La entrada de España en la Unión Europea en 1985 tuvo grandes beneficios económicos gracias a fondos de cohesión y estructurales de la UE para modernizar la infraestructura española y reducir las diferencias de desarrollo regional, ya que España era uno de los países más pobres de Europa en ese momento. A cambio, España aceptó restricciones temporales a la libre circulación de trabajadores y productos para proteger a otros países miembros.