derechoo

1. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HONDURAS
Facultad de Ciencias Sociales Carrera de Derecho
ASIGNATURA:
DERECHO ADMINISTRATIVO
CATEDRÁTICA:
ABOG. MILDRED GRICELDA LÓPEZ CÁRCAMO
TEMA:
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y TUTELA JUDICIAL
PRESENTADO POR:
CRISTIAN FRANCISCO MENDOZA CASTRO
JUTICALPA, OLANCHO ABRIL 2021

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INTRODUCCION
A continuación hablaremos de dos temas de mucha importancia en nuestro días,
un tema que tiene a honduras sumergido en la pobreza y caos económico y de
orden jurídico en cuanto al pisoteo de las normas judiciales, esos temas son la
administración pública y la tutela judicial, ambos temas van de la mano para que
uno u otro se cumplan necesitan trabajar unidos respetando los lineamientos del
uno a otro y así se lograría la uniformidad en cuando a la administración publica de
calidad y la defensa de los derechos fundamentales del ciudadano en cuanto a la
tutela judicial se refiere. Tomando en cuenta que la administración pública es un
conjunto de poderes, de organización, personal y métodos que se ocupa de realizar
la voluntad del Estado. Esta tiene su regulación que es la ley de la administración
publica, pero es una ley vaga pues no se respeta puesto que la tutela judicial no
cumple su papel de hacer respetar esas leyes y derechos.

3. ADMINISTRACION PUBLICA Y TUTELA JUDICIAL
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ENSAYO
A continuación tocaremos un tema de gran sensibilidad en todo el pueblo hondureño
y para darle inicio a tan amplio concepto iniciare de forma generalizada expresando
que la Administración Pública es el conjunto de organismos estatales que realizan
las funciones administrativas del estado. En general abarca a los distintos entes y
dependencias que integran los poderes del estado de Honduras. También se hará
una comparación entre la administración pública y la tutela judicial. Pues bien hablar
de administración publica en Honduras no es un tema fácil pero si muy amplio ya
que en las últimas décadas nuestro país se ha encontrado en el ojo del huracán
internacional por la mala administración que han hecho las instituciones del Estado.
Esta mala administración ha llegado a tal grado que ha habido perdidas de vida
humana, para citar un ejemplo refiriéndome al seguro social.es tan mala nuestra
administración pública que todas nuestras instituciones que le dan vida al país se
encuentran en situaciones críticas de subsistencia y si no ya quebraron y le han
permitido ese derecho de administración a otros entes de otros países que solo les
interesa el dinero de los hondureños como lo es el caso dela energía eléctrica, los
fondos de nuestra administración pública son desviados para fines como la política
o compras de materiales o insumos que se pierden en el camino. Como se ha
perdido el estado de derecho como este mal funcionamiento mantiene agrietado a
los 3 poderes del estado pues ninguno de los tres se está manejando con
beligerancia para procurar el desarrollo del país, por otra parte tenemos la tutela
judicial que no es más que el cuidar de los derechos fundamentales de los que cada
hondureño tenemos derecho pero que no se están cumpliendo conforme a la norma
jurídica sino más bien a los intereses de unos pocos. El problema radica en que la
institucionalidad vigente no contempla mecanismos que resuelvan,
adecuadamente, ni en todos los casos, las controversias con la Administración del
Estado, garantizando los derechos de las personas, con un pleno y efectivo control
jurisdiccional sobre la actuación de este poder público. Tampoco existe un
mecanismo general que conozca de los litigios en que es parte la Administración
pública o donde se debatan materias reguladas por el derecho administrativo y, en
su lugar, han proliferado tribunales administrativos con funciones jurisdiccionales

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limitadas justificados en razones de especialidad, lo que ha desembocado en
salidas falsas para resolver estas controversias, compartiendo el espacio
institucional con otros órganos administrativos a los que se les ha admitido el
ejercicio de potestades jurisdiccionales desde antaño sea por la Constitución o ley
,Tribunal de Cuentas y los juzgados de policía local, entre otros). No hay un modelo
concreto ni un diseño general para solucionar las controversias que se presentan
entre el Estado y los particulares. La alta dispersión de la institucionalidad montada
para conocer de los conflictos con la Administración afecta la calidad de la justicia
administrativa, pues no se dan las condiciones para que el resultado de ese conjunto
de órganos desemboque en una jurisdicción plenaria y efectiva, al no existir un
sistema sino más bien un simple ensamblaje con vocación laberíntica que se ocupa
de las causas contencioso administrativas. La situación actual de la justicia
administrativa impide la construcción de una jurisprudencia que al estabilizarse
despliegue su máxima eficacia como fuente material de interpretación del
ordenamiento jurídico administrativo, que, en un sentido amplio, implica todos los
sectores en los que los ciudadanos se desenvuelven y en los que las
administraciones actúen, con la consiguiente afectación a la seguridad jurídica y a
los derechos de las personas. Más aún, muchos de estos órganos son de naturaleza
administrativa, lo que significa que una parte importante de la tutela judicial de la
Administración recae en el mismo poder público. Los tribunales administrativos
consagran una situación de privilegio en las materias que son de su competencia,
muchas de ellas de alto interés económico, propiciando un trato discriminatorio en
el acceso a la justicia para todos aquellos, básicamente el ciudadano común, cuyos
asuntos de interés no se encuentran entre los que conocen los tribunales
especiales. La administración pública plantea que la institucionalidad vigente en
materia de tutela judicial no resuelve adecuadamente las controversias con la
Administración pública garantizando los derechos de las personas, lo que ocasiona
un trato discriminatorio en el acceso a la justicia y afecta el correcto funcionamiento
del Estado de derecho. No existe un mecanismo general que conozca de los litigios
en los que es parte la Administración pública o se debatan materias reguladas por
el derecho administrativo, en su lugar, han proliferado tribunales administrativos con

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funciones jurisdiccionales limitadas, justificadas en razones de especialidad. En
consecuencia, aún es necesario sentar las bases para un sistema de justicia
administrativa que garantice un control jurisdiccional de la Administración pleno e
igualitario.

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CONCLUSIONES
 El poder público proporciona servicios sociales para toda la colectividad.
Muchos de estos servicios son intangibles, pues no se pueden tocar pero si
se pueden ver y servirse de ellos a través de las instituciones de regulación
económica y social del país.
 El objeto del gobierno es prestar servicio a toda la comunidad procurando el
bienestar colectivo, salvaguardando sus instituciones y procurando la
continuidad de los servicios.