La ley orgánica procesal del trabajo de Venezuela se basa en una serie de principios constitucionales como la jurisdicción laboral autónoma, gratuidad, celeridad, oralidad, prioridad de los hechos y equidad. Establece un proceso laboral uniforme, breve y concentrado con valoración de pruebas y control de legalidad. Los tribunales del trabajo conocen asuntos laborales contenciosos y de amparo laboral en primera y segunda instancia, y la sala de casación social del Tribunal Supremo de Justicia.