Este documento describe un proyecto de Tierra de Hombres para apoyar el sistema de justicia juvenil en Burundi. Debido a la ausencia de un sistema judicial para menores, el proyecto busca establecer salvaguardias a nivel judicial, de justicia y comunitario para garantizar los derechos de los niños de acuerdo con la Convención de los Derechos del Niño. El objetivo es que el 50% de los menores en conflicto con la ley estén protegidos y evitar la privación de libertad innecesaria a favor de medidas

1. Burundi: Apoyo a la Administración de Justicia Juvenil
En ausencia de un sistema judicial para menores en Burundi, Tierra de hombres (Terre
des hommes) pretende poner en marcha paliativos a nivel del sistema judicial, de la
justicia y de la comunidad que permitan asegurar el respeto de los estándares
internacional en materia de justicia para menores consagrados en la Convención de
los Derechos del Niño que Burundi ratificó en 1990.
Con ello se pretende que en la zona de intervención del proyecto, el 50% de los
menores en conflicto con la ley se encuentren protegidos por mecanismos que se
dirijan a evitar la privación de libertad abusiva y favorecer medidas educativas y de
reinserción.
Estamos trabajando para conseguir que:
- Los derechos del menor en la fase policial sean respetados.
- Se ponga en marcha un sistema que garantice el respeto de los derechos de los
menores a nivel de la fase judicial.
- La reinserción del menor resulte asegurada por las estructuras comunitarias con el
apoyo del conjunto de la comunidad.
La población beneficiaria directa e indirecta es la siguiente:
1. Niños y niñas menores de edad en conflicto con la ley.
No es posible determinar el número exacto de menores beneficiarios del proyecto en
este momento, pero realizando una proyección a partir del número de menores
detenidos actualmente (508), podemos indicar una cifra de 200 niños y niñas.
2. Beneficiarios indirectos: las autoridades judiciales de los Tribunales “de Grande
Instante” de Bujumbura, Gitega y Gnozi y las autoridades policiales
correspondientes (policía judicial y penitenciaria).
Colaboran además con el proyecto las instituciones públicas con competencia en
Justicia Juvenil (Ministerio de Justicia, Ministerio de la Seguridad Publica y Ministerio
de la Solidaridad Nacional, de los Derechos de la Persona Humana y del Género),
organizaciones y agencias internacionales vinculadas con el tema (UNICEF, ONUB,
OHCDH) y varias asociaciones locales.
Contexto y sostenibilidad del proyecto
La situación general de guerra civil en la que cayó el país entre los años 1993-2003
desencadenó un proceso de deterioro de la situación de la infancia en todos los planos
(sanitario, educativo y social) que afecta a todas las provincias de intervención. En
todas las provincias de intervención se encuentra a multitud de menores en situación
de grave vulnerabilidad: niños y niñas en situación de calle, huérfanos solos o que
viven junto a otros hermanos, niños y niñas cabeza de familia, niños soldado, niños y
niñas que sufren de malnutrición o contagiados por el VIH/SIDA. Según UNICEF, en
Burundi habría 25.000 huérfanos de guerra. ONUSIDA estima en 237.000 el número
de huérfanos del SIDA.

