El documento describe cómo la Constitución Política de 1917 en México incluyó el Artículo 27 para resolver los problemas de propiedad de tierras y atender las demandas de campesinos y grupos étnicos. El Artículo 27 estableció que la propiedad original de tierras y aguas corresponde a la nación, que el gobierno distribuirá y conservará las tierras, y que ninguna persona puede poseer más del 5% de las tierras de su comunidad.