La ley 19.880 permite a la administración invalidar actos contrarios a derecho dentro de los 2 años siguientes, previa audiencia al afectado. Sin embargo, esta ley es inconstitucional porque contradice el artículo 52, que establece que los actos administrativos no tendrán efecto retroactivo salvo cuando sean favorables al interesado y no lesionen derechos de terceros. El acto de invalidación tiene efecto retroactivo y puede afectar derechos de particulares, por lo que la potestad de invalidación que otorga la

1. Invalidación del Art. 53 de la ley 19.880
La administración puede invalidar actos contrarios a derecho con audiencia del interesado. Le otorga la
potestad la ley, pero podrá hacerlo dentro de los 2 años siguientes desde que el acto entró al
ordenamiento y en procedimiento breve y sumario.
Condiciones para la invalidación
- dentro de los 2 años
- previa audiencia del afectado
Pregunta para la prueba: ¿por qué es inconstitucional esta ley?
El art. 52 señala que los actos administrativos no tendrán efecto retroactivo, salvo cuando produzcan
consecuencias favorables para el interesado y no lesionen derechos de terceros. En consecuencia estos
artículos se contradicen en la medida que el acto invalidatorio deja sin efecto uno anterior que puede
haber producido efectos a los particulares destinatarios del acto, ese acto invalidatoorio tiene efecto
retroactivo y en consecuencia, si produce efecto retroactivo y es contrario a los derechos del particular
y no puede ser retroactivo, existe una incoherencia. Es decir, el texto del 53 no tiene ningún efecto pues
es incompatible con el art. 52.
En otras palabras la potestad invalidatoria en Chile es uno de los resabios que afectan los
derechos de las personas. La potestad invalidatoria NO TIENE FUNDAMENTO LEGAL.
Hoy en día, cuando una autoridad pretende dejar sin efecto por invalidación un acto
administrativo debe notificar al destinatario y si no sabe quién es, debe publicar en el diario oficial. Se
trata de un procedimiento especial administrativo y en consecuencia se notifica al particular para que
acuda a una audiencia y en un procedimiento informal se escuchan a las partes y el autor del acto
decide si lo invalida o no. Ha ocurrido que se han dictado actos de invalidación y mediante de recurso
de protección en contra del acto invalidatorio se llega a la Corte Suprema que lo ha acogido y en
consecuencia hoy en día es posible invalidar en cuanto se siga el procedimiento y ahí será el juez quien
decida. El procedimiento no tiene un plazo establecido, pero se habla de un tiempo prudente.
Si el destinatario del acto no concurre y recurre directamente de protección, el tribunal podría
señalar que acudiera a la administración primero y otros plantean que la Corte tiene que conocer sí o sí.