2. Burundi es un país esencialmente agrícola: su población es mayoritariamente rural y la
mayoría de la renta procede de la agricultura exclusivamente. Todas las provincias de
intervención de este proyecto de Tierra de hombres (Terre des hommes), por tanto,
son zonas eminentemente rurales. Tierra de hombres trabaja en Burundi prestando
apoyo a la infancia desamparada desde 1985.
El proyecto nace a partir de la constatación por parte de Tierra de hombres Burundi,
así como de las instituciones públicas, las agencias internacionales presentes en el
país, las organizaciones locales y la sociedad civil, de la necesidad de intervenir en un
ámbito como el de los menores en conflicto con la ley en que las necesidades son
reconocidas y la violación de los derechos de los niños y niñas evidente.
Tierra de hombres pretende conseguir la integración social de estos niños y niñas
brindándoles la oportunidad de cambiar el rumbo de sus vidas mediante su inserción
en las redes sociales comunitarias y mediante la implicación de sus familias en su
desarrollo y educación. La aplicación de medidas alternativas a la prisión permitirá que
los menores infractores puedan acceder con el tiempo a programas alternativos
(educativos, deportivos, de formación profesional) y ser acompañados por
profesionales que les guiarán hasta su integración definitiva.
El éxito de la intervención propuesta en las provincias de intervención puede conducir
a que sea replicada en otras zonas del país y que un nuevo modelo de intervención en
Justicia de Menores se imponga a nivel nacional. Por ello, el impacto de este proyecto
puede ir mucho más allá de la acción directa y llegar a significar un cambio en la
cultura y en el sistema de Justicia Juvenil en Burundi, lo que contribuiría, además, a
mejorar en gran medida las condiciones de vida de una capa social hoy en día
condenada a la exclusión –así como las de sus familias y comunidades-.
Con el fin de adaptar el régimen jurídico burundés a los compromisos adquiridos al
ratificar la Convención relativa a los Derechos del Niño, el gobierno ha revisado su
código penal y su código de procedimiento penal con la ayuda de Naciones
Unidas. El anteproyecto de código penal y las propuestas de modificación del código
de procedimiento penal prevén una mayor protección de los derechos del niño, a la
vez como víctima y como autor de la infracción. En el momento actual el Gobierno
estudia el proyecto de ley de enmiendas, que, si es adoptado, pondrá a disposición del
sistema judicial varias medidas que tendrán consecuencias positivas sobre los
derechos del niño, tales como la elevación de la edad de responsabilidad penal de 13
a 15 años, la sustitución de la prisión por una ayuda social y judicial o un trabajo de
interés general, por ejemplo, y la atenuación de las penas impuestas a los menores.
El proyecto se desarrolla en el marco de una colaboración eficaz con las instituciones
estatales, las organizaciones internacionales y las asociaciones locales implicadas en
la Justicia de Menores:
- Instituciones estatales: el Ministerio de Justicia, el Ministerio de la Seguridad
Pública, el Ministerio de la Solidaridad Nacional, de los Derechos Humanos y
de la Persona Humana.
- Organizaciones internacionales: UNICEF, BINUB, OHCDH.
- Asociaciones locales: APRODH y otras asociaciones locales que intervienen
en diferentes estadios del proceso de justicia juvenil y son miembros de la
plataforma.
Este proyecto busca empoderar a los agentes policiales y judiciales de los Tribunales
de “Grande Instance” de las jurisdicciones judiciales cubiertas por el proyecto para la

3. aplicación de una Justicia de Menores de carácter socio-educativo conforme a la
normativa internacional al respecto. De igual modo, se contemplan actividades de
presión y denuncia políticas dirigidas a influir positivamente en la promulgación de una
ley de protección de los Menores Delincuentes que contemple dicho modelo.
Desde esta perspectiva, Tierra de hombres está trabajando con los actores claves,
que han manifestado su disposición a participar en la aplicación del nuevo sistema y
colaboran positivamente desde el inicio del proyecto.
Es importante señalar que el proyecto se lleva a cabo desde un principio con la
colaboración y el apoyo de los ministerios e instituciones públicas implicadas, las
agencias internacionales con competencias en la cuestión y asociaciones locales
especializadas.
Desde la concepción del proyecto se ha partido de un proceso participativo
multidisciplinar y multisectorial, que ha tenido en cuenta a todas las instituciones y
representantes de la sociedad civil implicados en la temática de la justicia Juvenil.
Con todo esto, se pretende conseguir que el 80% de los actores hayan sido formados;
el 60% de los menores en conflicto con la ley sean tratados según procedimientos que
favorezcan la implicación de los padres y la adopción de medidas de diversión; en la
fase judicial, el 40% de los Menores en conflicto con la ley (MCL) sean tratados en el
marco del sistema de paliativos puesto en marcha y conforme a los estándares
internacionales; el 20% de los MCL se beneficien de una ayuda judicial; y los menores
en libertad provisional o en fin de pena se beneficien de un seguimiento comunitario.