera, de acuerdo a la forma de redacción del artículo, que corresponde al
juez que dicta la sentencia proceder a la ejecución de la misma, pero por efecto
de la sentencia anteriormente mencionada de la Sala Constitucional también se
modificó este artículo por considerar que va en contra de los artículos que
regulan el procedimiento ordinario y que no hay ninguna justificación para que
este procedimiento no se lleve por las normas del procedimiento ordinario, en
consecuencia a quien le corresponde la ejecutar la sentencia en este
procedimiento es al Juez de Ejecución, cumpliendo las normas previstas en el
CPC para la ejecución de una sentencia de carácter civil, entiéndase,
cumplimiento voluntario, cumplimiento forzoso, medidas ejecutivas, remate,
adjudicación, etc.

CONCLUSIÓN
El enjuiciamiento penal moderno obedece indefectiblemente al mismo
esquema de fase preparatoria, intermedia y juicio oral, con absoluta
independencia del tipo de hechos que sean juzgados o de quienes sean los
acusados, estos indicadores son los que dan lugar al surgimiento de los llamados
procedimientos especiales.

Los procedimientos penales especiales en el Código Orgánico Procesal
Penal COPP, son los siguientes:
El procedimiento abreviado: es una tramitación sólo aplicable a delitos de
acción pública y tiene como finalidad el juzgamiento directo de los imputados
por el tribunal de juicio, obviando la tramitación de la fase preparatoria, lo cual
solo es posible cuando todos los elementos del juzgamiento están disponibles en
manos del sujeto titular de la acción penal. Este procedimiento tiene dos
modalidades: el procedimiento por flagrancia, para el juzgamiento por delitos
flagrantes y el procedimiento para delitos menores.
El procedimiento por admisión de los hechos: se presenta en el Código
Orgánico Procesal Penal bajo dos garantías o principio fundamentales: 1) que
exista una acusación formal que fije los hechos imputados y que la admisión se
produzca de viva voz ante el juez y 2) la admisión de los hechos, como forma
de proceder que resuelve la primera instancia sin necesidad de juicio oral, tiene
lugar, cuando llegada la audiencia preliminar en el proceso ordinario o una vez
presentada la acusación en el juicio oral seguido por procedimiento abreviado, el
imputado, en ese caso, solicita al juez de control la imposición inmediata de la
pena, previo reconocimiento de los hechos de la acusación.
Los procedimientos para juzgar al Presidente de la República y otros altos
funcionaros del Estado: este procedimiento tiene dos particularidades: La
exigencia de un enjuiciamiento de mérito ante el Tribunal Supremo de Justicia y
el hecho del que el Presidente de la República será juzgado por el Tribunal
Supremo de Justicia en Pleno, lo cual es ejecución de un mandato constitucional.
El procedimiento para juzgar las faltas: es una forma de juzgamiento
sumarísimo, o sea brevísimo, que consiste en que el funcionario que haya tenido
conocimiento de alguna de las faltas establecidas en el Código Penal o en alguna
ley especial, o que por la ley venga obligado a perseguirlas, solicitará el
enjuiciamiento
directamente
ante
el
juez
de
juicio,
actuandounipersonalmente mediante un escrito.ESTO DESAPARECIÓ DEL
COPP DEL 2012, LA REFORMA
El procedimiento de extradición: el Código Orgánico Procesal Penal declara
como fuentes en materia de extradición, las normas comprendidas en los
artículos 391 al 399 del mismo, los tratados, convenios y acuerdos
internacionales suscritos por Venezuela. En este particular se distingue

la extradición activa que es, cuando Venezuela interviene como Estado
requirente, solicitando a otro la entrega de una persona que se encuentre en su
territorio, bien para juzgarla o para que cumpla la pena que le ha sido impuesta y
en los casos de extradición pasiva, este se refiere al requerimiento que un Estado
de la comunidad internacional efectúa a Venezuela a fin de que entregue a una
persona que se encuentra en este territorio.
El Procedimiento en los delitos de acción dependientes de instancia de
parte:
El enjuiciamiento por delitos de acción dependiente de instancia de parte
agraviada, sólo puede iniciarse por acusación privada de la víctima presentada
ante el tribunal de juicio. En la acusación debe indicarse la identificación y
domicilio o residencia del acusador y el acusado; la indicación del delito
imputado y una relación especificada de todas las circunstancias esenciales del
hecho; los elementos de convicción en los que se funda la atribución de la
participación del imputado en el delito; la justificación de la condición de
víctima; la firma del acusador o de su apoderado con poder especial. Si el
acusador no supiere o no pudiere firmar, debe concurrir personalmente ante el
juez y en su presencia, estampar la huella digital.
El procedimiento para la aplicación de medidas de seguridad: este
procedimiento tiene como finalidad, en primer término, que quien cometió un
hecho punible, independientemente de su capacidad mental, sea sancionado; en
segundo lugar, también persigue que esa persona que reviste cierta peligrosidad
sea apartada de la sociedad, esto para evitar que la misma reincida y cometa un
hecho de igual o mayor entidad; y por último, que su representante legal
indemnice a la víctima.

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES EN PROCESAL PENAL

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