El documento define el fuero constitucional como la prerrogativa que exime a funcionarios públicos como senadores y diputados de ser detenidos o presos sin previa autorización del órgano legislativo al que pertenecen. Se otorga para mantener el equilibrio de poderes y evitar distracciones en el desempeño de sus funciones. Sin embargo, también se le considera un privilegio que puede ser fuente de impunidad. El fuero constitucional depende de cómo lo use cada funcionario y la corrupción influye en cómo es percibido.